Eugenio González Angulo

Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
106/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Eugenio González Angulo
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó la demanda de amparo ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. III. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. IV. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 106/2023. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que en virtud que la demanda de amparo debe de analizarse en su integridad como un todo a efecto de desentrañar lo que el promovente del amparo solicita y con ello fijar la litis constitucional de acuerdo a la causa de pedir... Atento a ello, de la lectura integral de la demanda se tiene como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Actos reclamados: El acuerdo dictado en la audiencia de diez de enero de dos mil veintitrés, celebrada en autos del juicio agrario 306/2022, en la cual la autoridad responsable tiene injustificada su inasistencia a la diversa audiencia de once de octubre de dos mil veintitrés y en consecuencia por perdido su derecho para dar contestación a la demanda y ofrecer pruebas. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales... En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. De la lectura del capítulo de acto reclamado así como de los antecedentes de este, quien esto provee determina que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Numeral que debe ser interpretado, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan [.]" De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, por lo que al interpretar en sentido contrario el artículo 107 de la carta magna se tiene que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos que los actos que se pretendan reclamar no sean de imposible reparación. Asimismo, la Ley de Amparo precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afecten materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo, previo agotamiento de los recursos ordinarios, en contra de la sentencia dictada en el procedimiento respectivo. Este criterio se plasmó en la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, Tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS". Asimismo, debe entenderse como derecho adjetivo aquél que sólo produce efecto de carácter formal o intraprocesal, puesto que incide dentro del procedimiento de acuerdo con su desarrollo, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de la sentencia; por lo que si esto se logra, ese tipo de actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, los actos dentro de juicio tendrán una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan instantáneamente alguno de los derechos sustantivos como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse aun cuando el quejoso obtenga una sentencia favorable en el juicio natural. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. En ese contexto, el acto materia de la litis no causa una afectación a la esfera jurídica del disidente que lo legitime para ejercer la acción constitucional, en virtud que en el caso a estudio lo que se pretende reclamar es el acuerdo pronunciado en la audiencia de diez de enero de este año, por medio del cual la responsable tiene por no justificada la inasistencia del disidente a la diversa audiencia de once de octubre de dos mil veintidós y en consecuencia por perdido su derecho a contestar la demanda y ofrecer pruebas dentro del juicio agrario 306/2022. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable. En efecto, la determinación impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte sentencia si fuere desfavorable para la parte quejosa, a través del juicio de amparo directo, porque la determinación de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es la continuación del procedimiento además que la finalidad de la referida audiencia misma que se encuentra establecida en el artículo 185 de la Ley Agraria es para que las partes ante el magistrado que resolverá la controversia expongan sus pretensiones en la demanda y contestación respectivamente, ofrezcan las pruebas que estimen convenientes; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede ser favorable a sus intereses. En ese tenor, se insiste, el hecho de que el Tribunal señalado como responsable haya tenido por injustificada su inasistencia a la audiencia agraria de once de octubre de dos mil veintidós y que por tanto el quejoso tenga por perdido su derecho para contestar la demanda y ofrecer pruebas, en modo alguno le depara perjuicio, toda vez que puede comparecer a la secuela procesal y al emitirse la resolución respectiva en el juicio de origen le podría resultar favorable a sus intereses; máxime que de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que quien manifiesta es su conyuge y también demandada en el juicio de origen sí asistió a las audiencias y se le tuvo por contestada la demanda en los mismos términos que el aquí quejoso lo pretendía, y se le tuvieron por ofrecidas las pruebas a que aludió el demandado en su escrito de contestación de la demanda, por lo cual, se estima que dichos medios probatorios se desahogarán. Además, en caso que al momento de dictarse la sentencia definitiva en el juicio de origen la parte quejosa no obtenga una resolución favorable, esta puede ser impugnada mediante el juicio de amparo directo en el cual podrá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se le ocasionaron en términos de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo y que motivaron un fallo desfavorable. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia antes precisadas, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por las causas de improcedencia que han quedado establecidas. Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia... Domicilio y autorizados del quejoso. Con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción I, de la ley de materia téngase como domicilio de la parte quejosa el que refiere en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Felix Roberto Mancera Zárate con número de cedula 8705034 dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y a las restantes personas que señala con las restricciones que impone tal precepto, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos. Por otro lado, como lo solicita, se autoriza el uso del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el usuario MANZFRO por lo que, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el alta correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a la actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

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