Marcos Montiel Loera

Expediente 1098/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1098/2016
Año
2016
Actuaciones
18
Última actuación
22/02/2017

Partes del expediente

  • Marcos Montiel Loera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla (anexo I), en apoyo a su informe justificado, devuélvasele, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 207 a 226), se concedió el amparo a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, a fin de que: 1. Provea lo necesario para que se recabe la prueba ofrecida por el inculpado, es decir, tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique a la testigo de cargo ********************, para que esté en aptitud, de emitir su declaración (interrogatorio), debiendo mediar un plazo prudente entre su notificación y el desahogo de las pruebas -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita; y para el caso que tal medio de prueba ya se hubiera recibido o desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso, tomando en cuenta la misma. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tal probanza deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofreció dicho medio de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió rendirse la información. 2. Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, la responsable deberá emitir una nueva resolución de manera fundada y motivada en el sentido que estime procedente, pero dejando intocado la parte relativa a la investigación de la posible tortura del quejoso, asimismo, deberá determinar qué pruebas deben ser excluidas de toda valoración, con motivo de su obtención a partir de la detención ilegal del quejoso en la averiguación previa ********************, medios de prueba que fueron señalados de manera enunciativa mas no limitativa en esta sentencia." Resolución que el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 298 a 300). Ahora bien, mediante oficio 210 de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 354 a 407), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias emitidas en los autos de la causa penal 177/2016, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de veintiocho de junio de dos mil dieciséis (foja 357). - En auto de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, señaló las nueve horas con quince minutos del treinta de diciembre de dos mil dieciséis, para el desahogo del interrogatorio a cargo de ********************, mandándola a citar en el domicilio que proporcionó al declarar ministerialmente por conducto del diligenciario de su adscripción (fojas 357 y 363). Sin embargo, según se advierte de la certificación de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, no se desahogó dicha diligencia, pues de la razón asentada por la diligenciaria adscrita al juzgado responsable, se estableció que la citada ateste ya no habita en el domicilio señalado en autos; siendo que, en dicha certificación la defensa del aquí quejoso, refirió que se investigara su domicilio en diversas dependencias, lo cual fue acordado favorable por el juez de la causa (girando diversos oficios a varias dependencias de la ciudad de Puebla -fojas 371 a 374, 376 a 378), señalando las diez horas del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis para su desahogo (fojas 364 vuelta a 366). No obstante, y una vez que el juez de la causa agotó los medios a su alcance para el desahogo de dicha probanza, en certificación de uno de enero de dos mil diecisiete, se hizo constar que la testigo de que se trata no compareció a su desahogo (foja 379). - En resolución de uno de enero de dos mil diecisiete, el juez responsable volvió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso, decretándole auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 323, 326, fracción I, 328, 329 y 331 del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien envida respondiera al nombre de Hugo Alberto Proschle Trujillo (fojas 380 a 405). Precisándose que, la situación jurídica del quejoso fue resuelta dentro del plazo constitucional ampliado, atendiendo a que el juez de la causa refirió que dicho término inició a partir de las quince horas del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, hora que fue recepcionado el oficio 241.1 de este juzgado federal, mediante el cual se le solicitó el cumplimiento de la sentencia de amparo, agregando que realizó descuento de diez horas con veinticuatro minutos que mediaron entre la hora en que fue puesto a su disposición interno en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla (una horas con treinta minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis -foja 363-). Asimismo, atendiendo a lo señalado en la ejecutoria materia de esta análisis, dejó intocada la parte relativa a la investigación de la posible tortura del quejoso, y determinó qué pruebas debían ser excluidas de toda valoración probatoria, con motivo de la detención ilegal del amparista en la averiguación previa ******************** (fojas 386, 386 vuelta y 405 vuelta). Resolución que procedió a notificar personalmente al aquí quejoso (foja 407). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de dos de enero pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo incorporado en el proveído antes citado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo Penal de la ciudad de Puebla, mediante el cual solicita prórroga a efecto de remitir las constancias requeridas en auto de dos de este propio mes de enero, dado que la mitad del personal del Departamento de Fotocopiado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra en periodo vacacional; en consecuencia hágase de su conocimiento que se le concede un plazo de tres días a partir de la notificación del presente proveído para que remita dichas documentales, precisándole que subsiste el apercibimiento con que fue conminado en el auto antes referido.

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