Erick Cardiel Morales
Expediente 342/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Cardiel Morales
- Erick Cardiel Morales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintisiete de junio del año en curso, en la cual se negó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintisiete de junio del año en curso, en la cual se negó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no contiene información clasificada como reservada según los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ni las partes entregaron información con carácter de confidencial, en términos del numeral 97 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el mismo día, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, previa aclaración de la demanda, se admitió a trámite, la cual quedó registrada como *******; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a la parte tercero interesada y, finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el acto que se reclama lo constituyen: El auto de vinculación a proceso pronunciado contra el quejoso, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal 542/2017, por su probable participación en la comisión de hechos constitutivos del delito de abuso sexual, con penalidad agravada. Para la fijación de los actos reclamados, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos aceptó haber emitido el auto de vinculación a proceso de veintiuno de marzo de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal *******. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió copia autorizada del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******, así como del registro de audio y video de las audiencias de control de detención, formulación de imputación, de la audiencia de vinculación a proceso, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia que deban ser analizada, ni este juzgador advierte que se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa. QUINTO. Conceptos de violación. Dadas las particularidades del caso, se estima necesario realizar la transcripción de los conceptos de violación expresados por el quejoso, en los siguientes términos: I. Me causa agravios, el hecho que la autoridad aplicó inexactamente la ley, sin tomar en cuenta, que existe una insuficiencia de datos indiciarios para acreditar este hecho atribuido; por la representación social. En primer lugar, hay una serie de inconsistencias en las narrativas que hizo la menor víctima, que fuertemente afectan su credibilidad, por lo siguiente: a) Su versión original en el parte de la secretaria de seguridad publica en lo que importa dijo; Pasamos por una casa sola para llegar a la tienda a comprar tortillas y un señor me jalo de mi mano, me enseño su "piril", porque su short lo traía abajo, le dijo a mi hermano esperala afuera, le dio a mi hermano cinco pesos, me puso su "piril" en mi parte, porque él se movía muchas veces, no me quito la ropa. b) Su segunda versión es diversa ante la Representación social en lo que importa dijo; Cuando pasamos por las tapias estaba un muchacho que yo conozco porque es mi vecino de la casa verde que está a un lado de la tapia, que se llama *******, el me jalo de las manos y me llevo adentro de la tapia, primero me pego aquí en mi pierna izquierda, con el puño porque traigo un moretón, me pego en el brazo, primero me toco con sus dedos la vagina, me pego en la cara, luego me soltó. c) Su tercera versión es diferente ante el informe de agresiones sexuales en lo que importa dijo; Un muchacho me toco con sus dedos, puso el pene en mi parte con todo y ropa, me golpeo en la pierna y me pellizco en la mano izquierda. d) Su cuarta versión es cambiada ante el informe psicológico en lo que importa dijo. Mi vecino me jalo de las manos y me metió a la tapia, me pego con el puño en la pierna y me dio una cachetada, fue por encima de mi ropa, yo le grite a mi mama, ella no me oyó porque estaba dormida, esto también me lo hace mi hermanito ******* y mi mama lo regaña. Esto es, se advierte que hay inconsistencias en las cuatro versiones, que afectan su veracidad, por consiguiente, es poco eficaz su dicho, por ello, la declaración de la menor víctima carece de fuerza para generar convicción y resulta insuficiente para incriminar al imputado, porque su declaración por si sola resulta insuficiente para fundar un auto de vinculación a proceso, al estar plagada inconsistencias, por ser no idónea e insuficiente para determinar la existencia de hecho que la ley señala como delito, revelando que el dicho víctima es impreciso, colocándola en la posición de persona no digna de crédito, por verse afectada su credibilidad, lo que genera este tema la duda. En cuanto, a la AGRAVANTE, En primer término, para la procedencia de esta gravante es necesario que existan datos objetivos de indicios que demuestren la edad de la menor víctima ya que la representación fue omisa en introducir la edad y/o fecha de nacimiento de la menor víctima, más aun, la carga de la prueba le corresponde a la representación social, por ello, no quedo acreditado a través de un documento idóneo su edad y/o fecha de nacimiento esta agravante es improcedente al tenor de la ley, al no haberlo apreciado así la autoridad responsable vulnero los artículos 14 y 16 de la Constitución. II. Me causa agravios, el hecho que la autoridad aplicó inexactamente la ley, sin tomar en cuenta, que el dicho de la menor víctima resulto ser aislado y singular, más aún, la serie fotográfica que fue incorporada en la audiencia de vinculación a proceso, le otorgo valor indiciario en EXCESO, sin examinar que las imágenes contenidas en esas fotografías echan por tierra el dicho de la menor víctima. Sin lugar a dudas, esas imágenes, se refieren a otro lugar diverso al que relato la menor víctima, primeramente porque no es una tapia, es un casa habitación, no está contigua a la casa del hoy quejoso, aparte es una casa que está cerrada, más aun, no se incorporó la vestimenta de la menor víctima que refiere la madre que estaba la ropa orinada, no hay cadena de custodia de esa vestimenta. Es de hacerse notar, que todos los datos indiciarios presentados por la Representación social, no se encuentran reforzados con otros datos, capaz de producir convicción y certeza en el Juzgador en cuanto a mi probable responsabilidad penal, por lo que existiendo presunción e insuficiencia de elementos indiciarios, sobre mi responsabilidad penal. Con independencia de lo anterior, se debe aplicar en mi favor el principio pro reo, y ante datos insuficiente en relación a mi participación en los hechos imputados sin lugar a dudas, se debe presumir su inocencia conforme lo establece la Convención Americana sobre Derechos Rumanos (Pacto de San José de Costa Rica), el cual regula el principio de presunción de inocencia, y al ser un tratado internacional D.P. 412/2011, aunado a que le corresponde al Fiscal de la Federación la carga de la prueba en relación a la plena responsabilidad penal, en apoyo a lo anterior citó las jurisprudencias y tesis aisladas de rubros, 1.2oPj/54 (sic), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 28 marzo de 1994, Materia Penal, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, y su gaceta, bajo la voz; DUDA Y PRUEBA INSUFICIENTE, DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE. -PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DÉ MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. -DUDA SOBRE .LA RESPONSABILIDAD DEL REO. Y RESPONSABILIDAD DUDOSA. Por otro lado, no quedó debidamente integrada la prueba circunstancial, pues existen elementos de prueba contradictorios, el cual nos transporta al entendimiento que no quedó demostrada en forma probable mi responsabilidad penal, de ahí que, la prueba indiciaria no opera en el presente caso, pues no es apta para suplir deficiencias de datos de cargo, al respecto citó las tesis aisladas de rubros: PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. NO PUEDE INTEGRARSE PARA CONSIDERAR DEMOSTRADA. EN FORMA PLENA LA MATERIALIDAD DEL ILÍCITO, SI EXISTEN UNA SERIE DE INDICIOS QUE NO FAVORECEN AL ACUSADO, Y OTROS QUE LO BENEFICIAN (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)., PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA EN MATERIA PENAL. SÓLO DEBE HACERSE USO DE ELLA CUANDO EXISTAN HECHOS ACREDITADOS QUE SIRVAN PARA PRESUMIR LA EXISTENCIA DE OTROS Y O PARA SUPLIR LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS QUE PUEDAN RESULTAR CARENTES DE VERACIDAD EN PERJUICIO DEL REO; y PRUEBA EN MATERIA PENAL. Ahora bien, en cuanto a que, se debe observar el principio de "presunción de inocencia", al respecto debe decirse que: conforme a lo dispuesto en los ordinales 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, numeral 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el diverso 8, punto 2, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y de acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en tomo al principio de "presunción de inocencia", también reconocido por nuestra Carta Magna, en su redacción vigente, al realizar una interpretación sistemática de los ordinales 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 21 párrafo rimero y 102 apartado A, párrafo segundo. Así como los criterios establecidos en diversos casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es criterio general que la presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales e implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que Onus Probandi le corresponde a quien se le imputa, en este caso al Fiscal, aunado a que dicho principio exige que una persona no puede ser juzgada mientras no exista datos objetivos sobre su responsabilidad penal. En Apoyo a lo expresado se cita la tesis de jurisprudencia 3/97, sustentada por la Primera Sala de Justicia de la Suprema Corte de la Nación, inscrita en la página 223, tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: PRUEBA INDICIARIA COMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL (la transcribió). Sobre el particular, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXXV/2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el Epígrafe; PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (la transcribió). En este tenor, debe de estimarse que, los principios constitucionales del debido proceso penal legal y el imputado resguarda en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar que el gobernado NO este obligado a probar la ilicitud de su conducta cuando se le se le imputa la comisión de un delito, en tanto, que el imputado no tiene la carga de la probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce a priori, tal estado, al disponer expresamente que es el Ministerio Publico quien le incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado. III. Me CAUSA AGRAVIOS, el hecho que la autoridad aplico inexactamente la ley, ya que si bien es cierto la autoridad responsable tuvo por acreditado el hecho delictuoso en comento con varias probanzas, las cuales no refirió, ya que se limitó manifestar "De acuerdo con los antecedentes de la investigación que expuso el fiscal al respecto"; luego que, concluyo que en ellas se acredita el ilícito de que se trata, pero no especificó con cuales medios de indiciarios demostró cada uno de los elementos, así como que valor le corresponde a cada uno de los medios de convicción, lo que era necesario para cumplir con los requisitos de forma que el artículo 16 de la Constitución General de la República. Por tanto, es evidente que dicho auto no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues de igual manera fue omiso en determinar con precisión el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se le imputan al hoy quejoso. Además, cabe precisar que para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere que se cumplan con estas formalidades de fundamentación y motivación, a fin de que el gobernado este en posibilidad de conocer con precisión lo motivos y las razones legales que se tuvieron en cuenta para emitir este acto de autoridad y así, estar en posibilidad de conocer con precisión todos los elementos de hecho delictivo que se le imputa, así como las probanzas que se tomaron en cuenta para, en su caso, poder rebatir el origen de la causa penal. En los términos anteriores, es inconcuso que se transgredió en contra del quejoso la garantía exacta aplicación de la ley prevista en el artículo 14 y 16 constitucional, esto es, las resoluciones no debe inferirse en base en apreciaciones subjetivas, sino deben de estar debidamente fundadas, motivadas para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del imputado, es por ello, la resolución que hoy se combate no se cumplió a cabalidad en su legalidad, es decir, esta resolución resulta ser anticonstitucional. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Como cuestión previa, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional Procedimientos Penales, el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante él en la audiencia de ley. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, principio que se encuentra implícito en los artículos 217 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al cual el Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, de las constancias que obran asentadas en el auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal *******, que constituye el acto reclamado, así como de los registros de audio y video de la audiencia celebrada ante ese Tribunal, se desprenden los siguientes antecedentes relevantes: 1. El trece de marzo de dos mil diecisiete la menor de iniciales *******, fue a la tortillería y de regreso al pasar por una tapia, (la víctima que entiende por tapia una casa en donde no vive gente), un muchacho que vive en la casa verde y que se llama ******* (quejoso), la jaló de la mano y luego le pegó con sus manos en la pierna izquierda que esta persona le hizo tocamientos con sus dedos en la vagina y que luego el sujeto se sentó en el piso y la sentó sobre sus piernas, queriéndole meter su pene en la vagina pero que él no se quitó la ropa ni le quito la ropa a la menor víctima y refirió que ******* es alto y moreno con bigote. 2. Luego de lo sucedido la menor se lo comentó a su madre de *******, quien el catorce de marzo del año en curso, presentó la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público 3. Con motivo de esos hechos, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra el ahora quejoso por la comisión del delito de abuso sexual, con penalidad agravada, previsto y sancionado por los artículo 174 párrafo primero, del Código Penal Vigente en el Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la persona cuyo nombre tiene las iniciales *******. 4. Al resolver la situación jurídica del imputado, el veintiuno de marzo de julio de dos mil quince, el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso contra el impetrante del amparo, al considerar que, hasta ese momento, se encontraba demostrado el hecho constitutivo de aludido ilícito, así como la probable autoría que se atribuyó al quejoso. Para arribar a tal conclusión, consideró: 4.1 El artículo 174 el primer párrafo indico del Código Penal del Estado, el cual textualmente refiere lo siguiente ¨A quien sin el propósito de llegar a la copula ejecute un acto sexual a una persona menor de catorce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a observarlo o ejecutar dicho acto se le impondrá una pena de tres a diez años de prisión y de doscientas a cuatrocientas días de multa. 4.2 El aludido delito contempla que a quien sin el propósito de llegar a la copula ejecute un acto sexual a una persona menor de catorce años, por tal motivo, la Fiscalía consideró que se acreditaba la agravante del delito. 4.3 Enseguida, al analizar los antecedentes que le fueron expuestos, los valoró conforme a las reglas establecidas en los artículos 263, 265, 320, 356 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tuvo por acreditado a nivel presuntivo que sobre la víctima -menor de edad- se ejecutó un acto de carácter sexual, a través de tocamientos y frotes en su área genital, específicamente en su vagina,. 4.4 Para arribar a tal conclusión confirió valor preponderante al dicho de la víctima, en razón de que de la declaración de la víctima no puede ser una fantasía de su imaginación, ya que en el mismo sentido lo expuso ante la psicóloga así como ante su madre y ante el propio Agente que llevo a cabo la entrevista, en ese orden de ideas dio credibilidad a estos datos de los que destacan los aspectos neurálgicos de la circunstancias del hecho ya que al menos hasta ese estado procesal no advirtió motivo por el cual la menor víctima se condujera con falsedad por el contrario, expresaba razones para poder considerar con alto de certeza que efectivamente padeció el hecho el cual fue ampliamente descrito. 4.5 Con relación a que esos hechos se cometieran amplificados en cuanto a su responsabilidad, estableció que a pesar de que la Agente del Ministerio Público no acreditó que menor era menor de catorce años, la defensa en sus argumentos refirió que la víctima contaba entre seis y siete años de edad. 4.6 Finalmente, en cuanto a la probable participación del señor Eric Cardiel Morales, en los hechos que han quedado establecidos, en contra del activo pesaba el señalamiento que de manera clara, directa y eficaz formuló la víctima; lo que corroboró con el testigo CARLOS ADRIÁN PUCHETA, quien refirió que el día de los hechos acompañaba a la víctima y ver los hechos realizados por el quejoso; así como con el testigo de descargo MAURICIO EDUARDO RANGEL SALAZAR quien corroboró el lugar de los hechos y el domicilio del ahora quejoso; la valoración de GABRIEL HERNANDEZ SANCHEZ el catorce de marzo quien concluyó que la menor no presenta desgarros, ni presentes ni actuales ni antiguos, que no existió en ningún momento el deseo de copula; por su parte la perito NORA DEL RIO MAGALLANES quien entrevistó a la menor víctima concluyó que la menor presenta una alteración emocional leve; circunstancias que ubican en el lugar en el cual la víctima describió que fue atacada sexualmente, todo lo que le generó al Juzgador convicción de que los hechos fueron ejecutados probablemente por el ahora quejoso. 5. Inconforme con esa determinación, el quejoso promovió el juicio de amparo origen de esta sentencia quien expreso los conceptos de violación precisados en el considerando cuarto de esta resolución. Como se expuso al inicio del presente considerando, los conceptos de violación expresados son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para tal efecto, este Juzgador realizará un análisis del acto reclamado en torno a la determinación que se adoptó respecto a la acreditación de los hechos que la ley tipifica como configurativos del delito de abuso sexual agravado y su probable participación en la comisión de aquél. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, de febrero de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: A. Formulación de la imputación El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del accionante del amparo; por ende, se satisfizo el primer elemento para la emisión del auto de vinculación reclamado. B. Rendición de la declaración preparatoria del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar En la audiencia de formulación de imputación celebrada el dieciséis de marzo del año en curso, el ahora quejoso se abstuvo de rendir su declaración preparatoria; de ahí que en este aspecto, también se hayan respetado los derechos del impetrante. C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C.1. Hecho que la ley señale como delito. Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo debe constatar que el Juez de Control haya realizado un examen sobre el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Febrero de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. En el caso, el Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de abuso sexual, con penalidad agravada, a que se contrae el artículo 174, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, a partir de los siguientes datos de prueba: Recabadas por el Agente del Ministerio Público, en la carpeta de investigación: La denuncia realizada por ******* la madre de la víctima, de iniciales *******. Acta de nacimiento de la menor víctima *******. Testimonio de ******* (testigo). Certificado médico realizado por la doctora *******. Pericial Psicológica realizada por *******. Fotografía de la vivienda ubicada en vivienda se ubica bajo el *******. Ofrecidas por la defensa, ante el Juez de Control: 1. Testimonial a cargo de *******. El Juzgador responsable valoró tales datos de prueba conforme a las reglas establecidas en los artículos 263, 265, 272, 273, 320, 356 y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consideró que se encontraba acreditado a nivel presuntivo que sobre la víctima -persona menor de edad- se ejecutó un acto de carácter sexual, a través de tocamientos y frotes en su área genital, específicamente en su vagina. Para tal efecto, confirió valor preponderante al dicho de la víctima, porque no sospechó que se condujera con falsedad y, por el contrario, el Juez de Control consideró que existían razones para poder considerar, con alto grado de certeza, que efectivamente se ejecutaron sobre su persona los hechos atribuidos al aquí quejoso. Lo anterior, fue relacionado con lo declarado por *******, quien es hermano de la víctima y la acompañaba en el momento en que se perpetraron los hechos, dado que el testigo dio informe de que el ahora quejoso metió a la víctima a una tapia (o casa abandonada); además, señaló que el activo le dio dinero para que se fuera del lugar, pero pudo observar que el imputado se sacó el "pilin" (refiriéndose al pene) y se lo puso en la vagina de su hermana, después observó por la puerta de la "tapia" que su hermana estaba temblando. Lo así considerado permite colegir que el Juez de Control estableció con acierto, que de la investigación se deducían datos que permitían establecer que cometió un hecho que la ley penal del Estado señala como delito, debido a que la ley sanciona a quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años; razón por la que, en este aspecto, no se lesionaron los derechos del quejoso, porque la conducta que se le atribuye se encuentra regulada en la ley como delito. En esa medida, estima apegada a derecho la apreciación del Juez de Control al considerar que existían hechos configurativos del delito de abuso sexual, previsto en el artículo 174, párrafo primero, del Código Penal en el Estado de Chihuahua, que establece, en lo conducente, que ese delito se configura cuando una persona, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecuta un acto sexual sobre una persona menor de catorce años, que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo; o bien, la obligue a observar o ejecutar dicho acto. De esta manera, adversamente a lo que sostiene el quejoso, el Juez responsable correctamente estimó acreditada la existencia de una acción de orden sexual distinta a la cópula, que fue ejercida sobre la sujeto pasivo menor de edad, pues los datos de prueba que le fueron narrados permitían establecer, en el estándar probatorio que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que existieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se ejecutó sobre una persona menor de edad un acto de carácter sexual, distintos de la cópula, a través de tocamientos lascivos en su área genital (vagina), el trece de marzo de dos mil diecisiete. En esa medida, es infundado lo argumentado por el quejoso en el sentido de que existió insuficiencia de datos de prueba para acreditar el hecho que le fue atribuido; pues, como se analizó existió la imputación directa de la víctima y el testimonio de ******* (hermano de la víctima) quien presenció los hechos, porque era la persona que la acompañaba en el momento en que se perpetraron los hechos y logró verlos por sí mismo, lo cual es suficiente en esta momento procesal bajo el estándar constitucional que exige la emisión de un auto de vinculación a proceso; máxime que en los delitos sexuales, la declaración del ofendido tiene, como indicio, un valor preponderante, en razón de que para cometerlo, el infractor procura la ausencia de testigos, tal como se narró por el juez responsable y, desde esta perspectiva, se le debe dar crédito a lo declarado por la víctima, de quien no advirtió mendacidad en su declaración, de ahí que lo manifestado por el sujeto pasivo tiene especial relevancia, máxime que se encuentra corroborada con otro dato de prueba, consistente en el testimonio de una persona que también presenció hechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 151/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 154/2004-PS, publicada en la página 11, del Tomo XXIII, de Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor: ABUSO SEXUAL. ELEMENTOS PARA SU CONFIGURACIÓN. Debe señalarse que en el caso del delito de abuso sexual, la expresión acto sexual debe entenderse como cualquier acción dolosa con sentido lascivo que se ejerza en el sujeto pasivo, sin su consentimiento, el cual podría ser desde un roce, frotamiento o caricia, pues el elemento principal que se debe valorar para considerar que se actualiza el delito en mención, es precisamente la acción dolosa con sentido lascivo que se le imputa al sujeto activo, de tal manera que un roce o frotamiento incidental ya sea en la calle o en alguno de los medios de transporte, no serían considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costa del sujeto pasivo. En ese sentido y toda vez que la ley penal no sanciona el acto sexual por la persistencia, continuidad o prolongación de la conducta (tocamiento), sino por la imposición del acto lascivo, el cual debe ser examinado en el contexto de la realización de la conducta intencional para obtener aquel resultado, es indispensable acreditar esa intención lasciva del sujeto activo, independiente del acto que realice. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen XII, Segunda Parte, materia penal, página 159, de siguiente tenor: OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO (DELITOS SEXUALES). En los delitos sexuales, la declaración del ofendido tiene, como indicio, un valor preponderante, en razón de que para cometerlo, el infractor procura la ausencia de testigos; en esta virtud, cuando la imputación de la víctima se encuentra corroborada por otros elementos de convicción, se configura la prueba indirecta, bastante para fundar la responsabilidad del acusado. Asimismo, deviene infundado lo aducido por el impetrante en el sentido de que existieron inconsistencias en las cuatro versiones que expresó la víctima en diferentes momentos, lo que desde la perspectiva del quejoso afecta su veracidad; sin embargo, adversamente a lo que afirma en sus conceptos de violación, el núcleo esencial de los hechos que se atribuyeron al imputado permanece incólume, en las versiones que el propio quejoso destaca, dado que los hechos que la ley reputa como delitos consiste en que el activo ejerció un acto de carácter sexual, que sin el propósito de llegar a la cópula, implicó la ejecución de tocamientos y frotes en su área genital, específicamente en la vagina de la persona menor de edad. De esta manera, el que el imputado destaque algunas aparentes contradicciones en la mecánica de los hechos, no son tales, pues la descripción esencial de que el activo la jaló de la mano y la introdujo en una casa abandonada -que también denominó como "tapia"-, donde el activo de mostró el pene y posteriormente se lo colocó sobre la ropa, a la altura de su "parte" (vagina), permanece en las declaraciones de la víctima; y si bien agrega distintos eventos, tales como los golpes o pellizcos, éstos aspectos son irrelevantes al ser ajenos a la descripción legal que se atribuye al ahora quejoso; por tanto, de manera contraria a lo que refiere el imputado, el dicho de la quejosa era eficaz para generar convicción en el Juzgador y resultó suficiente tener por acreditados los hechos que la ley reputa como delito. Mas aún, como bien señaló la responsable, si el domicilio donde ocurrieron los hechos se trata o no de una tapia, lo cierto es que es un domicilio que se encuentra deshabitado y que permite tener libre acceso, porque no se encuentra delimitada ni con barda ni con ningún tipo de herraje si no por el contrario los accesos de puertas y ventanas se encuentran libres, como lo señaló el testigo de descargo, *******, esa casa está abandonada es una casa color blanco colinda la derecha de esta con una casa abandonada y luego la casa de quejoso, con lo cual quedan desestimados los argumentos que hizo valer el abogado defensor. Aunado a ello, es infundado lo que argumenta en el sentido de que lo manifestado por la víctima constituye una declaración aislada; pues, como se ha señalado, el Juez de control la adminiculó con otros datos de prueba, en especial, la declaración de un testigo presencial. Desde esta perspectiva, también es infundado lo que se aduce en torno a que el dicho de la menor víctima resultó ser aislado y singular, más aún, pues no sucedió de esa manera, como se ha relatado en el presente considerando. Asimismo, es infundado lo que el quejoso aduce en torno que la serie fotográfica allegada a la audiencia de vinculación, se refieren un lugar diverso al que relato la menor víctima, al considerar que no se trata de una "tapia", sino de una casa habitación; que no está contigua a la casa del quejoso y que está cerrada; se trata de argumentos que no modifican la existencia de los hechos que se le atribuyen al impetrante, ni que modifican el lugar en el que ocurrieron, porque el vocablo con el que se denominó al lugar donde ocurrieron los hechos, no es indicativo de que aquéllos no hayan acontecido, porque la denominación de un objeto obedece al conocimiento del sujeto que lo describe y no al objeto en sí. En efecto, el determinar que el lugar en que se atacó a la víctima constituye una "tapia" o una "casa abandonada", obedece a un elemento de valoración cultural propio de quien emite la descripción, sin que ello implique necesariamente que se trate de lugares diferentes, porque la descripción de un objeto o lugar obedece a la cosmovisión de cada individuo, máxime cuando se trata de personas menores de edad que, por regla general, tienen un vocabulario limitado, acorde con el de su edad; de ahí que el que se haya denominado como "tapia" a una "casa abandonada", la cual sí existe y es próxima a la casa del imputado, es suficiente para tener por acreditado a nivel presuntivo el lugar de comisión de los hechos bajo análisis. Aunado a lo anterior, no debe ser inadvertido que el testigo de descargo, *******, ubicó el domicilio del quejoso continuo al lugar de los hechos; incluso, el propio defensor indicó que en la fotografía ofrecida como dato de prueba, se advertía el pasillo trasero de la vivienda de la víctima, del cual se podía llegar al domicilio donde la menor señaló que sucedió el hecho; por ende, contra lo sostenido en los conceptos de violación, no puede estimarse que carezca de eficacia demostrativa el dicho de la víctima, pues se encuentra corroborado con diversos datos probatorios, ni mucho menos que se haya otorgado un valor preponderante a la serie fotográfica incorporada en la audiencia de vinculación a proceso, pues con ellas no se logra desvirtuar la existencia de los hechos que el Juzgador consideró constitutivos del delito de abuso sexual; de ahí sean infundados los argumentos que vierte en este sentido. Apoya la anterior consideración, analógicamente, la tesis aislada 221, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2000), quinta época, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, materia penal, página 163, del siguiente tenor: OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL. Es inatendible el argumento que niega valor probatorio a la declaración del paciente del delito, pues tanto equivaldría a sostener que era innecesario en la investigación judicial, el examen de la víctima de la infracción. En estas condiciones, la prueba de responsabilidad de determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos, se dificultaría sobremanera, pues de nada serviría que la víctima mencionara el atropello, si no se le concediera crédito alguno a sus palabras. La declaración de un ofendido tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas recabadas durante el sumario; por sí sola podrá tener valor secundario, quedando reducido al simple indicio, pero cuando se encuentra robustecida con otros datos de convicción, adquiere validez preponderante. También resulta infundado lo que aduce el quejoso en lo relativo a que el Juez fue omiso en determinar con precisión el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que se le imputan al hoy quejoso; pues al respecto, la responsable precisó: [.] En conclusión se advierte que hasta este momento procesal se encuentra claro que el día trece de marzo del año en curso entre las diecinueve veinte horas y diecinueve treinta cinco horas, una persona del sexo masculino en el interior del inmueble ubicado en ******* realizo en la pasivo un tocamiento de índole sexual ello sin querer llegar a la copula únicamente para satisfacer su deseo sexual [.] Por otro lado, lo aducido en torno a que no se incorporó la vestimenta de la menor víctima, que la madre de ésta refirió se encontraba orinada, porque no hubo cadena de custodia de esa vestimenta, es irrelevante para los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso, porque en nada influye esa circunstancia, al ser un elemento ajeno a los hechos descriptivos del delito; en esa medida, es infundado lo que se aduce en torno a este aspecto. También es infundado lo alegado por el quejoso en torno a que la autoridad responsable no refirió las probanzas con las que tuvo por acreditado los hechos constitutivos del delito; porque adversamente al dicho del impetrante, el Juzgador sí especificó los datos de prueba que tomó en consideración para emitir el auto de vinculación a proceso, así como la información que de cada uno se deducía y la eficacia demostrativa que implícitamente les reconoció; de ahí que también sea desacertado lo que el quejoso arguye en este aspecto. Aunado a lo anterior, es necesario precisar que acorde con el artículo 19 constitucional, el estándar probatorio que se exige al Juez de Control para el dictado del auto de vinculación a proceso no es igual que el que se exige para el dictado de una sentencia -como se sugiere en la esencia de los conceptos de violación-, sino que es más laxo, sin que ello llega al extremo de diluir el control judicial de los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público para ejercer acción penal. En efecto, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)", el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso, el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador con datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado; es decir, que con un estándar bajo de prueba se pueda determinar que existe el hecho y que es probable que el imputado participó en él, además de la ponderación jurídica de que el hecho se tipifica como delito en la ley; sin que tales datos constituyan prueba fehaciente para ser tomados en cuenta al dictar la sentencia pues en ese caso únicamente se pueden tomar en consideración las que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. De lo anterior, se concluye que para demostrar el estándar probatorio necesario en el juicio natural, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Desde esta perspectiva, este Juzgado de Distrito comulga con lo determinado por la autoridad responsable, porque contra lo sostenido por el quejoso en torno a que los datos indiciarios presentados por la Representación social no se encuentran reforzados con otros datos, capaz de producir convicción y certeza en el Juzgador, en esta etapa del procedimiento los datos de prueba que se pusieron al conocimiento del Juez de Control resultaron aptos y suficientes para tener por acreditada la existencia de hechos que la ley considera como el delito de abuso sexual, pues basta con analizar los elementos materiales del ilícito en cuestión. Asimismo, es infundado lo argumentado por el quejoso en lo relativo que los hechos que se le atribuyeron, adicionalmente, actualizan una agravante; en primer término, porque el delito que se le atribuyó no prevé una agravante, sino que se trata de un delito específico. Ahora, conviene destacar que si a lo que pretende referirse el imputado es a que no se demostró la edad de la víctima, ello también resulta infundado porque ese hecho no fue materia de controversia en la audiencia de vinculación y, por ende, resultaría ocioso exigir que se introdujera un dato de prueba que revelara objetivamente la edad exacta de la menor de edad, toda vez que, en el particular, como consideró el Juez responsable, fue el propio abogado defensor quien, al verter sus argumentos en cuando menos dos ocasiones, refirió que la víctima cuenta entre seis y siete años de edad; de ahí que no se trataba de un hecho que, bajo el estándar probatorio que se exige para el dictado del auto de vinculación a proceso, se requiere que quede fehacientemente acreditado, tan es así, que la edad de la víctima no fue materia de controversia; de ahí que se deba tener por correctamente acreditados los hechos que configuran el delito de abuso sexual en la hipótesis que establecer el artículo 174, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. C. 2. Probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito. En la especie, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar: [.] El señalamiento que hace la menor ******* la cual refiere que el día trece de marzo del presente año al regresar de la tortillería junto con su hermano ******* su vecino al que señala como el vecino ******* de que vive en la casa verde y es el de los gallos la jalo y la metió a lo que ella refiere tapia y que identifica como casa sin gente y ahí le realizo los tocamientos ya descritos ampliamente en esta audiencia; 2. Dato que se encuentra corroborado justamente con el menor presencial *******, quien en esos momentos justamente era acompañado de la menor víctima o este acompañado de la menor víctima y se dirigían ya hacia el domicilio después de haber ido a la tortillería y refiere que ******* metió a su hermana a las tapias y que él vio por la puerta y cabe hacer mención lo siguiente al pasarse las serie fotográfica por petición del abogado defensor se advierte: a. Por el lado frontal por el lado que da a la calle justamente la vivienda se ubica bajo el número ******* como ya vimos y; b. Ubico pude presenciar que presenta ausencia de ventana y ausencia de puerta es decir se encuentran los huecos, también se advierte que no hay algo de escombro en el frente por el lado trasero advertí o este Tribunal como los demás pudieron verlo únicamente dos huecos que al parecer pueden ser dos ventanas, una de tamaño grande en consideración a la otra que es una ventana muy pequeña y como dije anteriormente y el piropo defensor lo advirtió el pasillo que se mostró en la fotografía también ubica o colinda o comunica la casa de la víctima con la casa donde refiere la menor sucedió el hecho y lo cual resulta hasta momento creíble: Que la metiera por la ventana y el menor no estaba impedido para observar el hecho toda vez que no existe ningún impedimento para ver a traces de la puerta como el refirió en su narrativa ante la Agente del Ministerio Público y que además refiere haberle dado dinero lo cierto es que más allá de que el menor primero diga que le dio ******* ******* y que después no le dio, más allá de eso advierte y nos da cuenta de la presencia del imputado a quien eventualmente identifica como ******* el que vive en la casa verde y que cuenta con gallos y que además este señalamiento se encuentra corroborado con lo que dijo ******* quien dijo; 1. Tener su domicilio en ******* esto lo dijo cuándo se individualizo ante este Tribunal de ******* y así se identificó y así lo mostro y así me pude acreditar bajo la credencial del INE que mostré y que las partes no quisieron autentificar los datos posteriormente refiere que su domicilio se encuentra en ******* bajo el numero ******* que queda frente al domicilio o a la tapia o la finca donde pasaron los hechos más allá de esa situación advierte este resolutor que ******* fue claro en decir que no vio ni escucho absolutamente nada en relación a los hechos, que sabe de estos porque el vecino que no recuerda su nombre pero es el que vive a un costado izquierdo de la tapia que menciona que está enfrente de su domicilio que es la cincuenta y uno cuarenta y como este le dijo "cómo vez" refiriéndose justamente a la madre de la víctima quien en ese momento se encontraba pues ya enterada del hecho que le denuncio la pasivo y ******* refiere demostrando un interés hacia el hoy imputado diciendo que "este no pudo haber hecho la conducta que se le atribuye" porque primero tiene hijas y además a mí me cuida mis hijas, y que mi menor hija está muy apegada con él y vierte un dato que corrobora el dicho de los menores vierte que ******* cuenta con gallos y que vive en la casa verde, en ningún momento el defensor pudo combatir aunque dice que la casa contigua de ******* es una casa abandonada efectivamente hay una casa abandonada contigua a la casa de ******* pero en esa casa con inmediatez de continuidad no fueron los hechos si no en una anterior y así lo refirió el propio testigo que dice vuelvo a insistir esta casa refiriéndose a donde sucedieron los hechos está abandonada más allá de que si es una tapia a concepto del defensor lo cierto es que es un domicilio que no se encuentra habitado y que permite justamente el acceso a personas aunque el señor ******* diga que ahí no se mete nadie, lo cierto es que puede tener libre acceso porque no se encuentra delimitada ni con barda ni con ningún tipo de herraje si no por el contrario los accesos de puertas y ventanas se encuentran libres, y vuelvo a repetir lo que dijo ******* esa casa está abandonada es una casa color blanco colinda a la izquierda con una casa habitada del señor que no sé cómo se llama y a la derecha esta; 1. Una casa abandonada y luego la casa de ******* es decir no colinda de manera directa de ahí pues que se venga abajo el argumento que hace el abogado defensor. Este Juzgado Federal comulga con la determinación de la autoridad responsable, porque con los datos de prueba que le aportó el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten concluir que existe la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito de abuso sexual. Esto es así, porque los datos de pruebas que se allegaron a la audiencia de vinculación a proceso permitían establecer la participación del quejoso en la comisión de los hechos bajo análisis, al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa, debido a que, como acertadamente refirió el Juez de Control, existieron circunstancias y datos de prueba que identificaban al quejoso con el agresor de la persona menor de edad, pues se trata de la persona que responde al nombre de *******, también es la persona que tiene "Gallos" y vive de manera próxima al lugar donde se perpetraron los hechos y, por ende, es vecino de la víctima; por ende, con los datos reseñados por el representante social, que al ser adminiculados entre sí, en términos de los artículos 315, 320, 356 y 359, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ponen en evidencia que el imputado -aquí quejoso- probablemente participó en el hecho que se le atribuyó; de ahí que en este aspecto, el análisis practicado por el Juez de Control no lesionó los derechos del quejoso. En ese sentido, es infundado lo que se aduce en torno a que en el acto reclamado no se encuentra debidamente acreditada la posibilidad de que el quejoso intervino en los hechos delictivos materia de la investigación, ya que en esta etapa del procedimiento, solamente debe existir la probabilidad de que el imputado haya intervenido en los hechos que se reputan como delito, sin que exista prueba plena de ello, porque tal calificativa corresponde realizarla en una fase distinta del proceso penal. Asimismo, es infundado lo que aduce el quejoso en torno a que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia; así se sostiene, cuenta habida que tal presunción ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena; por ende, el Juzgador responsable respetó dicho principio, pues si bien el ahora quejoso se encuentra vinculado a un proceso penal, es con el propósito de que el Fiscal pueda demostrar legalmente su culpabilidad y, en su caso, el aquí quejoso desvirtúe las imputaciones que se le han formulado, a lo largo del juicio, sin que en la etapa en que éste se encuentra se le haya sancionado con pena alguna; todo lo cual pone de relieve que el aludido principio de inocencia se ha respetado. De igual modo, es infundado el argumento que no se respetó el principio pro reo, a partir del cual el quejoso pretende que se analice si el Agente del Ministerio Público probó los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado; pues ese examen no es propio del auto de vinculación a proceso, sino, en su caso, de la sentencia que se dicte en el juicio oral y, bajo el estándar probatorio que corresponde a esta etapa del proceso penal, sí existieron datos de prueba, que permiten establecer la probabilidad que el quejoso probablemente intervino en los hechos que se le atribuyen. Tanto más que, como se dejó asentado, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador exponga ante el Juez datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, a través de los que se establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado; por tanto, para satisfacer esa exigencia, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo cual implica que en esta etapa del procedimiento no es factible analizar los elementos subjetivos del ilícito en cuestión, sino únicamente los que se refieren al aspecto material, es decir, al examen de los elementos esenciales y comunes del concepto. En las relacionadas condiciones, para quien resuelve resulta legal la consideración del Juez de Control, porque en este momento procesal, es suficiente tener por acreditada la existencia de hechos que la ley clasifica como integradores del delito de abuso sexual. Es sustento de esta determinación, por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Por otro lado, en lo que refiere en que no quedó debidamente integrada la prueba circunstancial, es infundada tal aseveración, en razón de que el juez de control apreció la suma total de los indicios valuados conforme a los principios de la lógica, de la razón y de la sana crítica, esto es, relacionó todos los datos de prueba para llegar a la conclusión de la posibilidad de que el imputado haya intervenido en la realización de hechos constitutivos de delito; además, que en el caso las datos de prueba que tomó en consideración el juez, hacían innecesario acudir a la prueba circunstancial, toda vez que se trataban de imputaciones directas a la persona del quejoso respecto de hechos que los testigos presenciaron los hechos y ubican el lugar donde pasaron los hechos. Además, el acto reclamado se encuentra correctamente fundado y motivado, en forma adversa a lo que arguye el quejoso, dado que el Juez responsable sí estableció los datos de prueba que tomó en consideración y los preceptos legales en que se ubican las hipótesis en que se confrontan los hechos que se le atribuyen al quejoso, así como la cita de los preceptos legales en que se apoyó para emitir su resolución, y valoró los datos de prueba que se allegaron al procedimiento, tan es así que lo relató dentro de los elementos de prueba de los que se allegó el Representante Social y la misma defensa, para concluir que existía, hasta esta etapa del proceso, la existencia de hechos que se encuentran descritos como delito de abuso sexual agravado y la posibilidad de que el imputado intervino en su comisión; de ahí que, en este aspecto no se lesionaron los derechos del impetrante del amparo. En tal orden de ideas, hasta este estadio procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de abuso sexual, previsto y sancionado en los artículos 174, primer, párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, 18, fracción, I, en una conducta de relación de acuerdo a lo que establece el artículo 17, fracción, I, y en calidad de autor material de acuerdo a lo que establece el artículo 21, fracción, I, del ordenamiento legal invocado, también se ha demostrado la probabilidad de que el quejoso cometió el hecho considerado como delito, pues por sí mismo se le atribuyó, sin involucrar a diversas personas, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos humanos del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación que expresó, sin advertir deficiencia de la queja qué suplir de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal *******. Notifíquese; personalmente a la partes. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, asistido del Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de junio de dos mil diecisiete, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que la suscrita secretaria encargada del despacho, no está facultada para fallar en definitiva, según lo establece el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo la misma se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario *******, licenciado que autoriza y da fe. Doy Fe.
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