Marcos Montiel Loera
Expediente 68/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 26/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcos Montiel Loera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, trascurrió del seis al veintisiete de noviembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea el caso requerir a las partes para que recojan documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de once de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 170 a 201), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de ********************, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Federal, por lo que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, realizará lo siguiente: 1. Dejará sin efectos la resolución que emitió el uno de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal ********************, en la que se decretó auto de formal prisión en contra del quejoso, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción I, 328, 329 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, y 69, inciso k), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó ********************. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictará una nueva resolución, debidamente funda y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales, es decir: a. Explicará con qué pruebas en concreto se acredita la calificativa del delito de homicidio prevista en el artículo 326, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, referente a cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado. b. Valorará la totalidad de las pruebas que obran la causa penal de origen y específicamente, el video obtenido de una central de taxis cercana al lugar en que perdiera la vida ********************, cuyo contenido fuera reproducido en diligencia de veinte de junio de dos mil dieciséis. c. En un apartado especial de la resolución, deberá explicar por qué, a su consideración, existen pruebas suficientes, idóneas y pertinentes para justificar la probable responsabilidad del indiciado, aquí quejoso, en la comisión del delito que se le atribuye; y, en ese mismo apartado, tendrá que indicar qué medios de convicción son los que sustentan su conclusión, el valor que les asignó a cada uno de ellos, el aporte probatorio que producen los mismos y las razones de la justipreciación que realice. En la inteligencia de que, al valorar las pruebas, el juez deberá tomar en cuenta la observaciones que en esta sentencia se hicieron respecto de la declaración preparatoria del indiciado, los careos entre el inculpado y ******************** y el dictamen en criminalística ********************Cabe indicar, que para acatar el fallo protector, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." Determinación que en auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 218 a 220). Ahora bien, mediante oficio 6032 de once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 229 a 266), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen ********************, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de uno de enero de dos mil diecisiete. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, decretó a favor del aquí quejoso ********************, auto de libertad por falta de elementos para procesar, respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción I, 328, 329 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de quien vida respondiera al nombre de ********************. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de cinco de octubre pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede; toda vez que en la especie, por sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso MARCOS MONTIEL LOERA y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo de este juicio de derechos fundamentales, realizando lo siguiente: "NOVENO. Concesión del amparo y sus efectos. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo solicitado a favor de Marcos Montiel Loera, porque el acto reclamado atenta contra el principio de legalidad contenido en el artículo 16, de la Constitución Federal, por lo que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y se le requiera su cumplimiento, realizará lo siguiente: 1. Dejará sin efectos la resolución que emitió el uno de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal 177/2016, en la que se decretó auto de formal prisión en contra del quejoso, como probable responsable del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción I, 328, 329 y 331, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, y 69, inciso k), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de quien en vida se llamó Hugo Alberto Proschle Trujillo. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictará una nueva resolución, debidamente funda y motivada, que podrá ser en sentido diverso que la anterior, o en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales, es decir: a.Explicará con qué pruebas en concreto se acredita la calificativa del delito de homicidio prevista en el artículo 326, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, referente a cuando el sujeto activo es superior en fuerza física al ofendido y éste no se halla armado. b.Valorará la totalidad de las pruebas que obran la causa penal de origen y específicamente, el video obtenido de una central de taxis cercana al lugar en que perdiera la vida Hugo Alberto Proschle Trujillo, cuyo contenido fuera reproducido en diligencia de veinte de junio de dos mil dieciséis. c.En un apartado especial de la resolución, deberá explicar por qué, a su consideración, existen pruebas suficientes, idóneas y pertinentes para justificar la probable responsabilidad del indiciado, aquí quejoso, en la comisión del delito que se le atribuye; y, en ese mismo apartado, tendrá que indicar qué medios de convicción son los que sustentan su conclusión, el valor que les asignó a cada uno de ellos, el aporte probatorio que producen los mismos y las razones de la justipreciación que realice. En la inteligencia de que, al valorar las pruebas, el juez deberá tomar en cuenta la observaciones que en esta sentencia se hicieron respecto de la declaración preparatoria del indiciado, los careos entre el inculpado y Josué Abram Armas Mateos y el dictamen en criminalística CRI-484/2016. Cabe indicar, que para acatar el fallo protector, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia.". Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta por la Juzgadora Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse del Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, este cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
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