Erick Alberto García Juárez
Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 23 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 666/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Alberto García Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, ********************; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 666/2022-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad, el veintisiete de julio de dos mil veintidós, turnado a este Juzgado el mismo día, Juan Carlos Sánchez Aguilar, promovió demanda de amparo contra las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso estima que con los actos reclamados, se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de referencia, la que se registró bajo el expediente 666/2022-IV, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Inexistencia de autoridad responsable. En auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se declaró inexistente, para efectos de este juicio de amparo, al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación, en Ciudad Juárez. Quinto. Primera sentencia y revisión. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se celebró audiencia constitucional y el ocho de noviembre siguiente, se dictó sentencia, en contra de la cual el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante resolución aprobada en sesión ordinaria virtual de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión penal 7/2023, mediante la cual revocó dicha sentencia y ordenó reponer el procedimiento para recabar copia de la solicitud de orden de aprehensión y de las constancias que este Juzgado estimara necesarias para resolver, así como para que se emplazara al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la carpeta de investigación de donde derivó la solicitud de mandamiento de captura. Sexto. Audiencia Constitucional. Una vez que se dio cumplimiento a lo anterior, se señalaron fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de dictar sentencia, que es lo que ahora se hace. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, toda vez que, si bien la orden de aprehensión reclamada fue dictada por una Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de ********************, en funciones de Jueza de Control, con sede en ******************** capital, el acto reclamado se intentó ejecutar en esta ciudad, según lo narrado bajo protesta de decir verdad en cuanto a los antecedentes de dicho acto reclamado, en su demanda de amparo. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó el siguiente acto, de las autoridades responsables que a continuación se señalan: De la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de ********************, en funciones de Jueza de Control, con sede en ******************** capital: La orden de aprehensión dictada en su contra, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal 764/2018, por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, en relación con el numeral 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. De la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Ministerial en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad: La ejecución de la orden de aprehensión reclamada. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de ********************, en funciones de Jueza de Control, con sede en ******************** capital, en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ********************, dentro de la causa penal 764/2018, por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, en relación con el numeral 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, remitió copia certificada de todo lo actuado en la mencionada causa penal, de donde se advierten la solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación de libramiento de orden de captura, así como la resolución de la orden de aprehensión reclamada, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, debido a que se remitió vía correo electrónico oficial, con firma digital de la Jueza responsable, cuya recepción se certificó por la Secretaria adscrita, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Al respecto, se cita la tesis I.3o.P41 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III, página 2049, materias Común y Penal, Décima Época, con registro digital 2011039, del rubro y texto siguientes: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido. Por su parte, el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de ********************, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado, manifestó que es cierto que recibió órdenes de ejecutar la orden de aprehensión reclamada. En consecuencia, se tiene demostrada fehacientemente la existencia de los actos reclamados. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el caso, no se advierte la actualización de causales de improcedencia, ni las partes hacen valer ninguna. Quinto. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación aducidos por el quejoso en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado, por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación y con esa omisión no se priva al quejoso de derecho alguno, máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, como se indicará, opera la suplencia de la queja. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Estudio de fondo. Como se indicó en el considerando segundo, el quejoso Juan Carlos Sánchez Aguilar, reclamó de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de ********************, en funciones de Jueza de Control, con sede en ******************** capital, la orden de aprehensión dictada en su contra, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la causa penal 764/2018, por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, en relación con el numeral 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, adujo que con la emisión de dicha orden de aprehensión, se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, debe indicarse al quejoso, que una orden de aprehensión es un acto de molestia y como tal, para su emisión, debe observarse la garantía de seguridad jurídica prevista en el citado artículo 16 Constitucional, esto es, emitirse debidamente fundada y motivada, pero no respetarse el derecho de audiencia, conforme al artículo 14 Constitucional, pues no se trata de un acto privativo; no obstante, como se precisará más delante, sí deben respetarse las formalidades del procedimiento correspondientes a la emisión de un acto de tal naturaleza. Al efecto, se cita la tesis XXI.1o.16 P, emitida por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, página 665, materia Penal, Novena Época, con registro digital 202461, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION, SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL Y NO EN RELACION AL DIVERSO 14 DEL MISMO ORDENAMIENTO. El artículo 14, de nuestra Carta Magna, en su párrafo primero, consagra el principio de la no retroactividad de la ley; el segundo párrafo se refiere a la garantía de la libertad personal y prevé dos casos: 1).- Cuando la privación de esa libertad se decreta fuera de juicio o procedimiento judicial, y 2).- Cuando la privación de la libertad proviene de las autoridades judiciales, entonces la garantía consiste en que la privación debe ser el resultado de un proceso seguido ante los tribunales, es decir, de una sentencia definitiva. De consiguiente, no hay motivo para creer que el legislador constituyente haya querido comprender bajo las prevenciones generales del aludido artículo 14, los casos que en forma especial y concreta contempló en el 16 del propio Pacto Federal, incurriendo en una repetición inútil de manera que el acto de molestia en la persona del directamente afectado quedó comprendido en el último precepto citado. Asimismo, a efecto de ilustrar la distinción entre actos de molestia y actos privativos, se cita la tesis 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, materia Común, Novena Época, con registro digital 200080, del rubro y texto siguientes: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Precisado lo anterior, se tiene que en relación con el dictado de una orden de aprehensión, el artículo 16 Constitucional, en sus párrafos primero y tercero dispone lo siguiente: Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De lo anterior se desprende que los requisitos para la emisión de una orden de aprehensión, son los siguientes: a) Que sea dictada por autoridad judicial; b) Que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que existan datos que acrediten que se cometió ese hecho considerado por la ley como delito y que esos datos demuestren que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que exista mandamiento escrito debidamente fundado y motivado. Este último punto se refiere a que todo acto de molestia, como lo es, se insiste, la orden de aprehensión, debe estar fundado y motivado, esto es, que la autoridad que lo emita, debe expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión del mismo y el fundamento legal en que apoye su determinación. En apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que informa, se cita la tesis XIX.2º.J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 666, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De conformidad con lo establecido por el artículo 16 constitucional, toda orden de aprehensión debe contener como requisitos esenciales los siguientes: a).- que sea dictada por autoridad judicial; b).- que preceda a ésta, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado. Además, como requisito de todo acto de autoridad, la orden de aprehensión debe estar debidamente fundada y motivada, debiéndose entender por motivación que en el acto de autoridad han de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. De ahí que no basta con que el Juez de la causa haga una relación de las pruebas existentes en la averiguación previa y concluya que se encuentran probados los elementos del tipo penal respectivo, así como la probable responsabilidad penal del indiciado. Aunado lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente los requisitos de forma y fondo establecidos por el artículo 16 Constitucional, párrafos primero y tercero, ya señalados, sino que debe atenderse a lo previsto en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz los derechos fundamentales del indiciado, tutelados en la Constitución Federal. Lo anterior, dado que podrían actualizarse las hipótesis siguientes: 1) Que en la orden de aprehensión se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. 2) Que la orden haya sido librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 3) Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. Las anteriores consideraciones se encuentran determinadas en la jurisprudencia por contradicción de tesis 31/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 285, materia Penal, Novena Época, con registro digital 193892, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre las cuales descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Indicado lo anterior, se procede a realizar el estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada, pues la única argumentación del quejoso en contra del acto reclamado, se refiere a que se emitió sin preceder querella y su falta de fundamentación y motivación; además, debido a la naturaleza del acto reclamado, opera en su favor la suplencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Pues bien, se tiene que en el caso, se tiene que la Jueza responsable dictó orden de aprehensión en contra del quejoso ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, en relación con el numeral 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que en su texto aplicable disponen lo siguiente: Artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando: (.) II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior. Artículo 104.- El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:N. DE E. CANTIDAD ACTUALIZADA MEDIANTE EL ANEXO 5 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, D.O.F. DEL 7 DE ENERO DE 2015.(REFORMADA, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1998)I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $1,104,530.00 respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta $1,656,780.00. Lo anterior, con la competencia legal para ello, pues se trata de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción territorial y que constituyen un delito del orden federal, sin que se tenga noticia, hasta el momento, de que el quejoso pertenezca a una entidad estatal que amerite someterlo a un fuero especial. Al respecto, se tiene que en efecto, dicha orden de captura fue emitida por una autoridad judicial competente; asimismo, se tiene que a su emisión precedió la denuncia de los hechos aparentemente constitutivos del delito mencionado, realizada por los elementos de la Policía Federal, División de Seguridad Regional, José Dolores Bravo Morales, José Francisco González Díaz, Jacinto Leyva Zepeda y Saúl Ruiz Gautier, quienes el veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, asentaron en el parte informativo correspondiente, que ese día, a las diecisiete horas con cincuenta minutos, realizaban recorrido de vigilancia en la carretera ******************** (********************), ********************, cuando en el kilómetro ******************** (********************), tramo ******************** (sic), con coordenadas georreferenciales ******************** - ******************** (********************), con dirección a ********************, observaron un vehículo marca ******************** ********************, color ********************, sin placas de circulación, al que marcaron el alto momentáneamente para verificar su documentación, por lo que solicitaron al aquí quejoso, quien conducía dicho ********************, al tiempo que solicitaron información de dicho vehículo al centro de comunicaciones Juárez; conductor que no proporcionó documentación que acreditara la legal estancia del vehículo en el país, por lo que se procedió a su detención, a las dieciocho horas con diez minutos de ese día, así como a su puesta a disposición ante la autoridad federal. Hasta aquí, con lo anteriormente expuesto, se cumplen los requisitos constitucionales señalados en los incisos a), b) y 3), arriba descritos. Ahora bien, debe indicarse al quejoso, que para proceder penalmente por el delito de contrabando presunto, previsto y sancionado por el artículo 103, fracción II, en relación con el numeral 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no es necesario que la autoridad hacendaria, previamente, formule querella, sino que, este requisito de procedibilidad, es necesario únicamente tratándose de los delitos previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114 del Código Fiscal de la Federación, mientras que, tratándose del delito que aquí nos ocupa, previsto en el artículo 103 de éste Código sustantivo, a partir de la reforma del artículo 92, fracción II, del Código Fiscal Federal, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se requiere la formulación de la declaratoria del perjuicio que sufrió o pudo sufrir el Fisco Federal. Lo anterior, así lo establece expresamente el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: (REFORMADA, D.O.F. 30 DE DICIEMBRE DE 1996) I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado. (REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102, 103 y 115. Continuando, corresponde analizar si la orden de captura reclamada, cumple con el resto de los requisitos constitucionales señalados, es decir: que del material probatorio existente en la carpeta de investigación, se desprendan datos que acrediten que se cometió un hecho considerado por la ley como delito y que esos datos hagan probable la participación del indiciado en su comisión o que haya participado en su comisión (inciso c)); que la orden de aprehensión reclamada, se encuentre debidamente fundada y motivada (inciso d)); que en la orden de aprehensión reclamada no se aplique una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso (inciso 1)); y, que la orden haya sido librada cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho (inciso 2)). Antes de iniciar el análisis de lo anterior, es necesario precisar, respecto a la demostración de la existencia de un hecho considerado como delito por la ley, que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de una orden de aprehensión, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, por identidad de razones, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro ********************, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Pues bien, para comenzar el estudio, propiamente, de la orden de aprehensión, se relacionan los elementos de prueba que tomó en cuenta la Jueza responsable, existente en la carpeta de investigación relativa, el cual le hizo de su conocimiento el agente del Ministerio Público solicitante, en cumplimiento al artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Parte informativo ya referido, Existencia material del vehículo tipo ********************, marca ********************, submarca ********************, modelo mil ********************, color ********************, sin placas de circulación, número de serie ******************** (********************). Acta de inspección de objetos de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, realizada por ********************, agente de la Policía Ministerial. Dictamen pericial en materia de fotografía forense, de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, constante de dieciocho tomas fotográficas, suscrito por ********************, perito oficial, respecto de la persona de ******************** y del vehículo de procedencia extranjera. Dictamen pericial en materia de tránsito forense, de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por ********************, perito oficial, en el que determinó que el vehículo asegurado tiene como país de origen Estados Unidos de América. Dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo, de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por ********************, Verificadora adscrita a la Aduana de Ciudad Juárez, ********************, de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitido por ********************, Verificadora adscrita a la Aduana de Ciudad Juárez, ********************, en el que determinó que el monto de las contribuciones omitidas, asciende a la cantidad de $37,858.00 (treinta y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, en términos del artículo 141, primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público solicitó a la Jueza responsable, girar orden de aprehensión en contra del quejoso, con vista de los datos de prueba descritos, esto el siete de agosto de dos mil dieciocho, a las catorce horas con veintiséis minutos, como lo asentó la Jueza responsable en la orden de captura reclamada. Al respecto, la Jueza responsable, acertadamente estimó satisfechos los requisitos que exigen los citados numerales 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se cuenta con la denuncia de hechos ya descrita, contenida en el parte informativo referido, sobre hechos sancionados por el artículo 104, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, con pena de prisión de tres meses a cinco años. Además, tal como lo indicó la Jueza responsable, en el momento en que ocurrieron los hechos, esto es, el veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, no se exigía el requisito de procedibilidad que a partir de la reforma de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, exige el mencionado artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a la declaratoria del perjuicio sufrido o que pudo sufrir el Fisco Federal, con la conducta aparentemente constitutiva del delito de contrabando presunto. Asimismo, como lo estimó la Jueza responsable, existe un hecho con apariencia de delito, pues del parte informativo emitido por los elementos de la Policía Federal, se advierte que a las diecisiete horas con cincuenta minutos, del veintiséis de marzo de dos mil dieciséis realizaban recorrido de vigilancia en la carretera ******************** (********************), ********************, cuando en el kilómetro ******************** (********************), tramo ******************** (sic), con coordenadas georreferenciales ******************** - ******************** (********************), con dirección a ********************, observaron un vehículo marca ******************** ********************, color ********************, sin placas de circulación, al que marcaron el alto momentáneamente para verificar su documentación, por lo que solicitaron al aquí quejoso, quien conducía dicho ********************, al tiempo que solicitaron información de dicho vehículo al centro de comunicaciones Juárez; conductor que no proporcionó documentación que acreditara la legal estancia del vehículo en el país, por lo que se procedió a su detención, a las dieciocho horas con diez minutos de ese día, así como a su puesta a disposición ante la autoridad federal. Lo anterior, efectivamente se corrobora con la existencia del automotor descrito de origen extranjero, cuya evidencia material se demuestra, como lo estimó la Jueza responsable, con la inspección realizada sobre dicho automotor, así como con los dictámenes periciales en materia de fotográfica y tránsito forense. Mientras que, como así lo apreció la Jueza responsable, con los datos de prueba ya mencionados, específicamente con el informe policial y el dictamen de clasificación arancelaria, también se encuentra demostrado, en grado de probabilidad, que el aquí quejoso ********************, fue quien participó en la comisión de los hechos con apariencia delictiva, descritos, en términos del artículo 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, esto es, en calidad de autor material, sencillamente porque era el conductor del automotor descrito, en el momento en que ocurrieron los hechos que nos ocupan. Finalmente, como lo concluyó la Jueza responsable, en el caso, se satisface la exigencia prevista en el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, existe necesidad de cautela, pues como señaló, el agente del Ministerio Público de la Federación, en su petición de siete de agosto de dos mil dieciocho, giró instrucciones el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a la Policía Federal Ministerial, a fin de realizar la inspección del domicilio ubicado en calle ********************, número ******************** (********************), entre las calles ******************** y ********************, de la colonia ********************, en Ciudad Juárez, ********************, de cuya inspección resultó que dicho inmueble se encuentra deshabitado, incluso carece de puertas y ventanas, al igual que el resto de las viviendas de esa calle, por lo que fue imposible indagar, con algún vecino, el paradero del aquí quejoso. Pero además, el Fiscal Federal, exhibió los oficios de investigación que giró a la Comisión Federal de Electricidad, Zona Norte, Sub-Recaudación de Rentas, de la Secretaría de Hacienda y Sub-Recuadación de Rentas, de la Coordinación de Padrón Vehícular y de Contribuyentes, los cuales informaron que no se encontró registro alguno a nombre del aquí quejoso. Al respecto, por su parte, el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, informó que en sus registros, el inmueble ubicado en el domicilio arriba descrito, está inscrito a nombre del aquí quejoso; por lo que el Representante Social, nuevamente se ordenó investigar dicho domicilio, lo cual ocurrió el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, cuando el Policía Federal Ministerial, informó que se constituyó en dicho lugar, el cual encontró de igual forma deshabitado, sin puertas, ni ventanas, el resto de los inmuebles del fraccionamiento en iguales condiciones, abandonados, con maleza y basura, sin afluencia peatonal o vehicular a fin de indagar el paradero del aquí quejoso. Al respecto, como destacó la agente del Ministerio Público, el Fiscal Federal indicó que el aquí quejoso fue prevenido, antes de obtener su libertad personal, en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a esto es, se le hizo saber que debía hacer del conocimiento de la Fiscalía, los eventuales cambios de domicilio que llegara a tener, así como su obligación de no obstaculizar la investigación y de comparecer cuantas veces fuera citado, sin que a la fecha de la solicitud de la orden de aprehensión, el aquí quejoso le hubiere hecho saber cambio alguno en las condiciones de su arraigo. Así pues, como lo concluyó la Jueza responsable, con los hechos narrados, está justificada la necesidad de cautela, pues el imputado no acudió a la primera citación que se le formuló y se ausentó de su domicilio sin dar previo aviso a la Fiscalía, a lo cual estaba obligado y tenía pleno conocimiento de tal obligación. En conclusión, del estudio oficioso de la orden de aprehensión reclamada, se advierte que se dictó observando los requisitos del artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues con los datos de prueba que se desprenden de las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación relativa, en el momento en que dicha orden de captura se dictó, se demostró lo siguiente: a) la verificación, en grado de probabilidad, de un hecho que el Código Fiscal Federal, en sus artículos 103, fracción II y 104, fracción I, señalan como delito de contrabando presunto, pues se localizó un vehículo de procedencia extranjera, fuera de una zona de veinte kilómetros (específicamente en el kilómetro 218 de la carretera ********************, en el tramo ********************, con dirección a ********************), en cualquier dirección, contados en línea recta, a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas sin la documentación que demuestre su legal internación y estancia en el país. b) la probabilidad de que ********************, haya cometido dicho ilícito en calidad de autor material, c) la necesidad de cautela, y d) que la orden de aprehensión reclamada está debidamente fundada y motivada. Por lo tanto, al encontrarse demostrado, se insiste, al menos en grado de probabilidad la comisión de un hecho considerado por la ley como delito, de misma manera, la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió por sí, así como al estar fundada y motivada la orden de aprehensión reclamada conforme a lo expuesto al realizar su estudio oficioso, los conceptos de violación relativos que hizo valer el quejoso, resultan infundados. Aunado a lo anterior, se advierte que la Jueza responsable respetó las formalidades previstas en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la emisión de una orden de aprehensión, no aplicó retroactivamente la ley, pero aplicó la vigente aplicable y expedida con anterioridad. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal en relación con dicho acto reclamado; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad policiaca señalada como responsable, pues no se le reclamó por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, a ********************, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de ********************, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio que remite el asistente del Despacho Judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, téngasele solicitando se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo. Por lo tanto, dígasele que en auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se señalaron las nueve horas con diez minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad de cuenta. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que el día de hoy está señalado para celebrar la audiencia constitucional. Sin embargo, también se advierte que no se ha reconocido el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la carpeta de investigación de donde derivó la solicitud de mandamiento de captura contra del aquí quejoso, esto conforme a la resolución de revisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con residencia en esta ciudad, relativa al recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en este asunto, que la revocó y ordenó la reposición del procedimiento, entre otro efecto, para el citado. Se reconoce carácter de terceros interesados Por lo tanto, ya que en este momento se tiene conocimiento de que el Representante Social que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado en este asunto, es el licenciado ******************** agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, con residencia en esta ciudad, se le reconoce dicha calidad. Se emplaza a agente del M.P. tercero interesado Se ordena emplazar al licenciado ******************** agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Quinta Investigadora, con residencia en esta ciudad, a través de oficio, al cual se adjunte copia simple de la demanda de amparo y del auto de admisión. Se difiere Audiencia Constitucional A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notificación a las partes Finalmente, notifíquese por lista a las partes, incluidas las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese en lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **************. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guarda el presente expediente y la cuenta secretarial, se advierte que a las diez horas con treinta minutos del día de hoy, se encuentra programada la audiencia constitucional en el presente asunto. Sin embargo, también se advierte que aún no han transcurrido los ocho días para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en alcance a su informe justificado, a efecto de que aquéllas puedan ofrecer pruebas y formular alegatos; esto, de conformidad con el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Notificación a autoridades responsables Notifíquese por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.YMR/LRV
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