MARCOS NAVA TLELO y Otros.

Expediente 661/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
661/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
07/08/2019

Partes del expediente

  • MARCOS NAVA TLELO y Otros.
  • JULIA FLORES FLORES y Otros.
  • Marcos Nava Tlelo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Se le tiene informando que por acuerdo de cinco de agosto del año en curso, dentro del juicio de amparo directo D-112/2019 de su índice, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado, determinó aceptar la competencia planteada por el suscrito y desecho la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. En tal virtud, Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual informa que mediante auto de doce de julio del año en curso, dictado en el amparo directo D-112/2019, de su índice, requirió al Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en el Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que en el término de tres días rindiera su respectivo informe justificado y remitiera los autos de la causa penal 186/2019/Cholula, de su estadística, lo anterior a fin de que la superioridad provea lo conducente respecto a la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional; de lo que el suscrito Secretario encargado del despacho, toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 661/2019-D. INCOMPETENCIA. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los aquí quejosos Julia Flores Flores y Marcos Nava Tlelo, reclaman del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamamos la Resolución de fecha 10 Diez de Junio del año 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro de la Causa Penal 186/2019/Cholula por la autoridad señalada como responsable, en la que se decreta la prescripción de la acción persecutoria en los términos que a continuación se transcriben: `Mediante el escrito de cuenta, la Fiscal solicita se señale fecha y hora de audiencia inicial en la que se formule imputación a ERIKA CABEZA PERCINO por considerarla como probable partícipe en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO, ilícito previsto y sancionado por los artículos 403 fracción III, y 404 fracción IX, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Marcos Nava Tlelo y Julia Flores Flores, no obstante lo anterior, de acuerdo a los antecedentes, se advierte que el documento en el que la agente del Ministerio público se funda, para acreditar el delito de Fraude Especifico, lo son las copias del expediente 1748/2017 del Juzgado Civil de Cholula Puebla, y de la que se desprende la existencia del dictamen pericial privado en materia de Grafoscopía emitido por el Licenciado José Raúl Padilla Guzmán, perito en Documentoscopía, Grafoscopía y Caligrafía, sin que este dictamen revele o acredite quien realizó el contrato de compraventa que fuera justificado como falso, haya sido realizado por la persona a quien se pretende citar, lo cual resulta fundamental dado el acto de molestia que se pretende realizar, por lo que en términos del artículo 21 Constitucional, el agente del Ministerio Público debió agotar las líneas de investigación para investigar el hecho con apariencia de delito. Por otro lado, dado que se trata del delito de Fraude Específico por el que se realiza la petición planteada, debe indicarse que en términos del artículo 416 del Código Penal para el Estado de Puebla, es un delito que se persigue a petición de parte, de querella necesaria y que en términos del artículo 133 de penal sustantiva (sic) la prescripción de la acción persecutoria se surte en los delitos que se persiguen por querella de parte, en el término de 2 dos años y satisfecho el requisito de querella, se aplicarán las reglas para los delitos que se persiguen de oficio, por lo que si tomaos en consideración que el citado contrato fue firmado el día 15 quince de noviembre de 2015 dos mil quince, para solicitar el ejercicio de la acción penal, se contaba hasta antes del quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, ahora, advirtiéndose que la denuncia de fraude específico fue presentada hasta el 24 de noviembre de 2017 dos mi diecisiete, se surte el fenómeno de la prescripción y por ello, el ministerio público no está en oportunidad de ejercitar la acción penal.´" En consecuencia, se provee la demanda respecto de la autoridad y acto que señala la parte quejosa. En principio, cabe precisar que el acto de ordenamiento que se pretende combatir en la presente instancia es la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 186/2019/Cholula, por el juez responsable, en la que decretó la prescripción de la acción persecutoria. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 186/2019/Cholula, por el juez responsable, en la que decretó la prescripción de la acción persecutoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que, como ya se dijo, en el presente caso, los quejosos reclaman la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 186/2019/Cholula, por el juez responsable, en la que decretó la prescripción de la acción persecutoria, la cuál, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una causa de extinción de la acción penal, contra la cuál, procede amparo directo. Sirve de apoyo la Tesis Aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, EMITIDA UNA VEZ RECIBIDA LA DECLARACIÓN PREPARATORIA DEL INCULPADO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO). Los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El segundo de esos preceptos, acorde con el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, dispone que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; sin embargo, nada dice respecto al sistema procesal penal mixto. Ahora bien, tomando en cuenta que en la audiencia inicial, entre otras cuestiones, se informan al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de la legalidad de la detención -si correspondiere-, el Ministerio Público formula imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y se resuelve sobre las solicitudes de medidas cautelares y de vinculación a proceso, a fin de establecer la procedencia del juicio de amparo directo en asuntos tramitados aún bajo el sistema procesal penal mixto/escrito, debe considerarse que el juicio inicia a partir de la audiencia en que se recibe la declaración preparatoria del inculpado, por ser ésta la que en una analogía procesal cumple con los fines de la audiencia inicial. Por tanto, contra la resolución de segunda instancia -emitida una vez recibida dicha declaración-, que declara extinguida la acción penal por prescripción en el sistema anterior, procede el juicio de amparo directo, ya que conlleva al sobreseimiento en la causa, con lo que se da por concluido el juicio, sin resolverlo en el fondo." Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, que conlleva al sobreseimiento en la causa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 661/2019-D, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el que señalan en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de los quejosos, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y FORMACIÓN. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 661/2019-D. INCOMPETENCIA. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que los aquí quejosos Julia Flores Flores y Marcos Nava Tlelo, reclaman del Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamamos la Resolución de fecha 10 Diez de Junio del año 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro de la Causa Penal 186/2019/Cholula por la autoridad señalada como responsable, en la que se decreta la prescripción de la acción persecutoria en los términos que a continuación se transcriben: `Mediante el escrito de cuenta, la Fiscal solicita se señale fecha y hora de audiencia inicial en la que se formule imputación a ERIKA CABEZA PERCINO por considerarla como probable partícipe en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO, ilícito previsto y sancionado por los artículos 403 fracción III, y 404 fracción IX, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Marcos Nava Tlelo y Julia Flores Flores, no obstante lo anterior, de acuerdo a los antecedentes, se advierte que el documento en el que la agente del Ministerio público se funda, para acreditar el delito de Fraude Especifico, lo son las copias del expediente 1748/2017 del Juzgado Civil de Cholula Puebla, y de la que se desprende la existencia del dictamen pericial privado en materia de Grafoscopía emitido por el Licenciado José Raúl Padilla Guzmán, perito en Documentoscopía, Grafoscopía y Caligrafía, sin que este dictamen revele o acredite quien realizó el contrato de compraventa que fuera justificado como falso, haya sido realizado por la persona a quien se pretende citar, lo cual resulta fundamental dado el acto de molestia que se pretende realizar, por lo que en términos del artículo 21 Constitucional, el agente del Ministerio Público debió agotar las líneas de investigación para investigar el hecho con apariencia de delito. Por otro lado, dado que se trata del delito de Fraude Específico por el que se realiza la petición planteada, debe indicarse que en términos del artículo 416 del Código Penal para el Estado de Puebla, es un delito que se persigue a petición de parte, de querella necesaria y que en términos del artículo 133 de penal sustantiva (sic) la prescripción de la acción persecutoria se surte en los delitos que se persiguen por querella de parte, en el término de 2 dos años y satisfecho el requisito de querella, se aplicarán las reglas para los delitos que se persiguen de oficio, por lo que si tomaos en consideración que el citado contrato fue firmado el día 15 quince de noviembre de 2015 dos mil quince, para solicitar el ejercicio de la acción penal, se contaba hasta antes del quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, ahora, advirtiéndose que la denuncia de fraude específico fue presentada hasta el 24 de noviembre de 2017 dos mi diecisiete, se surte el fenómeno de la prescripción y por ello, el ministerio público no está en oportunidad de ejercitar la acción penal.´" En consecuencia, se provee la demanda respecto de la autoridad y acto que señala la parte quejosa. En principio, cabe precisar que el acto de ordenamiento que se pretende combatir en la presente instancia es la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 186/2019/Cholula, por el juez responsable, en la que decretó la prescripción de la acción persecutoria. De ahí que, se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34, 47, párrafo primero, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; específicamente, su conocimiento corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno residente en esta ciudad. Dichos numerales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" Establecido lo anterior, es de indicarse que los artículos transcritos clarifican que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados; por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento. Así mismo, definen sentencia definitiva como aquélla que decide el juicio en lo principal y disponen que cuando ante el Juez de Distrito se presente una demanda de amparo contra una sentencia definitiva o laudo, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, dicho Juzgado se declarará legalmente incompetente de plano y la remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En ese tenor, ya que el acto reclamado es la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 186/2019/Cholula, por el juez responsable, en la que decretó la prescripción de la acción persecutoria, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, en virtud de que, como ya se dijo, en el presente caso, los quejosos reclaman la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 186/2019/Cholula, por el juez responsable, en la que decretó la prescripción de la acción persecutoria, la cuál, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una causa de extinción de la acción penal, contra la cuál, procede amparo directo. Sirve de apoyo la Tesis Aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN, EMITIDA UNA VEZ RECIBIDA LA DECLARACIÓN PREPARATORIA DEL INCULPADO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (SISTEMA PROCESAL PENAL MIXTO). Los artículos 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo directo contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. El segundo de esos preceptos, acorde con el actual sistema procesal penal acusatorio y oral, dispone que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; sin embargo, nada dice respecto al sistema procesal penal mixto. Ahora bien, tomando en cuenta que en la audiencia inicial, entre otras cuestiones, se informan al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realiza el control de la legalidad de la detención -si correspondiere-, el Ministerio Público formula imputación, se da la oportunidad de declarar al imputado y se resuelve sobre las solicitudes de medidas cautelares y de vinculación a proceso, a fin de establecer la procedencia del juicio de amparo directo en asuntos tramitados aún bajo el sistema procesal penal mixto/escrito, debe considerarse que el juicio inicia a partir de la audiencia en que se recibe la declaración preparatoria del inculpado, por ser ésta la que en una analogía procesal cumple con los fines de la audiencia inicial. Por tanto, contra la resolución de segunda instancia -emitida una vez recibida dicha declaración-, que declara extinguida la acción penal por prescripción en el sistema anterior, procede el juicio de amparo directo, ya que conlleva al sobreseimiento en la causa, con lo que se da por concluido el juicio, sin resolverlo en el fondo." Sobre la base expuesta, es evidente que la resolución que se pretende combatir en esta instancia constitucional es impugnable en amparo directo al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, que conlleva al sobreseimiento en la causa, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito a quien le resulta competencia para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto Uno fracción VI del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 661/2019-D, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo (Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito) que competa recibir la demanda de amparo, se le solicita atentamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos el que señalan en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de los quejosos, con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en su libelo de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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