Eugenia González Morales

Expediente 810/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
810/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Eugenia González Morales
  • Eugenia González Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo en este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b, de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se estima que es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservándose la demanda de amparo y la sentencia dictada en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por último, dado que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que la autoridad responsable, Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, remitió en apoyo a su informe justificado, se ordena devolver el mismo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 810/2020, promovido por Eugenia González Morales, por propio derecho, en contra de actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales y otras autoridades. I. ANTECEDENTES Refiere la quejosa que el veintinueve de mayo de dos mil veinte, su hijo Antonio de Jesús Pérez González fue privado de su libertad, con motivo del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, en la causa penal 487/2020, por el delito de homicidio calificado, siendo ingresado en la Penitenciaría Estatal. Manifiesta que el veinticinco de octubre posterior, fue trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Por lo que el veintiséis del mes y año en cita, acudió al mencionado centro penitenciario para tramitar el tarjetón de visitas; sin embargo, refiere que ha acudido en diversas ocasiones para dicho trámite, pero una de las trabajadoras sociales le ha negado la expedición del mismo, argumentando que está muy vieja y que no está permitido su ingreso. Que a pesar de haber entregado la documentación requerida para la expedición del mencionado tarjetón de visitas, no se le ha permitido la entrada al centro de reclusión para poder verlo. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Eugenia González Morales, por propio derecho, mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte, promovió juicio de amparo en contra actos y autoridades que se precisaran con posterioridad. La quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de mérito se turnó a este Juzgado el mismo día de su presentación, por lo que en proveído de ocho posterior, se registró con el número 810/2020 y se requirió a la quejosa para que aclarara su escrito inicial. En auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la quejosa para que ratificara la firma que calza el escrito al que correspondió el folio 12343, generándose el código QR correspondiente para que acudiera a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional. Por acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, se precisó que no se llevó a cabo la diligencia de ratificación, lo que atendió a la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal, que ordenó la suspensión de plazos y términos del veintiuno del citado mes y año al once de enero de la anualidad en curso. Consecuentemente, se reanudaron los plazos y términos y se reprogramó la diligencia de ratificación. Una vez ratificado el escrito de desahogo de prevención, el veintiuno de enero del año en curso, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este órgano de control constitucional conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; el acto reclamado es de naturaleza administrativa y la autoridad responsable se ubica dentro la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, da pauta a establecer que la parte inconforme reclama los actos siguientes: Del Juez de Control de Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca y del Subsecretario de Prevención y Reinserción Social: La negativa de otorgarle el tarjetón de visitas, a pesar de haber cumplido con los requisitos para su obtención. La orden verbal de no permitirle el acceso al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, para ingresar a ver a su hijo. Del Comité Técnico del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, de los Custodios y Trabajadores Sociales adscritos a dicho Centro, lo siguiente: La ejecución de los actos descritos con anterioridad. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL JUEZ DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLES CENTRALES, SEDE TANIVET, OAXACA Al rendir informe justificado, el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, negó el acto que se le atribuyó, el precisar que no emitió orden alguna para que no se expida el tarjetón de visitas de la quejosa o que no se le permita el ingreso al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente del amparo, está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la participación del Juez de Control del Circuito Judicial de Vales Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en la emisión de los actos reclamados precisados en el apartado relativo, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que de las documentales allegadas al expediente, es palpable que no tuvo injerencia en la emisión de los mismos. VI. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El Subdirector de Seguridad Penitenciaria, encargado de dar contestación a las cuestiones jurídicas de la Dirección General de Reinserción Social, en representación del Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Al respecto, indicó que el motivo por el cual se impide que la quejosa ingrese al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, para poder visitar a su hijo Antonio de Jesús Pérez González, radica en las diversas medidas implementadas para mitigar el contagio la propagación del virus COVID-19, ordenadas por sus superiores. Por su parte, los integrantes del Comité Técnico del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, indicaron que es parcialmente cierto, el acto que se les atribuye, en razón de que la promovente del amparo sí cumplió con la documentación necesaria para la expedición del tarjetón de visitas; sin embargo, con motivo de las diversas circulares giradas por la Dirección General de Reinserción Social, se restringió el acceso a personas de la tercera edad, encontrándose la quejosa dentro de ese grupo vulnerable. De ahí que se tengan como ciertos los actos que se atribuyen a las mencionadas autoridades responsables, en virtud que las manifestaciones que realizan evidencias su existencia. Resulta aplicable, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". La anterior circunstancia, se corrobora con las diversas documentales que el Subdirector de Seguridad Penitenciaria, encargado de dar contestación a las cuestiones jurídicas de la Dirección General de Reinserción Social, en Representación del Subsecretario de Prevención y Reinserción Social del Estado y los integrantes del Comité Técnico del Centro Penitenciario Varonil, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, exhibieron en apoyo a sus informes de ley, documentales a la que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Finalmente, los Custodios y las Trabajadoras Sociales, adscritos al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, omitieron rendir su informe justificado; consecuentemente, en términos del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman. VII. PROCEDENCIA Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de alguna causa que involucre la improcedencia del juicio, ni tampoco las partes hicieron valer causa alguna. VIII. ESTUDIO DEL ASUNTO En sus conceptos de violación, la quejosa refiere que la negativa de expedirle el tarjetón de visitas, a pesar de haber cumplido con los requisitos para su obtención y la orden verbal de no permitirle el acceso al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, lugar donde se encuentra privado de su libertad su hijo Antonio de Jesús Pérez González, vulnera sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Lo anterior, porque a decir de la quejosa, sin causa justa, no se le permite visitar a su hijo, sin existir razón alguna para dicha prohibición, ni mucho menos que ésta esté fundada y motivada. Son infundados los motivos de disenso expuestos por la quejosa, como a continuación se expondrá. De las documentales allegadas al expediente, se aprecia que la quejosa Eugenia González Morales cumplió con la documentación necesaria para que se expidiera a su favor el tarjetón de visita, pues así lo informó la Encargada del Área de Trabajo Social del Centro Penitenciario Varonil Tanivet, Oaxaca, al Director de dicho centro. Sin embargo, no le ha sido permitido ingresar con motivo de las medidas de prevención que se han implementado por la pandemia del virus SARS COV-2 COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de las visitas y las personas privadas de su libertad, ya que la quejosa se encuentra dentro del grupo de personas a las que se les ha restringido el acceso, pues se trata de un adulto mayor. En ese sentido, el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, por conducto del Subdirector de Seguridad Penitenciaria, informó que instruyó a todos los Directores de los Centros Penitenciarios del Estado de Oaxaca y a la Directora de Ejecución de Medidas para adolescentes, para que dieran a conocer al personal a su cargo los protocolos de prevención del COVID-19, con la finalidad de prevenir y detectar oportunamente el mencionado virus. Asimismo, informó que con la meta de salvaguardar la salud e integridad de las personas privadas de su libertad, se dio inicio a la prevención, mitigación y atención contra el virus COVID-19, atendiendo a las fases de evolución que fueron decretadas por la autoridad sanitaria federal, siendo las siguientes: FASE I. 1. Difusión de información de la enfermedad "síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 (COVID-19)", capacitación y sensibilización para las personas privadas de su libertad, custodios y personal penitenciario. 2. Implementación y difusión de campañas sobre medidas higiénicas en partes visibles de los centros penitenciarios, sanitización de instalaciones, colocación y entrega de gel antibacterial en lugares estratégicos. 3. Mediante el filtro de ingreso el personal médico implementó la toma de temperatura mediante termómetros infrarrojos, restringiendo el ingreso a todas las personas que presentaran sintomatología parecida al COVID-19 (fiebre, gripa y tos). 4. Se restringió el ingreso de menores de edad, personas embarazadas, adultos mayores a los centros penitenciarios. 5. Disminución de la interacción del personal administrativo, jurídico y de custodia con la población penitenciaria. 6. Revisión médica constante al personal penitenciario para descartar sintomatología de COVID-19. 7. El uso de cubre bocas se declaró obligatorio para el personal administrativo, técnico, jurídico, de custodia penitenciaria. FASE 2 1. Reducción gradual de visitas, proveedores, visita íntim, suspensión de actividades no esenciales en centro penitenciario. 2. Instalación de dosificadores de agua, jabón y toallas desechables en áreas comunes e información para el correcto lavado de manos, así como desinfección de calzado y objetos. 3. Implementación de filtros para la detección de casos sospechosos, al interior del centro penitenciario. 4. Los nuevos ingresos son revisados para descartar contagios, y son ubicados en la población una vez que han pasado 15 días, verificando que no haya sintomatología. 5. Atención y seguimiento grupos de riesgo de enfermedad grave por COVID-19. 6. El uso de cubre bocas fue de uso obligatorio para todas las personas privadas de su libertad, visitantes y trabajadores de los once centros penitenciarios y especializados del Estado. 7. De manera constante, se realiza limpieza y desinfección de áreas comunes en los once Centros Penitenciarios y Especializados del Estado. FASE 3 1. Se implementó el uso de caretas para el personal de custodia penitenciaria y de personal médico en todos los Centros Penitenciarios y Especializados del Estado. 2. En los once Centros Penitenciarios y Especializados del Estado se implementaron las videollamadas como una forma de que las personas privadas de la libertad tengan comunicación con el exterior. 3. Detección de casos sospechosos en población privada de su libertad. 4. Adecuación de áreas para aislamiento de casos sospechosos. 5. Coordinación con autoridades sanitarias para toma de muestra. 6. Atención de casos sospechosos (referencia hospitalaria). También, acompañó las pruebas documentales siguientes: Circular 018/2020 de diez de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en la que instruye a los Directores de los Centros Penitenciarios y Especializados del Estado de Oaxaca, hagan del conocimiento del personal a su cargo el "Protocolo Penitenciario de Prevención COVID-19". Circular 024/2020 de diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en que instruye suspender actividades, programas y eventos con grupos de autoayuda y personas del exterior y adoptar las medidas preventivas de acuerdo al Protocolo de Manejo para la Contención de Enfermedades Infectocontagiosas. Circular 025/2020 de diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en la que instruye para que los servidores públicos realicen el curso en línea denominado "Todo sobre la Prevención del COVID-19". Circular 026/2020, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en la que solicita la adopción de medidas cautelares a favor de las personas privadas de su libertad, sus familiares, visitantes y del personal que labora en Centros Penitenciarios del Estado, mismas que se enlistaron en dicho oficio. Circular 001/2020, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, en la que en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud y con la finalidad de prevenir la propagación del virus, giró instrucciones para tomar diversas medidas de seguridad, dentro de las cuales destaca la restricción total del ingreso de personas mayores de sesenta años, menores de edad y mujeres embarazadas. Circular 029/2020, se veinticuatro de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en la que instruye la implementación de diferentes acciones y medidas para prevenir el virus COVID-19. Circular 030/020, de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en la que instruye dar cumplimiento a las medidas cautelares indicadas en ese comunicado. Circular 032/2020 de dos de abril de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, en la que ordena la implementación de diversas acciones preventivas. Oficio SSP/SPRS/DGRS/694/2020, de trece de abril de dos mil veinte, suscrito por el Director General de Reinserción Social, en el que compartió el documento elaborado por las Oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativo a promover medidas sanitarias concretas a fin de prevenir y contener el potencial presencial del COVID-19 en centros penitenciarios por medio de los Estándares Especiales UNAPS COVID-19. Circular 33/2020, de diecisiete de abril de dos mil veinte, suscrita por el Director General de Reinserción Social, instruyó se diera cumplimiento a las propuestas que contiene el "PRONUNCIAMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EMERGENTES COMPLEMENTARIAS EN FAVOR DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LA REPÚBLICA MEXICANA, FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19", emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Oficio SSP/SPRS/0289/2020, de cinco de junio de dos mil veinte, suscrito por el Subsecretario de Prevención y Reinserción Social, en el que informa que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad de atención prioritaria, por lo que se emprendieron acciones de prevención, mitigación y atención, destacando que se restringió el ingreso de menores de edad, personas embarazadas, adultos mayores a los centros penitenciarios. Nota informativa que contiene placas fotográficas relativas a las medidas preventivas y de mitigación por la pandemia. De las constancias antes descritas, se obtiene que las autoridades responsables en acatamiento a las disposiciones indicadas por sus superiores, implementaron diversos mecanismos en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas privadas de su libertad. Se enfatiza que una de las medidas impuestas es la restricción total del ingreso de personas mayores de sesenta años. En ese orden, de las documentales allegadas por los integrantes del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Tanivet, las que fueron exhibidas para obtener su tarjetón de visitas, se aprecia que Eugenia González Morales nació el quince de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres, por lo que la fecha de la presentación de la demanda, tenía sesenta y siete años cumplidos. Con motivo de lo expuesto, resulta claro que no le asiste la razón a la quejosa, pues la circunstancia de que no se le permita ingresar al multicitado centro penitenciario, atiende a las medidas implementadas para prevenir y mitigar la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. Ello porque el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a las autoridades, entre otras cosas, a proteger los derechos humanos, entre ellos la salud y la vida. Además, en la actualidad, en México existen más de doscientas un mil defunciones ocasionadas por el virus denominado COVID-19, aunado a que el Estado de Oaxaca se ubica en semáforo amarillo. Es así, que a la luz del principio de ponderación, se entienden constitucionales los actos reclamados, pues la orden de no permitirle el acceso para la visita familiar y el no entregar el tarjetón ya autorizado, no elimina el derecho de la quejosa si no que únicamente lo restringe; lo que tiene una finalidad constitucionalmente válida del derecho de protección a la salud y la vida (tanto de la propia quejosa, como de las personas privadas de su libertad, incluyendo a su hijo Antonio de Jesús Pérez González, y del personal que labora en el Centro Penitenciario). Además existe correspondencia entre el derecho protegido y el derecho que se limita, dado que la restricción tiene por objeto contener el contagio del virus que ahora propaga, pues la cercanía entre las personas es una de las formas más contundentes para su trasmisión y el guardar la sana distancia, resulta fundamental para prevenir el contagio. De ahí que la medida sanitaria que se ha adoptado por las responsables respecto de las visitas, encuentra sentido, dado el estado de emergencia sanitaria que el país atraviesa y debe considerarse que al ser una restricción pasajera, pues no está establecida fuera del periodo que dure la pandemia, debe considerarse que persigue un fin constitucionalmente válido porque es la preservación de la salud y la vida de la misma quejosa, tutelada por el artículo 4° Constitucional, así como tutelar los mismos derechos del resto de la población penitenciaria. Lo anterior en la inteligencia de que, al momento en que se empiecen a encontrar las medidas terapéuticas y de medicina necesarias para contrarrestar los peligros de la pandemia por el virus del Covid-19, dejarán de surtir efecto esas restricciones, por lo que se le permitirá el ingreso y se entregará el tarjetón de visitas. Por lo que, contrario a lo expuesto por la quejosa, no se trata de algún castigo implementado a su hijo, privado de su libertad en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, o la negativa deriva de algún acto discriminatorio, sino que se tratan de medidas para prevenir y mitigar la pandemia. IX. DECISIÓN En virtud de lo anterior, lo que procede es conceder negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por Eugenia González Morales. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eugenia González Morales, en contra de los actos que reclamó del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, en términos de lo expuesto en el considerando V de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Eugenia González Morales, en contra de los actos que reclamó del Subsecretario de Prevención y Reinserción Social y otras autoridades, en términos de lo expuesto en el considerando VIII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJO

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden los Integrantes del Comité Técnico, custodio Penitenciario encargado del Primer Turno de Seguridad y Custodia y encargada del Área de Trabajo Social, todos del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca y téngase por recibidas las documentales que exhiben. En consecuencia, con el contenido de los informes y las documentales que remiten, dese vista a las partes. En otro punto, a efecto de que las partes se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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