GERMAIN OLVERA TORBELLIN y Otros.

Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
345/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
02/10/2018

Partes del expediente

  • Cesar Ulises Jimenez Cruz
  • GERMAIN OLVERA TORBELLIN y Otros.
  • Germain Olvera Torbellin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil dieciocho. Visto, el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla acusando recibo del diverso oficio 1097-C-6, por el que se le devolvió el anexo I y los discos versátiles digitales. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó por una parte y se negó por otra el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó por una parte y se negó por otra el amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con residencia en Atlixco, Puebla (anexo I y los discos versátiles digitales), y Jueza de Control de la Región Judicial Sur, con residencia en Izúcar de Matamoros, Puebla (anexo II y los discos versátiles digitales), en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles dichos anexos, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Se apercibe a las citadas autoridades responsables que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa por separado de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Germain Olvera Torbellin y César Ulises Jiménez Cruz, respecto de los actos que reclamaron del Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (por ser quien actualmente está conociendo de la causa penal de origen), consistente en la resolución pronunciada en la audiencia inicial de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en la causa penal 26/2018/Atlixco (actualmente causa 08/2018/Matamoros), en la parte en que se calificó de legal su detención, al haber operado un cambio de situación jurídica; así como respecto de los actos que se atribuyeron a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con residencia en Atlixco, Puebla, al haber sido sustituida en el conocimiento del asunto; en los términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Germain Olvera Torbellin y César Ulises Jiménez Cruz, contra los actos que reclamaron del Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (por ser quien sustituyó en el conocimiento del asunto a la Jueza de Control de la Región Judicial Centro-Poniente, con residencia en Atlixco, Puebla), consistente en la resolución pronunciada en audiencia celebrada el treinta de marzo de dos mil dieciocho, en la causa penal 26/2018/Atlixco (actualmente causa 08/2018/Matamoros), en lo referente al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el hecho que la ley señala como delito de robo de ganado, en agravio de Martín Mario Chávez Sandoval; así como respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en esa misma causa penal y la ejecución de ese medida a cargo del Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla; en términos del considerando séptimo de este fallo constitucional. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la siguiente autoridad responsable: 1. Juez de Control de la Región Judicial Sur, con sede en Izúcar de Matamoros Puebla. Con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 del precitado ordenamiento legal, se tienen como pruebas de la referida autoridad responsable, la documental que anexa a su informe justificado y los discos versátiles digitales que remite, las cuales se relacionarán en el momento procesal oportuno; y sin que haya lugar a señalar fecha para la reproducción del citado disco, dada su naturaleza jurídica de éste. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmense el cuaderno de prueba II del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo. Guárdense en sobre cerrado los disco versátiles digitales que contienen las audiencias de siete y nueve de marzo de dos mil dieciocho, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En atención a lo anterior, se advierte que el informe de cuenta no fue puesto a la vista de las partes con la anticipación a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, procede difrir anticipadamente la audiencia constitucional y se señala como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del treinta de agosto de dos mil dieciocho.

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