Marcos Jose Luis Balbuena Carlos
Expediente 1139/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1139/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcos Jose Luis Balbuena Carlos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. En primer término, hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Dicho lo anterior, se tienen por recibidos los oficios 812 y 126/2022 -recibidos vía correo electrónico oficial- signados por la Jueza de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla (Miriam Morales Botello) y la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, Puebla (María Alejandra Aguilar Anacleto), por medio de los cuales, en atención al requerimiento formulado por este juzgado Federal en auto de ocho de mayo del año en curso, acusan recibo de las misivas 129-1 y 129-2, de este índice, por las cuales se les devolvieron los anexos remitidos en apoyo a sus respectivos informes justificados. De lo anterior toma conocimiento esta potestad Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente acuerdo al expediente impreso, pues no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese por lista a las partes y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del trece de abril al cuatro de mayo del año en curso, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (como se advierte en la parte considerativa de la interlocutoria de quince de noviembre de dos mil veintidós), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes físicos, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables en apoyo a sus respectivos informes justificados, se ordena devolver lo siguiente: -A la Jueza de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla (Miriam Morales Botello): Copia certificada de la causa penal 63/2009, de su índice (anexos II y III). Asimismo, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. - Por otro lado, devuélvase a la 1. Jueza Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (Olga Margot Cortés León), copia certificada del expedientillo formado con motivo del oficio 126/2022 signado por la Jueza de lo Civil y de lo Penal de Izúcar de Matamoros, Puebla, derivado de la causa penal 63/2009; sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la autoridad en mención es local, por lo que el actuario de la adscripción encargado de practicar dicha diligencia, tendrá que verificar que la autoridad en cita asiente su recepción. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada (en cumplimiento a los autos de diez de noviembre de dos mil veintidós y diez de marzo de dos mil veintitrés); por oficio a la autoridad responsable, autoridad responsable sustituta, autoridades terceras interesadas y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo solicitado por ********************para el efecto que, una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, la Jueza de lo Penal del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************para el efecto de que la autoridad responsable sustituta Jueza de lo Penal del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente dentro de la causa penal ********************, de su índice: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en contra de ********************por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de ******************** y ********************. 2. En su lugar, dicte otra resolución en la que atendiendo a los lineamientos establecidos en el considerando que antecede, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y podrá ser emitida en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso, deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia; esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir dicha determinación, y las razones por las que considera actualizado este aspecto. b. En el apartado relativo al cuerpo del delito: i) realizará el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito, atendiendo a la conducta que estime actualizada y a la mecánica de los hechos, sin introducir en el estudio de dichos elementos aspectos que no hubiere tomado en consideración al realizar el desglose; ii) especificará de manera clara con qué pruebas se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito; y, iii) precisará qué valor probatorio otorga a tales medios de convicción de forma individualizada, así como qué aspectos relevantes se desprenden de los mismos y que resultan útiles para demostrar los componentes del delito que nos ocupa, aplicando correctamente los preceptos legales en los que funde la valoración que realice de tales medios de convicción. En la inteligencia, que deberá atender cada una de las observaciones que respecto de los medios de convicción se realizó en el considerando anterior, en el estudio del segundo vicio formal. c. Deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución del delito; en el entendido que, atinente a las circunstancias de modo o ejecución, deberá explicar en qué consiste la conducta que le atribuye al activo; la forma en que la realizó; si con una sola acción se lesionó el bien jurídico tutelado de ambas víctimas; si la conducta que dio como resultado la muerte de dos personas, en ambos casos fue intencional; cuál fue el arma que se utilizó para lesionar a los sujetos pasivos. Todo lo anterior, con la finalidad de subsanar las inconsistencias acentuadas en el estudio del tercer vicio formal del considerando anterior. d. Deberá realizar por separado el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado, cerciorándose que su narrativa guarde un orden y técnica jurídica, evitando introducir aspectos relativos a la probable responsabilidad en el análisis del cuerpo del delito, y viceversa; de tal manera que el quejoso esté en condiciones de distinguir con claridad los argumentos lógicos-jurídicos, así como las probanzas en los que la autoridad responsable sustente la acreditación de cada uno de esos extremos y tenga oportunidad de ejercer una adecuada defensa. e. En el apartado relativo a la probable responsabilidad, deberá: i) fundar y motivar el grado y forma de participación del aquí quejoso en la comisión del ilícito que se le imputa, para lo cual deberá establecer cuál fue la conducta específica desplegada con la que se actualizó aquél; ii) relacionar únicamente las pruebas que resulten útiles para acreditar la probable participación del imputado en el delito que se le atribuye, así como su forma de participación -culposa o dolosa-; otorgándoles el valor demostrativo que corresponda y destacando los aspectos que de cada uno de ellas obtuvo para comprobar ese extremo; iii) atinente a la valoración de la ampliación de la declaración preparatoria del procesado, deberá tomar en cuenta que, para que exista una confesión calificada divisible, el inculpado forzosamente debió haber aceptado la realización del hecho criminal imputado, y agregar que lo hizo bajo alguna excluyente de responsabilidad; por el contrario, si no reconoce la acción que se le atribuye, no puede presumir que se trata de una confesión por el solo hecho de haber aceptado encontrarse en el lugar y momento del suceso; y, iv) deberá argumentar si derivado de lo argumentado por el quejoso, al rendir su declaración preparatoria ampliada, considera que se encuentra acreditada alguna causa de exclusión del delito. En la inteligencia, que deberá atender cada una de las observaciones que respecto de los medios de convicción se realizó en el considerando anterior, en el estudio del cuarto vicio formal. 3. Notifique dicha determinación a las partes; y, 4. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. Debe indicarse que para acatar el fallo protector, la jueza responsable sustituta debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en este, y no únicamente a sus efectos. De conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, esta sentencia no surte efectos de manera inmediata, en virtud de ser el acto reclamado un auto de formal prisión respecto del delito de homicidio simple intencional, que está considerado como grave en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; aunado a que el estudio abordado en este fallo no involucró un análisis de fondo, sino que se concedió por vicios formales. Además, la concesión del amparo no implica dejar en libertad al peticionario de amparo, ni tampoco anular actuaciones posteriores, toda vez que el efecto de aquél, es para que la autoridad responsable purgue las irregularidades formales del acto reclamado." La resolución protectora al no haber sido recurrida por alguna de las partes, causó ejecutoria por ministerio de ley el treinta de enero de dos mil veintitrés; por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento. Luego, mediante oficio 283 acordado el quince de febrero del año en curso, la Jueza de lo Penal del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla informó el cumplimiento dado al fallo protector, y para acreditarlo, remitió copia certificada de la resolución dictada el diez de febrero del año en curso, dentro de la causa penal ********************, de su índice y sus correspondientes constancias de notificación a las partes; constancias con las que se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable. En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, al realizar el análisis correspondiente, esta autoridad determinó que, con la emisión de la resolución dictada el diez de febrero del año en curso, dentro de la causa penal ********************, la Jueza responsable no acató a cabalidad los lineamientos estipulados en el fallo protector, por lo que se determinó no tener por cumplida la ejecutoria constitucional; y, se requirió nuevamente el cabal cumplimiento de la misma. Así, por oficios 373 y 415, acordados el veintisiete de febrero y seis de marzo del año en curso, la autoridad responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias necesarias para acreditarlo, por lo que, con dichas documentales se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera. II. Gestiones en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Como se hizo mención, la Jueza de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través de los oficios 373 y 415, comunicó el contenido del auto dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso de origen, y remitió copia certificada de la resolución emitida el dos de marzo del año en curso, dentro de la causa penal ********************, de su índice y sus respectivas constancias de notificación a las partes, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, analizado su contenido, se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la autoridad encargada del cumplimiento realizó lo siguiente: 1. En auto dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el treinta de septiembre de dos mil veintidós, en contra de ********************por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio simple intencional, previsto y sancionado por los artículos 312 y 316, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de ******************** y ******************** [acto reclamado]; así como la diversa resolución de diez de febrero del año en curso, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria constitucional. b. Con la libertad de jurisdicción que se le otorgó, el dos de marzo de dos mil veintitrés, dictó una nueva resolución sobre la situación jurídica del quejoso********************, en la que decretó auto de libertad en favor del inculpado, por no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de quienes en vida respondieron a los nombres de ******************** y ********************. c. Notificó dicha resolución a las partes; y, d. Remitió las constancias conducentes con las que acreditó todo lo anterior. Cabe resaltar que no es dable analizar si se purgaron cada uno de los vicios formales que afectaron la resolución reclamada, pues dicho efecto únicamente fue precisado para el caso que la autoridad responsable dictara una nueva resolución en el mismo sentido que la combatida; lo que en la especie, no aconteció. III. Fallo cumplido. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada (en cumplimiento a los autos de diez de noviembre de dos mil veintidós y diez de marzo de dos mil veintitrés); por oficio a la autoridad responsable, autoridad responsable sustituta, autoridades terceras interesadas y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, por medio de la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso ****, la determinación de seis de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro Penitenciario de Puebla, fue informada que el referido quejoso fue puesto en libertad el tres de los referidos mes y año. En consecuencia, al no haber señalado el quejoso domicilio para recibir notificaciones en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al tratarse de un obstáculo de carácter permanente, notifíquese el auto de seis de marzo de dos mil veintitrés, así como el presente proveído, y las subsecuentes que le correspondan, por medio de lista de acuerdos. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese por lista al quejoso el presente auto, el diverso de seis de marzo del año en curso, así como los subsecuentes. AUTO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio 415 signado por la Jueza de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional, y para tal efecto, remite copia certificada de la resolución dictada el dos de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 63/2009 de su índice y sus respectivas constancias de notificación a las partes. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta (y su anexo), dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidos que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad encargada del cumplimiento. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; por lista al tercero interesado (en cumplimiento al auto de diez de noviembre de dos mil veintidós); y, por oficio a las autoridades terceras interesadas.
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