German Rodriguez Celis
Expediente 166/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 166/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- German Rodriguez Celis
- OMAR HERNANDEZ HERRERA y Otros.
- Omar Hernandez Herrera
- Felipe Celis Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese únicamente para que surta los efectos legales conducentes, la razón asentada por el Actuario de este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a los quejosos Efraín Hernández Herrera, Omar Hernández Herrera, Germán Rodríguez Celis, Miguel Ángel Rodríguez Celis, José Román Téllez Huerta, Felipe Celis Rodríguez y Bartolo Aureo Téllez Huerta, el acuerdo dictado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Lo anterior, en virtud que en resolución de veintiocho de febrero pasado, con motivo de la diversa razón actuarial de la propia fecha, se ordenó practicar todas las notificaciones a los quejosos, mediante lista de acuerdos. En consecuencia, notifíquese a dichos quejosos, el presente proveído, así como el emitido el veintidós de febrero de la presente anualidad, por medio de lista de acuerdos. EL DIVERSO ACUERDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguense a los autos las diligencias de ratificación llevadas a cabo el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho en el interior de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de las que se advierte que: Los quejosos no cuentan con huellas de maltrato o tortura y ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Si han podido comunicarse con sus familiares. Sí ratifican la demanda de amparo promovida a su favor. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE a trámite la misma, en contra de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, atento a que el mismo ya fue objeto de la suspensión de plano. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, para tal efecto remítasele copia autorizada de la demanda de amparo. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicita a la autoridad responsable para que, en caso de convenir en la existencia del acto reclamado, en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. Apercíbase a dicha autoridad que de no cumplir con los requerimientos anteriores, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se solicita a la autoridad responsable para que en caso de convenir en la existencia del acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Se señalan las once horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan Por otro lado, agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación -recibido vía ordinaria y vía correo electrónico-, a través del cual, informa que acata la suspensión de plano concedida a favor de la parte quejosa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Finalmente, respecto lo asentado por el actuario judicial en el sentido de que el Agente del Ministerio Público, José Tomas Titla Damian, refirió que a los aquí quejosos se les inicio la carpeta de investigación 69/2018/CHIGNAHUAPAN, por diversos delitos, con fundamento en el artículo 297, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos por un término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que Genaro Téllez Rodríguez, compareció en nombre de los quejosos 1. Efraín Hernández Herrera, 2. Omar Hernández Herrera, 3. German Rodríguez Celis o José German Rodríguez Celis, 4. Miguel Ángel Rodríguez Celis, 5. José Román Téllez Huerta, 6. Felipe Celis Rodríguez, y 7. Bartolo Áureo Téllez Huerta, a través de un escrito presentado de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6), solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla; de quien reclamó los siguientes actos: a) La incomunicación de los quejosos directos; y, b) La retención (detención) prolongada de ellos. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el juicio de amparo indirecto 166/2018-D, se tramitó la misma; se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; y se ordenó la localización de los quejosos directos, a efecto de que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda promovida en su nombre (fojas 6 a 10). Mediante siete diligencias de esa misma data, los quejosos 1. Efraín Hernández Herrera, 2. Omar Hernández Herrera, 3. German Rodríguez Celis o José German Rodríguez Celis, 4. Miguel Ángel Rodríguez Celis, 5. José Román Téllez Huerta, 6. Felipe Celis Rodríguez, y 7. Bartolo Áureo Téllez Huerta ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor (fojas 14 a 20); y, por acuerdo de veintidós de febrero pasado, se admitió la misma sin incidente de suspensión, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 42 a 44). Ahora bien, del escrito de demanda, deriva que la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados anteriormente- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe. Foja 1 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 35 La referida autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado precisado en el inciso a) del presente acuerdo; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Negativa que se corrobora con las diligencias de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, practicadas por el Actuario adscrito a este juzgado, en la que al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y al entrevistarse con los directos quejosos 1. Efraín Hernández Herrera (foja 14), 2. Omar Hernández Herrera (foja 15), 3. German Rodríguez Celis o José German Rodríguez Celis (foja 16), 4. Miguel Ángel Rodríguez Celis (foja 17), 5. José Román Téllez Huerta (foja 18), 6. Felipe Celis Rodríguez (foja 19), y 7. Bartolo Áureo Téllez Huerta (foja 20), hizo constar coincidentemente -en lo que al caso interesa- que ellos no presentaron huellas de maltrato o tortura y ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; además de que le refirieron que ya se había comunicado con sus familiares. Lo anterior pone de manifiesto el hecho de que los multicitados peticionarios de amparo, no estuvieron incomunicados ya que a éstos se les permitió comunicarse con sus familiares; además de que no presentaron ninguna huella de maltrato o tortura. Diligencias que adquieren valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que dicha actuación la realizó un funcionario judicial dotado de fe pública, de manera que los datos asentados en la diligencia ordenada por este órgano jurisdiccional de amparo se entendió con los directos agraviados, se estiman ciertos si no hay prueba que acredite lo contrario. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia cuyos rubro y texto, a continuación se citan: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Así mismo, del caudal probatorio que obra en los autos del presente sumario constitucional, no se aprecia constancia alguna que evidencia que existieron actos de tortura en contra de los quejosos referidos. En consecuencia, ante la inexistencia de ese acto reclamado (incomunicación), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio, respecto de aquel. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado precisado en el inciso b) del presente acuerdo, que la parte quejosa hizo valer como "2. Retención prolongada, acto privativo de libertad"; la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado refirió lo siguiente: "No obstante lo anterior le informo a usted que mediante oficio 281/2018-CHIG, de fecha 22 de Febrero de 2018, el Lic. JOSÉ TÓMAS TITLA DAMIÁN, Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, puso a disposición del Juez de Control Judicial de la Región Norte del Estado de Puebla, con sede en casa de Justicia Puebla a los CC. Efraín Hernández Herrera, Omar Hernández Herrera, German Rodríguez Celis y/o José German Rodríguez Celis, Miguel Ángel Rodríguez Celis, José Román Téllez Huerta, 6. Felipe Celis Rodríguez, y Bartolo Áureo Téllez Huerta, por su probable comisión de un hecho con apariencia de los delitos de Tentativa de Homicidio, Portación de Instrumento Prohibido y delitos contra Funcionarios Públicos, dentro de la Carpeta de Investigación 69/2018/CHIGNAHUAPAN." Lo que se acredita con las copias certificadas que remitió como justificante a su informe (fojas 36 a 40) -a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°- de cuyo contenido se puede advertir que efectivamente el veintidós de febrero pasado, se puso a disposición del Juez de Control Judicial de la Región Norte del Estado de Puebla, con sede en casa de Justicia Puebla a los quejosos 1. Efraín Hernández Herrera, 2. Omar Hernández Herrera, 3. German Rodríguez Celis o José German Rodríguez Celis, 4. Miguel Ángel Rodríguez Celis, 5. José Román Téllez Huerta, 6. Felipe Celis Rodríguez, y 7. Bartolo Áureo Téllez Huerta, por su probable responsabilidad en la comisión de un hecho con apariencia de los delitos de tentativa de homicidio, portación de instrumento prohibido y delitos contra funcionarios públicos, dentro de la carpeta de investigación 69/2018/CHIGNAHUAPAN. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, esta autoridad Federal advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la detención de los quejosos que nos ocupan, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Así las cosas, como se indicó en párrafos que anteceden la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional reclamando también la detención que se ejecutó el veinte de febrero de dos mil dieciocho; sin embargo, del informe justificado y documentales remitidas por el 1. Fiscal General del Estado de Puebla (ya valoradas anteriormente), se advierte que a través del oficio 281/2018/CHIG de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, éstos ya fueron puestos a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Norte, a los multicitados quejosos, por su probable comisión de un hecho con apariencia de diversos delitos. Por ende, es claro que en el caso particular se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubieren podido incurrir con la detención de los quejosos, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentran, consistente en que el representante social solicitó audiencia de control de detención. Lo anterior, en virtud de que la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada II.2o.P.44 P (10a.), de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo." Al particular, por similitud jurídica, tiene aplicación la jurisprudencia la cual de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de Amparo no contraviene las disposiciones de la actual legislación, que establece: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley. " En esa tesitura, procede decretar también el sobreseimiento del diverso acto reclamado que la parte quejosa hizo valer como la "2. Retención prolongada, acto privativo de libertad"; traducido como la detención de los amparistas de mérito, en términos del artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Ante ello, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, esto es, las once horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 28 vuelta); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a sus autos la razón asentada por el actuario judicial adscrito, a través de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el auto de veintidós de febrero pasado a los quejosos 1. Efraín Hernández Herrera, 2. Omar Hernández Herrera, 3. German Rodríguez Celis o José German Rodríguez Celis, 4. Miguel Ángel Rodríguez Celis, 5. José Román Téllez Huerta, 6. Felipe Celis Rodríguez, y 7. Bartolo Áureo Téllez Huerta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele la referida determinación por lista de acuerdos y, en lo sucesivo, realícense a dicha parte todas las notificaciones, incluso las personales, por ese medio. AUTO DE 22 DE FEBRERO DE 2018 QUE A LA LETRA DICE: Agréguense a los autos las diligencias de ratificación llevadas a cabo el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho en el interior de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de las que se advierte que: Los quejosos no cuentan con huellas de maltrato o tortura y ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Si han podido comunicarse con sus familiares. Sí ratifican la demanda de amparo promovida a su favor. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE a trámite la misma, en contra de la autoridad responsable Fiscal General del Estado de Puebla No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, atento a que el mismo ya fue objeto de la suspensión de plano. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla sito en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, para tal efecto remítasele copia autorizada de la demanda de amparo. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicita a la autoridad responsable para que, en caso de convenir en la existencia del acto reclamado, en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. Apercíbase a dicha autoridad que de no cumplir con los requerimientos anteriores, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se solicita a la autoridad responsable para que en caso de convenir en la existencia del acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Se señalan las once horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan Por otro lado, agréguese a los autos el oficio signado por el Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representación -recibido vía ordinaria y vía correo electrónico-, a través del cual, informa que acata la suspensión de plano concedida a favor de la parte quejosa; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Finalmente, respecto lo asentado por el actuario judicial en el sentido de que el Agente del Ministerio Público, José Tomas Titla Damian, refirió que a los aquí quejosos se les inicio la carpeta de investigación 69/2018/CHIGNAHUAPAN, por diversos delitos, con fundamento en el artículo 297, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos por un término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 1. Fiscal General del Estado de Puebla, a través de su representante; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza.
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