Eugenio Margarito René Barroso Reyes

Expediente 221/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
221/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Eugenio Margarito René Barroso Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de marzo de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 221/2023. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme ******************** reclama el acto siguiente: Del Presidente, de los Síndicos Primero y Segundo y de la Secretaría de Obras Públicas, todas esas autoridades de ********************, Oaxaca, combate: El convenio que celebraron con ********************para la colocación de un toldo para sombra como protección de un vehículo en un cajón de estacionamiento ubicado en el sector ********************, de la ********************, en ********************, Oaxaca. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ********************, porque en relación con el acto reclamado al Presidente, a los Síndicos Primero y Segundo y a la Secretaría de Obras Públicas, todas esas autoridades de ********************, Oaxaca, consistente en el convenio que celebraron con ********************para la colocación de un toldo para sombra como protección de un vehículo en un cajón de estacionamiento ubicado en el sector ********************, de la ********************, en ********************, Oaxaca, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que este órgano jurisdiccional está imposibilitado para analizar la regularidad constitucional de esa actuación, ya que existe un impedimento técnico que convierte el reclamo del disidente en una cuestión no justiciable en este medio extraordinario de defensa. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no así en supuestos contrarios. En ese sentido, debe señalarse que para la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del normativo 103, fracción I, constitucional se derivan dos implicaciones. 1. No procede el juicio de amparo si no existe un acto de autoridad (positivo o negativo) o una norma jurídica de una autoridad; sin embargo, 2. No basta que exista dicho acto, norma u omisión de autoridad, sino que del mismo pueda predicarse una violación a un derecho humano, cuya conclusión pueda ser materia de estudio en ese juicio constitucional; esto es, que se trate de un acto de autoridad apto para su conocimiento y escrutinio en sede jurisdiccional nacional a la luz de los derechos humanos; luego, el acto de autoridad debe ser apto para someterse a escrutinio jurisdiccional, pues existen algunos de carácter excepcional que no admiten un escrutinio de esa naturaleza. De los párrafos anteriores se desprende que una vez que se ha determinado que existe un acto de autoridad, el Juez de amparo debe decidir si se trata de uno que sea justiciable en la vía indirecta pudiendo no actualizarse este supuesto cuando el Pacto Federal o la legislación secundaria otorga la potestad para emitir la determinación relativa a un ente político o a ciertos órganos especializados para ser decidido por criterios de oportunidad o de especialidad, por lo que si no se tomara en cuenta esa situación implicaría sustituir dichas facultades de apreciación que son de naturaleza exclusiva de dichos órganos e, incluso, el tener que adoptar decisiones contradictorias. Esta metodología interpretativa no es extraña a la jurisprudencia sustentada por el Alto Tribunal del País. La Primera Sala de ese Tribunal en otro medio de control de constitucionalidad al conocer sobre las controversias constitucionales ha interpretado las causales de improcedencia desde esta perspectiva, esto es, atendiendo a la función de dicho juicio al interior de su diseño institucional, en la cual ha determinado que la debida consideración de la naturaleza y finalidad del mismo sobre la base de una interpretación sistemática y armónica de las previsiones constitucionales deben llevar a concluir la no justiciabilidad de ciertas cuestiones políticas, cuya resolución se asigna por la norma constitucional a un órgano por razón de especialidad, cuestión que debe analizarse, sin embargo, de manera casuística. Así, al resolver la controversia constitucional 140/2006 en la sesión de quince de agosto de dos mil siete, por unanimidad de votos se estableció el criterio reflejado en la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS CUESTIONES MERAMENTE POLÍTICAS NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL.". Este Juzgado de Distrito apela a ese precedente para afirmar que en el presente caso esta calificatoria de no justiciabilidad en la vía de amparo indirecto no rompe con la coherencia del modelo de estado constitucional, porque no implica el reconocimiento de una categoría de casos impune; por el contrario, justamente su reconocimiento implica el respeto a un diseño institucional reconocido constitucionalmente que otorga en un primer momento un control de constitucionalidad a otro órgano de manera exclusiva, concretamente a las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, a través del juicio contencioso administrativo en términos de lo estatuido por los numerales 116, fracción V, de la Carta Magna y 133, fracción IV, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, el primero de los cuales estatuye que las Constituciones y las leyes de las entidades federativas deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones, así como que esos Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; en tanto que el último normativo dispone que las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos celebrados con la administración pública estatal y municipal. Con base en las normas citadas es factible sostener que el acto reprochado al Presidente, a los Síndicos Primero y Segundo y a la Secretaría de Obras Públicas, todas esas autoridades de ********************, Oaxaca, consistente en el convenio que celebraron con ********************para la colocación de un toldo para sombra como protección de un vehículo, en un cajón de estacionamiento ubicado en el sector ********************, de la ********************, en ********************, Oaxaca, no pueden ser objeto de escrutinio constitucional en el juicio de amparo indirecto, porque la legalidad de ese pacto deben dilucidarlo las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca en términos de lo dispuesto por los arábigos 116, fracción V, del Pacto Federal y 133, fracción IV, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Se sostiene lo anterior, porque el ejercicio de la acción de amparo está dirigida a someter a escrutinio constitucional la actuación descrita, porque en opinión del disidente no se observó en su beneficio los derechos fundamentales de audiencia y de legalidad consagrados por los arábigos 14 y 16 del Pacto Federal; empero, sus planteamientos encierran un juicio de valor normativo sobre un estado de cosas que presupone la potestad de resolver sobre los aspectos siguientes: ¿en un juicio de amparo indirecto es factible examinar de manera inmediata actos relacionados con la interpretación y el cumplimiento de los contratos que la administración pública local o municipal celebre con los particulares? y ¿es correcto o no que el Presidente, los Síndicos Primero y Segundo y la Secretaría de Obras Públicas, todas esas autoridades de ********************, Oaxaca, hayan celebrado un convenio con ********************para la colocación de un toldo para sombra como protección de un vehículo, en un cajón de estacionamiento ubicado en el sector ********************, de la ********************, en ********************, Oaxaca?. Este Juzgado de Distrito considera que aun en el ejercicio de sus poderes de control constitucional no está facultado para pronunciarse de manera inmediata respecto de actos asociados con la interpretación y el cumplimiento de los contratos que la administración pública local o municipal de esta entidad federativa celebre con los gobernados y, por ende, no tiene atribuciones para decidir si es válido o no que el Presidente, los Síndicos Primero y Segundo y la Secretaría de Obras Públicas, todas esas autoridades de ********************, Oaxaca, hayan celebrado un convenio con ********************para la colocación de un toldo para sombra como protección de un vehículo, en un cajón de estacionamiento ubicado en el sector ********************, de la ********************, en ********************, Oaxaca, dado que esas situaciones encierran el ejercicio de una facultad de apreciación en otro mecanismo ordinario de defensa, cuyo ejercicio está reservado a las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca en grado de exclusividad, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad debe entenderse como un acto no justiciable en el juicio de amparo indirecto. Desde esa perspectiva es factible sostener que la revisión de la legalidad del convenio que el Presidente, los Síndicos Primero y Segundo y la Secretaría de Obras Públicas, todas esas autoridades de ********************, Oaxaca, celebraron con ********************para la colocación de un toldo para sombra como protección de un vehículo, en un cajón de estacionamiento ubicado en el sector ********************, de la ********************, en ********************, Oaxaca, está asociado con la interpretación y el cumplimiento de un contrato administrativo. En esos términos, es inconcuso que el acto reclamado por el quejoso tiene la naturaleza administrativa del contrato que las autoridades responsables celebraron con ********************y está íntimamente relacionado con la interpretación y el cumplimiento de ese acuerdo de voluntades; de ahí que las controversias que surjan asociados con esos tópicos con motivo de las estipulaciones establecidas en tal contrato administrativo deben resolverse en un juicio contencioso administrativo ante las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca conforme a lo prescrito por los arábigos 116, fracción V, del Pacto Federal y 133, fracción IV, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Congruente con lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que está imposibilitado para analizar la regularidad constitucionalidad del acto impugnado a los entes responsables, ya que existe un impedimento técnico que convierte el reclamo del quejoso en una cuestión no analizable en el juicio de amparo biinstancial. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Federal, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, respecto del acto combatido a las autoridades judiciales responsables, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por ********************, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación, en la medida en la que en cuanto a esa actuación existe un impedimento técnico que convierte el reclamo del disidente en una cuestión no justiciable en este medio extraordinario de defensa. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del inconforme para recibir notificaciones el que indica en su ocurso. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo establecido por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano