Marcos Erik Perez Ordaz
Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcos Erik Perez Ordaz
- MARIA MATILDE DOLORES ORDAZ VARGAS y Otros.
- Maria Matilde Dolores Ordaz Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Causa Estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Lo anterior, en virtud de que la referida sentencia se notificó por última vez y por lista a los quejosos María Matilde Dolores Ordaz Vargas y Marcos Erick Pérez Ordaz -por conducto de su personal autorizado- el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, surtió efectos el dieciocho siguiente, y el aludido plazo transcurrió del doce al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) los comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; y, ii) dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo tanto háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Archivo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Devolución de constancias. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -autoridad no responsable-, se ordena devolverle lo siguiente: ( Un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativo al registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1869/2020/PUEBLA, previa certificación de desglose. No ha lugar a requerirle el acuse de recibo respecto de la documental devuelta, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por lista a los quejosos María Matilde Dolores Ordaz Vargas y Marcos Erick Pérez Ordaz -por conducto de su personal autorizado- y al diverso quejoso de iniciales J.S.P.P. (menor de edad) -por conducto de su personal autorizado y de su representante especial Víctor Manuel Gutiérrez Morales-; por oficio a las autoridades responsables, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -autoridad no responsable-; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar a la jueza referida el presente acuerdo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de Magaly Escamilla Rodríguez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla -autoridad no responsable- y, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado por acuerdo dictado el diecinueve de octubre pasado, pues para tal efecto remite copia certificada de la carpeta judicial administrativa 1869/2020/PUEBLA y el registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veinte, en la referida carpeta judicial administrativa. En consecuencia, de conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas documentales y ténganse como pruebas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno. Respecto a al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdense en sobre cerrado los discos ópticos que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Notifíquese personalmente a los quejosos María Matilde Dolores Ordaz Vargas y Marcos Erick Pérez Ordaz, por conducto de su personal autorizado, en el domicilio señalado en la demanda de amparo (corriéndole traslado con copia autorizada del oficio de cuenta -registro 12594- y de la presente determinación); por lista a las demás partes y a Víctor Manuel Gutiérrez Morales, representante especial del quejoso de iniciales J.S.P.P. (menor de edad).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes con los informes justificados rendidos en autos y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." No ha lugar a ordenar la notificación del presente acuerdo en el lugar en donde los quejosos María Matilde Dolores Ordaz Vargas y Marcos Erick Pérez Ordaz se encuentran privados de su libertad, pues éstos ratificaron la demanda en donde se señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones personales, sin que ello implique que se les deje en estado de indefensión, tomando en cuenta que el personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en cumplimiento al cargo conferido, vigila las notificaciones dirigidas a los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.2o.P.21 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. DEBEN EFECTUARSE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA TAL EFECTO, CON LOS AUTORIZADOS PARA RECIBIRLAS, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL. De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso." Notifíquese personalmente a los quejosos María Matilde Dolores Ordaz Vargas y Marcos Erick Pérez Ordaz, por conducto de su personal autorizado, en el domicilio señalado en la demanda de amparo y en los términos aquí precisados; por lista a las demás partes y a Víctor Manuel Gutiérrez Morales, representante especial del quejoso de iniciales J.S.P.P. (menor de edad).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, el oficio signado por Jessica Joana López Gómez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, mediante el cual informa que en atención a los hechos de tortura denunciados por los quejosos María Matilde Dolores Ordaz Vargas, Marcos Erick Pérez Ordaz y el menor identificado como J.S.P.P., inició la carpeta de investigación 220/2020/UEIDTOTCID, la cual se encuentra en etapa de integración e investigación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.
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