German Pineda Hernandez
Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- German Pineda Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción I, del acuerdo general señalado. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. SE DEVUELVE ANEXO Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, devuélvansele dos cuadernos de pruebas, identificados como anexos I y II. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable mencionada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Dada su importancia, el presente proveído debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Manifestaciones de la parte quejosa. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito firmado por el quejoso ***; y, en atención a su contenido, téngase al ocursante desahogando la vista que le fue otorgada en auto de trece de septiembre pasado y realizando diversas manifestaciones en relación con las constancias remitidas por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, Puebla mediante oficio terminación 2401/2023; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veintidós de septiembre pasado, se determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Sin perjuicio de ello, hágase del conocimiento del peticionario de amparo que esta autoridad considera que la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario 0088809 1 es prueba idónea y suficiente para acreditar la cancelación de la inscripción de la anotación marginal número 1131438, realizada en dicho folio inmobiliario el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I; al tratarse de una documental pública que goza de pleno valor probatorio -como se le hizo saber en auto de veintidós de septiembre pasado. Además, la mencionada impresión refleja todos los movimientos registrales que el bien raíz ha tenido desde su inscripción en la oficina registral; por lo que, la información que pudiera aportar un certificado de libertad de gravamen, necesariamente tendría que ser obtenida de la consulta que se realice del folio real inmobiliario afecto [cuestión que está al alcance de cualquier interesado]. En ese sentido, hágase saber al promovente que tiene expedito su derecho para, de considerarlo pertinente, solicitar directamente ante la oficina registral el certificado que alude, en caso de que resulte necesario para sus intereses. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, ya que la promoción de cuenta fue presentada físicamente. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y con base en las constancias que obran en el mismo, esta autoridad Federal advierte que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento y una diversa de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Antecedentes del juicio de amparo. Para una mejor comprensión del asunto, en principio conviene narrar los antecedentes del controvertido que nos ocupa: 1. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y remitido al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día, ***, por propio derecho y en su carácter de heredero universal de Anastacio Pineda Segura, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos indicados en la demanda de derechos fundamentales; la parte quejosa, narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado en comento registró la demanda promovida por ***, con el número de juicio de amparo indirecto 543/2022; y, ordenó su desechamiento, por las razones expuestas en el propio acuerdo. 3. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca 101/2022; así, mediante ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el tribunal de alzada declaró parcialmente fundado el medio de impugnación y ordenó al juez de Distrito admitir a trámite la demanda de amparo únicamente respecto de los actos consistentes en: "ii) el aseguramiento decretado respecto del inmueble ubicado en Privada de la 10 Poniente, 4707, fraccionamiento Valle del Rey; iii) la omisión de notificar dicho aseguramiento; y, iv) las anotaciones marginales que obran en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al referido bien raíz". 4. En cumplimiento a lo anterior, por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, el homólogo Federal admitió a trámite la demanda únicamente respecto de los actos previamente indicados, y requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. 5. Continuada la secuela procesal, mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el supra citado sumario constitucional, el Juez Federal decretó la separación de juicios, pues advirtió la existencia de actos desvinculados y autónomos entre sí, emitidos en múltiples indagatorias. 6. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla turnó a este Juzgado de Distrito el oficio 6326/2023 de quince de febrero de dos mil veintitrés, firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al que adjuntó copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 543/2022, de su índice; y, en la boleta de turno correspondiente, asentó que este juicio versaría sobre la inscripción 1131438. 7. En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó la comunicación mencionada en el punto precedente, con el número de expediente 208/2023; admitió a trámite -sin incidente de suspensión- la demanda de amparo promovida por *** (únicamente respecto de los actos derivados de la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, relacionados con la anotación marginal 1131438 del bien inmueble que defiende el quejoso-como fue precisado en la boleta de turno correspondiente-); requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 8. En acuerdo dictado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se declaró inexistente la autoridad señalada como responsable: 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Metropolitana y/o Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad "FIM"; en ese tenor, desde ese momento, la aludida autoridad se excluyó de la materia del presente juicio de amparo. 9. Continuado el trámite del juicio, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el suscrito Juez dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por las consideraciones y fundamentos que de la misma se desprenden. 10. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión; el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca 134/2023; así, mediante ejecutoria de diez de agosto de dos mil veintitrés, el tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida, determinó que el quejoso cuenta con legitimación para promover el juicio y ordenó reponer el procedimiento, para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 93 de la ley de la materia, procede: Revocar la sentencia que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento en los autos del juicio de amparo indirecto 208/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que su Titular realice lo siguiente: a. Requiera a la autoridad Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades ministeriales responsables, para que por sí, o por conducto de quien estime procedente, se recabe y remita la totalidad de las constancias que integran la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, de donde emana la anotación marginal 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, a nombre de Anastacio Pineda Segura, así como las demás actuaciones que en su caso estime necesarias para la resolución del asunto. b. Informe qué autoridad dio la orden de aseguramiento del inmueble y su anotación marginal, derivado de la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, cuya existencia quedó demostrada. c. A su vez informe quién en la actualidad está conociendo de la citada indagatoria, precisando cuál es la denominación correcta y completa de la autoridad. d. Con el citado informe e investigación correspondiente deberá dar vista a la parte quejosa para que manifieste si dicha autoridad la señala como responsable. e. Hecho lo anterior, continúe con el trámite respectivo del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia que corresponda conforme a derecho." 11. Por auto de veintinueve de agosto del año en curso, este Juzgador Federal repuso el procedimiento; y, requirió al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades ministeriales responsables, para que diera cumplimiento a los primeros tres puntos precisados con anterioridad [a, b y c]. 12. Mediante oficio presentado el cinco de septiembre del año en curso, la autoridad responsable 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla hizo del conocimiento que, a pesar de las gestiones realizadas, no se ha logrado localizar la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I; razón por la cual, no le era posible cumplir con lo requerido a su superior jerárquico, es decir, exhibir la totalidad de las constancias que la integran e informar qué autoridad dio la orden de aseguramiento del inmueble litigioso y su anotación marginal. De igual forma, manifestó que actualmente ella conoce del expedientillo de la averiguación previa en comento, iniciado con la finalidad de realizar las investigaciones necesarias a fin de saber su estado procesal; pero, que ella nunca conoció de la misma. En otro aspecto, refirió que mediante oficio número 177 de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público Laura Martínez Gámez, solicitó al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla que cancelara la anotación marginal realizada respecto de la inscripción 1131438, realizada el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, sobre el bien inmueble: "lote número uno de la manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey de la ciudad de Puebla". Por lo anterior, no ha sido posible dar cumplimiento al punto "d" de los efectos de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada. 13. Finalmente, por auto de trece de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el comunicado terminación 2401/2023 signado por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, Puebla, a través del cual informó que, en atención al oficio 177 de veinte de abril de dos mil veintitrés, del índice de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, el veinticinco de abril siguiente, realizó la cancelación del asiento registral número 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, correspondiente a la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, sobre el inmueble identificado como: casa número 4707 de la Privada 10 A Poniente, erigida en el lote 1, manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, amparado en el folio real inmobiliario 0088809 1, inscrito a nombre de Anastacio Pineda Segura; y, para acreditar su dicho, adjuntó la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario antes mencionado. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, de lo ordenado en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 543/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y de los datos asentados por la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que el quejoso ***, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Al 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, a 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla y a 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla: a) La orden de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, decretada en la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, respecto del inmueble ubicado en Privada de la 10 Poniente, número 4707 (cuatro mil setecientos siete), fraccionamiento Valle del Rey, en la ciudad de Puebla; y, b) La omisión de notificarle dicho aseguramiento. A la 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla y a la 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla: c) La anotación marginal 1131438 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, a nombre de Anastacio Pineda Segura. Al respecto, las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes justificados, en el sentido siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. Niega 412 2 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. Niega. 422 3 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. Niega. 408 4 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla. Niega 187, 188 y 318 5 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla. Acepta 352 a 354 Análisis de la causal de sobreseimiento -inexistencia de los actos reclamados-. Las autoridades responsables 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla y 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. El 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, por conducto de su representante, aseguró que él no interviene en la integración de carpetas de investigación, averiguaciones previas y/o constancias de hechos iniciadas, sino que esa es función propia de los agentes del Ministerio Público adscritos; razón por la cual, no pudo haber ordenado el aseguramiento reclamado, y mucho menos haber omitido notificárselo al quejoso. En el mismo tenor, 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, manifestó que ella no conoce, ni conoció de la indagatoria de referencia; razón por la cual no pudo haber ordenado el aseguramiento reclamado, ni haber omitido notificar el mismo. Asimismo, la 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla, indicó que, entre sus facultades, no se encuentra realizar la inscripción marginal de la que se duele el quejoso, labor que corresponde a los registradores públicos de cada circunscripción territorial. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que las anteriores autoridades señaladas como responsables, no participaron en la emisión o ejecución de los actos combatidos, y no obra en autos prueba alguna que desvirtúe sus negativas. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en este apartado. Cabe señalar que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia de los actos reclamados a las mencionadas autoridades, ha quedado acreditada con los argumentos que fueron expuestos. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, la autoridad responsable 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, negó la existencia de los actos reclamados, pues refirió que la parte quejosa no ha podido demostrar que dicha representación social haya solicitado la inscripción de anotación marginal 1131438, relativa al aseguramiento del bien inmueble que defiende; habida cuenta que no ha sido posible localizar la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, por lo que se inició el correspondiente expedientillo de actuaciones, del que remitió copia certificada (anexo I). Sin embargo, contrario a su dicho, en autos sí se encuentra demostrado que existe la inscripción de la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS, que es relativa al bien inmueble que reclama el quejoso en este controvertido, con motivo del aseguramiento que se dictó en la mencionada averiguación previa. En efecto, la parte quejosa ofreció, entre otros medios de convicción, la documental consistente en copia del certificado de libertad de gravamen expedido por el Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Puebla, Puebla, relativo al inmueble inscrito bajo el número de folio real inmobiliario 0088809 1, identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, erigida en el Lote 1, manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey de la ciudad de Puebla, a nombre de Anastacio Pineda Segura; de la que se advierte la existencia de la inscripción 1131438, relativa a la anotación marginal de aseguramiento de ese bien raíz, ordenada en la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, radicada en la "P.G.J.E. Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur Mesa-I". Y, si bien en este juicio de amparo no se cuenta con la totalidad de constancias derivadas de la indagatoria de origen, que permita conocer el estado actual de la misma, así como la denominación de la autoridad ministerial que efectivamente ordenó el aseguramiento y la respectiva anotación marginal; ello es con motivo de que la averiguación previa se encuentra extraviada, situación que de forma alguna puede operar en contra del peticionario de amparo. En atención a lo anterior, se desvirtúa la negativa manifestada por la autoridad responsable 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, y se tienen por ciertos los actos que le fueron reclamados. Por su parte, la autoridad responsable 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla convino en la existencia de la anotación marginal 1131438 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, ordenada en la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I; por lo que dicho acto se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario 0088809 1, que la autoridad registral acompañó en apoyo a su informe [fojas 355 a 371]; la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2 -por tratarse de una documental pública-. Ahora bien, no obstante la certeza de la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualizan las causales de improcedencia que a continuación se explican. Análisis de las causales de improcedencia. I. Atinente al acto reclamado consistente en la anotación marginal 1131438 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, de las constancias que remitieron las autoridades responsables 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla (anexo II) y 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla (fojas 570 a 576 de este juicio), las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa- lo siguiente: a) Mediante oficio 177, de veinte de abril de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Laura Martínez Gámez), dentro del expedientillo de actuaciones derivado de la averiguación previa de origen, solicitó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, que cancelara la anotación marginal realizada el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, respecto de la inscripción 1131438, sobre el bien inmueble: "lote número uno de la manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey de la ciudad de Puebla", actualmente Privada 10 "A" Poniente, número 4707, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla [foja 95 del anexo II]. b) En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de abril del presente año, la autoridad registral canceló del asiento registral número 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, que corresponde a la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, sobre el inmueble antes citado; lo cual, acreditó con la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario antes mencionado [foja 575 del presente expediente]. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado precisado, pues han quedado destruidos sus efectos, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la inscripción reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos trasgredidos. En suma, como se adelantó, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. II. Por otra parte, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, decretada en la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, respecto del inmueble ubicado en Privada de la 10 Poniente, número 4707 (cuatro mil setecientos siete), fraccionamiento Valle del Rey, en la ciudad de Puebla; y, la omisión de notificarle dicho aseguramiento al hoy quejoso; esta autoridad estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Esta causa de inviabilidad se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que motiva a que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso; y, tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe con la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es, en la citada causal de improcedencia el legislador estableció que, en ocasiones, aun cuando en la abstracción jurídica subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió; por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, ya sea: i) porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; ii) porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o, iii) por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio de rubro y texto siguiente, cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo actual: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora bien, de las constancias que remitieron las autoridades responsables 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla (anexos I y II) y 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla (fojas 570 a 576 de este juicio), en lo que aquí interesa, se advierte lo siguiente: 1. El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, Carmina Barrera Machorro, inició el expedientillo de actuaciones AP 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, con la finalidad de localizar la averiguación previa radicada con el mismo número y conocer su estado procesal [foja 1 del anexo I]; sin que a la fecha se haya logrado encontrarla, por lo que su estatus actual es de extraviada. 2. El trece de abril de dos mil veintitrés, el aquí quejoso presentó un escrito dirigido a la averiguación previa en comento, solicitando -entre otras cuestiones- lo siguiente: "(.) Se sirva realizar todas y cada una de las gestiones necesarias, para efecto de levantar y/o cancelar las medidas de aseguramiento, en particular EL ASEGURAMIENTO, (OCUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN SIMILAR, ANÁLOGA O EQUIVALENTE), respecto de la INSCRIPCIÓN 1131438 DE FECHA 17/11/2009. ANOTACIÓN MARGINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTADO A LAS 9:23 HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2009." [Fojas 77 a 93 del anexo II]. 3. El veinte de abril de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público Laura Martínez Gámez, en funciones de su homóloga Carmina Barrera Machorro, acordó la petición del quejoso en el sentido siguiente: "Vista la petición que antecede del compareciente ***es procedente girar oficio al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que no se vulneren garantías de legalidad y seguridad jurídica , ni se vea afectado su patrimonio, tal y como lo consagran los diversos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues si bien es cierto la solicitud de anotación marginal fue una medida preventiva y precautoria, para salvaguardar los intereses jurídicos sobre el mismo, toda vez que esta representación social se encontraba investigando una conducta ilícita vinculada con dicho inmueble, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 83 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, 2, 6, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, solicito a usted ordene a quien corresponda se sirva realizar la cancelación de la anotación marginal realizada respecto de la inscripción 1131438 de fecha 17 de noviembre de 2009, respecto del bien inmueble identificado como lote número uno de la manzana diecinueve del fraccionamiento Valle del Rey, actualmente Privada Diez "A" Poniente número cuatro mil setecientos siete, del fraccionamiento Valle del Rey de esta ciudad de Puebla." [Foja 94 del anexo II]. 4. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de abril del presente año, la autoridad registral canceló del asiento registral número 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, que corresponde a la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, sobre el inmueble antes citado [foja 575 del presente expediente]. En ese sentido, como se desprende de los antecedentes relatados, si bien el acuerdo de aseguramiento y la omisión de notificárselo al quejoso aún subsisten, pues a la fecha no ha sido localizada la averiguación previa en que se emitió aquél, lo cierto es que actualmente sus consecuencias jurídicas han desaparecido, pues dentro del expedientillo de actuaciones iniciado para localizar la indagatoria de mérito, se ha dictado un acuerdo en el que se ordenó cancelar la anotación marginal de aseguramiento respectiva, a efecto de no seguir afectando el patrimonio del demandante constitucional; cuestión que aconteció el veinticinco de abril del año en curso. Por tanto, aun cuando los actos que se analizan en este apartado subsisten, es evidente que ya no inciden en la esfera jurídica del quejoso, pues el bien raíz que defiende ya no cuenta con la anotación marginal de aseguramiento ordenada en la averiguación previa de la que deriva la litis en este juicio. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que se han analizado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En consecuencia a lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, intégrese la presente determinación al expediente impreso, por tratarse de la resolución que pone fin al juicio. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado.
- Principal
citatorio-Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 22 de septiembre de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y con base en las constancias que obran en el mismo, esta autoridad Federal advierte que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento y una diversa de improcedencia, respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Antecedentes del juicio de amparo. Para una mejor comprensión del asunto, en principio conviene narrar los antecedentes del controvertido que nos ocupa: 1. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y remitido al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el mismo día, ***, por propio derecho y en su carácter de heredero universal de Anastacio Pineda Segura, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos indicados en la demanda de derechos fundamentales; la parte quejosa, narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Mediante auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado en comento registró la demanda promovida por ***, con el número de juicio de amparo indirecto 543/2022; y, ordenó su desechamiento, por las razones expuestas en el propio acuerdo. 3. Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca 101/2022; así, mediante ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, el tribunal de alzada declaró parcialmente fundado el medio de impugnación y ordenó al juez de Distrito admitir a trámite la demanda de amparo únicamente respecto de los actos consistentes en: "ii) el aseguramiento decretado respecto del inmueble ubicado en Privada de la 10 Poniente, 4707, fraccionamiento Valle del Rey; iii) la omisión de notificar dicho aseguramiento; y, iv) las anotaciones marginales que obran en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al referido bien raíz". 4. En cumplimiento a lo anterior, por auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, el homólogo Federal admitió a trámite la demanda únicamente respecto de los actos previamente indicados, y requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados. 5. Continuada la secuela procesal, mediante proveído de quince de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el supra citado sumario constitucional, el Juez Federal decretó la separación de juicios, pues advirtió la existencia de actos desvinculados y autónomos entre sí, emitidos en múltiples indagatorias. 6. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla turnó a este Juzgado de Distrito el oficio 6326/2023 de quince de febrero de dos mil veintitrés, firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al que adjuntó copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 543/2022, de su índice; y, en la boleta de turno correspondiente, asentó que este juicio versaría sobre la inscripción 1131438. 7. En proveído de uno de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó la comunicación mencionada en el punto precedente, con el número de expediente 208/2023; admitió a trámite -sin incidente de suspensión- la demanda de amparo promovida por *** (únicamente respecto de los actos derivados de la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, relacionados con la anotación marginal 1131438 del bien inmueble que defiende el quejoso-como fue precisado en la boleta de turno correspondiente-); requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 8. En acuerdo dictado el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se declaró inexistente la autoridad señalada como responsable: 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Metropolitana y/o Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad "FIM"; en ese tenor, desde ese momento, la aludida autoridad se excluyó de la materia del presente juicio de amparo. 9. Continuado el trámite del juicio, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el suscrito Juez dictó sentencia, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por las consideraciones y fundamentos que de la misma se desprenden. 10. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión; el cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, bajo el número de toca 134/2023; así, mediante ejecutoria de diez de agosto de dos mil veintitrés, el tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida, determinó que el quejoso cuenta con legitimación para promover el juicio y ordenó reponer el procedimiento, para los siguientes efectos: "(.) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 93 de la ley de la materia, procede: Revocar la sentencia que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento en los autos del juicio de amparo indirecto 208/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que su Titular realice lo siguiente: a. Requiera a la autoridad Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades ministeriales responsables, para que por sí, o por conducto de quien estime procedente, se recabe y remita la totalidad de las constancias que integran la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, de donde emana la anotación marginal 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, a nombre de Anastacio Pineda Segura, así como las demás actuaciones que en su caso estime necesarias para la resolución del asunto. b. Informe qué autoridad dio la orden de aseguramiento del inmueble y su anotación marginal, derivado de la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, cuya existencia quedó demostrada. c. A su vez informe quién en la actualidad está conociendo de la citada indagatoria, precisando cuál es la denominación correcta y completa de la autoridad. d. Con el citado informe e investigación correspondiente deberá dar vista a la parte quejosa para que manifieste si dicha autoridad la señala como responsable. e. Hecho lo anterior, continúe con el trámite respectivo del juicio de amparo hasta el dictado de la sentencia que corresponda conforme a derecho." 11. Por auto de veintinueve de agosto del año en curso, este Juzgador Federal repuso el procedimiento; y, requirió al Fiscal General de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades ministeriales responsables, para que diera cumplimiento a los primeros tres puntos precisados con anterioridad [a, b y c]. 12. Mediante oficio presentado el cinco de septiembre del año en curso, la autoridad responsable 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla hizo del conocimiento que, a pesar de las gestiones realizadas, no se ha logrado localizar la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I; razón por la cual, no le era posible cumplir con lo requerido a su superior jerárquico, es decir, exhibir la totalidad de las constancias que la integran e informar qué autoridad dio la orden de aseguramiento del inmueble litigioso y su anotación marginal. De igual forma, manifestó que actualmente ella conoce del expedientillo de la averiguación previa en comento, iniciado con la finalidad de realizar las investigaciones necesarias a fin de saber su estado procesal; pero, que ella nunca conoció de la misma. En otro aspecto, refirió que mediante oficio número 177 de fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público Laura Martínez Gámez, solicitó al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla que cancelara la anotación marginal realizada respecto de la inscripción 1131438, realizada el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, sobre el bien inmueble: "lote número uno de la manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey de la ciudad de Puebla". Por lo anterior, no ha sido posible dar cumplimiento al punto "d" de los efectos de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada. 13. Finalmente, por auto de trece de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el comunicado terminación 2401/2023 signado por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, Puebla, a través del cual informó que, en atención al oficio 177 de veinte de abril de dos mil veintitrés, del índice de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, el veinticinco de abril siguiente, realizó la cancelación del asiento registral número 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, correspondiente a la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, sobre el inmueble identificado como: casa número 4707 de la Privada 10 A Poniente, erigida en el lote 1, manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, amparado en el folio real inmobiliario 0088809 1, inscrito a nombre de Anastacio Pineda Segura; y, para acreditar su dicho, adjuntó la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario antes mencionado. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, de lo ordenado en auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 543/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y de los datos asentados por la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que el quejoso ***, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Al 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, a 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla y a 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla: a) La orden de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, decretada en la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, respecto del inmueble ubicado en Privada de la 10 Poniente, número 4707 (cuatro mil setecientos siete), fraccionamiento Valle del Rey, en la ciudad de Puebla; y, b) La omisión de notificarle dicho aseguramiento. A la 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla y a la 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla: c) La anotación marginal 1131438 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, a nombre de Anastacio Pineda Segura. Al respecto, las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes justificados, en el sentido siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. Niega 412 2 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. Niega. 422 3 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla. Niega. 408 4 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla. Niega 187, 188 y 318 5 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla. Acepta 352 a 354 Análisis de la causal de sobreseimiento -inexistencia de los actos reclamados-. Las autoridades responsables 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla y 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. El 1. Fiscal de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, por conducto de su representante, aseguró que él no interviene en la integración de carpetas de investigación, averiguaciones previas y/o constancias de hechos iniciadas, sino que esa es función propia de los agentes del Ministerio Público adscritos; razón por la cual, no pudo haber ordenado el aseguramiento reclamado, y mucho menos haber omitido notificárselo al quejoso. En el mismo tenor, 3. Claudia Carmona Cid, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, manifestó que ella no conoce, ni conoció de la indagatoria de referencia; razón por la cual no pudo haber ordenado el aseguramiento reclamado, ni haber omitido notificar el mismo. Asimismo, la 5. Directora General del Instituto Registral y Catastral del Estado del Estado de Puebla, indicó que, entre sus facultades, no se encuentra realizar la inscripción marginal de la que se duele el quejoso, labor que corresponde a los registradores públicos de cada circunscripción territorial. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que las anteriores autoridades señaladas como responsables, no participaron en la emisión o ejecución de los actos combatidos, y no obra en autos prueba alguna que desvirtúe sus negativas. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en este apartado. Cabe señalar que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia de los actos reclamados, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia de los actos reclamados a las mencionadas autoridades, ha quedado acreditada con los argumentos que fueron expuestos. Existencia de los actos reclamados. Por otro lado, la autoridad responsable 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, negó la existencia de los actos reclamados, pues refirió que la parte quejosa no ha podido demostrar que dicha representación social haya solicitado la inscripción de anotación marginal 1131438, relativa al aseguramiento del bien inmueble que defiende; habida cuenta que no ha sido posible localizar la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, por lo que se inició el correspondiente expedientillo de actuaciones, del que remitió copia certificada (anexo I). Sin embargo, contrario a su dicho, en autos sí se encuentra demostrado que existe la inscripción de la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS, que es relativa al bien inmueble que reclama el quejoso en este controvertido, con motivo del aseguramiento que se dictó en la mencionada averiguación previa. En efecto, la parte quejosa ofreció, entre otros medios de convicción, la documental consistente en copia del certificado de libertad de gravamen expedido por el Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Puebla, Puebla, relativo al inmueble inscrito bajo el número de folio real inmobiliario 0088809 1, identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, erigida en el Lote 1, manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey de la ciudad de Puebla, a nombre de Anastacio Pineda Segura; de la que se advierte la existencia de la inscripción 1131438, relativa a la anotación marginal de aseguramiento de ese bien raíz, ordenada en la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, radicada en la "P.G.J.E. Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur Mesa-I". Y, si bien en este juicio de amparo no se cuenta con la totalidad de constancias derivadas de la indagatoria de origen, que permita conocer el estado actual de la misma, así como la denominación de la autoridad ministerial que efectivamente ordenó el aseguramiento y la respectiva anotación marginal; ello es con motivo de que la averiguación previa se encuentra extraviada, situación que de forma alguna puede operar en contra del peticionario de amparo. En atención a lo anterior, se desvirtúa la negativa manifestada por la autoridad responsable 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, y se tienen por ciertos los actos que le fueron reclamados. Por su parte, la autoridad responsable 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla convino en la existencia de la anotación marginal 1131438 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla, ordenada en la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I; por lo que dicho acto se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario 0088809 1, que la autoridad registral acompañó en apoyo a su informe [fojas 355 a 371]; la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2 -por tratarse de una documental pública-. Ahora bien, no obstante la certeza de la existencia de los actos reclamados, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que, respecto de los mismos, se actualizan las causales de improcedencia que a continuación se explican. Análisis de las causales de improcedencia. I. Atinente al acto reclamado consistente en la anotación marginal 1131438 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, inscrita en el folio real inmobiliario 0088809 1, relativo al bien inmueble identificado como casa número 4707, de la Privada 10 "A" Poniente, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al respecto, de las constancias que remitieron las autoridades responsables 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla (anexo II) y 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla (fojas 570 a 576 de este juicio), las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa- lo siguiente: a) Mediante oficio 177, de veinte de abril de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Laura Martínez Gámez), dentro del expedientillo de actuaciones derivado de la averiguación previa de origen, solicitó al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, que cancelara la anotación marginal realizada el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, respecto de la inscripción 1131438, sobre el bien inmueble: "lote número uno de la manzana 19, del fraccionamiento Valle del Rey de la ciudad de Puebla", actualmente Privada 10 "A" Poniente, número 4707, del fraccionamiento Valle del Rey, de la ciudad de Puebla [foja 95 del anexo II]. b) En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de abril del presente año, la autoridad registral canceló del asiento registral número 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, que corresponde a la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, sobre el inmueble antes citado; lo cual, acreditó con la certificación de la impresión de la consulta del folio real inmobiliario antes mencionado [foja 575 del presente expediente]. Atento a lo anterior, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado precisado, pues han quedado destruidos sus efectos, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la inscripción reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos trasgredidos. En suma, como se adelantó, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, procede en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. II. Por otra parte, respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de aseguramiento de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, decretada en la averiguación previa 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, respecto del inmueble ubicado en Privada de la 10 Poniente, número 4707 (cuatro mil setecientos siete), fraccionamiento Valle del Rey, en la ciudad de Puebla; y, la omisión de notificarle dicho aseguramiento al hoy quejoso; esta autoridad estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)". Esta causa de inviabilidad se actualiza ante la presencia de un hecho extraordinario que motiva a que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso; y, tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe con la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo. Esto es, en la citada causal de improcedencia el legislador estableció que, en ocasiones, aun cuando en la abstracción jurídica subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió; por lo que, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico ni utilidad práctica tendría la respectiva sentencia concesoria de protección constitucional, ya sea: i) porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; ii) porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o, iii) por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio de rubro y texto siguiente, cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo actual: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Ahora bien, de las constancias que remitieron las autoridades responsables 2. Carmina Barrera Machorro, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla (anexos I y II) y 6. Registradora Pública de la Propiedad en la circunscripción territorial de Puebla, Puebla (fojas 570 a 576 de este juicio), en lo que aquí interesa, se advierte lo siguiente: 1. El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, Carmina Barrera Machorro, inició el expedientillo de actuaciones AP 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, con la finalidad de localizar la averiguación previa radicada con el mismo número y conocer su estado procesal [foja 1 del anexo I]; sin que a la fecha se haya logrado encontrarla, por lo que su estatus actual es de extraviada. 2. El trece de abril de dos mil veintitrés, el aquí quejoso presentó un escrito dirigido a la averiguación previa en comento, solicitando -entre otras cuestiones- lo siguiente: "(.) Se sirva realizar todas y cada una de las gestiones necesarias, para efecto de levantar y/o cancelar las medidas de aseguramiento, en particular EL ASEGURAMIENTO, (OCUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN SIMILAR, ANÁLOGA O EQUIVALENTE), respecto de la INSCRIPCIÓN 1131438 DE FECHA 17/11/2009. ANOTACIÓN MARGINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTADO A LAS 9:23 HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2009." [Fojas 77 a 93 del anexo II]. 3. El veinte de abril de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público Laura Martínez Gámez, en funciones de su homóloga Carmina Barrera Machorro, acordó la petición del quejoso en el sentido siguiente: "Vista la petición que antecede del compareciente ***es procedente girar oficio al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que no se vulneren garantías de legalidad y seguridad jurídica , ni se vea afectado su patrimonio, tal y como lo consagran los diversos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues si bien es cierto la solicitud de anotación marginal fue una medida preventiva y precautoria, para salvaguardar los intereses jurídicos sobre el mismo, toda vez que esta representación social se encontraba investigando una conducta ilícita vinculada con dicho inmueble, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, 83 y 108 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, 2, 6, 26 y 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, solicito a usted ordene a quien corresponda se sirva realizar la cancelación de la anotación marginal realizada respecto de la inscripción 1131438 de fecha 17 de noviembre de 2009, respecto del bien inmueble identificado como lote número uno de la manzana diecinueve del fraccionamiento Valle del Rey, actualmente Privada Diez "A" Poniente número cuatro mil setecientos siete, del fraccionamiento Valle del Rey de esta ciudad de Puebla." [Foja 94 del anexo II]. 4. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de abril del presente año, la autoridad registral canceló del asiento registral número 1131438 de diecisiete de noviembre de dos mil nueve, que corresponde a la anotación marginal derivada de la indagatoria 614/2009/ACATLÁN/DMS-I, sobre el inmueble antes citado [foja 575 del presente expediente]. En ese sentido, como se desprende de los antecedentes relatados, si bien el acuerdo de aseguramiento y la omisión de notificárselo al quejoso aún subsisten, pues a la fecha no ha sido localizada la averiguación previa en que se emitió aquél, lo cierto es que actualmente sus consecuencias jurídicas han desaparecido, pues dentro del expedientillo de actuaciones iniciado para localizar la indagatoria de mérito, se ha dictado un acuerdo en el que se ordenó cancelar la anotación marginal de aseguramiento respectiva, a efecto de no seguir afectando el patrimonio del demandante constitucional; cuestión que aconteció el veinticinco de abril del año en curso. Por tanto, aun cuando los actos que se analizan en este apartado subsisten, es evidente que ya no inciden en la esfera jurídica del quejoso, pues el bien raíz que defiende ya no cuenta con la anotación marginal de aseguramiento ordenada en la averiguación previa de la que deriva la litis en este juicio. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos que se han analizado, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V de la ley de la materia. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En consecuencia a lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, intégrese la presente determinación al expediente impreso, por tratarse de la resolución que pone fin al juicio. Notifíquese personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado.
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