German Chora Ramos
Expediente 866/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- German Chora Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. A. Ponderaciones previas y levantamiento de la suspensión del procedimiento. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia ocasionada por la propagación del virus Covid-19, quedaron suspendidos los plazos y términos procesales, del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -emitidos para regular la actividad jurisdiccional durante la aludida contingencia-. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales; cuya vigencia fue ampliada mediante Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021; con el primero, al quince de enero de dos mil veintiuno, con el segundo, al veintiocho de febrero del mismo año y, con el tercero, hasta el treinta de junio próximo. En atención a la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), del periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, esto implicaría que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultasen necesarias la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieren listos para sentencia; Luego, por la Circular SECNO/1/2021 dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales no incluidos en la fracción I, se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito, sería el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. No obstante, mediante las circulares SECNO/08/2021 y SECNO/09/2021, signadas por la Jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesiones celebradas el treinta de enero y seis de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; por lo que en cumplimiento a lo instruido en dicho punto, se dio a conocer que en atención a la modificación de la situación de contagios de la referida enfermedad, para los órganos pertenecientes al Sexto Circuito, entre otros, durante el periodo aludido, sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo. Tal medida implica, que se daría trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán y tramitarán los asuntos que puedan seguirse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales o por oficio. De manera que para los casos restantes, se suspenden los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia. En el presente asunto se suspendieron los plazos y términos del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre siguiente, al once de enero de dos mil veintiuno; y del uno al diecisiete de febrero del año en curso, por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública ya indicado, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Así, mediante Circular SECNO/10/2021 signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que a partir del dieciocho de febrero del presente año, para la operación de los órganos jurisdiccionales del Sexto Circuito, es aplicable el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el seis de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido, que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. B. Prescripción billete. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 866/2018-D, promovido por Germán Chora Ramos, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, feneció el término de dos años, que le fue otorgado, en acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito número N 621472, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió en su oportunidad para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida al referido quejoso, en resolución de uno de octubre de dos mil dieciocho; sin que a la data en que se emite este proveído, haya comparecido a este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante esa circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se previno al mencionado quejoso, en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho y, se decreta la prescripción del citado billete de depósito, a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo del billete de depósito que se le envía para el efecto antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Notifíquese por lista a las partes y, por oficio al Tesorero de la Federación.
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 16 DE noviembre DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la suspensión provisional, asó como la definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar el anexo I que remitió el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, en apoyo en su informe justificado, se ordena su devolución; y, se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente acuse recibo de aquél. Con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N-621472 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días miércoles de cada semana, de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación..."
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San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la suspensión provisional, asó como la definitiva, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar el anexo I que remitió el Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, en apoyo en su informe justificado, se ordena su devolución; y, se le requiere para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente acuse recibo de aquél. Con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N-621472 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días miércoles de cada semana, de nueve a doce horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 22 DE octubre DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que en la demanda de amparo signada por German Chora Ramos, la parte quejosa la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "[.] III.- AUTORIDAD RESPONSABLE, señalo con el carácter de ORDENADORA: A).- Ciudadano Juez Penal del Distrito Judicial de Atlixco con domicilio oficial bien conocido en la ciudad de Atlixco, Puebla. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA: a).- Al Ciudadano Agente del Ministerio Público titular de la mesa de trámite número uno del sistema tradicional de la Fiscalía General del Estado, encargado de las Averiguaciones Previas que corresponde a la ciudad de Atlixco, Puebla; con domicilio en calle nueve oriente número mil cuatrocientos cinco de la colonia centro en la ciudad de Puebla. b) Al Comandante de la Policía Ministerial adscrito a esta Agencia del Ministerio Público. IV.- ACTO RECLAMADO: de la autoridad señalada como ORDENADORA reclamo: 1.-Del ciudadano Agente del Ministerio Público reclamo la orden de comparecencia o presentación decretada en mi contra por el ciudadano agente del ministerio público investigador de la mesa número uno sistema tradicional, dentro de la averiguación previa 805/2014ATLlX. 2.- Del ciudadano Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco puebla, la orden de aprehensión que haya decretado en mi contra como consecuencia el ejercicio (SIC) de la acción penal ejercitada por el agente del ministerio público dentro de la averiguación previa señalada con antelación. [.]" La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16, y 20 inciso b), fracción VI de la Constitución General de la República. Así, mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 12 a 15), se admitió a trámite la demanda de amparo, con incidente de suspensión, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada, y la intervención de la fiscal adscrita. Ahora bien, de autos aparece que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, lo hicieron de la siguiente manera: NO. ORDEN AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. FOJA 1 JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA. CIERTO 30 y 31 2 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITA A LA MESA UNO DE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN EL SISTEMA TRADICIONAL. NIEGA 27 3 COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN GRUPO ATLIXCO. CIERTO 22 Informes con los que se dio vista a la parte quejosa, y de los que, como se advierte de la certificación de cuenta, transcurrió el plazo de ocho días a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al respecto, se aprecia que tanto el 1. Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, como el 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de Atlixco, Puebla, al rendir sus informes de ley (fojas 30, 31 y 22, en su orden), convinieron en la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso de mérito, en los autos del proceso 419/2014 instruida en contra de German Chora Ramos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I, en relación con el diverso 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, y su ejecución. Sin embargo, de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que el trece de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, en la causa penal 419/2014 de su estadística, dictó auto de formal prisión en contra de German Chora Ramos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I, en relación con el diverso 13 del Código Penal para el Estado de Puebla, cometido en agravio de Clara Maximina Chávez Rojas (fojas 49 a 56). Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dar cumplimiento a la orden de aprehensión reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, ya que la orden de captura en cuestión se sustituye jurídica y procesalmente por el auto de formal prisión, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el indicado auto de término constitucional, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional, respecto del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión decretada en los autos de la causa penal 419/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así como las jurisprudencias 1a./J. 17/2008 y 1a./J. 45/2008, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales establecen: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada." Ahora bien, del cuadro anterior se aprecia que la autoridad responsable 2. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Mesa Uno de la Unidad de investigación Especializada en el Sistema Tradicional, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de dicho acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de la audiencia constitucional respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia o presentación, atribuidos al agente del Ministerio Público señalado como responsable, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Sin que lo anterior suponga el desconocimiento de lo establecido en la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Sin embargo, en el caso no se estima aplicable, dado que ya ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de dicha autoridad responsable. Al margen de que se estima que en nada cambiaría el sentido de este fallo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución de la orden de aprehensión reclamada, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Cabe indicar que las causales de improcedencia invocadas de manera alguna podrían ser desvirtuadas con ninguna prueba que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. " Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las nueve horas con cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 33 vuelta). Comuníquese lo anterior a las partes, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En diverso aspecto, no pasa inadvertido para el suscrito juez Federal que la parte agraviada dentro del proceso penal 419/2014 del índice del Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, no fue emplazada al presente juicio de amparo con el carácter de parte tercera interesada, lo que debió haber ocurrido en términos del artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 25/2011, cuyo rubro y texto son los siguientes: OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. De la jurisprudencia 1a./J. 114/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 550, de rubro: "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. PUEDEN ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE EN LOS HECHOS A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, AUNQUE NO SE REFIERA DIRECTAMENTE A ELLA.", se advierte que la víctima u ofendido del delito puede intervenir en el juicio de amparo en su carácter de tercero perjudicado, siempre y cuando el acto reclamado se vincule directa o indirectamente con la reparación del daño. Por tanto, tratándose de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión se actualiza el supuesto de dicha jurisprudencia, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre la pena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. Sin embargo, tal circunstancia en nada cambia el sentido de esta resolución, pues al haberse sobreseído en el juicio, es inconcuso que ésta no le causa ningún perjuicio a aquella. Cobra aplicación al caso la tesis aislada de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Finalmente, intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso German Chora Ramos, a través del cual pretende ampliar su demanda de amparo; sin embargo, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita, en mérito de las razones expuestas en el presente proveído..."
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