Eugenio Adrián Pérez Santiago

Expediente 1290/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1290/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Eugenio Adrián Pérez Santiago
  • Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SEÑALADOS NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que en el presente juicio el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de arresto dictada en su contra. La ejecución de dicho mandamiento de captura. Ahora bien, al rendir sus informes justificados las autoridades responsables encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, pues el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, manifestó que dentro del expediente ***/***/****, de su índice, el ahora quejoso tiene reconocido el carácter de autoridad responsable, al ostentar el cargo de Regidor de Obras del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Ixtlahuaca, Oaxaca. Sin embargo, mediante acuerdo de tres de octubre del año en curso, se hizo efectivo al quejoso el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de julio del año en curso; por lo que, se le impuso un arresto de veinticuatro horas. Ahora bien, en atención a lo señalado, a consideración del suscrito, se advierte un impedimento normativo para conocer del presente juicio. Dicho impedimento deriva del artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que establece lo siguiente: "Artículo 46.- Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I.- II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. [.] ". De acuerdo con esa disposición legal, los asuntos que se encuentren relacionados con otro presentado con anterioridad, en tanto se trate de demandas de amparo donde los actos reclamados provengan de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán por medio del sistema computarizado al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. En ese sentido, este asunto está relacionado con otro presentado con anterioridad cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Se trata del juicio de amparo indirecto ***/****, promovido por *************. En dicho juicio de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado a orden de arresto dictada en su contra por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y su ejecución por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. Ahora, seguido el trámite del juicio, al rendir su informe justificado el encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, remitió diversas documentales en las que se advirtió que en el expediente electoral ****/***/**** el veintiocho de julio de dos mil veintidós se impuso a *************, un arresto por doce horas ante el incumplimiento de la sentencia dictada en ese juicio electoral. Dicho arresto fue dictado después de la presentación de la demanda de amparo, pero durante la tramitación del juicio. En ese orden de ideas, se aprecia que los actos que se reclaman en el juicio de amparo indirecto ***/****, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al momento de la presentación de la demanda de amparo eran inexistentes, pero durante su tramitación se dictó la orden de arresto en contra del quejoso. Ahora bien, en el presente juicio como ya se dijo, el quejoso reclama de las autoridades responsables integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la orden de arresto dictada en su contra y la ejecución de dicho mandamiento de captura. Asimismo, al rendir su informe justificado el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, manifestó que dentro del expediente ****/***/****, de su índice, mediante acuerdo de tres de octubre del año en curso, se hizo efectivo al quejoso el apercibimiento decretado por auto de veintiocho de julio del año en curso; por lo que, se le impuso un arresto de veinticuatro horas. De lo señalado, se desprende que la orden de arresto reclamada en este juicio deriva del expediente ****/***/****, el cual es el mismo que la orden de arresto reclamada dentro del juicio de amparo ***/**** del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Por ende, si el aludido precepto 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tiene como finalidad utilizar las consideraciones precisas de un juzgador y evitar el dictado de resoluciones contradictorias, además de aprovechar ese conocimiento previo acerca de los antecedentes del asunto respectivo; es claro, que el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es quien debe de conocer de ambas contiendas. En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito se declara incompetente por razón de turno y declina la competencia a favor del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por haber conocido previamente de otro asunto cuyo acto tiene la misma fuente que el aquí reclamado, esto es el expediente de investigación número ****/***/****, del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Remítase el juicio de amparo 1290/2022 y un tomo, al citado órgano jurisdiccional para que informe si acepta la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes para dejar constancia. Con motivo de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional (doce horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y téngase como prueba de su parte las documentales que exhibe, con lo anterior dese vista a las partes. Por otro lado, dada la voluminosidad de las constancias remitidas, se ordena formar el tomo I de pruebas, el cual no formará parte del expediente electrónico relativo a este juicio; asimismo, hágase del conocimiento de las partes que se encuentran a su disposición cuando lo soliciten. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Laura Alejandra Vallejo Carrillo, con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1290/2022, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES De los antecedentes proporcionados por la parte quejosa, se desprende que existe una orden de arresto en su contra, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, cuya ejecución pretende cumplir la responsable que designa como ejecutora. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el nueve de noviembre del año en curso. El quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados: Autoridad ordenadora: Integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. De quien reclama la orden de arresto dictada en su contra. Autoridad ejecutora: Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Oaxaca. De quien reclama la ejecución de dicho mandamiento de captura. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, el nueve de noviembre del año en curso, donde quedó registrada con el número 1290/2022 y fue admitida el diez de noviembre siguiente. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso concreto, la parte quejosa reclama, en esencia, de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de arresto dictada en su contra. La ejecución de dicho mandamiento de captura. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe previo, las autoridades responsables autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Ante la certeza de los actos reclamados, procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. CONCESIÓN DE SUSPENSION DEFINITIVA Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para afirmar la necesidad de conceder la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Como se dijo entonces, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el quejoso, existe una orden de arresto en su contra, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, cuya ejecución pretende cumplir la responsable que designa como ejecutora; de ahí que solicite la suspensión de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y el quejoso ******************** no sea privado de su libertad con motivo de la citada orden de arresto. Medida suspensiva que surtirá sus efectos hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que en el juicio principal se dicte respecto del fondo del asunto, siempre que no se trate de un acto privativo de libertad distinto al que aquí se reclama como puede ser orden de aprehensión o reaprehensión. Sin que en el caso deban fijarse medidas de aseguramiento al quejoso, dado, la finalidad que se persigue con la orden de arresto es vencer la contumacia para acatar un mandato administrativo con que se conducen las personas contra quienes se libra este tipo de mandatos, por lo que, no será necesario, en dado momento, devolverlo a las autoridades responsables ordenadoras De ahí, que el origen y finalidad de dicha determinación sea diferente a la de una orden de aprehensión, detención o retención, donde el juez de amparo sí está obligado a fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes, como el de fijar garantía para que surta efectos la suspensión del acto reclamado; aunado a lo anterior, es dable señalar, que en tratándose de una orden de arresto, por mandato del artículo 21 constitucional, su duración no puede exceder de treinta y seis horas, por lo que, el dictado de medidas de aseguramiento, podría acarrear la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, haciendo nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo, cuya preservación corresponde al juez federal en términos del numeral 128 de la Ley de Amparo, in fine, máxime no existe tercero interesado, a quien se advierta pudieran causársele daños o perjuicios en su patrimonio, dado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no ha cometido delito alguno ni infracción que merezca se le dicte orden de arresto en su contra. Fortalece lo anterior, la jurisprudencia P/J 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página dieciocho, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento" Es aplicable, por interpretación en sentido contrario, la jurisprudencia 1ª/J 28/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientas sesenta y cuatro, tomo XXIV, julio de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN DEBE CONDICIONARSE A LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA SUFICIENTE CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL Y LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA OCASIONAR DAÑOS O PERJUICIOS AL PATRIMONIO DEL TERCERO PERJUDICADO. La necesidad de fijar una garantía al conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la ejecución de una orden de arresto decretada como medida de apremio en un procedimiento de naturaleza civil o mercantil depende de la naturaleza del requerimiento que se haya formulado al quejoso, en tanto que en ese tipo de procedimientos pueden dictarse requerimientos que, de no cumplirse, afectan los bienes o derechos de la contraparte. En ese tenor, en la hipótesis referida es necesario condicionar la concesión de la suspensión a la exhibición de garantía suficiente para la reparación e indemnización de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de que la dilación en el cumplimiento del requerimiento -origen de la orden de arresto- no sólo implique un retraso en el trámite del procedimiento natural, sino una afectación directa a los bienes o derechos del tercero perjudicado que se traduzca en un daño a su patrimonio; regla que debe entenderse referida únicamente al supuesto de las partes en el juicio natural, esto es, actor y demandado". Asimismo, es aplicable la diversa tesis aislada publicada en la página seiscientos cincuenta y cuatro, del tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN, NO SE REQUIERE FIJAR GARANTÍA. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, para que surta efectos la medida cautelar, es necesario que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los posibles perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar al tercero perjudicado, si el quejoso no obtiene sentencia de amparo favorable; empero, la suspensión otorgada contra el acto reclamado consistente en la orden de arresto decretada como medida de apremio, por la desobediencia a una determinación judicial dictada en un procedimiento jurisdiccional del orden civil o mercantil, no puede ocasionar daños o perjuicios a los derechos o patrimonio del tercero perjudicado, porque la relación derivada de un arresto se finca absolutamente entre autoridad y gobernado, pues aquélla pretende superar una resistencia injustificada de éste y, desde luego, las consecuencias de dicha medida no trascienden a la esfera jurídica de terceras personas. Tampoco es posible considerar que deba fijarse garantía con fundamento en la aplicación analógica de los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, porque la aplicación de la ley por analogía se apoya sobre el concepto de que los hechos de igual naturaleza deben tener igual reglamentación, lo que no sucede entre la afectación a la libertad por un arresto como medida de apremio y la afectación a dicho valor por un mandamiento de autoridad del orden penal (órdenes de aprehensión, de detención o retención), pues tales actos se refieren a conductas previstas en ordenamientos diferentes, se dirigen a sujetos distintos y persiguen fines diversos, esto es, tienen naturaleza diferente, pues mientras la medida de apremio tiene como finalidad vencer la resistencia opuesta por una de las partes en juicio, a la obediencia, ya en sentido positivo, ya negativo, de una determinación jurisdiccional, las órdenes de aprehensión, de detención o retención tienen como origen común la realización de una conducta que la ley tipifica y sanciona, por estimarla un delito, en cuya comisión se estima responsable al indiciado, por lo cual se sigue en su contra un procedimiento, precisamente para determinar la existencia y el grado de dicha responsabilidad. Además, los supuestos de afectación a la libertad de que se viene hablando se distinguen entre sí por la duración de las sanciones que ameritan cada una de las conductas precitadas; pues mientras la resistencia del particular al cumplimiento de una determinación judicial de carácter civil es sancionada con un arresto máximo de treinta y seis horas, según disposición constitucional, la orden de aprehensión, detención o retención, tienen como sustento conductas que la ley penal tipifica y sanciona con penas privativas de la libertad, de tres días hasta varios años, de lo que resulta que la brevedad de la medida de apremio impone la necesidad de que se otorgue la suspensión de la ejecución de dicha orden de arresto de inmediato y sin requisito de efectividad alguno, ya que de lo contrario, mientras se cumplieran tales requisitos, se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado, contrariando los fines de la suspensión". Esta suspensión definitiva surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que en el juicio principal se dicte respecto del fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE PRIMERO. Se concede la suspensión definitiva ********************, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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