Gerardo Zuñiga Alvarado

Expediente 968/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
968/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Gerardo Zuñiga Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil diecisiete en la que se sobreseyó en el juicio, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, de manera provisional, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contienen los oficios 822-C-18, 822-C-19 y 822-C-20, dirigidos en su orden a las autoridades responsables 18. Agente del Ministerio Público Investigador Turno Par de Tehuacán, Puebla, 19. Agente del Ministerio Público Investigador Turno Non de Tehuacán, Puebla y 20. Agente del Ministerio Público Investigador Tercer Turno Tehuacán, todos con la razón "denominación errónea", de ahí la imposibilidad para notificarles la sentencia de seis de octubre de dos mil diecisiete. Ahora bien, de las constancias que integran este expediente, se advierte que las referidas autoridades sí fueron emplazadas al presente sumario constitucional; por lo tanto, ante la negativa de recibir los oficios en comento, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las notificaciones de mérito, para los efectos legales conducentes. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo. No. Registro: 178,687, Tesis aislada, Materia(s): Laboral, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Abril de 2005, Tesis: V.4o.2 K, Página: 1439. Ahora bien, como el Servicio Postal Mexicano no asentó la fecha con la que razonó la imposibilidad de poder entregar los oficios en comento, se tiene por hecha la notificación de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías en esta fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, lo anterior para los efectos legales procedentes, por lo que se está en espera de que transcurra el término de ley para acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    R E S U E L V E: Primero. Esta sentencia no se ocupa de las autoridades que se tuvieron por inexistentes en auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete (foja 116), en términos del considerando tercero. Segundo. Se sobresee en el juicio de amparo 968/2017-C, promovido por el quejoso Gerardo Zúñiga Alvarado, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guarda el presente expediente, se aprecia que dado el evento sísmico acaecido el diecinueve de los corrientes, a las trece horas con diez minutos de ese día, fueron suspendidas las labores en este órgano jurisdiccional, así como que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declaró inhábiles y no laborables los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veinticinco del mes y año curso, en los que no correrán términos de ley. Lo anterior, constituye un hecho notorio para la suscrita en términos de lo dispuesto del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que resulte necesario agregar copia de dichas documentales. En virtud de lo último, es evidente que no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 2. Juez de Control de la Región Judicial Oriente, en Ciudad Serdán, Puebla, 3. Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con residencia en Tecamachalco, Puebla, 4. Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, en Tehuacán, Puebla, 12. Agente del Ministerio Público Investigador Turno Par de Tecamachalco, Puebla, 13. Agente del Ministerio Público del Área de Investigación Mesa Non en Tecamachalco, Puebla, 14. Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad Responsable en funciones del turno par, de Ciudad Serdán, Puebla (quien rindió el informe solicitado al Agente del Ministerio Público Investigador par de Ciudad Serdán, Puebla), 15. Agente del Ministerio Público titular de la Unidad Responsable de Ciudad Serdán, Puebla (quien rindió el informe solicitado al Agente del Ministerio Público Investigador Non de Ciudad Serdán, Puebla), 17. Encargada del Despacho de la Fiscalía de Zona Región Sur-Oriente, en Tehuacán, Puebla, 33. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, destacamentado en Esperanza, 34. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, destacamentado en Ciudad Serdán y 37. Comandante de la Segunda Agencia Estatal de Investigación Grupo Tehuacán por acuerdos dictados el cuatro, cinco, seis y siete de septiembre del actual, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.

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