Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza
Expediente 29/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 29/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veintisiete de enero de dos mil veinte, se concedió la definitiva solicitada. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar las resoluciones judiciales de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y siete de marzo de dos mil diecinueve, mediante las cuales se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas. VII. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de esa Comisión Especial, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal de los autos se advierte que el plazo concedido a la quejosa para que se hiciera presente en la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, y recogiera el cheque expedido a su favor y realizado lo anterior, acreditara ante este juzgado dicha circunstancia, transcurrió del veintitrés al veinticinco del mes y año en curso. Tomando en consideración que ha transcurrido dicho plazo, sin que la quejosa cumpliera con la prevención que se le hizo en auto de once de noviembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y ante el desinterés de la quejosa para acudir a recoger el cheque a su favor, se le tiene por desinteresada en esa parte del cumplimiento y este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la sentencia con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza acudió a esta instancia constitucional para solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que en la sentencia fueron fijados de la siguiente forma: El descuento por concepto de fondo de pensiones (202) aplicado a su pensión por jubilación en el mes de enero de dos mil veinte. Los subsecuentes descuentos que se le pretendan realizar a su pensión por jubilación, por el concepto de fondo de pensiones (202), a partir de febrero del año en curso, en adelante. Efectos de la concesión del amparo. El diecinueve de febrero de la presente anualidad se dictó sentencia definitiva en este expediente, misma que causó ejecutoria en proveído de once de marzo del año en curso; donde el único resolutivo textualmente señala: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza, contra los actos reclamados al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de conformidad con los apartados IX y X del presente fallo". En esa determinación fueron señalados los efectos de la protección de la justicia federal que fue otorgada; siendo los siguientes: "Para que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; devuelva íntegramente y en una sola exhibición el descuento que fue realizado a la quejosa por el concepto 202 "Fondo de Pensiones", en el mes de enero de dos mil veinte, y subsecuentes que se hubiesen realizado, hasta que se cumplimente la presente sentencia. II. De igual manera, ya no deberán realizarse descuentos posteriores a la pensión jubilatoria de la quejosa, con apoyo en la norma declarada inconstitucional e inconvencional en esta sentencia, mientras dure el derecho de Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza, a percibir la pensión relativa. Actos que debía llevar a cabo la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca: Devolviera íntegramente y en una sola exhibición el descuento que fue realizado a la quejosa por el concepto 202 "Fondo de Pensiones", en el mes de enero de dos mil veinte, y subsecuentes que se hubiesen realizado, hasta que se cumplimentara la sentencia dictada en autos. De igual manera, ya no deberían realizarse descuentos posteriores a la pensión jubilatoria de la quejosa, con apoyo en la norma declarada inconstitucional e inconvencional en esta sentencia, mientras dure el derecho de Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza, a percibir la pensión relativa Acciones realizadas por la autoridad responsable para acatar la sentencia. Con la finalidad de dar cumplimiento al presente fallo, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca remitió las siguientes documentales: 1.- Copia certificada del oficio OP/UAYFFP/DRHYNP/0308/2020, donde adjuntó el extracto del reporte de pago de la quejosa correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil veinte. 2.- Copia certificada de la póliza cheque ciento treinta y dos, cuyo concepto es "DEVOLUCIÓN DE FONDO DE PENSIONES JUB". 3.- Copia simple del cheque 0066777 de trece de marzo de dos mil veinte, expedido a nombre de Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza. 4.- Copia certificada del recibo por la cantidad de $1,320.03 (un mil trescientos pesos 03/100 moneda nacional). Constancias que son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de los apartados relatados de forma precedente, se concluye que a Eugenia Guadalupe Ortiz Carranza, a partir del doce de marzo del año en curso no se le reflejaría descuento alguno ni se le aplicarían los preceptos de los artículos 6, fracción III, 18 párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, y se ordenó reintegrar a la jubilada la cantidad que se retuvo por concepto de fondo de pensiones del mes de enero de dos mil veinte. Se destaca que aunque la quejosa no acudió a recoger el cheque dónde le fue reintegrado el descuento realizado, a pesar de haberle notificado este órgano jurisdiccional en dos ocasiones, la determinación que emite el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones en la comunicación OP/UAYFFP/DRHYNP/0308/2020 es suficiente para acreditar que a la quejosa no le serán realizados subsecuentes descuentos al monto periódico de su pensión -motivo de esta litis constitucional- y que se dispuso devolverle las cantidades descontadas por ese concepto a través del cheque que se encuentra a su disposición. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". Sin perjuicio de lo resuelto en este proveído, quedan expeditos los derechos de la quejosa para que con posterioridad realice los trámites pertinentes a fin de que se le entregue el numerario que la responsable ha dejado a su disposición por concepto de devolución de los descuentos realizados indebidamente a su pensión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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