Erick Alejandro Molina Domínguez
Expediente 212/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Alejandro Molina Domínguez
- Erick Alejandro Molina Domínguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de abril de dos mil diecisiete. Visto el oficio *******, y anexo que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, por medio del cual anexa el testimonio de la resolución dictada por ese Alto Tribunal, en los autos del juicio de amparo en revisión penal ******* del índice del tribunal oficiante, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo *******, promovido por *******; ejecutoria que de su parte resolutiva se advierte: PRIMERO. Se tiene por desistido a ******* del presente recurso de revisión. SEGUNDO. Queda firme la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Séptimo de Distrito ene l Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo *******. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, y en su oportunidad envíese el juicio al archivo definitivo. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el quejoso *******, téngasele, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a la licenciada *******, por encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo revocando cualquier otro profesionista que se haya señalado con anterioridad Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción. Fracción I, de la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv
- Principal
vista la rzon de la ctiuario se hace efectivo el apertcibimiento y se ordena la notificacion por lista de la parte tercero interesada de la sentencia de la sentencia de quince de julio de dos mil dieciseis que dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de julio de dos mil dieciséis. VISTOS los autos que integran el juicio de amparo indirecto 212/2016-II, promovido por ***. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, remitido el once del mismo mes y año, por razón de turno, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado (según sellos que obran en la foja 2), *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: IV. Acto reclamado: - El "Auto de Vinculación a Proceso" emitido el día 18 de Febrero de 2016 dentro de la Causa Penal 1522/2009 por el Juez de Garantía Lic. ***, perteneciente al Tribunal de Garantía dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Bravos. SEGUNDO. Derechos humanos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 17, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de catorce de marzo de dos mil dieciséis, en lo que aquí interesa, se radicó la demanda bajo el expediente 212/2016 y, previo análisis de los requisitos legales, se admitió a trámite; fue solicitado el correspondiente informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento y se ordenó el emplazamiento a la víctima L.V.S.L., así como a la representación social adscrita a la Unidad Modelo de Atención al delito de Secuestro dependiente de la Fiscalía General del Estado Zona Norte; por último, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación del acto reclamado, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama: El auto de vinculación a proceso pronunciado por el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 1522/2009, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de secuestro, previsto en el artículo 160 del Código Penal en el Estado de Chihuahua (vigente en la época de los hechos, veintinueve de noviembre de dos mil nueve). Para la fijación del acto se atiende a la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe de ley, aceptó la existencia del acto que se le atribuyó. Tal circunstancia, se encuentra corroborada con las constancias que la responsable adjuntó a su informe justificado, consistentes en transcripción certificada del auto de vinculación a proceso reclamado (fojas 40 a 66), así como copia autorizada de los discos ópticos que contienen el audio y video de las audiencias relativas a la causa penal 1522/2009, de las que se advierte que el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el juez de garantía vinculó a proceso al impetrante, por su probable intervención en hechos que la ley considera como delito de secuestro; de ahí que debe tenerse por acreditada la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio del fondo, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser una cuestión de orden público y su estudio es preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, el que resuelve no advierte que se actualice alguna causa de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se advierta oficiosamente; por tanto, en los siguientes considerandos se realizará el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. El impetrante de amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal y en relación a lo dispuesto por la jurisprudencia visible en la página quinientos noventa y nueve, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposición de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además, de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación que se extraen del análisis integral de la demanda de amparo son infundados, sin que exista materia sobre la que deban ser suplidos en su ausencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse del inculpado en un asunto en materia penal, la persona que acude al presente juicio de amparo y que se sintetizan de la siguiente manera: 1. El Juez responsable valoró incorrectamente una entrevista policial que se obtuvo con violaciones legales, no obstante le reconoció valor probatorio. 1.2. En la audiencia de formulación de imputación la agente del Ministerio Público le atribuyó haber custodiado a la menor de edad de iniciales L.V.S.L., en la casa ubicada en calle *** número ***, del fraccionamiento ***, los días veintinueve y treinta de noviembre de dos mil nueve, y que obraban como acusadores la propia víctima, testigos, agentes y coautores. 1.3. En la audiencia de vinculación a proceso, la agente del Ministerio Público expuso once antecedentes o datos de investigación para sostener el hecho ilícito; no obstante, respecto a la probabilidad de participación del quejoso se constriñó en señalar solamente el domicilio en que ocurrió ese hecho como el del lugar en que tuvo residencia el imputado, abonándolo con un dato al que le otorgó categoría de declaración, a cargo de una persona de nombre ***, de apodo "***", en la que señaló que una persona apodado "***", fue quien custodió solo a la víctima. 1.4. Que la declaración de *** resultaba nula, ya que vulneró los preceptos procesales contenidos en los numerales 19, 75, 137, 298 y 133, de la codificación estatal de la materia. Para sostener ese argumento, aduce: Que la declaración fue una "Entrevista a Imputado Detenido", que ocurrió el once de diciembre de dos mil nueve (un mes después del hecho que atañe). Que la misma fue hecha ante un agente de la Policía Ministerial. Que no fue hecha con un defensor presente. Que fue llevada a cabo por estar detenido en diversa situación delictuosa (robo a transeúnte). Que no fue robustecida con la propia declaración que debiera existir ante Ministerio Público. Que no fue grabada en vídeo. 1.5. Que juzgador debió fundar y motivar sus decisiones y, al no hacerlo, vulneró sus derechos, porque: Esa prueba era ilegal, así como nula de pleno derecho, dadas las incongruencias en su conformación y versiones. El acta de entrevista, aparentemente fue elaborada el once de diciembre de dos mil nueve, la misma en la fecha se encuentra ológrafamente, percibiéndose retoque en el mes, al igual que los datos del agente y todo lo demás está en impresión computarizada. La rúbrica que aparece al calce de la última, se percibe diferente a las hechas por Rafael Valles Soto, en diligencias de ese mismo día, que obran en la misma carpeta, por diversa indagatoria por robo a transeúnte, de modo palpable, incluso como lo escribe: "Rafael S". En la conformación de la redacción aduce que desde niño conoce a varias personas y a uno de ellos de nombre "Erick" apodado "El Enano". A finales de octubre de dos mil nueve, el apodado "El Enano", le indicó que le prestaría un automotor Mustang de color rojo, con el que se llevó a la víctima a su hogar. Se percató que privaron de la libertad el apodado "El Huskies y/o Eclipsado" y "El Güero", a la víctima en automotor blanco y la llevaron a la casa del "Enano" y la custodia él solo. El "Enano" dijo que no se llevó a cabo obtención de dinero, por testimonio de oídas del "Huskies", quien eso le informó. Describe a tres personas físicamente, "El Huskies y/o Eclipsado", "El Güero" y al "Enano"; y la descripción de "El Enano" es: veintiséis años aproximadamente, un metro ochenta y tres centímetros de estatura, tez morena, cabello negro, frente amplia, ojos negros, boca grande, orejas grandes, no usa barba ni bigote. 1.6 Durante la audiencia la defensa ofreció como dato de prueba una imagen -que obraba en la carpeta de investigación-, la que se incorporó y reprodujo, mostrándosela al juzgador quien la observó detenidamente. Asimismo, se llevó a cabo la dinámica de pararse para que se percibiera la estatura de Erick Alejandro Molina Domínguez. 1.7 La citada imagen se incorporó, previa anuencia en control horizontal del Ministerio Público y autorizado por el Juzgador, siendo la relativa al informe policial de doce de diciembre de dos mil nueve, obtenida en el sistema cibernético denominado "Qubus", donde se advierte en la parte inferior de la impresión el nombre "Erick Alejandro Molina Domínguez", resultando un sujeto masculino de barba y bigote, moreno, cara ancha, labios gruesos, orejas grandes hacía afuera, cuello ancho, pelo negro rizado corto. 2. La víctima y ofendidos no detallaron la presencia o conducta a Erick Alejandro Molina Domínguez en el injusto o domicilio, por lo que no existe la ausencia de conducta que le fue atribuida. 3. El Juez omitió aplicar la jurisprudencia obligatoria que se le invocó, relacionadas con la legalidad de la prueba, la utilización de testigo con detenido en diversa investigación, y de las cuales el juez responsable omitió hacer pronunciamiento alguno en el auto de vinculación a proceso que emitió. 4. El Juez omitió analizar las consideraciones expresadas después del debate, al restar valor a lo presenciado por la víctima, adminiculado con el testimonio de Vianey Lomas, aportado por el Ministerio Público, contenido en los antecedentes de investigación. 5. El Juez otorgó eficacia demostrativa a los datos de prueba obtenidos durante un cateo y detención de persona, las cuales carecían de valor probatorio, por haber sido obtenidos con violación a derechos fundamentales, porque omitió pronunciarse en torno a los vicios procesales que presentaba el dictamen de "Criminalística de Campo", a saber: La introducción en el domicilio ocurrió el once de diciembre de dos mil nueve, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos, dándose el aviso a las doce horas con treinta minutos. En el mismo se aprecia el interior de la casa habitación, por medio de fotografías y croquis del interior, realizándose con la presencia de agente del Ministerio Público. La orden de cateo fue expedida por el juzgador a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de diciembre de dos mil nueve. También se adminicula con pericial, las botellas obtenidas dentro del domicilio, del que se advierte sello de recepción con fecha once de diciembre de dos mil nueve, a las once horas con cuatro minutos, donde manifiesta el hallazgo al agente del Ministerio Público. Los conceptos de violación reseñados devienen infundados, como se precisó en líneas que anteceden. Como cuestión previa, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua (vigente en la época de fijación de los hechos), el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar el hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante el Juez responsable en la audiencia de vinculación a proceso. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que conforme al numeral 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, la Juez no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 280, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente en la época de la probable comisión de los hechos), para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: 1. Que se haya formulado imputación; 2. Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; 3. De la investigación se desprendan los datos que establezcan: 3.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y 3.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; 4. Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. 5. Que se establezcan el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, de febrero de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, conforme al nuevo sistema de justicia penal, en cuanto a los requisitos de fondo, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito; y, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo que debe resolver el Juez de Garantía, únicamente con base en los datos de investigación a que haga referencia el Ministerio Público en su solicitud de libramiento y, eventualmente, con las probanzas que pudieran desahogarse en la audiencia de vinculación. 1. Que se haya formulado imputación El primer requisito, se encuentra justificado, ya que en audiencia de quince de febrero de dos mil dieciséis, la fiscal hizo del conocimiento del imputado que existía una investigación por su probable intervención en el citado delito, en la cual se le indicó, además, que su intervención fue como coautor de dicho hecho. 2. Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar El segundo de los requisitos también se encuentra justificado, pues en la audiencia señalada en el párrafo que antecede, el aquí quejoso Erick Alejandro Molina Domínguez, en uso de la palabra que le fue concedido, se reservó su derecho a declarar, haciéndolo en la audiencia de vinculación a proceso, a preguntas que le formuló su defensor. 3. De la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El tercero de los requisitos en análisis, se acredita en virtud de que de los antecedentes expuestos por la fiscal ante el Juez de Garantía, emanados de la carpeta de investigación respectiva, y a juicio de la autoridad responsable al vincular a proceso, se desprenderían datos que determinaban la existencia de hechos que la ley penal tipifica como el delito de secuestro, cometido en perjuicio de la víctima con identidad reservada de iniciales L.V.S.L., así como la probable participación de Erick Alejandro Molina Domínguez en su comisión, a título de coautor. Con el propósito de corroborar lo anterior, es pertinente señalar que, en la especie, sólo es necesario analizar los elementos objetivos y normativos del delito, lo que implica que ese análisis se acote a la existencia de un hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido o participado en su comisión; para ello el juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, ponderación, proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1942, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Materia Penal, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. En esa tesitura, del estudio de las constancias que remitió la parte quejosa, la autoridad responsable, así como del registro audio-visual de las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a proceso, se deduce que la responsable vinculó a proceso al ahora quejoso, por la existencia de hechos constitutivos el delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 160, del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos (veintinueve de diciembre de dos mil nueve), el cual estatuye:. 160. A quien prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener, en razón del empleo o actividad que desempeñe, o algún beneficio económico; así como causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, para que ésta, un tercero o una autoridad, realice o deje de realizar cualquier acto, se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y de mil a tres mil días multa. De ese precepto se deduce que el hecho de que se trata, se integra de la siguiente manera: a) Una conducta consistente en privar de la libertad a una persona. b) Que dicha privación tenga como propósito: 1) obtener un rescate 2) obtener información que la víctima o una persona relacionada con ella pueda tener, en razón del empleo o actividad que desempeñe; o bien, 3) causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquiera otra, para que ésta, un tercero o una autoridad, realice o deje de realizar cualquier acto. De los antecedentes de la carpeta de investigación relatados por el Ministerio Público del fuero común en la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se destacan los siguientes: Parte informativo de la agente estatal ministerial Judith Ceballos, quien entrevistó a Rafael Valles Soto, alias "El Oso", de la que el Juzgador extrajo, en lo que aquí interesa, que el entrevistado señaló lo siguiente: Que el primer "jale" que se aventó fue el de Vanesa con la que salió y se pusieron de acuerdo "El Huskies" y él por teléfono; que un día antes que la secuestraron, "El Huskies" dijo que la morrilla con la que salía -Vanesa-, tenía dinero, que tenía negocio de tamales, que le dijo a él que mañana tenía pensado recogerla en el "Smart" de la López Mateos en una tienda de perfumes europeos, que le prestaron el vehículo "Mustang" color rojo y que en ese carro la recogió en el "Río Rosas" ubicado sobre la boulevard Oscar Flores, que ese carro se lo entregó "El Huskies" alias "El Eclipsado" que lo recorrió a las tres de la tarde del domingo y que se aventaron "el jale"; que transcurrió el tiempo y a las cinco de la tarde fue a recoger a Vanesa, que iba sólo y que cuando se despidieron de Vanesa y él, ella le dijo en el camino que su papá era celoso, que se pusieron de acuerdo para verse el domingo siguiente. Que Vanesa le dijo que la bajara por donde da vuelta, en la "Cabaña" ubicada en la carretera Casas Grandes a la altura de la glorieta, que le preguntó que dónde la dejaba; que ahí se encontraba un camión parado, que Vanesa le dijo que ahí la dejara, que se fue derecho, que era el plan, en cuanto a que se bajara "El Huskies" y "El Güero" la iban a levantar y así fue, se la llevaron en un carro blanco y lo que hicieron "El Huskies" y "El Güero", fue llevarse a Vanesa a una casa que se encuentra en el Libramiento Independencia en el fraccionamiento Finca Bonita; que de hecho dijo el entrevistado la llevaron a la casa del "Enano", es una casa de color claro, que es de un piso, tiene un pequeño barandal blanco, esta en la esquina esa casa, y le metieron en esa casa y la persona que la cuidó fue "El Enano", él nada más sólo; que la primer llamada dijo el entrevistado fue para pedir dinero por la libertad de Vanesa, que la realizó "El Huskies", le pidió quinientos mil pesos y que él hizo dos llamadas; que la primera llamada no supo con quién fue, que con hombre y no supo quién era; que le dijo que hiciera lo que decía sino se acababa el trato y que fue todo lo que dijo. Que la siguiente llamada que hizo fue cuando le dijo que el dinero lo llevara al "Autozone" ubicado en el Boulevard Zaragoza y Panamericana, que no supo el dinero acordado, que el dinero lo cobró "El Güero" y a Vanesa la liberaron cerca de la casa donde la secuestraron y que no supo quién la soltó. Agregó que "El Enano" le hablo al "Huskies" y dijo que se cayó el jale y no le pagaron nada de dinero, que la media filiación de sus amigos en especial "El Enano", es como de veintiséis años, aproximadamente uno ochenta y tres centímetros, complexión regular, moreno, cabello negro, frente amplia, ceja regular, ojos negros, boca grande, orejas grandes, no usaba barba ni bigote, no cuenta con señas particulares. Parte informativo de la agente estatal ministerial Nancy Robledo, quien entrevistó a Vianey Lomas Favela, quien en lo que aquí interesa señaló que efectivamente se veía a Erick Alejandro Molina Domínguez, en la casa mil ochocientos ocho (1808), en compañía de su esposa Nubia, se cambió en octubre y nada más le daba vueltas a la casa. Parte informativo del agente estatal ministerial Gómez Chávez, del cual se desprende que se constituyó en la calle Pico de Fong, mil ochocientos ocho (1808), de la colonia Valle del Cedro, en el cual fue localizado una solicitud de empleo a nombre de Erick Alejandro Molina Domínguez, afirmando el citado agente, que de acuerdo a los datos aportados por Rafael Valles, refirió que el lugar de cautiverio le pertenece a un sujeto que se llama Erick y le apodan "El Enano" mismo que ingresó al sistema policial conocido como "Cubus" y dio como resultado la fotografía del antes mencionado, que se la mostraron la fotografía a Rafael Soto "El Oso" quien afirmó que el que aparece en dicha foto es "El Enano". Parte informativo del agente estatal ministerial Julián Armendáriz, del cual se desprende que informó que, según la versión de Rafael Valles Soto, surgió la información de la casa de cautiverio y el nombre del propietario del cual dijo desconocer su nombre, sólo sabe que la persona que habita la casa se le conoce de apodo "El Enano" y que desconoce la dirección, afirmando Valles Soto que la casa se ubica por la Finca Bonita y que sí sabe llegar, por lo que llevaron a Rafael Valles a dicho lugar para que la ubicara, resultando que dicho domicilio se ubica en la calle Pico de Fong, mil ochocientos ocho (1808), del fraccionamiento Valle del Cedro, entre la calle Monte Ejer y Sierra de Llamaza. La diligencia de reconocimiento de objetos a cargo de la víctima de iniciales L.V.S.L., de la cual se desprende que se hizo una reseña de los muebles, así como del domicilio de referencia, la mesa, sillas de los cuartos, la ropa, todos reconocidos por la citada víctima. Expuesto lo anterior, resulta correcta la determinación del Juez responsable al concluir que el imputado Erick Alejandro Molina Domínguez, fue la persona que, en la comisión de los hechos constitutivos del delito de secuestro, se encargó de custodiar a la víctima con identidad reservada, una vez que fue privada de su libertad. En efecto, como quedó establecido, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es necesario la acreditación total de los elementos del cuerpo del delito, sino únicamente la existencia de un hecho que la ley señale como delito, lo que acontece en la especie, pues los antecedentes relatados por el Fiscal y analizados por la responsable justifican la existencia de los hechos que la ley penal sanciona como secuestro. A mayor abundamiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 284 al 287, 294 y 296, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, aún no transcurre la etapa de investigación, ni la de acusación, por lo que aún no se desahogan los medios de prueba tendentes al esclarecimiento de los hechos, ya que como se dijo en el auto de vinculación a proceso, únicamente se necesita que exista la probabilidad de que el imputado haya intervenido en la comisión del hecho considerado por la ley como delito. Por tanto, resultan infundados los argumentos relativos a que no existen medios de prueba que acrediten -hasta esa etapa procesal- la probable participación del aquí quejoso en los hechos constitutivos del delito que se le imputa, ya que contrario a su sentir, al momento de fincar la participación de aquél en el auto de vinculación combatido, la responsable hizo un análisis de los datos de pruebas allegados a la carpeta de investigación que originó la causa penal 1522/2009, las cuales relacionó y concatenó de una manera lógica y natural, para concluir en la probabilidad de que el indiciado lo hubiera cometido. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 64/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Pagina 993 Libro I, Octubre de 2011 Tomo 2 Materia(s): Común Décima Época, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de cuyo rubro y texto siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." También devienen infundados los conceptos de violación atinentes a restarles valor al dicho de la pasivo y los testigos (madre, padre y hermanos), en cuanto a que no hicieron imputación directa al aquí quejoso en relación a su participación en el injusto que nos ocupa; sin embargo, como correctamente lo señalo el Juez Penal, existen otros datos de prueba que hacen probable que aquél haya participado en los hechos constitutivos del delito de secuestro, lo cual no causa perjuicio procesal al imputado, dado que dichas apreciaciones, en todo caso, podrán ser analizadas al resolverse a sentencia definitiva que, en su caso, llegue a emitirse. De la misma manera, como consideró la responsable, la versión de la victima L.V.S.L., tiene crédito, ya que conoció de propia mano una experiencia personal, es decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito de que se trata. Aunado a lo anterior, las versiones de los órganos de prueba de iniciales M.I.L., B.S.O. y S.H.S.L., fueron datos de prueba que permitían establecer la existencia de las negociaciones para liberar a la víctima, realizadas con los activos del delito, así como que tuvieron conocimiento de las cantidades que exigieron inicialmente, así como de las amenazas que les hicieron de manera verbal, al tener comunicación telefónica con los activos y aun cuando no se percataron de la comisión de los hechos en los instantes mismos de la privación de la libertad ocurrida, sí tuvieron conocimiento por ellos mismos de que ocurrió el suceso. De la misma forma, son infundadas las aseveraciones que pretenden exculpar al imputado en razón de que el día en que acontecieron los hechos criminosos, éste se encontraba en Tijuana, Baja California, en compañía de su familia, ya que en el mes de octubre abandonaron el domicilio donde ocurrió el cautiverio de la víctima; empero, el quejoso no aportó prueba para acreditar tal extremo (al menos hasta esta etapa procesal) y, por el contrario, el Juez correctamente refirió que la testigo Vianey Lomas Favela manifestó, al ser entrevistada por la agente ministerial Nancy Robledo, que veía a Erick Alejandro Molina Domínguez, en la casa mil ochocientos ocho (1808), en compañía de su esposa Nubia, que efectivamente se cambió en octubre y que nada más le daba vueltas a la casa; por ende, contra lo pretendido por el quejoso, no existe en este momento plena certeza de que el impetrante se encontrara en una diversa ciudad en el momento en que ocurrieron los hechos. En relación a lo argumentado en torno a que la responsable no debió de haber dado valor a la entrevista realizada al coinculpado Rafael Valles Soto alias "El Oso", quien señaló, en lo que aquí interesa, que fue Erick Alejandro Molina Domínguez alias "El Enano", quien custodió a la víctima L.V.S.L., el veintinueve de noviembre de dos mil nueve, en el domicilio de este último, ubicado en la calle Pico Dufour, mil ochocientos ocho (1808), de la colonia Valle del Cedro, en esta ciudad, es dable precisar que la entrevista en cita, no le resta valor al dicho del coinculpado de merito, pues en el caso que nos ocupa se trata de una imputación directa sobre la participación del quejoso en la comisión del injusto en comento; es decir, dicha diligencia constituye un dato de prueba que permite establecer, a nivel indiciario, que el secuestro de la víctima fue resultado de una acción voluntaria y conjunta, probablemente cometida por el ahora quejoso y otros, ejecutada con el propósito de obtener un rescate. Así se afirma, pues ante el Juzgador responsable se relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que tuvo por acreditado a nivel presuntivo que la víctima fue privada de su libertad, al subirla al vehículo tipo "carroza" color blanco de cuatro puertas, durante la tarde del veintinueve de noviembre de dos mil nueve, lo que el Juez dedujo del dicho del sujeto que, en conjunto con el ahora quejoso, probablemente participaron en la comisión de esos hechos. Lo anterior, se estima correcto porque en los delitos contra la libertad, la declaración de los codetenidos tiene, como indicio, un valor preponderante, pues existe la probabilidad de que ellos participaron en la realización del hecho tipificado como delito y no evadieron su responsabilidad; en el caso, el coinculpado Rafael Valles Soto alias "El Oso", en lo conducente refirió que la función del quejoso consistió, en custodiar a la víctima en el domicilio ubicado en la calle Pico Dufour, mil ochocientos ocho (1808), del fraccionamiento Urbi Villas del Cedro, con la finalidad de obtener una suma de dinero para su liberación. En esa virtud, este Juzgador estima correcta la consideración del responsable porque, la declaración del coimputado es un dato de prueba de cargo válida, pues fue emitida por quien tuvo conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar para determinar su credibilidad, en otras palabras, existe la probabilidad de que el acusado estuvo en el mismo lugar y en el mismo momento cuando se cometió el ilícito, por ello se le debe dar crédito a lo declarado por éste, de quien no se advirtió mendacidad en su declaración, de ahí que lo manifestado por el coinculpado tiene especial relevancia probatoria a nivel indiciario; máxime que, en esta etapa del proceso no se requiere prueba plena de la comisión de esos hechos, para la correcta emisión del auto de vinculación a proceso. Apoya esta consideración, en lo conducente, la tesis aislada VI.2o.84 P, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, materia penal, página 911, de siguiente tenor: PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL COACUSADO. LA COMPROBACION DE LA, NO REQUIERE PRECISAR LA CONDUCTA DEL, EN LA COMISION DEL ILICITO, SI DE LOS INDICIOS SE INFIERE SU INTERVENCION. Si dos coinculpados confesaron su intervención en el ilícito y señalan a un diverso coacusado como participante en el mismo, sus declaraciones merecen valor indiciario en la causa penal para establecer la probable responsabilidad de aquél, a pesar de haber omitido precisar la actitud concreta de este último en la ejecución del ilícito, si de dichas declaraciones se desprende claramente que forman parte de una banda y además manifiestan que el coacusado se reunió con éstos antes de la ejecución del ilícito para ponerse de acuerdo sobre la misma. De la misma manera es infundado lo que se alega en torno a que incorrectamente se le reconoció eficacia demostrativa a la declaración del coinculpado Rafael Valles Soto alias "El Oso", porque fue una entrevista a imputado detenido, que ocurrió el once de diciembre de dos mil nueve (un mes después del hecho que atañe), que la misma fue hecha ante un agente de la Policía Ministerial (Francisca Judith Ceballos Chaparro), que no fue hecha bajo la asistencia de un defensor, y que se efectuó al encontrarse detenido en diversa situación delictuosa (robo a transeúnte), que no fue robustecida con la propia declaración que debiera existir ante Ministerio Público y que no fue videograbada. Lo anterior es así, porque respecto los razonamientos que vierte el quejoso se encuentran encaminados a atacar la obtención de un dato de prueba; sin embargo, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, la imputación no requiere de la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometiera o participara en su comisión, pues la convicción final de la existencia del delito y la responsabilidad penal será del juez, lo que implica que en este sistema la configuración de la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada; de ahí que ésta no se integre con pruebas, sino con datos de prueba. Consecuentemente, a los datos de prueba que integran la carpeta de investigación en la fase de investigación desformalizada del sistema procesal penal acusatorio y oral no se les pueden exigir mayores requisitos, como lo pretende el impetrante, pues es evidente que esos datos de prueba resultarían insuficientes para sostener una sentencia condenatoria, pero sí son suficientes para respaldar el auto de vinculación a proceso. En ese sentido, resultan infundadas las alegaciones que formula la defensa del quejoso en torno a que resultó ilegal que se diera valor probatorio al sólo dicho de su coacusado, por tratarse de una declaración, que a su juicio es ilegal, pues como ya se analizó, esa declaración de cargo, constituye un dato de prueba que permite ser valorado por el Juez como un indicio, pues en la misma no se advierte el ánimo de auto exculparse o bien, evadir su responsabilidad, incluso, su narrativa fue corroborada con otros datos de prueba como ya se enfatizó en párrafos precedentes; en esta virtud, dada la particularidad del delito que se atribuyó al quejoso, en la etapa en que se encuentra el proceso penal, fue suficiente la imputación del codetenido para tener por acreditada la existencia de hechos configurativos del delito de secuestro y, por ende, no le asiste razón. Apoya lo anterior, la tesis XVII.1o.P.A. J/10 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, materia penal, página 3323, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente. Lo mismo sucede respecto de los argumentos que se plantean en torno a que fue ilegal la diligencia de cateo practicada en el domicilio donde se afirma ocurrió el cautiverio de la víctima, bajo el argumento de que la orden correspondiente fue expedida a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del doce de diciembre de dos mil nueve y que aquél se llevó a cabo a las catorce horas con diez minutos; pero que, a decir de la defensa, ese cateo ya se había ejecutado con anterioridad, según la pericial en materia de criminalística de campo de once de diciembre de dos mil nueve, abonando a lo anterior la diligencia de reconocimiento de objeto y pericial de botellas, ambas de once de diciembre de dos mil nueve, realizadas ante el agente del Ministerio Público. Ello es así, porque si el cateo practicado en el domicilio del cautiverio resultara o no ilegal, por las razones que señaló la defensa del quejoso, los datos de prueba deducidos de su ejecución, no inciden ni tienen transcendencia en la materialización de los hechos objeto de investigación, ni de la posibilidad de que el impetrante del amparo hubiera intervenido en su comisión, dado que de su ejecución no se extrajo información que inculpara al ahora quejoso en el evento que se le atribuyó; máxime que, se itera, en esta etapa del procedimiento solamente debe analizarse la existencia del hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado haya intervenido en su ejecución, sin que exista prueba plena de ello, porque tal calificativa corresponde realizarla en una fase distinta del proceso penal. Por otra parte, el hecho de que se alegara que el quejoso fuera persona diversa a la que la Representación Social formulara la acusación, sustentado en la media filiación que hizo el coinculpado Rafael Valles Soto, alias "El Oso", al señalar que "El Enano", era como de veintiséis años de edad, un metro ochenta y tres centímetros de estatura aproximadamente, complexión regular, moreno, cabello negro, frente amplia, ceja regular, ojos negros, boca grande, orejas grandes, no usa barba ni bigote y no contaba con señas particulares, a juicio de quien dicta esta sentencia son apreciaciones individuales que resultan insuficientes para exculpar al impetrante del amparo, toda vez que como estimó el Juez responsable, esa información es subjetiva, pues proviene de la apreciación personal del sujeto que los expuso, en torno a las características físicas de otra persona, lo cual no constituye un elemento inobjetable que permita tener plena certeza de que el ahora quejoso es una persona distinta de quien intervino en los hechos considerados como delito; en cambio, un dato relevante que sí es necesario considerar es que el aquí quejoso reconoció en sede judicial y asistido de su defensor particular que efectivamente él y su familia habitaron el domicilio del cautiverio, cambiando su residencia a Tijuana, Baja California, circunstancia que hasta este momento procesal hace probable su participación en el injusto que se le atribuye, pues del resto de los datos de prueba que analizó el Juzgador se aprecia que se identificó al propietario de esa vivienda, como la persona que se encargó de custodiar a la víctima; de ahí que se desvirtúa lo que se alega en los motivos de disentimiento, en torno a las características físicas del imputado. Asimismo, es infundado lo que aduce el quejoso en torno a que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia; así se sostiene, cuenta habida que tal presunción ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena; por ende, el Juzgador responsable respetó dicho principio, pues si bien el ahora quejoso se encuentra vinculado a un proceso penal, es con el propósito de que el Fiscal pueda demostrar legalmente su culpabilidad y, en su caso, el aquí quejoso desvirtúe las imputaciones que se le han formulado, a lo largo del juicio, sin que en la etapa en que éste se encuentra se le haya sancionado con pena alguna; todo lo cual pone de relieve que el aludido principio de inocencia se ha respetado. Ahora, al margen de determinar si las razones que dejó plasmadas el juez de la causa resultan o no correctas en este tópico, es necesario precisar que acorde con el artículo 19 constitucional, el estándar probatorio que se exige al Juez de Garantía para el dictado del auto de vinculación a proceso no es igual que el que se exige para el dictado de una sentencia, sino que es más laxo, sin que ello llega al extremo de diluir el control judicial de los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público para ejercer acción penal. En efecto, como se indicó en líneas precedentes, en la jurisprudencia de rubro: auto de vinculación a proceso. en su dictado no es necesario acreditar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) y justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino que sólo debe atenderse al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (nuevo sistema de justicia penal en el estado de chihuahua), se estableció, entre otras cosas, que por hecho ilícito no debía entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debía limitarse al estudio conceptual, es decir, acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, con el propósito de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debía evitarse la formalización de los medios de prueba para no contaminar o anticipar juicio sobre el delito y su autor, razón por la cual, el Juez de Garantía debía resolver, por regla general, sólo con datos que le fueran relatados. En esa medida, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador exponga ante el Juez datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, a través de los que se establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado; por tanto, para satisfacer esa exigencia, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo cual implica que en esta etapa del procedimiento no es factible analizar los elementos subjetivos del ilícito en cuestión, sino únicamente los que se refieren al aspecto material, es decir, al examen de los elementos esenciales y comunes del concepto. En las relacionadas condiciones, para quien resuelve resulta legal la consideración del Juez de Garantía, porque en este momento procesal, es suficiente tener por acreditada la existencia de hechos que la ley clasifica como integradores del delito de secuestro. Es sustento de esta determinación, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que fue citada en líneas precedentes, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. Sobre esas bases, también es infundado lo que se arguye en el sentido de que la responsable no atendió a criterios jurisprudenciales sobre la valoración de la prueba, pues debe indicarse que los que invocó el quejoso en la demanda de amparo se refieren a las formalidades que debe revestir la práctica, desahogo y valoración de pruebas en el juicio, para sostener una decisión con el carácter de definitiva; sin embargo, en esta etapa del procedimiento penal, el juez responsable sólo tiene la obligación de analizar, en un estándar distinto, los datos de prueba que le alleguen las partes; en ese sentido, legalmente no se encuentra obligado a analizar los datos de prueba, bajo el tamiz que corresponde a las pruebas que se llegan a desahogar en la etapa de juicio o cuando existen adelantos de prueba; de ahí que, en este aspecto, el auto de vinculación reclamado tampoco haya lesionado los derechos del impetrante. A partir de las anteriores premisas, a diferencia de lo que sostiene el quejoso, el Juez razonablemente analizó los datos de prueba que le concedió valor probatorio a la declaración del coinculpado Rafael Valles Soto alias "El Oso", quien refirió que el quejoso participó en los hechos descriptivos del ilícito que nos ocupa, además, el quejoso no ofreció en la etapa procesal que nos atañe prueba que desvirtuaran los datos que lo incriminaron. En las relatadas condiciones, con los datos de prueba que fueron puestos al conocimiento del Juez de Garantía se encuentra justificada la existencia de hechos que configuran el delito de secuestro, previsto en el ordinal 160 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos (veintinueve de febrero de dos mil nueve) y la probabilidad de que el imputado haya participado en los mismos. 4. Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación. Por otro lado, es conveniente señalar que en la resolución aquí analizada, no se acreditó alguna causa excluyente de incriminación o de extinción de la acción penal, lo que actualiza el cuarto de los requisitos, precisados en párrafos precedentes. 5. Que se establezcan el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de tales hechos. Finalmente, este Juzgador considera que en la emisión del acto reclamado sí se establecieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que dieron motivo a la vinculación a proceso, como implícitamente se corroboró al analizar los hechos que se estimaron constitutivos del delito de secuestro; lo anterior conlleva que se actualice el quinto y último de los requisitos en análisis. En las relacionadas condiciones, al haberse realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación que expresó, sin advertir deficiencia de la queja por suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Erick Alejandro Molina Domínguez. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Erick Alejandro Molina Domínguez contra el acto que reclamó del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en atención a los argumentos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda escrito signado por el licenciado *******, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hechos valer. En otro contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 236, fracción I de la legislación de la materia, indíquese al promovente, José Miramontes Caro, que en lo subsecuente, se abstenga de incurrir en manifestaciones de denostación hacia el Titular de este Juzgado Federal, como las que dejó vertidas a lo largo de su escrito de agravios, en el entendido que en caso de reincidencia, se procederá en su contra, en términos del citado ordenamiento, medida que se incrementará de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 259 del mismo ordenamiento legal; lo anterior, con independencia de que, al conocer del recurso de revisión interpuesto, el Tribunal de Alzada pueda actuar en los términos descritos, analógicamente, en la tesis XI.1o.9 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, de Febrero de 2003, materia común, página 1034, del siguiente tenor: CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. FACULTAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA IMPONERLA A QUIEN SE CONDUCE CON FALTA DE RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 37, fracción IX, párrafo segundo, en relación con el diverso 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a los abogados, agentes de negocios, procuradores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante ellos falten al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación, y es indudable que se coloca en esa hipótesis y da lugar a que se le aplique cualquiera de aquellas correcciones disciplinarias, el representante legal del quejoso que, al formular la demanda de garantías, incluye frases ofensivas y soeces en contra de la autoridad responsable, ya que al proceder así somete al análisis del tribunal de amparo expresiones injuriosas, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, que exige que toda solicitud dirigida a funcionarios o empleados públicos se formule de manera respetuosa. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la tercero interesada, entregándoles copia del escrito de agravio, formulado por la parte quejosa; así como al autorizado de la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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