Erick Alberto García Juárez
Expediente 763/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Alberto García Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 763/2019-IV, promovido por **************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el quince de octubre de dos mil diecinueve, turnado a este Juzgado en la misma fecha, *******************, promovió demanda de amparo contra actos de la Administradora de la Aduana de Ciudad Juárez y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: El acto que se reclama es: Orden de aprehensión y/o detención. Segundo. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (foja 6) se admitió la demanda de referencia, se registró bajo el expediente ****/2019-IV, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Vista para ampliación de demanda. En auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 39), se dio vista al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y adicionar como autoridad responsable a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Jueza de Control, con sede en Chihuahua, capital, tras advertir, con el informe justificado rendido por la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua adscrita a la Fiscalía General de la República (foja 29), que tenía intervención en los actos combatidos a través de este juicio de amparo; apercibiéndolo en tal proveído, que de no hacerlo, este asunto se resolvería en los términos previos a dicha vista; a lo que, como se desprende del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve (foja 74), una vez que culminó el periodo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se determinó que este asunto se resolvería en los términos previos a la vista que se otorgó a la parte quejosa, en el referido auto. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis de las constancias que integran este juicio se colige que la parte quejosa reclamó las órdenes de aprehensión, detención y presentación emitidas en su contra, así como la ejecución de tales mandatos. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, la Administradora por sí y en representación del Jefe de Departamento, ambos de la Aduana de Ciudad Juárez (foja 16); Células Primera (foja 45), Célula Segunda (foja 46), Célula Tercera (foja 47), Célula Cuarta (foja 48), Célula Sexta (foja 50), Célula Séptima (foja 51), Célula Octava (foja 52), Célula Novena (foja 62), Célula Décima (foja 53), Célula Decimoprimera (foja 54), Célula Decimosegunda (foja 55), Célula Decimotercera (foja 63), Célula Decimocuarta (foja 56), Célula Decimoquinta (foja 68), Célula Decimosexta (foja 64), Célula Decimoséptima (foja 57), Célula Decimoctava (foja 58) y Célula Decimonovena (foja 59), todas de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, en sus denominaciones correctas, en sus denominaciones correctas, negaron categóricamente los actos que les atribuyó el quejoso, sin que éste haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo con relación a las referidas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por su parte, la Célula Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad (foja 49), negó el acto que le fue atribuido; empero, como se advierte del informe justificado y anexos emitidos por la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua adscrita a la Fiscalía General de la República (foja 29), el titular de la aludida célula fue quien hizo del conocimiento de la diversa autoridad, que la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Jueza de Control, con sede en Chihuahua, capital, dentro de la causa penal 764/2018, emitió una orden de aprehensión en contra del aquí accionante del amparo, de tal suerte que su negativa se encuentra desvirtuada. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua adscrita a la Fiscalía General de la República (foja 29), al emitir su informe con justificación, aceptó el acto de ejecución que le fue reclamado. Asimismo, como quedó demostrado en el considerando que antecede, es cierto el acto de ejecución que se le atribuyó a la Célula Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República (foja 49), con sede en esta localidad, por lo que se tiene como cierto el acto que le fue reclamado. Quinto. Actualización de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede a analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo . En el caso, se estima la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. De los numerales transcritos se colige, que las autoridades responsables -como parte en el juicio de amparo- deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas a juicio por el quejoso, no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie oficiosamente al respecto. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 112/2003, de la Novena Época, registro 182617, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia Común, página 93, que a la letra dice: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. En el particular, como quedó precisado, el quejoso se duele, entre otras cosas, de la orden de aprehensión emitida en su contra. Al respecto, en auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 39), se dio vista al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo y adicionar como autoridad responsable, a la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Jueza de Control, con sede en Chihuahua, capital, tras advertir, con el informe justificado rendido por la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua adscrita a la Fiscalía General de la República (foja 29), que tenía intervención en los actos combatidos a través de este juicio de amparo, pues la orden de aprehensión combatida en este juicio de amparo biinstancial, devino precisamente de la autoridad aludida; sin embargo, una vez que culminó el periodo otorgado, en auto de diez de diciembre del año en curso (foja 74), se hizo efectivo al quejoso el apercibimiento decretado en aquél acuerdo y se determinó que el presente expediente, sería resuelto en los términos previos a la vista en referencia. En esas condiciones, si el peticionario del amparo no señaló como responsable a la autoridad que emitió la orden de aprehensión que en esta vía se combate, aun y cuando fue debidamente enterado de su participación, jurídicamente no es posible analizar la constitucionalidad del acto que reclama en este juicio, puesto que al no haberse llamado a juicio a la autoridad que lo emitió, se dejaría a esa autoridad en completo estado de indefensión al no darle la oportunidad de apoyar la constitucionalidad de su actuación. Apoya lo anterior la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, registro 207510, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 242, que a la letra dice: QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. NO PUEDE ABARCAR LA ALTERACION DEL ACTO RECLAMADO IMPUTANDOSELO A UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA SEÑALADA. Aun cuando en materia penal debe suplirse la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, ésta no opera para ser alterado el acto reclamado imputándosele a determinada autoridad, sino que tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el quejoso haya incurrido al formular los conceptos de violación en su demanda de garantías, o incluso formularlos ante la ausencia de estos, pero sujetándose estrictamente al señalamiento que aquél hubiera hecho de los actos y autoridades responsables. Asimismo, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 202562, página 567, del siguiente contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, al no estar quien suscribe, en posibilidad de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio constitucional, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Es acorde a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/96, de la Novena Época, registro 200588, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Materia Común, página 250, del rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************en relación los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ****************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *************. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 763/2019, por promovido por *******, y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, promovido por *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, en contra de los actos de las diecinueve Agencias del Ministerio Público, delegación de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, a quienes le reclamó las ordenes de aprehensión, detención y presentación emitidas en su contra, así como sus respectivas ejecuciones. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió a trámite la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables, se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (fojas 25 y 26), respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Administradora por sí y en representación del Jefe de Departamento, ambos de la Aduana de Ciudad Juárez, se difirió respecto de una vista que se otorgó a la parte quejosa, señalando para tal efecto fecha y hora, para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el ocho de noviembre del año en curso (fojas 44 a 48), respecto del acto reclamado a la Policía Federal Ministerial adscrita a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad (denominación correcta), se difirió respecto de las autoridades que la parte quejosa denomino como "las diecinueve Células de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, en esta ciudad", por encontrarse transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas concedido para que rindieran sus respectivos informes previos, señalando para tal efecto fecha y hora, para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen efectos materiales dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Inexistencia del acto reclamado. La Célula Primera (foja 52), Célula Segunda (foja 53), Célula Tercera (foja 54), Célula Cuarta (foja 55), Célula Quinta (foja 56), Célula Sexta (foja 57), Célula Séptima (foja 58), Célula Octava (foja 59), Célula Décima (foja 60), Célula Décima Primera (foja 61), Célula Décima Segunda (foja 62), Célula Décima Cuarta (foja 63), Célula Décima Séptima (foja 64), Célula Décima Octava (foja 65), Célula Décima Novena (foja 66), Célula Novena (foja 69), Célula Décima Tercera (foja 70), Célula Décima Sexta (foja 71) y Célula Décimo Quinta (foja 75), todas de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, en sus denominaciones correctas, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba alguna para desvirtuarlos. Por ende, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que la parte quejosa solicitó respecto de los actos reclamados a dichas autoridades. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número 1128, visible en la página 777 del Tomo IV, correspondiente a Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, que aparece publicada bajo el rubro y texto: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Célula Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, en su denominación correcta (foja 56), negó la existencia del acto reclamado, consistente en la expedición de la orden de aprehensión girada en contra del quejoso. Sin embargo, se desvirtúa tal negativa, en virtud de que, como lo indicó la Policía Federal Ministerial adscrita a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe previo (foja 43), el ocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio suscrito por el Titular de la Célula Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República tal autoridad le remitió la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso por diversa autoridad, entonces, es cierto que se emitió una orden de aprehensión en su contra, cuya ejecución también fue encomendada a la referida autoridad. Tercero. Se resuelve sobre la suspensión definitiva. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva que solicita el accionante del amparo, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que a la referida autoridad responsable le fue reprochada la ejecución de la orden de aprehensión emitida en su contra, mandato que, resultó ser cierto. En efecto, en el informe previo, rendido por la Policía Federal Ministerial adscrita a la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, dicha autoridad aceptó la existencia de una orden emitida en contra del quejoso, hecha de su conocimiento por la Célula Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, por la probable responsabilidad del aquí quejoso, en la comisión del delito previsto en el artículo 103, fracción II, con relación al diverso 104, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación; dichos numerales, son del siguiente tenor: Artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando: I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país. II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior. Artículo 104. El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión: I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $1,243,590.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de $1,865,370.00. (.) Es decir, de dichos numerales se colige que el delito por el cual se emitió la citada orden de aprehensión, fue por el de contrabando, de conformidad con los artículos en cita. Ahora bien, en el caso, se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Al respecto, el dispositivo 166 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. De la intelección de dicho numeral se desprende que en caso de que se reclame una orden de aprehensión (y otras) dictada por autoridad competente, se estará a dos hipótesis para la concesión de la medida cautelar instada: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional -o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales, o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, así como la ley en materia de delincuencia organizada-, es decir, por los cuales el Ministerio Público invariablemente deba solicitar prisión preventiva y el Juez de Garantía o Juez de Control, según el caso, no pueda dejar de imponerla, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que la autoridad responsable señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal, para los efectos de su continuación; Sin embargo, tratándose de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad. En el caso, el delito que le es atribuido al aquí quejoso, no es de los que conlleva prisión preventiva oficiosa, al no encontrarse contemplado en las conductas ilícitas que se señalan en los numerales invocados supra líneas. De tal suerte que, lo procedente es conceder en favor del quejoso la suspensión definitiva para el efecto de que no sea privado de su libertad con motivo del mandato reclamado. En este caso, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se imponen al quejoso como medidas de aseguramiento, las siguientes: 1. Deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo acreditarlo ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de esta medida de aseguramiento; y, 2. Deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Lo previo, en la inteligencia de que si incumple las medidas de aseguramiento indicadas, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo, ya invocado, Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que a) el delito que le es atribuido al quejoso, es el de contrabando, tratándose, en específico, b) por la aparente conducción de un vehículo extranjero fuera de una zona de veinte kilómetros a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación debida, como se desprende de los numerales aducidos por la oficiante, ya transcritos, pero no se conocen mayores particularidades del caso, ni la situación económica del quejoso, por lo que, el que suscribe, estima prudente fijar al quejoso una garantía por la cantidad de *******, la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Esta medida cautelar surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136, primer párrafo de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la quejosa no exhibe la garantía fijada dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, en cualquiera de las formas que establece la ley. En efecto, si el quejoso opta por póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada al quejoso" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 763/2019; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". Por lo expuesto y fundado, se; Resuelve: Primero. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo. Se concede a *******, la suspensión definitiva que solicitó, contra el acto reclamado a la Célula Quinta de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, que contiene los informes remitidos por el Titular de la Célula Décimo Quinta, de la Unidad de Investigación y Litigación, de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la citada localidad; respecto del informe justificado, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo. Relaciónese lo anterior al momento de verificar la audiencia constitucional, de conformidad con el dispositivo 124 de la legislación en mención. Provéase lo conducente en el cuaderno incidental, derivado del presente asunto. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha se encuentra determinada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. Empero, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, ya que se desprende que se encuentra en curso el término de quince días otorgado a la parte quejosa, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo en términos del auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 39). Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve, para dar margen a lo anterior. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la copia del oficio remitido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, que contiene el informe previo remitido por el Titular de la Célula Décimo Quinta, de la Unidad de Investigación y Litigación, de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la citada localidad; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.
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