Marcos Loeza Lopez

Expediente 361/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
361/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Marcos Loeza Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. 2. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción III, y 20 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados, no es de relevancia documental ni conservable, pero susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos del artículo 9 del Acuerdo. En cuanto al cuaderno único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar de forma definitiva, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. 3. Integración al expediente. La presente resolución se integra al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, dada su trascendencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables -a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de las diversas Regiones Judicial del Estado a través de ******************** Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado- y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintitrés. I. Escrito de ampliación. Intégrese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso ********************; y, en atención a su contenido, téngasele pretendiendo ampliar su demanda de amparo, señalando como nuevas autoridades y nuevos actos los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Además de las ya enunciadas en el escrito principal de demanda: A la Fiscalía General del Estado de Puebla y todos sus agentes del Ministerio Público que tiene a su cargo pues desconocemos en que agencia este radicada la investigación y cuyo domicilio es en ********************. IV.- LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: El acto de detenerme sin ninguna orden por escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, dictada en contra del amparista. Por lo que reclamo la orden de comparecencia librada en mi contra, la orden de presentación así como la orden de aprehensión de comparecencia librada en mi contra, contra y me presente ante autoridad ministerial a imponerme de la Carpeta de Investigación ******************** que se abrió en mi contra y poder preparar mi adecuada defensa. Así como de la misma carpeta ya citada pues no he cometido delito alguno. V.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NARRO LOS SIGUIENTES HECHOS QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO: ANTECEDENTES: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, narro lo siguiente: Que en fecha ocho de mayo de esta anualidad nuevamente se apersonaron en domicilio del quejoso CALLE VENUSTIANO CARRANZA 567 A, COLONIA GUADALUPE HIDALGO, EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA, alrededor de la once horas, personas que dijeron ser policías ministeriales adscritos a la fiscalía sin especificar de que fiscalía especializada o agencia ministerial, y que estaban buscando al quejos entendiense con vecino nombre ********************Estos elementos han manifestado que tienen una orden de aprehensión en mi contra girada por la fiscalía orden que no han mostrado y han dicho que me llevarían al CE.RE.SO de San Miguel. Solamente mencionando el número de carpeta ********************, sin mencionar el delito o fiscalía especializada que conoce del asunto ni su estado procesal. (.)" Al respecto, dígase al quejoso que conforme al artículo 111, de la Ley de Amparo, los nuevos actos por los que se pretende ampliar la demanda de amparo no guardan estrecha relación con los actos reclamados inicialmente, al no derivar del contenido de los informes justificados rendidos en autos; por lo que procede su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Se explica. El citado precepto señala como requisitos para la ampliación de demanda los siguientes: 1. Cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación; y, 2. Que, con independencia del punto anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial, en este caso la ampliación de la demanda deberá promoverse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios y que -aunado a ello- el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Lo anterior, se ve reflejado en la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), de rubro y textos siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE. La ampliación de demanda de amparo indirecto constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales y resulta acorde con diversos principios. Aunado a ello, el artículo 111 de la Ley de Amparo condiciona su procedencia, por lo que hace a los actos novedosos vinculados con los reclamados inicialmente, a que se presente dentro de los plazos legales y a que no se haya celebrado la audiencia constitucional y, paralelamente, otorga al quejoso la prerrogativa de optar por promover una nueva demanda, en caso de no ampliarla. Por tanto, decretar la improcedencia de la ampliación de la demanda, con base en que esos nuevos actos se reclamen por vicios propios, a pesar de que no sea uno de los requisitos aludidos, equivale a imponer en su perjuicio una restricción y una obligación que ese ordenamiento jurídico no contempla. Además, el hecho de que dichos actos se combatan por vicios propios no justifica la inexistencia de la vinculación entre ellos, pues: a) ésta depende de los hechos del caso, y no de la manera en que se controviertan; b) una vez admitida la ampliación, nada impide que el análisis de constitucionalidad se realice respecto de cada uno de ellos de manera independiente; y, c) se trata de una cuestión que, en tanto influye en el estudio de fondo, no debe impactar en la fijación de la litis. Finalmente, como el artículo citado no establece restricción alguna para formular nuevos conceptos de violación en relación con los actos novedosos objeto de la ampliación, no existe impedimento legal alguno para hacerlo." Asimismo, en la Novena Época, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio de que la figura jurídica de la ampliación de demanda de amparo procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por la parte quejosa, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicha parte, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados; siempre y cuando el escrito respectivo, se presente dentro de los plazos establecidos la Ley Reglamentaria; tal como se desprende del contenido de la jurisprudencia P./J. 15/2003, sustentada por el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del País, cuyos rubro y texto, son: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." En ese sentido, solo basta con observar a las nuevas autoridades, nuevos actos y nuevos antecedentes que el quejoso pretende introducir a la litis constitucional y, también, tomar en consideración que las autoridades responsables negaron de forma categórica los actos reclamados, para estar en aptitud de deducir que aquéllos no guardan vinculación alguna entre los actos que originalmente se combatieron y por los que se admitió el presente juicio de amparo. En efecto, la ampliación de demanda procede cuando del informe rendido por la autoridad responsable se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Sin embargo, cuando la ampliación de la demanda sea por diversos actos de autoridad, además de los requisitos anteriores, debe existir siempre una relación o vinculación de causa-efecto con los actos reclamados primigenios, o con la causa eficiente de los mismos, es decir, es menester que existan datos objetivos que pongan de manifiesto la vinculación con los actos reclamados primeramente señalados en la demanda de amparo, para que así puedan formar parte de la litis constitucional, ya que, de no existir esa relación, se permitiría toda clase de ampliación respecto de actos que en realidad estarían desvinculados de los reclamados en la demanda de amparo. Al respecto, en la contradicción de tesis 83/2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda. De dicha contradicción, derivó la jurisprudencia P./J. 7/2020 (10a.), de rubro y texto siguientes: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Aunado a lo anterior, es menester señalar que mediante determinación dictada el veintinueve de mayo pasado se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia constitucional, ante la inexistencia de los actos reclamados. En virtud de lo expuesto, se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla el escrito original de la ampliación de demanda, siete copias del mismo para traslado y copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, para el turno respectivo. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación y la promoción de cuenta al expediente físico, por haberse presentado físicamente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. I. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Marcos Loeza López, mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la entonces denominada Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Delitos contra la Familia de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta- y otras autoridades. Por acuerdo dictado el once de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 361/2023; y, previno al quejoso para el efecto de que en el plazo de cinco días precisara la denominación exacta de los jueces de control responsable. Así, en auto de dieciocho de abril siguiente, previo y desahogo de prevención y ratificación de firma, por una parte desechó la demanda respecto de los actos que la quejosa hizo consistir en a) la comparecencia por parte de las autoridades jurisdiccionales; b) las órdenes de comparecencia o citación dictadas en su contra por los agentes del Ministerio Público; y, c) el inicio de alguna carpeta de investigación en su contra, por los motivos y fundamentos allí asentados; y, por otra, la admitió a trámite -con incidente de suspensión- por las órdenes de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución; se requirieron los informes justificados y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ahora bien, como se desprende de autos y de la tabla que a continuación se anota, en sus informes de ley, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos que se les reclaman - órdenes presentación y/o aprehensión; así como su ejecución-; de ahí que no existan los actos reclamados. FOJA AUTORIDADES RESPONSABLES 55 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Delitos contra la Familia de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-. 56 2. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación La Popular de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-.. 77 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-. 62 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Sur de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-. 50 Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, quien por su conducto rindió los informes de los: Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 6. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 7. María Guadalupe Muñoz Pérez, 8. Enrique López Criollo, 9. Liszet del Carmen Fuentes Trueba, 10. Magally Escamilla Rodríguez, 11. Ana Alicia Ponce Frías, 12. Idalia Arciniega Arias, 13. Bet Nimra Pérez Hernández, 14. Francisco Javier Martínez Castillo, 15. Celestino Martínez Bones, 16. Joel Daniel Baltazar Avalos, 17. Fernando Gil Martínez, 18. Fernando Martínez Espinoza, 19. Francisco Javier Orozco Treviño, 20. Irianelly Felix Morales, 21. Araceli Santiago Luna, 22. Rosalva Elena Zárate Herrera, 23. Rosa Aurora Espejel Prado, 24. Karla Patricia Ambrosio Vargas y 25. Juan Carlos Malpica Aladro. 54 26. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada de Delitos contra la Familia de la Fiscalía General del Estado de Puebla -denominación correcta-. 57 27. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por otra parte, como se indicó en auto de once de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable que el quejoso denominó como 5. Ministerio Público adscrito al Edificio Central 04 de la Fiscalía General del Estado de Puebla no existe; por lo que tampoco pueden existir los actos que se le atribuyen. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con ocho minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). III. Integración al expediente. La presente resolución se integra al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata de la resolución definitiva dictada en esta instancia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables -a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de las diversas Regiones Judicial del Estado a través de Oscar Olvera Galicia, Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado- y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. I. Se informa nueva denominación de este juzgado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; lo que se hace del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. II. Pedimento ministerial. Intégrese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se dicte sentencia en el sentido que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, previo análisis; y, 3. Copia de la sentencia correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 124 de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2°; por hechas las manifestaciones en vía alegatos; y, en su momento, expídase a su costa copia autorizada de la determinación que indica. III. Medios de contacto Ténganse el correo electrónico que señala el citado fiscal, como medios de comunicación no procesal, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. IV. Integración del expediente físico. El registro con los que se dio cuenta y el presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentado físicamente. Notifíquese por lista a las partes.

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