Gerardo Zapata Rosas

Expediente 1645/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1645/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
05/01/2017

Partes del expediente

  • Gerardo Zapata Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1645/2016-I-D, promovido por Gerardo Zapata Rosas, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de diciembre de dos mil dieciséis. Vistos; con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 8. Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciséis Visto, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual remite el juicio de amparo en que se actúa y copia certificada de la ejecutoria dictada por dicho órgano colegiado el once de noviembre de dos mil dieciséis, en el toca de revisión R-273/2016 de su índice, de la que se advierte que: () PRIMERO En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 747/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto de los actos atribuidos a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno del Distrito Judicial de Puebla, y Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla TERCERO La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************para los efectos precisados en el fallo sujeto a revisión () Como consecuencia de lo anterior, glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión (únicamente las actuaciones originales para evitar la voluminosidad del expediente con constancias innecesarias o repetidas); háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión Ahora bien, de una reseña del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte lo siguiente: I Mediante sentencia dictada el siete de junio de dos mil dieciséis, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, resolvió, por una parte a) sobreseer el juicio de amparo en que se actúa, únicamente respecto a los actos que se reclamaron a los Jueces (1) Primero, (2) Segundo, (3) Tercero, (4) Cuarto, (5) Quinto, (6) Sexto, (7) Séptimo y (9) Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y (10) del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula; y, por otra, b) conceder al amparo al quejoso ********************, contra la orden de aprehensión que reclamó al (8) Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas y otros, así como su ejecución (fojas 362 a 392) II Por acuerdo dictado el veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvo al referido Juez Federal devolviendo los autos en que se actúa, junto con la sentencia mencionada y sus anexos, por lo que se ordenó la notificación de dicha resolución a todas las partes (fojas 451 a 453) III Mediante proveído de diecinueve de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional declaró que la sentencia dictada en autos había causado ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en los términos que se indicaron (fojas 488 a 492) IV En auto de veinte de julio del presente año, se tuvo a ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada en el presente asunto, por lo que se aperturó un cuaderno de antecedentes y, con el escrito de expresión de agravios correspondiente, se corrió traslado a las demás partes (fojas 501 y 502) V Por acuerdo dictado el veintidós de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al Fiscal General del Estado de Puebla (a través de su representante) y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla informando que no habían recibido la orden de aprehensión de cuatro de junio de dos mil quince (acto reclamado), dictada por el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal ******************** (foja 506) VI Mediante proveído de veintinueve de julio del año en curso, este Juzgado Federal tuvo por recibido el oficio 5345 signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo (fojas 608 a 609) VII Mediante certificación de fecha cinco de agosto del actual (foja 621), el Secretario adscrito a este juzgado de control constitucional hizo constar, entre otras cuestiones, lo siguiente: "() Así mismo, se hace constar que el día diecinueve de julio de dos mil dieciséis, María del Carmen Ortega Reguera, Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito encargada del trámite del presente expediente desde el veintiuno de junio del año en curso, no dio cuenta a Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria de este órgano jurisdiccional, con el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el siete de junio del presente año, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, tal como se advierte del sello de recibido que contiene Lo anterior, no obstante de que la primera secretaria citada recibió la indicada promoción el propio diecinueve de julio del actual, como se observa de la libreta de control de promociones que ingresan a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla Información que se obtiene de las copias certificadas que se agregan, relativas a la fojas cuarenta y ocho a cincuenta y uno de 1) libreta de control de promociones que ingresan a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y a la foja nueve de la 2) libreta de turno de la sección de juicios de amparo en vías de cumplimiento Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar () VIII En virtud de lo anterior, en auto de cinco de agosto pasado, se ordenó la remisión del presente juicio de derechos fundamentales al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada (foja 622) IX Luego, en proveído de diez de agosto de este año, emitido dentro del cuaderno de antecedentes, atento a la promoción presentada por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se acordó la expedición de las copias certificadas que solicitó y reservar lo conducente respecto a si la sentencia de amparo se encontraba debidamente acatada, hasta en tanto se decidiera el recurso de revisión hecho valer en autos (fojas 750 y 751) X En acuerdo de doce de agosto del presente año, dictado dentro del cuaderno de antecedentes, entre otros aspectos, se tuvo a ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de julio del actual, por lo que, con el escrito de expresión de agravios correspondiente, se corrió traslado a las demás partes (fojas 762 y 763) XI En auto dictado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del cuaderno de antecedentes, se tuvo a la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, remitiendo copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el recurso de queja Q-87/2016, misma que en su único resolutivo señaló: () ÚNICO- Se declarara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere () Consecuentemente, atento a la parte considerativa de la referida ejecutoria, se acordó lo siguiente: () En ese tenor y en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada oficiante, se precisa que no se dará inicio a la sustanciación del procedimiento de ejecución y cumplimiento de la sentencia de amparo dictada el siete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes (747/2015), atento a que se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión R-273/2016 de la estadística del Tribunal Colegiado mencionado En virtud de lo anterior y en atención al oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que se dio vista en acuerdo dictado el veintinueve de julio de dos mil dieciséis y con el que dicha autoridad manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, resérvese de proveer lo conducente, hasta en tanto se resuelva el referido recurso de revisión y la Superioridad comunique la determinación que haya dictado () (fojas 798 y 799) En ese contexto, primero conviene indicar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la ejecutoria dictada el once de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del amparo en revisión R-273/2016 de su índice, en específico en su considerando segundo, determinó que la parte quejosa interpuso el medio de impugnación en tiempo y forma; asimismo, de dicha ejecutoria no se advierte que la Superioridad haya emitido alguna determinación en el sentido de dejar sin efecto el acuerdo emitido por este órgano jurisdiccional el diecinueve de julio del año en curso, por el que se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en los términos que se indicaron En consecuencia y tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no puede revocar sus propias determinaciones y que dicho Tribunal Colegiado al resolver el expediente de queja Q-87/2016 determinó dejar sin efectos el auto de veintinueve de julio del presente año y ordenar a este juzgado emitir un acuerdo en el que se precisara no dar inicio procedimiento de ejecución y cumplimiento de la sentencia de amparo dictada el siete de junio de dos mil dieciséis, dentro del presente juicio de amparo, se estima que el citado auto de diecinueve de julio del año en curso fue sustituido procesalmente por la ejecutoria de amparo dictada dentro del expediente R-273/2016 Establecido lo anterior y considerando que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia recurrida, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 8 Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "() OCTAVA Efectos del amparo En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Muñoz Villegas; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1 Deje sin efecto la determinación dictada en contra del quejoso el cuatro de junio de dos mil quince en el proceso ******************** de su índice, únicamente por cuanto hace a José Muñoz Villegas 2 En su lugar dicte una nueva determinación, en la que siguiendo los lineamientos de esta sentencia omita librar la cita de comparecencia contra el quejoso José Muñoz Villegas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, y respecto a las demás violaciones, con libertad de jurisdicción la cual podrá ser en el mismo sentido que la reclamada, pero debidamente fundada y motivada, caso en el cual deberá tomar en consideración lo vertido en esta sentencia, a saber: a) Reitere lo relativo al cuerpo de los delitos de COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL y LESIONES b) Precise los elementos probatorios y las razones por las que ubica el delito de robo en la fracción IV del numeral 374 del Código Penal del Estado o, en su caso, encuadre la conducta en la fracción conducente conforme a las pruebas que obran en la indagatoria en específico el dictamen en avalúo referido c) Para acreditar la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los delitos imputados se abstenga de afirmar que de la declaración de Roger Alfonso Garzón Díaz, se advierte que hace un señalamiento directo y contundente en contra de José Muñoz Villegas, entre otros, como los responsables de los delitos d) Establezca en forma clara e individualizada la forma y grado de participación del quejoso en la comisión de cada uno de los delitos de CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, ROBO AGRAVADO y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA INTENCIONAL e) Precise con qué pruebas del caudal probatorio se acredita lo anterior Cabe resaltar que el amparo concedido no implica que se resuelva en sentido contrario a como se hizo en el acto reclamado; empero, sí obliga a purgar los vicios destacados en este fallo y, posteriormente, con libertad de jurisdicción dictar la resolución que se estime apegada a derecho, lo que incluye la posibilidad de que se reitere el sentido la orden de aprehensión que se combate Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se trascribe enseguida: (Se cita jurisprudencia) La concesión del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al actualmente denominado Fiscal General y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, ambos del Estado de Puebla, al no haberse combatido por vicios propios, pues al resultar inconstitucional la orden de aprehensión, igual calificativo tienen los realizados para su cumplimiento Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 88, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: (Se cita jurisprudencia) Por último, cabe mencionar que no procede analizar los alegatos que hace valer la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, dado que los mismos no forman parte de la litis Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el contenido de la jurisprudencia P/J 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 80, agosto de 1994, registro 205449, página 14, del rubro y texto siguientes: (Se cita jurisprudencia) ()" Ahora bien, toda vez que por acuerdo emitido el diez de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 798 y 799), se reservó de proveer lo conducente al oficio 5345 remitido por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, con el que dicha autoridad manifestó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, hasta en tanto se resolviera el multicitado recurso de revisión y la Superioridad comunicara la determinación que hubiera dictado, cumplida dicha condición, se provee: Agréguese a los autos el citado oficio, para que surta los efectos legales procedentes, y, en atención a su contenido, se advierte que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remite copia certificada de la resolución emitida el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal ********************; sin embargo, no ha lugar a dar vista en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que el cumplimiento de una sentencia de amparo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo recurrible que no había causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no ha adquirido firmeza legal Lo anterior es así, porque dicha determinación fue emitida el veintiséis de julio de dos mil dieciséis y la sentencia amparadora fue confirmada por el Tribunal de Alzada hasta el once de noviembre del actual, por lo que la multicitada sentencia no había adquirido la firmeza legal a la que se hace referencia Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a/J 39/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE Conforme al párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego de que cause ejecutoria la sentencia que haya concedido el amparo solicitado o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución pronunciada en amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y a las demás partes De lo anterior se sigue que el cumplimiento de una sentencia de amparo directo recurrible sólo puede exigirse y realizarse válidamente cuando ha causado ejecutoria, al ser una resolución que define una litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia de una voluntad de la ley o de las partes en conflicto pero sin fuerza legal, es decir, en situación de expectativa y no es imperativa ni obligatoria En ese sentido, la resolución dictada por la autoridad responsable en vía de cumplimiento a una sentencia de amparo directo recurrible que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no es vinculatoria, debe dejarse insubsistente, ya que no hacerlo equivaldría a reconocer validez a una resolución dictada en relación con una sentencia que no ha adquirido firmeza legal En tales condiciones, dígase a la autoridad responsable 8 Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla que, además de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos establecidos en líneas precedentes, deberá dejar insubsistente la resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal ********************, así como todos los actos inherentes a la misma Se apercibe al Titular del Juzgado Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se señala, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis Así mismo, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omiso al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P/J 54/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo Por otro lado, dígase a la autoridad requerida, que incurre en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo No se inadvierte para la suscrita Jueza Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, también se debe encomendar notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso no procede, toda vez que los jueces de primera instancia cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía Orienta el criterio de esta juzgadora, la jurisprudencia PCIC J/3 K (10a) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias Finalmente, del estado procesal de autos, se advierte que por acuerdo dictado el diez de agosto del año en curso (fojas 750 y 751), se reservó de proveer lo conducente respecto a si la sentencia de amparo se encontraba acatada con el oficio señalado en líneas precedentes, hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión interpuesto, por lo que cumplida dicha condición, hágase saber a las partes que deberán estarse a lo acordado en esta determinación

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