Marcos Licona Aguirre
Expediente 952/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Marcos Licona Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno.[Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de enero de dos mil veintiuno. Glósense a los autos, para que obren como correspondan, los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, que contienen los oficios 313-2 y 303-2, dirigidos a la autoridad responsable 2. Comandante de la Policía Estatal Destacamentado en el C5 de Tehuacán, Puebla, por las razones que de los mismos se desprenden. Consecuentemente, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el treinta de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente controvertido constitucional, en la que se tuvo por inexistente a dicha autoridad. CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 952/2020, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, Raúl Bonilla Hernández, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés, Cholula, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización contenida mediante oficio CCJ/ST/2537/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACION CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Rafael Torres Campos, secretario que autoriza y da fe, procedió a celebrarla sin asistencia de las partes. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Fredy Odilón Rivera de los Santos, en nombre de Marcos Licona Aguirre; auto de trámite y suspensión de plano; acuerdo admisorio; así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: 1. Director General de la Policía Estatal Preventiva; y, 3. Director de Asuntos Jurídicios del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, en representación del Secretario de Seguridad Pública de Tehuacán (denominación correcta); y se da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos. Asimismo, certifica: ( Que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 -en lo subsecuente AG 13/2020-. ( Que tal medida, implica que se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se dará seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. De manera que para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. ( Que las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendrán vigencia del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021. ( Que en el juicio de amparo 952/2020, promovido por Marcos Licona Aguirre el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual se le dio vista para que señalara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como 2. Comandate de la Policía Estatal Destacamentado en el C5 de Tehuacán, Puebla, ha sido notificado electrónicamente al quejoso, y el plazo de tres días concedido, ha fenecido, en virtud de que el referido acuerdo se le notificó el veintidós de diciembre pasado, surtiendo efectos el mismo día y el plazo transcurrió del veintitrés al veintiocho de diciembre del año en curso, sin tomar en consideración el veinticinco de diciembre de dos mil veinte, ni los días sábado y domingo, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. ( Así mismo, se hace constar que dentro del plazo extinto antes computado, no se recibió promoción electrónica alguna mediante la cual se desahogara la vista concedida; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. A lo anterior, el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de la certificación que antecede, se advierte que mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en la que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese sentido, conviene recordar que en respuesta al brote del virus Covid-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal, durante el período del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, emitió diversos acuerdos para regular la actividad jurisdiccional durante el citado período de contingencia (4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020), a fin de mantener el acceso a la justicia y preservar la salud tanto de los justiciables como de los servidores públicos. Uno de los elementos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia, consistió en la atención ininterrumpida e incondicional a los denominados "casos urgentes", y en la implementación del proyecto de trabajo para recibir, tramitar y resolver asuntos tramitados bajo el esquema de juicio "en línea", referido a los expedientes en los que las partes actúen desde el Portal de Servicios en Línea y en los que la tramitación electrónica sea el eje principal. Así, el referido AG 13/2020, en sus artículos 12, 13, 14 y 16, fracciones I y II, reguló la tramitación del esquema de trabajo de juicio "en línea" en el período de contingencia señalado, bajo los siguientes requisitos y condiciones: ( Que para todos los órganos jurisdiccionales, incluidos los que no estén de guardia, se levanta la suspensión de plazos y términos procesales, para la recepción, trámite, estudio y resolución de los asuntos con expedientes electrónicos integrados y en los que las partes estén autorizadas para actuar a través del Portal de Servicios en Línea, accediendo al expediente y notificándose por medios electrónicos. ( Que de lo anterior, se excluyen los expedientes en los que conforme a leyes adjetivas aplicables, aún queden pendientes por desahogarse notificaciones personales y cualesquiera otras audiencias o diligencias que involucren la presencia física de las partes u otros intervinientes en el proceso, y cuyo objeto o regulación impida su desahogo mediante videoconferencia. ( Que para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. ( Que la actuación por ese medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Que la tramitación de los juicios "en línea" continuará siempre y cuando no se requiera la práctica de notificaciones personales ni la exigencia de que las partes u otros intervinientes deban acudir físicamente al órgano jurisdiccional, conforme a la legislación aplicable; de lo contrario, se suspenderá la tramitación del asunto. ( Que la tramitación de los "juicios en línea", implica que las notificaciones respectivas, incluidas las sentencias y resoluciones finales, se practiquen de manera electrónica, por lo que los recursos que, en su caso, procedieren, deberán interponerse por la misma vía. ( Que si la resolución o sentencia emitida en alguno de los "juicios en línea" tuviese que notificarse personalmente, sólo se practicará tratándose de asuntos urgentes. En caso contrario, las notificaciones correspondientes se practicarán de manera escalonada y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, una vez que se regularicen las actividades. ( Que tratándose de asuntos urgentes y, en particular, los que involucren la libertad personal, las diligencias de notificación personal que deban practicarse se desahogarán en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. ( Que las publicaciones en lista se realizarán únicamente mediante la publicación en internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. En ese tenor, toda vez que en el presente asunto se concedió autorización a la parte quejosa para el acceso a la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, en el presente juicio existen condiciones idóneas para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Se afirma lo último, incluso si las demás partes no tienen concedido el acceso al expediente electrónico ni que las notificaciones se les realice de forma electrónica, tomando en cuenta que se trata de las autoridades responsables y agente del ministerio público Federal de la adscripción, a quienes se les podrá notificar por medio de un oficio electrónico enviado a través de correo electrónico institucional. De ahí que se cumplan con los requisitos para la tramitación y resolución del presente asunto bajo el esquema de juicio "en línea". Lo anterior, cobra apoyo, además, con la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte, emitida por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de la cual dio a conocer la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020", en donde la Comisión Especial -entre otras cuestiones- aclaró que es posible la celebración de audiencias constitucionales en los juicios en línea, sin la presencia del público, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, los alegatos podían formularse por escrito y presentarse electrónicamente. Y, por otro lado, en relación a la vista otorgada al quejoso, en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, al no haber señalado la denominación correcta de la autoridad 2. Comandate de la Policía Estatal Destacamentado en el C5 de Tehuacán, Puebla; en tales condiciones, se tiene por inexistente la autoridad antes mencionada, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ella. Abierto el período probatorio: El secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medio de convicción alguna. El secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y, por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: El secretario certifica que ninguna de las partes los formuló. A continuación, el secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y, por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 952/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Fredy Odilón Rivera de los Santos, en nombre de Marcos Licona Aguirre; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil veinte, de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la respectiva evidencia criptográfica, recibido por el secretario de guardia en la misma fecha; Fredy Odilón Rivera de los Santos, en nombre de Marcos Licona Aguirre, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) Director de la Policía Estatal del Estado de Puebla (.) 2) Comandante de la Policía Estatal destacamentado en el C5 de la ciudad de Tehuacán, Puebla (.) 3) Director de la Policía Minicipal de Tehuacán, Puebla (.) IV. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La incomunicación; Los posibles actos de torura; La desaparición forzada; y, La privación ilegal de la libertad. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso. SEGUNDO. Trámite del juicio. En acuerdo de primero de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 952/2019, se le dio trámite y se proveyó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ordenándose la ratificación de ésta por parte del directo quejoso Marcos Licona Aguirre, quien, una vez localizado, en diligencia de dos del mismo mes y año, la ratificó. TERCERO. Admisión de la demanda de amparo. En acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, sin aperturar incidente de suspensión por haberse tramitado la suspensión de plano; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO.- Cita para audiencia. En el indicado auto admisorio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama: La incomunicación; Los posibles actos de torura; La desaparición forzada; y, La privación ilegal de la libertad. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y SOBRESEIMIENTO. Al respecto, la autoridad responsable: 1. Director General de la Policía Estatal Preventiva, al rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen, señalados en los incisos a), b), c) y d). Por su parte, la diversa autoridad responsable 3. Director de Asuntos Jurídicios del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, en representación del Secretario de Seguridad Pública de Tehuacán (denominación correcta), hizo lo propio y negó categoricamente la existencia de los actos reclamados respecto a los incisos b), c) y d). La parte quejosa omitió aportar prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Además, en la diligencia practicada por el diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, el dos de diciembre de dos mil veinte, se hizo constar que el quejoso Marcos Licona Aguirre estaba a disposición de la Fiscalía General del estado de Puebla, que se encontraba en perfectas condiciones físicas y que no había sufrido alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; lo que se corrobora la inexistencia de los actos reclamados. Cabe acotar, que si bien el quejoso reclamada la privación ilegal de la libertad, y de las constancias de autos se aprecia que el peticionario de amparo fue materialmente detenido, lo cierto es que no existe una restricción ilegal de la libertad, en virtud de que la responsable detuvo al quejoso con motivo de las funciones de seguridad pública que tiene encomendadas y lo puso a disposición de la autoridad ministerial competente, por lo que es evidente que dicho acto tampoco existe. Lo mismo sucede con la desaparición forzada reclamada, pues de la propia diligencia ya referida, se aprecia que fue posible la localización del quejoso y la autoridad ante quien se encuentra a disposición, por lo que no se encuentra en calidad de desaparecido. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las precitadas autoridades, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio respecto de éstos. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, en la audiencia constitucional que antecede, se tuvo por inexistente a la autoridad que la parte quejosa denominó como: 2. Comandate de la Policía Estatal Destacamentado en el C5 de Tehuacán, Puebla; por lo tanto, se sobresee respecto de dicha autoridad en este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." II. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, por cuando hace al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la incomunicación, la autoridad responsable 3. Director de Asuntos Jurídicios del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, en representación del Secretario de Seguridad Pública de Tehuacán (denominación correcta), al rendir su informe justificado negó el acto reclamado (incomunicación). No obstante, no ofreció prueba alguna con la que acreditara que, previo a la presentación de la demanda, permitió al detenido comunicarse con sus familiares o abogado mientras lo tuvo a su disposición; lo cual conduce a desvirtuar la negativa respecto a la incomunicación reclamada y establecer la certeza de dicho acto. Es así, porque, tocante a la incomunicación reclamada, en diligencia llevada a cabo a las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, por el diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, asentó lo expresado por el solicitante de amparo en el siguiente sentido: "(.) hago constar que Marcos Licona Aguirre se encuentra en perfectas condiciones en su estado físico. También procedo a preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o persona de confianza, quien manifiesta que no. Por lo que el suscrito hago constar que en este momento se le permite tener comunicación con Maricruz Pérez Carrasco (esposa), y se le hace saber que a partir de este momento se le permitirá la comunicación con los mismos. Respetando los horarios y condiciones de seguridad que establezca la autoridad responsable. También se hace constar que Marcos Licona Aguirre manifiesta no haber sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional." En efecto, de lo anterior se evidencia que el propio quejoso expresó ante el fedatario judicial no haber tenido comunicación durante su detención, sin que la mencionada autoridad responsable haya aportado prueba alguna para justificar que durante el tiempo que estuvo detenido haya entablado comunicación con sus familiares o abogado, pues si bien desde las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre del año en curso, tuvo comunicación con su esposa esto sucedió con posterioridad a la presentación de la demanda. Luego, es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación del quejoso mientras estuvo detenido en las instalaciones de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla. CUARTO. Improcedencia del amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito secretario encargado del despacho, pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En este caso, el suscrito secretario encargado del despacho advierte de manera oficiosa que, respecto a la incomunicación reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acotado lo anterior, a fin de acreditar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar del 3. Director de Asuntos Jurídicios del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán, Puebla, en representación del Secretario de Seguridad Pública de Tehuacán (denominación correcta), la incomunicación en los separos de la Policía Municipal de Tehuacán, Puebla. También se dijo que al rendir informe justificado, la autoridad responsable negó el acto reclamado; sin embargo, como consta en párrafos precedentes, se tuvo por cierta dicha incomunicación, porque en la diligencia levantada por el diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla a las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, se advierte que se asentó lo siguiente: "(.) hago constar que Marcos Licona Aguirre se encuentra en perfectas condiciones en su estado físico. También procedo a preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o persona de confianza, quien manifiesta que no. Por lo que el suscrito hago constar que en este momento se le permite tener comunicación con Maricruz Pérez Carrasco (esposa), y se le hace saber que a partir de este momento se le permitirá la comunicación con los mismos. Respetando los horarios y condiciones de seguridad que establezca la autoridad responsable." En ese sentido, la incomunicación reclamada ha cesado, pues a partir de las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, se tiene la certeza por manifestación del directo quejoso que tuvo comunicación con su esposa. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de incomunicación, resulta procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Atento a lo anterior, el suscrito secretario encargado del despacho está jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de conceptos de violación respecto de los actos reclamados, pues la sola actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide al juzgador para pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." QUINTO. Vista ministerial por posibles actos de tortura. No pasa inadvertido para el suscrito secretario encargado del despacho, que en diligencia llevada a cabo a las nueve horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte, por el diligenciario adscrito al Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla, asentó: "(.) hago constar que Marcos Licona Aguirre se encuentra en perfectas condiciones en su estado físico. También procedo a preguntarle si se le ha permitido comunicarse con su defensor, familiares o persona de confianza, quien manifiesta que no. Por lo que el suscrito hago constar que en este momento se le permite tener comunicación con Maricruz Pérez Carrasco (esposa), y se le hace saber que a partir de este momento se le permitirá la comunicación con los mismos. Respetando los horarios y condiciones de seguridad que establezca la autoridad responsable. También se hace constar que Marcos Licona Aguirre manifiesta no haber sufrido uno de los actos previstos por el artículo 22 constitucional." En la demanda de amparo, en el capítulo de antecedentes de los actos reclamados, el promovente de la demanda narró que, al momento de ser detenido, las personas encargadas de la detención golpearon al quejoso; lo que podría constituir una denuncia por la posible comisión de actos de tortura en contra del aquí quejoso Marcos Licona Aguirre, y dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese vista a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Marcos Licona Aguirre, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y por oficio electrónico a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Intégrese a los autos el telegrama signado por el Jefe del "C.S.I" Oficina Centro de Telégrafos Telecomm, en el cual hace constar la imposibilidad de notificar el oficio 303-2, dirigido a la autoridad responsable Comandante de la Policía Estatal con Destacamento en el C5 de la Ciudad de Tehuacán, Puebla; toda vez que manifiesta que "no puede ser recibido comentan que solo en Puebla pueden recibir oficios, en Tehuacán, no". Por tanto, a efecto de evitar dilaciones procesales, se ordena dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días computado legalmente, para que precise la denominación correcta y completa de dicha autoridad, apercibida que de no hacerlo, se tendrá por inexistente; mientras tanto, suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con aquéllas. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las partes...
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