Eugenio García Hernández
Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eugenio García Hernández
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente juicio constitucional se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en los incisos b) y d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta promovida por *****************. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 250/2023. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso particular, el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO LA ÓRDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN GIRADA EN MI CONTRA DE MANERA VERBAL O ESCRITA. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA RECLAMO EL FIEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN EMITIDA EN MI CONTRA. Asimismo, en el apartado de antecedentes reclamados el quejoso manifiesta lo siguiente: "El día sábado 04 de marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 12 horas, hasta mi domicilio particular que se ubica en calle Oaxaca, número 112, colonia Guelaguetza, Santa María Atzompa, Oaxaca, acudieron en una camioneta color blanca sin placas de circulación dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, quienes dijeron ser elementos de la policía investigadora dependientes de la Fiscalía General del Estado, y le ordenaron a mis señores padres que me sacaran de mi domicilio ya que el suscrito supuestamente había cometido un delito contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual en contra de la menor de edad NICOLE GONZÁLEZ VASQUEZ y que se me había denunciado ante esta fiscalía" Al respecto, se estima que el juicio de amparo intentado, resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo un acto de autoridad, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Expuesto lo anterior, resulta evidente que la orden de comparecencia o presentación, girada en contra del quejoso por el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la mujer por razón de género, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no constituye un acto que irrogue perjuicio a la persona contra quien se instruye ésta, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, la integración de la carpeta de investigación no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el del indiciado o indiciados, de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, se sostiene la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que no puede estimarse que la sola citación hecha al quejoso, afecte su interés jurídico, dado que si el Ministerio Público envía el citatorio para la comparecencia ante él mismo, y refiere que es para una diligencia del orden penal, dicha circunstancia es una facultad constitucional que encuentra apoyo en el artículo 21 constitucional, que lo autoriza para realizar la iniciación de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos, valiéndose de todos los medios legales autorizados En efecto, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca afectación en su esfera jurídica. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ser de orden público y ningún agravio le irroga en su esfera jurídica al impetrante del amparo. Lo anterior es así, ya que como se dijo anteriormente, la carpeta de investigación pudiera concluir con el no ejercicio de la acción penal sin necesidad de que comparezca ya sea por voluntad propia o por conducto de la fuerza pública; además de que no en todos los casos el fiscal emite órdenes privativas de libertad con motivo de una investigación. De ahí que al no ser evidente la emisión de orden de detención alguna o cualquier otra que vulnere el derecho a la libertad personal del quejoso, es que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, se sustenta lo anterior en la tesis del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Criterio que se adoptó en el diverso expediente 992/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver la queja 207/2021. Domicilio y autorizados del quejosa. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. En cuanto al número de celular que proporciona, téngase su autorización para ser utilizados como medios de contacto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta promovida por **************. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 250/2023. Desechamiento. De conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal hipótesis tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso particular, el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO LA ÓRDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN GIRADA EN MI CONTRA DE MANERA VERBAL O ESCRITA. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA RECLAMO EL FIEL CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN EMITIDA EN MI CONTRA. Asimismo, en el apartado de antecedentes reclamados el quejoso manifiesta lo siguiente: "El día sábado 04 de marzo del año en curso, siendo aproximadamente las 12 horas, hasta mi domicilio particular que se ubica en calle Oaxaca, número 112, colonia Guelaguetza, Santa María Atzompa, Oaxaca, acudieron en una camioneta color blanca sin placas de circulación dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, quienes dijeron ser elementos de la policía investigadora dependientes de la Fiscalía General del Estado, y le ordenaron a mis señores padres que me sacaran de mi domicilio ya que el suscrito supuestamente había cometido un delito contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual en contra de la menor de edad NICOLE GONZÁLEZ VASQUEZ y que se me había denunciado ante esta fiscalía" Al respecto, se estima que el juicio de amparo intentado, resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, el quejoso debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS." De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo un acto de autoridad, resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SUPUESTOS QUE LO GENERAN. Son dos los supuestos que generan el interés jurídico: el primero de ellos es la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho proveniente de un acto de autoridad." Expuesto lo anterior, resulta evidente que la orden de comparecencia o presentación, girada en contra del quejoso por el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la mujer por razón de género, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, no constituye un acto que irrogue perjuicio a la persona contra quien se instruye ésta, a menos que se emita una determinación que vulnere directamente algún derecho subjetivo público o produzca una afectación de imposible reparación. En efecto, la integración de la carpeta de investigación no produce ningún agravio, ofensa o menoscabo a la esfera de derechos de la parte que solicita el amparo, pues impera el interés de la sociedad, sobre el del indiciado o indiciados, de que se indaguen los hechos posiblemente delictuosos que le dieron origen; además de que los actos verificados durante esta etapa, no trascienden irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, se sostiene la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que no puede estimarse que la sola citación hecha al quejoso, afecte su interés jurídico, dado que si el Ministerio Público envía el citatorio para la comparecencia ante él mismo, y refiere que es para una diligencia del orden penal, dicha circunstancia es una facultad constitucional que encuentra apoyo en el artículo 21 constitucional, que lo autoriza para realizar la iniciación de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos de delitos, valiéndose de todos los medios legales autorizados En efecto, de conformidad con los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, así como de la naturaleza y fines del juicio constitucional, se colige que es insuficiente que se aduzca una violación a los derechos fundamentales del gobernado para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que dicha violación le produzca afectación en su esfera jurídica. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que la persecución de los delitos es facultad exclusiva de esa autoridad, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ser de orden público y ningún agravio le irroga en su esfera jurídica al impetrante del amparo. Lo anterior es así, ya que como se dijo anteriormente, la carpeta de investigación pudiera concluir con el no ejercicio de la acción penal sin necesidad de que comparezca ya sea por voluntad propia o por conducto de la fuerza pública; además de que no en todos los casos el fiscal emite órdenes privativas de libertad con motivo de una investigación. De ahí que al no ser evidente la emisión de orden de detención alguna o cualquier otra que vulnere el derecho a la libertad personal del quejoso, es que no se actualiza ningún supuesto de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, se sustenta lo anterior en la tesis del tenor siguiente: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en los diversos 63, fracción V y 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Criterio que se adoptó en el diverso expediente 992/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver la queja 207/2021. Domicilio y autorizados del quejosa. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. En cuanto al número de celular que proporciona, téngase su autorización para ser utilizados como medios de contacto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020 del Pleno de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICA POR LISTA PREVIO AVISO QUE SE LE DEJO)
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