Eric Zamora Escalera
Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Eric Zamora Escalera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta de abril del año en curso, en la cual se sobreseyó y se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 134/2019-II, promovida por **, en representación del quejoso **. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se recibió la demanda por comparecencia, promovida por **, en representación del quejoso **. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, a quienes les reclamó las órdenes de arresto y privación ilegal de la libertad ejecutadas sobre la persona del quejoso. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 134/2019-II y, previa ratificación, el dieciocho de julio siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, los actos de incomunicación, así como la orden de arresto dictada en contra del quejoso y su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos de incomunicación reclamados. Los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en la incomunicación personal de la que se dijo fue objeto el directamente agraviado, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de ese acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia de diversos actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, aceptaron la existencia de la orden de arresto que les fue atribuida y su respectiva ejecución; por tanto, debe tenerse por cierta su existencia.Por otro lado, al rendir su informe con justificación, los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, negaron haber ejecutado algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, en contra del quejoso; no obstante, reconocieron que el motivo de su detención, fue derivado de que aquél incurrió en una infracción al reglamento de tránsito, al encontrarse conduciendo en estado de ebriedad; por ende, debe tenerse por cierta la existencia de los actos que se les atribuyeron. Lo anterior corrobora con la copia certificada de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, en la que el citado Juez le impuso al ahora quejoso un arresto administrativo de veinticuatro horas, al haber sido sorprendido por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad, la cual anexaron a su informe con justificación y a la que se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del arresto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En otro contexto, al no existir motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este tribunal advierta de oficio deba examinarse, procede a continuación el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de fondo del presente asunto, conducen a este Juzgado de Distrito a determinar lo siguiente: En la demanda de amparo presentada por comparecencia no se formularon conceptos de violación, pues el promovente se concretó a referir, de manera general y abstracta, que las autoridades responsables detuvieron injusta e ilegalmente, al solicitante del amparo. Lo alegado en esos términos es inoperante. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir.Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1833, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, novena época, Tomo II, materia común, página 2080, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. En la especie, la quejosa refirió, de manera general, que las autoridades responsables detuvieron injusta e ilegalmente al solicitante del amparo. Con esas llanas expresiones, el quejoso eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, porque no expone las razones por las que considera que la orden de arresto decretada en su contra es inconstitucional, mucho menos formuló conceptos de violación en contra del acto impugnado, cuando se le dio vista para que, si era su deseo, los expresara en contra del arresto que se le decretó por el Juez Cívico. En esos términos, el quejoso no justificó la razón de su dicho ni controvirtió las consideraciones en que se sustentaron los actos reclamados, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la imposición del arresto administrativo de veinticuatro horas, que se le impuso al haber sido sorprendido por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad; en cambio, su alegato contiene visos de generalidad que no pueden ser analizados por este Órgano; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En las relacionadas condiciones, dado que resulta inoperante el único motivo de disentimiento expresado y este Juzgado no advierte que exista materia sobre la cual deba ser suplida la deficiencia de la queja a favor del solicitante del amparo, lo cual hace innecesario realizar mayor pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución reclamada, en términos de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo; en el caso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Apoya esta consideración, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, de Julio de 2017, Tomo I, materia común, página 263, del siguiente contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. La anterior negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Recuperación Cívica Total y a los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, pues los actos de ejecución que se les atribuyeron no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por el Juez Cívico responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 134/2019-II, promovido por **, en los términos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ** contra la orden de arresto y su ejecución, de conformidad con lo analizado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **, hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos se desprende que en auto de veintiocho de febrero del año en curso, se dio vista al quejoso por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda. Ahora de la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena continuar con la tramitación de este juicio de amparo en los términos planteados en la comparecencia de veinticuatro de febrero de la presente anualidad, que dio inicio al presente asunto. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.PHGD*kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Agente de Vialidad adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***********. Doy fe.
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