Erick Abraham Sánchez González

Expediente 705/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
705/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
14/01/2019

Partes del expediente

  • Erick Abraham Sánchez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presente autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso *******; en atención a su contenido, respecto a las copias certificadas que solicita dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se autorizó la expedición de las copias simples o certificadas a las partes, sin necesidad de solicitarlas por escrito. Por otro lado, se tiene como autorizados para recibir las copias respectivas a las personas que refiere. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho que a la letra dice:Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 3671/2018 que signa el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Representante Obrero y el Representante Patronal, con sede en esta ciudad, al que adjuntan copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral *******, promovido por ******* en contra de *******; en tal virtud, este juzgador federal acuerda: Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, *******, por su propio derecho, interpuso demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada el mismo día a este Juzgado, promovida contra actos de la Junta Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad a quien le reclamó, en esencia la dilación del procedimiento laboral *******, al no tomar las medidas necesarias para logar la mayor economía, concentración y sencillez. En los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiocho de septiembre de este año, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se declaró cerrada la audiencia, y se concedió un término para la formulación de alegatos, pero que a pesar de que transcurrió ese término, no se ha certificado que no quedan pruebas pendientes de desahogar y tampoco se ha cerrado la instrucción y mucho menos se han turnado los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo. 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 705/2018-III; se solicitó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Por oficio 3671/2018 recibido en este juzgado el cuatro de los actuales, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Representante Obrero y el Representante Patronal, con sede en esta ciudad, rinden informe justificado, en el que manifestaron que son ciertos los hechos que señala el quejoso y que el veintinueve de noviembre de este año, se efectuó el cierre de instrucción turnándose los autos al presidente auxiliar a efecto de que emita el proyecto respectivo, para lo cual remiten copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral 2/18/1488. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del quejoso, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Así, debe traerse a colación que se reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, la dilación del procedimiento laboral *******, al no tomar las medidas necesarias para logar la mayor economía, concentración y sencillez, en otras palabras la denegatoria de justicia, ya que desde el veintiocho de septiembre de este año, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de y admisión pruebas, se declaró cerrada la audiencia, y se concedió un término para la formulación de alegatos, pero que a pesar de que transcurrió ese término, no se ha certificado que no quedan pruebas pendientes de desahogar y tampoco se ha cerrado la instrucción y mucho menos se han turnado los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo. Ahora, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el veintinueve de noviembre del año en curso, la autoridad responsable previa certificación en el sentido de que no quedan pruebas pendientes de perfeccionar, declaró cerrada la instrucción del juicio laboral *******, el cual quedó en estado de resolución para la formulación de dictamen de ley. Bajo esas premisas, al haber transcurrido el termino para ofrecer alegatos, la autoridad responsable certificó que no hay pruebas por desahogar y cerró la instrucción del juicio laboral *******, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige en la etapa procesal en la que se encontraba el juicio de origen al momento de la presentación de la demanda y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. No se soslaya que en la demanda de amparo el señalar el acto reclamado el quejoso indica que la junta responsable ha omitido dictar dentro de los diez días siguientes el proyecto de resolución; sin embargo, para efectos de este amparo el acto reclamado debe limitarse en consideración de la etapa procesal en que se sitúa dentro del procedimiento laboral, luego en el caso el cierre de instrucción, si a la fecha de presentación de la demanda, aún no se cerraba la instrucción, entonces, no puede ser materia de este juicio de amparo la omisión de dictar laudo, ya que ello sería materia de diverso juicio. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho que a la letra dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 3671/2018 que signa el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Representante Obrero y el Representante Patronal, con sede en esta ciudad, al que adjuntan copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral *******, promovido por ******* en contra de *******; en tal virtud, este juzgador federal acuerda: Atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, *******, por su propio derecho, interpuso demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnada el mismo día a este Juzgado, promovida contra actos de la Junta Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad a quien le reclamó, en esencia la dilación del procedimiento laboral *******, al no tomar las medidas necesarias para logar la mayor economía, concentración y sencillez. En los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el veintiocho de septiembre de este año, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, se declaró cerrada la audiencia, y se concedió un término para la formulación de alegatos, pero que a pesar de que transcurrió ese término, no se ha certificado que no quedan pruebas pendientes de desahogar y tampoco se ha cerrado la instrucción y mucho menos se han turnado los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo. 2. La parte quejosa consideró vulnerados los derechos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 705/2018-III; se solicitó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Por oficio 3671/2018 recibido en este juzgado el cuatro de los actuales, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como el Representante Obrero y el Representante Patronal, con sede en esta ciudad, rinden informe justificado, en el que manifestaron que son ciertos los hechos que señala el quejoso y que el veintinueve de noviembre de este año, se efectuó el cierre de instrucción turnándose los autos al presidente auxiliar a efecto de que emita el proyecto respectivo, para lo cual remiten copia certificada de todo lo actuado en el juicio laboral 2/18/1488. Por lo anterior, se estima que en este juicio de amparo se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del quejoso, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, se puede concluir que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, dando lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama en el juicio de amparo; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia actual, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Así, debe traerse a colación que se reclama de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, la dilación del procedimiento laboral *******, al no tomar las medidas necesarias para logar la mayor economía, concentración y sencillez, en otras palabras la denegatoria de justicia, ya que desde el veintiocho de septiembre de este año, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento de y admisión pruebas, se declaró cerrada la audiencia, y se concedió un término para la formulación de alegatos, pero que a pesar de que transcurrió ese término, no se ha certificado que no quedan pruebas pendientes de desahogar y tampoco se ha cerrado la instrucción y mucho menos se han turnado los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo. Ahora, debe establecerse que del análisis del oficio de cuenta, se advierte que el veintinueve de noviembre del año en curso, la autoridad responsable previa certificación en el sentido de que no quedan pruebas pendientes de perfeccionar, declaró cerrada la instrucción del juicio laboral *******, el cual quedó en estado de resolución para la formulación de dictamen de ley. Bajo esas premisas, al haber transcurrido el termino para ofrecer alegatos, la autoridad responsable certificó que no hay pruebas por desahogar y cerró la instrucción del juicio laboral *******, es inconcuso que respetó el derecho de que se trata y cumplió lo que el mismo exige en la etapa procesal en la que se encontraba el juicio de origen al momento de la presentación de la demanda y, por ende, se sostiene que en el presente caso ha operado la causa de improcedencia señalada. Dicho de otro modo, evidente resulta que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En ese orden, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal Esto, conforme al criterio 10/2003, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En esa tesitura, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho, por actualizarse la causal de anotada en líneas precedentes. No se soslaya que en la demanda de amparo el señalar el acto reclamado el quejoso indica que la junta responsable ha omitido dictar dentro de los diez días siguientes el proyecto de resolución; sin embargo, para efectos de este amparo el acto reclamado debe limitarse en consideración de la etapa procesal en que se sitúa dentro del procedimiento laboral, luego en el caso el cierre de instrucción, si a la fecha de presentación de la demanda, aún no se cerraba la instrucción, entonces, no puede ser materia de este juicio de amparo la omisión de dictar laudo, ya que ello sería materia de diverso juicio. Apoya lo anterior, la tesis CV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, Libro 1, Tomo I, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Diciembre de 2013, de rubro y texto siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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