Gerardo Zarate Carreras

Expediente 612/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
612/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Gerardo Zarate Carreras
  • GERARDO ZARATE CARRERAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Intégrese a los presentes autos el oficio 5220/2018 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite la copia certificada de la resolución dictada el trece de septiembre del dos mil dieciocho de la queja 68/2018, de su índice. Hágase del conocimiento de las partes la llegada a este juzgado de la ejecutoria de mérito, en la que se resolvió: "ÚNICO.- Es infundado el recurso que se revisa". Acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asi mismo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al tratarse de un asunto en el que se se desechó la demande de amparo indirecto, este expediente es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el doce de julio del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el recurso de queja 68/2018, de lo que queda enterada la suscrita para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 29 DE junio DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo promovida por Óscar Martin Rojas Mendoza, quien se ostenta como defensor particular de Gerardo Zárate Carreras y /o Gerardo Zárate Carrera, por propio derecho, con el número 612/2018-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En primer término, debe precisarse que Óscar Martin Rojas Mendoza, quien se ostenta como defensor particular de Gerardo Zárate Carreras y /o Gerardo Zárate Carrera, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, en los siguientes términos: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA.- LA AUDIENCIA DE CONTROL, DETENCIÓN, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA IMPUESTA EN CONTRA DE MI DEFENSO GERARDO ZÁRATE CARRERA, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 403/2018/PUEBLA, DEL JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, QUE SE SIGUE EN CONTRA DE MI DEFENSO POR EL DELITO DE ROBO AGRAVDO (sic) EN GRADO DE TENTIVA (sic)." Asimismo, en su capítulo de antecedentes (denominado como "hechos" por el promovente), bajo protesta de decir verdad precisó lo siguiente: "V.- HECHOS: (.) II. Posteriormente, con fecha veinticinco de marzo del año en curso, se lleva a cabo la audiencia de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, en dicha audiencia la autoridad responsable decretó legal la detención de mi defendido GERARDO ZÁRATE CARRERA." En tal sentido, la suscrita juzgadora Federal advierte que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige, que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en alguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es, de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, el plazo para la presentación de la presente demanda es de quince días. En ese orden de ideas, no se soslaya que si bien es cierto que la resolución reclamada, incide en la libertad personal de la aquí quejosa, también lo es que fue dictada dentro de procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se deduce que el quejoso Gerardo Zárate Carreras y/o Gerardo Zárate Carrera fue notificado del acto reclamado en la audiencia de control de detención celebrada el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, dentro de los autos de la carpeta judicial administrativa 403/2018/PUEBLA. Es así, pues conforme al artículo 63 en relación con el diverso 83, fracción I, inciso a), todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones que se realicen de forma oral se realicen en la audiencia, se tendrán hechas el día de la celebración de la misma. En ese sentido, la resolución combatida se notificó personalmente al quejoso durante el desahogo de la audiencia en la que fue dictado el acto reclamado , la cual se llevó a cabo el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho; por tanto, considerando que el artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que las notificaciones personales surten efectos al siguiente día en que se practican y, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo , los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, entonces el plazo para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del dos (en virtud de que del veintiocho al treinta de marzo del año en curso, fueron inhábiles de conformidad con la circular 7/2018 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal) al veinte de abril de dos mil dieciocho, debiéndose descontar en ese cómputo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 2), es evidente que resulta extemporánea su presentación, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que la demanda de amparo que aquí se analiza fue presentada fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas que propone, por así haberse designado expresamente. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo promovida por Óscar Martin Rojas Mendoza, quien se ostenta como defensor particular de Gerardo Zárate Carreras y /o Gerardo Zárate Carrera, por propio derecho, con el número 612/2018-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En primer término, debe precisarse que Óscar Martin Rojas Mendoza, quien se ostenta como defensor particular de Gerardo Zárate Carreras y /o Gerardo Zárate Carrera, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la autoridad responsable 1. Juez de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, en los siguientes términos: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA.- LA AUDIENCIA DE CONTROL, DETENCIÓN, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA IMPUESTA EN CONTRA DE MI DEFENSO GERARDO ZÁRATE CARRERA, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 403/2018/PUEBLA, DEL JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, QUE SE SIGUE EN CONTRA DE MI DEFENSO POR EL DELITO DE ROBO AGRAVDO (sic) EN GRADO DE TENTIVA (sic)." Asimismo, en su capítulo de antecedentes (denominado como "hechos" por el promovente), bajo protesta de decir verdad precisó lo siguiente: "V.- HECHOS: (.) II. Posteriormente, con fecha veinticinco de marzo del año en curso, se lleva a cabo la audiencia de control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa, en dicha audiencia la autoridad responsable decretó legal la detención de mi defendido GERARDO ZÁRATE CARRERA." En tal sentido, la suscrita juzgadora Federal advierte que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige, que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, deviene improcedente. Ello, cuando no se esté en alguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es, de treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, el plazo para la presentación de la presente demanda es de quince días. En ese orden de ideas, no se soslaya que si bien es cierto que la resolución reclamada, incide en la libertad personal de la aquí quejosa, también lo es que fue dictada dentro de procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se deduce que el quejoso Gerardo Zárate Carreras y/o Gerardo Zárate Carrera fue notificado del acto reclamado en la audiencia de control de detención celebrada el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, dentro de los autos de la carpeta judicial administrativa 403/2018/PUEBLA. Es así, pues conforme al artículo 63 en relación con el diverso 83, fracción I, inciso a), todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones que se realicen de forma oral se realicen en la audiencia, se tendrán hechas el día de la celebración de la misma. En ese sentido, la resolución combatida se notificó personalmente al quejoso durante el desahogo de la audiencia en la que fue dictado el acto reclamado , la cual se llevó a cabo el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho; por tanto, considerando que el artículo 82, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que las notificaciones personales surten efectos al siguiente día en que se practican y, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo , los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, entonces el plazo para la presentación de la demanda de amparo, transcurrió del dos (en virtud de que del veintiocho al treinta de marzo del año en curso, fueron inhábiles de conformidad con la circular 7/2018 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal) al veinte de abril de dos mil dieciocho, debiéndose descontar en ese cómputo los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de junio del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 2), es evidente que resulta extemporánea su presentación, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Bajo esa perspectiva, resulta indudable que la demanda de amparo que aquí se analiza fue presentada fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a que se actualice de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de garantías contenida en la citada fracción XIV del artículo 61 ibídem, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, a las personas que propone, por así haberse designado expresamente. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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