Eugenio Hernández Vásquez

Expediente 130/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
130/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Eugenio Hernández Vásquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 130/2022, promovido por Eugenio Hernández Vásquez, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal. Por ello, estima que las responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dos de febrero de dos mil veintidós. La parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Mixto de Sola de Vega, Oaxaca. Juez Mixto de Ejutla, Oaxaca. Juez Primero Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez Segundo Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez Mixto de Juquila, Oaxaca. Juez Primero Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca. Juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca. Juez Mixto de Pochutla, Oaxaca. Orden privativa de la libertad librada en su contra. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ejecución material de la orden privativa de la libertad. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el progresivo 130/2022 y fue admitida el cuatro de febrero de dos mil veintidós. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso concreto, la pretensión del quejoso es reclamar la orden privativa de la libertad librada en su contra y la ejecución de dicho mandamiento. El dictado de esa orden el quejoso se la atribuye a las autoridades judiciales responsables ordenadoras y su ejecución a la señalada como ejecutora. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables, rindieron sus informes previos negando la existencia de los actos reclamados atribuidos, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa. No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Niega Juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca Niega Juez de Control del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca Niega Juez de Control del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca Niega Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Mixto de Ejutla, Oaxaca Niega Juez Primero Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Juez Segundo Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Juez Mixto de Juquila, Oaxaca Niega Juez Primero Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca Niega Juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca Niega Juez Mixto de Pochutla, Oaxaca Niega Fiscal General del Estado de Oaxaca Niega Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca Niega Por otra parte, se tiene al Juez Mixto de Sola de Vega, Oaxaca, al momento de rendir su informe previo aceptando la existencia del acto que se le atribuye debido a que después de realizar una búsqueda minuciosa en los libros de archivo e inventario con que cuenta ese juzgado, se desprende que libro orden de aprehensión el cuatro de agosto de dos mil catorce por el delito de daños dolosos; sin embargo, el ocho de febrero del actual declaró que ha operado la prescripción de la acción persecutoria en la causa penal 7/2014 en favor del quejoso Eugenio Hernández Vásquez, así como el sobreseimiento de la causa, por lo que, resulta evidente que dicha orden de aprehensión, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad declaró la predicción de la misma. Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Eugenio Hernández Vásquez, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 130/2022, promovido por Eugenio Hernández Vásquez, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de su libertad personal. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dos de febrero de dos mil veintidós. Dicho libelo constitucional se turnó al día siguiente a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrado con el progresivo 130/2022; se admitió a trámite el cuatro de febrero del actual; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Juez de Control del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Juez Mixto de Sola de Vega, Oaxaca. Juez Mixto de Ejutla, Oaxaca. Juez Primero Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez Segundo Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca. Juez Mixto de Juquila, Oaxaca. Juez Primero Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca. Juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca. Juez Mixto de Pochutla, Oaxaca. Orden privativa de la libertad librada en su contra. Fiscal General del Estado de Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ejecución material de la orden privativa de la libertad. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados y todas se manifestaron en el mismo sentido: negaron los actos reclamados, sin que el quejoso hubiese desvirtuado dicha negativa. No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Niega Juez de Control del Distrito Judicial de Sola de Vega, Oaxaca Niega Juez de Control del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca Niega Juez de Control del Distrito Judicial de San Pedro Pochutla, Oaxaca Niega Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca Niega Juez Mixto de Ejutla, Oaxaca Niega Juez Primero Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Juez Segundo Mixto de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca Niega Juez Mixto de Juquila, Oaxaca Niega Juez Primero Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca Niega Juez Segundo Mixto de Puerto Escondido, Oaxaca Niega Juez Mixto de Pochutla, Oaxaca Niega Fiscal General del Estado de Oaxaca Niega Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca Niega Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Juez Mixto de Sola de Vega, Oaxaca, al rendir su informe justificado acepto la existencia del acto que se le atribuye debido a que después de realizar una búsqueda minuciosa en los libros de archivo e inventario con que cuenta ese juzgado, se desprende que libro orden de aprehensión el cuatro de agosto de dos mil catorce por el delito de daños dolosos; sin embargo, el ocho de febrero del actual declaró que ha operado la prescripción de la acción persecutoria en la causa penal 7/2014 en favor del quejoso Eugenio Flaviano Cruz Rodriguez, así como el sobreseimiento de la causa. Remitiendo un disco compacto digital que contiene copias certificadas de los autos del expediente 7/2014 de su estadística, las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto del acto reclamado que se atribuye a la responsable, consistente en la orden de aprehensión girada en su contra; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de las copias certificadas que la autoridad responsable aportó al presente juicio de amparo, relativa al causa penal 7/2014 -la cual fue valorada en el apartado que antecede- se advierte que el ocho de febrero del actual declaró la prescripción de la acción persecutoria en dicho expediente; por ende, se estima que ha cesado los efectos de ese acto reclamado. En consecuencia, resulta evidente que dicha orden de aprehensión, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad declaró la predicción de la misma. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo el dos de febrero de dos mil veintiuno, según se aprecia del sello de recepción en el escrito de demanda, en tanto que la determinación a que se hace alusión se dictó el ocho de febrero del actual, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar el acto reclamado si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada VI.2o.53 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 616 de tomo IV, Octubre 1996 correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 201269, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO CUANDO SE DECLARA EXTINGUIDA LA ACCION PERSECUTORIA QUE DIO ORIGEN AL AUTO DE FORMAL PRISION RECLAMADO EN AMPARO Cuando durante la tramitación del juicio de amparo en que se reclamó el auto de formal prisión, se declara en la causa penal la extinción de la acción persecutoria, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, siendo procedente en tal hipótesis decretar el sobreseimiento en términos del artículo 74, fracción III, en relación al 73, fracción XVI de la Ley de Amparo." Asimismo, se apoya la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente las causas de improcedencia analizadas en los apartados que anteceden, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eugenio Flaviano Cruz Rodriguez, en términos del apartado V y VII de esta resolución. Notifíquese.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano