Erasmo Molina Guerra
Expediente 328/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erasmo Molina Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que deberán destruirse todas las resoluciones. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA DE LA ADSCRICPCIÓN Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE QUE A LA LETRA DICE Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que deberán destruirse todas las resoluciones. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE:SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno al día siguiente hábil, ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del juez de control del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el dos de marzo del dos mil diecisiete, emitido en la causa penal *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como *******; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete. Después de diversos requerimientos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3-2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que los actos que reclama la parte quejosa lo constituyen los siguientes- Resolución de dos de marzo de dos mil diecisiete, por medio de la cual el Juez de control del distrito judicial Bravos, dictó auto de vinculación a proceso en contra de *******, dentro de la causa penal *******, por su probable participación en la comisión del delito de abuso sexual, en términos del artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI-2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes- ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el mismo sentido es menester indicar que el presente análisis se centrará únicamente en el acto ya precisado, al tenor de lo que se establece en la tesis I.7o.P.66 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo IV, marzo de dos mil diecisiete, página 2620, del rubro y texto siguientes- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que- i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de control del distrito judicial Bravos aceptó haber emitido en contra del hoy quejoso, el auto de vinculación a proceso de dos de marzo del dos mil diecisiete, dentro de la causa penal *******, de su índice. Para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió transcripción certificada del auto de vinculación a proceso que se emitió en la causa penal *******, así como registro de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y desahogo de elementos de prueba dentro del término constitucional llevadas a cabo en la causa penal de referencia, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, quinta época, tomo II, página 830, con número de registro 1002815 del rubro y texto siguientes, del siguiente tenor- INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 2ª.-J. 58-2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con número de registro 164 618, del rubro y texto siguientes, del rubro y texto siguientes- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. *QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se estiman infundados por los motivos siguientes. I. En relación al concepto relacionado con la omisión valorar el testimonio de ******* -hija del imputado, hoy quejoso) este Juzgado estima que no le asiste la razón a la parte actora. Esto es así, pues, de la simple lectura de la transcripción del acto reclamado, se aprecia -página 21) que la responsable efectivamente consideró el dicho de la testigo al resolver cuando expuso- -.atendiendo a lo manifestado por ******* que en el sentido -Sic) de que cuando reciben visitas en su domicilio estas se concentran tanto en la sala como en la cocina de su domicilio.- E incluso lo adminicula con lo dicho por la menor víctima. Por lo tanto, este concepto de violación en estudio se estima INFUNDADO. II. Como un segundo concepto de violación, el quejoso vierte el argumento consistente en que se violó la exacta aplicación de la ley en su perjuicio debido a que no se valoraron los datos de prueba presentados por la defensa y que resulta incongruente lo narrado por la menor víctima. Este Tribunal considera que el concepto es INFUNDADO, según se explica a continuación- En primer lugar, la parte quejosa dice que el Juez de control -no valoró debidamente los datos de prueba, que fueron presentado durante la audiencia-. Ahora bien, para poder determinar si la responsable cumplió con el requisito de exhaustividad -cuya violación se le atribuye) haremos referencia a cada uno de esos -datos de prueba, que fueron presentados durante la audiencia- -por la defensa del imputado, hoy quejoso-, a saber- a) La declaración de Liliana Barragán Luna, madre de la menor víctima. Este dato fue valorado en el acto reclamado de la siguiente forma- -.antecedente al cual de la misma forma es de concederse eficacia probatoria y en virtud de haber sido debidamente recabado con las formalidades de ley.- -Página 10 de la transcripción del acto reclamado) Además, su dicho fue considerado in extenso en la resolución impugnada cuando la responsable inicia citando- -.se corrobora con la propia declaración testimonial vertida ante este Tribunal, a cargo de la madre de la menor víctima y la cual refiere precisamente que ella levantó la denuncia ante el Ministerio Publico ya que se dio cuenta.- Resaltados nuestros. -Página 12 de la transcripción del acto reclamado) b) La declaración de la testigo Elizabeth Molina Luna, hija del imputado, hoy quejoso. Esta declaración fue valorada por la responsable- -.antecedente al cual es de concederse eficacia probatoria toda vez que la misma se refiere a los hechos que son de sus conocimientos en virtud de haberlos percibidos de manera directa.- -Página 10) Luego su testimonio fue incluido en la determinación que hizo la responsable sobre la probable intervención del imputado cuando la responsable dijo, entre otros, que- -.la declaración de ELIZABETH MOLINA LUNA, en la cual señala precisamente que. el domicilio de su padre se ubica en la calle Puerto Chicama número mil ciento treinta y nueve de la colonia Patria Tres, luego entonces se advierte la existencia del domicilio.- -Páginas 20 y 21). c) La serie fotográfica exhibida. Esta fue valorada por la responsable en los términos siguientes- -.documentales a las cuales de la misma forma se concede eficacia probatoria, al no haber sido controvertida en cuanto a su contenido.- -Página 10 y 11). En cuanto a su consideración dentro de la motivación del acto reclamado, la responsable dijo- -.por lo que respecta las fotografías que fueron proyectadas ante este Tribunal, evidentemente de las cuales se puede advertir la existencia del sillón que refiere la menor víctima así como de la televisión que se encuentra de frente al sillón señalado por la víctima, evidentemente de dichas fotografías se advierte que si bien es cierto, se alcanza a apreciar una parte del comedor contiguo al cuarto de sala, es evidente que al momento de encontrarse realizado una visita las partes puedan estar precisamente entendiéndose de lo que esta sucediendo en la diversa pieza de la casa habitación, como en este caso de la sala para efecto de poder haber presenciado los hechos que refiere al menor víctima. Luego entonces es que no le asiste la razón a la defensa.- -Página 23) d) La declaración de la testigo Elisa Luna Luevanos, esposa del hoy quejoso, la cual fue valorada según se establece en el acto reclamado- -.es de concederse eficacia probatoria en virtud de que la misma se refiere a los hechos que fueron percibidos a través de sus sentidos sin que obre dato alguno que haga suponer que esta pretenda conducirse con mendacidad.- -Página 11). Luego, al tratar sobre la probable intervención del imputado en el ilícito que estudiaba, la responsable relaciona el dicho de la testigo y dijo que- -.atendiendo a lo manifestado por ELISA LUNA LUEVANOS que en el sentido de que cuando reciben visitas en su domicilio estas se concentran tanto en la sala como en la cocina de su domicilio de lo cual difícilmente se puede advertir que la menor víctima se esté conduciendo con mendacidad.- -Página 21) e) Las documentales consistentes en tarjeta de citas del Instituto Mexicano del Seguro Social a nombre de Laura Molina Luna -finadas) y receta individual del veintitrés de marzo del año dos mil quince . Estas documentales fueron valoradas en el acto reclamado como sigue- -.es de concederse eficacia probatoria toda vez que las mismas no han sido controvertidas por cuanto a su contenido o alcances probatorio que se les pretende dar.- -Página 11) f) La declaración de la menor víctima de iniciales J.A.C.B., como última prueba de la defensa y que fue valorada en el sentido de que- -.compareció debidamente acompañada de su padre el señor EDUARDO CHAGOYA RODRÍGUEZ y debidamente asistida por el perito en psicología dependiente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Licenciado ALBERTO RODRÍGUEZ JUÁREZ, antecedente al cual es de concederse eficacia probatoria en virtud de haberse llevado a cabo en términos del protocolo establecido para personas que juzgan precisamente en asuntos en los cuales intervienen o se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- -Página 11). Posteriormente, este dicho es considerado a lo largo de la resolución lo cual ocurre de la página trece hasta la página dieciséis, luego en la página diecinueve lo cual es natural pues, como es de explorado derecho, resulta de la mayor relevancia el dicho de la víctima en este tipo de ilícitos. Al respecto cabe citar las siguientes- En primer lugar la tesis, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, diciembre de 2016, página 1728, con número de registro 2 013 259, del rubro y texto siguientes, del rubro y texto siguientes, aplicadas por analogía- Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II DELITOS SEXUALES -VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro- -DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.-, publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una -prueba fundamental sobre el hecho-. De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. En segundo lugar tenemos la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, quinta época, tomo LXXII, abril de 1942, página 1044, con número de registro 308 537, del rubro y texto siguientes, del rubro y texto siguientes- VIOLACION, VALOR DE LA IMPUTACION DE LA VICTIMA EN EL DELITO DE. No es posible en delitos de esta naturaleza, hacer caso omiso de la imputación de la víctima, menos aún si esa imputación se corrobora con probanzas de otro género, como las informaciones de sus familiares, que aunque uno de ellos sea inhábil por su edad, tenga algún indicio de gran significación, y con el dictamen del práctico, en que se describen las huellas materiales del atentado, así como también con la circunstancia de que la víctima es menor de diez años y el acusado un sujeto adulto, pues se presume que abusó de la poca edad de la víctima, para llevar adelante sus propósitos; por lo que tratándose de un auto de formal prisión, en que sólo se requiere, respecto de la responsabilidad, datos que la hagan probable, debe decirse que en tal caso, por todas las circunstancias existentes, se ve que sí existen esos elementos y es fundado el auto de formal prisión que en el caso se dicte. En conclusión es incorrecto afirmar, como lo hace la parte quejosa, que no se valoraron los datos de prueba presentados en la audiencia pues, como se vio, si fueron considerados por parte de la responsable al momento de resolver. 2.- Por otro lado, el quejoso indica que resulta -incongruente que refieran que el abuso sexual se haya dado en las circunstancia que refiere la menor- -página 5) pues se trata de un lugar abierto, existía un posible testigo, a saber, la hermana mayor de la menor víctima, quien debió haberse percatado del ilícito y no se contó con la declaración de dicha testigo. No le asiste la razón a la parte quejosa con relación este argumento pues, en esencia se trata especulaciones tanto sobre el hecho en sí como sobre el material probatorio. a) En cuanto a la circunstancia de que el hecho haya ocurrido en un -lugar abierto- -como lo califica la parte quejosa, página 5) y, en consecuencia, la posible testigo -hermana de la menor víctima) -.es imposible que al estar a un lado de ambos la misma no se haya percatado.- se trata de una especulación que no encuentra sustento en nada de lo expuesto durante la audiencia. Al respecto, la responsable dijo- -.al tener en consideración que con motivo de la comisión del ilícito sujeto a estudio, que la única personas que hubiere presenciado la comisión de este hecho fue la propia menor víctima la cual lo percibió de manera directa en su humanidad así mismo al tener en cuenta precisamente, que la comisión de este tipo de delitos los hechos resultan ser refractarios a la prueba directa, puesto que regularmente de la comisión de estos delitos difícilmente diversas personas pueden darse cuenta ya que estos mismos se realizan en la clandestinidad, de lo cual da cuenta la propia menor víctima que su menor hermana también al encontrarse en el mismo lugar no se percató de esto, porque ella y se encontraba viendo la televisión lo cual le da la característica precisamente de ser testigo único en la comisión de los hechos sujetos a estudio.- -Página 19) b) Además, la parte quejosa se duele de que la posible testigo hermana de la menor víctima no haya vertido su declaración. Sobre este punto, no se puede desprender una calificación de ilegalidad -ni de inconstitucionalidad) del acto reclamado, ya que la falta de este dato de prueba no es atribuible a la autoridad responsable, pues, acorde a la lógica del sistema penal acusatorio los jueces no tienen función de investigación ni facultades para ordenar desahogo de pruebas. Por el contrario, la carga de presentar material probatorio -de calidad y cantidad) corresponde a las partes procesales en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De modo tal que si la defensa del imputado, hoy quejoso consideraba relevante el dicho de esta testigo y la Agente del Ministerio Público no lo recabó, era a su cargo solicitar su presentación a fin de escucharla en audiencia tal como lo realizó con las declaraciones tanto de la menor víctima como de su madre, quienes sí declararon ante la responsable, precisamente a petición de la defensa. Esto, en atención al principio de igualdad de armas previsto en la porción normativa citada así como a su derecho de defensa previsto en el mismo numeral, apartado B, fracción VI, párrafo 2º. Al respecto cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXII, octubre de 2010, página 2985, con número de registro 163648, del rubro y texto siguientes, del rubro y texto siguientes, aplicado por analogía- DERECHO DE DEFENSA. SU CONCEPTO, INTEGRACIÓN Y CONTENIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). El derecho de defensa en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua está integrado, por una parte, por las garantías relativas al derecho de defensa material y, por otra, por las garantías relativas al derecho de defensa técnica. El primer grupo, a su vez, está conformado por derechos de información, de intervención en el procedimiento y por los que imponen un deber de abstención a las autoridades de persecución penal pública; el segundo grupo, por los de designación y sustitución del defensor, la defensa necesaria y los derechos y las facultades del defensor mismo, esto es, el derecho de ser asistido o defendido por un profesionista, licenciado en derecho especializado mediante su pleno conocimiento en el juicio oral penal, desde la primera actuación del procedimiento. Ahora bien, en términos generales, el derecho de defensa consiste en la facultad del imputado de intervenir en el procedimiento penal que se dirige en su contra para poner en evidencia la falta de fundamento de la pretensión punitiva estatal o de cualquier circunstancia que la excluya o atenúe; tal derecho comprende lo siguiente- a) ser oído, lo que presupone conocer el contenido de los cargos que se le imputan y los antecedentes que lo fundan, con el objeto de ejercer adecuadamente su defensa y de formular los planteamientos y las alegaciones que le convengan, por principio, salvo excepciones, en todas las etapas del procedimiento penal; b) controlar y controvertir la prueba de cargo; c) probar los hechos que él mismo invoca para excluir o atenuar la reacción penal; d) valorar la prueba producida y exponer las razones fácticas y jurídicas para obtener del tribunal una sentencia favorable, y e) defenderse personalmente o, si esto no le fuera permitido, elegir a quien lo represente o lo asista. Estas prerrogativas se contemplan, entre otros, en el artículo 7 del mencionado código. Así, aunque igualar el poder de la organización estatal puesta al servicio de la persecución penal puede resultar imposible, la ley prevé una serie de mecanismos para mejorar la posición del imputado y garantizar una cierta igualdad de armas. El más importante de ellos es la defensa técnica, que permite al imputado contar con la asistencia necesaria cuando no posee conocimientos jurídicos suficientes o, cuando, poseyéndolos, no pueda aplicarlos de forma idónea o adecuada; aunado a que el código de referencia establece como principio básico del nuevo procedimiento penal, el derecho del imputado a formular los planteamientos y las alegaciones que considere oportunas, así como intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvo las excepciones legales como se advierte del artículo 6 de dicho cuerpo de leyes, específicamente del párrafo cuarto. Luego, no es jurídicamente valido exigir que la responsable hubiera valorado especulaciones sobre lo que podría haber dicho la posible testigo que no ha declarado. Por lo tanto, este segundo concepto de violación se considera infundado. A mayor abundamiento, cabe recordar que, el acto reclamado, Auto de vinculación a proceso únicamente abre la posibilidad de seguir la investigación formalizada -es decir, bajo control judicial- lo que deja intocada la opción para la defensa de ofrecer y desahogar ese testimonio durante dicha etapa procesal permitiéndole allegar esa información al cúmulo de datos que obran en la Carpeta de Investigación en beneficio, si fuera el caso, del imputado, hoy quejoso. III. Como último concepto de violación, se aduce el incumplimiento al requisito previsto en el artículo 317, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales -acorde al numeral 19, párrafo 1º de nuestra Carta Magna) por -no tener claridad en las circunstancias de tiempo-, pues la menor víctima contradice lo dicho por la testigo Eliza Luna, en cuanto a que- -.ella se mostró en todo momento segura al referir que en el mes de marzo y abril no invitó a comer a su casa a LILIANA BARRAGÁN.-, en cambio -refiere -la menor- que el mismo día la tocó dos veces, una en el taller que está en la casa del señor Erasmo y otra en la sala de la casa, para posterior cambiar su versión manifestando que fue en distintas ocasiones, por lo que tal situación es cambiante en circunstancias de MODO, situación que no valoró el juzgador-. Ese último concepto se aprecia infundado por este juzgado, pues el núcleo del argumento consiste en la contradicción entre la imputación de cargo y el testimonio de descargo. En efecto, esta hipótesis ya ha sido resuelta en jurisprudencia II.2o.P. J-8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, tomo III, septiembre de 2015, página 1828, con número de registro 2010041, del rubro y texto siguientes- PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LAS IMPUTACIONES DE CARGO PREVALECEN SOBRE LAS DE DESCARGO -CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE LAS EMITAN Y DE QUE CONTRADIGAN LA IMPUTACIÓN HACIA EL INCULPADO-, SI ÉSTAS NO JUSTIFICAN LA POSIBLE ANIMADVERSIÓN O MOTIVO POR EL CUAL LOS TESTIGOS DE CARGO HABRÍAN DE SEÑALAR A UNA PERSONA DISTINTA DEL VERDADERO CULPABLE O AUTOR DEL HECHO IMPUTADO, SOBRE TODO SI LA VERSIÓN DE LAS VÍCTIMAS SE CORROBORA CON EL RESTO DE LAS PRUEBAS. La cantidad de testigos, por sí, no determina la mayor veracidad de sus testimonios, en función del elevado número de personas que declaren, pues el hecho de que se presenten a declarar varios testigos que afirman un hecho de forma idéntica no implica, necesariamente, que los eventos hayan acontecido de la manera en que lo refieren, sobre todo cuando confrontando esas versiones con las imputaciones de cargo y otros indicios, no logran desvirtuar a estas últimas, pues es válido comprender que la aparición posterior de una versión contraria a la de los declarantes de cargo -que incluso fueron víctimas), lleva implícita también la afirmación de los deponentes, en el sentido de que las víctimas que imputan el hecho mienten o no dicen la verdad y, ello, a su vez, implicaría admitir la pretensión dañada de perjudicar deliberadamente al inculpado; por tanto, quien pretende controvertir en esas condiciones a las imputaciones de cargo, deberá no sólo limitarse a sostener una versión opuesta -con las citadas derivaciones implícitas), sino justificar, además, la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado; no obstante, si sólo se allegan testimonios de descargo -independientemente de su número) que se limitan a contradecir la imputación, pero sin aportar, además, dato alguno del porqué los imputadores pudieran mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al enjuiciado, es claro que de la ponderación y confronta de ambos tipos de narrativa, deben prevalecer aquellos que provienen de las víctimas, sobre todo cuando la versión de éstas se corrobora con el resto de las pruebas, tales como periciales, documentales, huellas materiales, vestigios o, en general, todo aquello que siendo legalmente incorporado a los autos converja en prueba indiciaria o circunstancial que así lo establezca. Esta determinación jurisprudencial es directamente aplicable al caso pues por un lado existe la imputación y el señalamiento directo de la menor víctima que ha sido sostenido desde su primera manifestación al respecto ante su madre el día que encontró la carta, luego en declaración ante la Representación Social del Estado de Chihuahua, en entrevista ante la Agente de la Policía Estatal Única, División Investigación, Licenciada *******, durante la evaluación psicológica ante la perito Licenciada ******* y, finalmente, en su declaración en audiencia pública ante el Juez de control -hoy autoridad responsable) y por otro lado tenemos el dicho de una testigo de descargo que, como dice la tesis, se limita a sostener una versión contraria. Sobre este punto, es menester destacar que la implicación que hace la testigo de descargo, de que la menor víctima miente -como dice la tesis), esa alegada mentira tiene, además, otros elementos en contra, a saber- - es un hecho notorio que los menores usualmente no mienten en hechos así de relevantes; más aún, también es hecho notorio que los adultos detectan fácilmente las mentiras expresadas por un menor. - Como bien lo expuso el resolutor natural, dado que los actos criminosos como los que se analizan son de realización oculta es la víctima quien primordialmente puede narrar la forma en que acontecieron los hechos, pero, además, la veracidad de su dicho se ve corroborado con el dicho de las otras testigos que fueron quienes declararon situaciones periféricas del delito y con los análisis que especialistas le efectuaron, de los que se reveló el estado psíquico de la menor víctima por los hechos vividos y los síntomas físicos. Además, en el sistema de justicia penal acusatorio que privilegia los juicios orales, la declaración de las personas, en su calidad de víctimas o testigos, es una de las pruebas de mayor relevancia con base en la cual las autoridades judiciales toman decisiones y dictan sentencia. Lo anterior resulta más relevante cuando se trata de niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debido a que por ser víctimas de delitos la mayor parte de las veces aquéllos son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir evidencia física. Ello hace de su testimonio una prueba de enorme valor para evitar que los hechos se repitan. Adicionalmente, cuando se aborda la participación de un niño en un proceso judicial no puede pasarse por alto las diferencias que existe entre el niño y el adulto. En efecto, toda valoración de una declaración infantil deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño, niña o adolescente deberá hacerse considerando los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá´ fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Con base en lo dicho, podemos inferir que es infundado el concepto de violación hecho valer por la defensa del accionante. El juez fue acertado al valorar el dicho de la menor víctima del delito, en la medida que consideró no solo su dicho sino las circunstancias concomitantes y lo adminiculó con los demás datos de prueba disponibles. Además, conviene indicar que era un derecho de la menor ofendida participar en un proceso judicial, una obligación de cara a su derecho a ser oído, así como un medio para coadyuvar en la labor del impartidor judicial, al aportar mayores elementos para considerar en la toma de su decisión. El hecho de ser menor no impide la posibilidad de contar con su relato ni existe razón para restarle valor a su dicho. Lo anterior, es acorde con la jurisprudencia VI.2o. J-149, que emitió el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de mil novecientos noventa y ocho, Materia Penal, visible en la página 1082, con registro 195364, del tenor siguiente- TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan sido narrados de una manera clara y precisa. También resulta aplicable al caso, por las razones que la sustentan la tesis aislada XXVII.1o.-VIII Región) 23 P -10a.), que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Penal, que se consulta en la página 2584, con registro 2005699, que a la letra dispone lo siguiente- PRUEBA TESTIMONIAL DE UN MENOR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA MINORÍA DE EDAD, POR SÍ MISMA, NO IMPIDE QUE EL JUEZ RECIBA SU DECLARACIÓN -LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN ABROGACIÓN PAULATINA). Conforme a los artículos 407, 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, en abrogación paulatina, el juzgador no puede dejar de examinar durante la instrucción a los testigos presentes cuya declaración soliciten las partes; además, toda persona puede ser examinada como testigo cualquiera que sea su edad, pero los menores de dieciséis años no serán intimados, sino exhortados a declarar verazmente. Preceptos de los que se colige que la minoría de edad de un testigo, por sí misma, no impide que el Juez reciba su declaración dentro del procedimiento penal. Lo anterior, toda vez que el artículo 20, apartado B, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, sólo prohíbe los careos entre el acusado y la víctima u ofendido menor de edad en los delitos de violación o secuestro. No obstante, tal precepto establece que las demás declaraciones del menor -que no constituyan careos) se desahogarán en las condiciones que establezca la ley. Por su parte, tampoco en los tratados suscritos por el Estado Mexicano existe alguna disposición que prohíba recibir en un juicio penal el testimonio de una persona menor de edad. Ciertamente, el Estado debe velar por el interés superior de la niñez, de conformidad con el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Federal; sin embargo, está obligado a respetar el derecho a una debida defensa de toda persona acusada de la comisión de un delito, de acuerdo con la fracción IX, apartado A, del citado artículo 20 constitucional. Por tanto, en atención a los principios hermenéuticos de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, previstos en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Carta Magna, el Juez debe armonizar ambos derechos fundamentales, es decir, debe respetar el derecho del procesado de allegar al juicio las pruebas que estime pertinentes para su defensa y garantizar su desahogo, de manera que no afecte injustificada o excesivamente a los menores involucrados con el proceso; para ello, el juzgador debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar que el desahogo del testimonio no sea una experiencia traumatizante para el niño, como las enunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX-2013 -10a.), de rubro- -DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO.- Por otro lado, el quejoso alega una imprecisión de tiempo, sin embargo no le asiste la razón con relación a tal alegato. Al respecto, la responsable también hizo pronunciamiento expreso en el sentido de que- -.si bien es cierto, refieren no queda clara exactamente la fecha en la cual hubiera sucedido el hecho si es evidente que la propia menor víctima tanto en su comparecencia como en su declaración ante este Tribunal refiere entre los meses de marzo y abril de este año dos mil dieciséis, luego entonces no se deja en estado de indefensión a su representado puesto que tiene la posibilidad de acreditar lo sucedido en estos dos meses para efecto de que pueda emplear maniobras defensivas en relación con los hechos.- -Páginas 22 y 23) Este Resolutor encuentra razonable y ajustada a derecho esta consideración, máxime si recordamos que con el Auto de vinculación a proceso se abre la etapa de investigación formalizada donde aún el imputado tendrá oportunidad de defensa ya sea en el sentido que lo plantea la responsable o siguiendo cualquier otra teoría del caso. Es decir, este margen de tiempo no le causa afectación al imputado, hoy quejoso. En conclusión la determinación de la responsable se estima correcta y apegada las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y las normas de nuestro sistema jurídico y el concepto de violación, infundado. En ejercicio de suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se procede a realizar un análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama. Para tal efecto tenemos, en primer lugar el artículo 19, párrafo 1º constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de- 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, cabe adelantar que los primeros dos requisitos indicados se cumplen con la simple mención a ellos dentro de la resolución de vinculación a proceso, en cualquier parte de su texto, pues la norma constitucional no impone formalidad alguna. Luego, estos dos requisitos se aprecian cumplidos de una simple lectura de la transcripción del acto reclamado, por lo que no resulta necesario mayor estudio. En cuanto al tercer de los requisitos indicados por el numeral 19, párrafo 1º de nuestra Carta Magna citado, tenemos que coincide con uno de los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto se resulta ocioso realizar un doble análisis por separado. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes- I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que- III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-26 -9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro V, de febrero de 2012, página 1940, materia penal, de rubro y texto- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma- primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo- que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras- a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente- I. Formulación de la imputación. En audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra del hoy accionante del amparo, ante el Juez de control del distrito judicial Bravos, por el delito de abuso sexual, en términos del artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en agravio de la menor de iniciales J.A.C.B. II. Rendición de la declaración preparatoria de la imputada o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el propio veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, ******* ejerció su derecho de reservarse a rendir declaración preparatoria respecto de los hechos que se le imputaron -minuto 10-15 de dicha audiencia). III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de -un hecho que la ley señale como delito- y la -probabilidad en la comisión o participación del activo-. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, a pesar de que la parte quejosa no vierte concepto de violación en torno a la acreditación del delito que se le imputa, este Tribunal de amparo analizará si el Juez de control realizó un examen sobre el grado de racionabilidad, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad -si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación -en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario -de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-25 -9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Febrero de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO -ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de -un hecho que la ley señale como delito- y la -probabilidad en la comisión o participación del activo-, esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad -teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad -si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación -en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario -de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de abuso sexual, -cometido en agravio de la menor de iniciales J.A.C.B. - previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para arribar a tal conclusión, el Juzgador consideró- 1.- La denuncia presentada Liliana Barragán Luna, madre de la menor víctima, ante la Representación Social del Estado de Chihuahua -página 12 de la transcripción del acto reclamado), 2.- El testimonio de la misma Liliana Barragán Luna rendido en audiencia pública ante el Juez de control -página 12), 3.- La declaración de la menor víctima de iniciales J.A.C.B., ante la Representación Social del Estado de Chihuahua, 4.- La declaración de la menor víctima de iniciales J.A.C.B., ante la responsable -página 14), 5.- El dictamen pericial realizado por la perito en psicología, Licenciada Wendy Sujey Bolaños Alvidrez -páginas 16 y 17). Datos que al ser analizados debidamente y ponderados con los antecedentes invocados, se encuadraron en la figura típica contemplada en el artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua. También al haber analizado los citados hechos, así como el tipo penal en comento, estos últimos debidamente adminiculados e interpretados de manera conjunta, se advirtió que- -.el señor ERASMO MOLINA GUERRA entre los meses de marzo y abril del año dos mil dieciséis ejecutó un acto sexual sobre la menor víctima de nueve años de edad que es su sobrina, de iniciales J.A.C.B. toda vez que le metió la mano por dentro de su pantalón y su calzón tocándole su área genital, esto con un fin lascivo y sin el propósito de llegar a la copula, hechos ocurridos en el interior del domicilio ubicado en la calle Puerto Chicama número mil ciento treinta y nueve de la colonia Patria de esta ciudad.- De ahí entonces la verificación de un hecho que Ley señala como delito. No fue óbice, lo argumentado por la defensa -página 22) en el sentido de que- - -.no se señala circunstancias de tiempo, no queda claro cuando sucedió el hecho toda vez que la menor víctima refiere entre los meses de marzo o abril.- pues, como dijo la responsable, el imputado tiene la posibilidad de acreditar lo sucedido en esos dos meses para realizar las maniobras defensivas que considere, además de que la madre de la menor víctima preciso que el hecho ocurrió justo antes de las vacaciones de semana santa de ese año, - ni que -.no se ha llevado a cabo la declaración de la diversa menor de trece años de edad por parte de la Representación Social.- argumento que fue correctamente descartado, tal como se dijo en el considerando sexto al estudiar el concepto de violación II, punto 2. Para el análisis de la legalidad de lo determinado en este aspecto por el Juez de control , es conveniente precisar que de lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 16, párrafo primero del 19 y, el inciso A, del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente Reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral, para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada, con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como, el principio de igualdad y contradicción, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte, el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y, por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos -hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción de los citados numerales. En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de control, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad, por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Del análisis anterior se deriva, que cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación, dentro del sistema penal acusatorio y oral, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del inciso A, del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio -oral). Por tanto, debe considerarse a la etapa preliminar o de investigación, como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio y, es por ese motivo que el registro de los medios de investigación, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la imputación, se llevará a cabo en el legajo o carpeta de investigación que al efecto se integre; sin embargo, como se precisó anteriormente, al carecer tales actuaciones de valor probatorio para el dictado de la sentencia por disposición constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba; el Ministerio Público al formular la imputación, sólo hará la recolección de los datos que lleven al juzgador, en la siguiente etapa, a la construcción de las pruebas que le permitan establecer, en su caso, la existencia de hechos configurativos del delito. Conforme a lo anterior, desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que el Juez de control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que se existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de abuso sexual, en perjuicio de la víctima de iniciales J.A.C.B., previsto y sancionado en el artículo 174, del citado ordenamiento, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó el responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración del delito atribuido a al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a los derechos del imputado, ni que el mismo haya formulado conceptos de violación para controvertir la configuración de los hechos descriptivos del delito de abuso sexual, que ameriten ser suplidos en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de control en ese aspecto. Sustenta la anterior conclusión, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-2 -10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, de Noviembre de 2013, Tomo 1, materia penal, página 757, del siguiente rubro y texto- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO -HECHO ILÍCITO- DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J-25 -9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro- -AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO -ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN -NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).-, estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa -acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual -acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no -contaminar- o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularla a proceso. En el caso, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar lo siguiente- -.sirviendo para acreditar lo anterior precisamente el señalamiento directo y eficaz, que en contra del propio imputado realiza la menor víctima de iniciales J.A.C.B., la cual sin duda ni reticencia es contundente en señalar a su tío ERASMO como la persona que entre los meses de marzo y abril le levanto su pantalón y su calzón para haberle realizado tocamientos.- -Página 20) Esto, a partir de los siguientes datos- 1.- La declaración de la menor víctima de iniciales J.A.C.B. -Página 20), 2.- La declaración de Elizabeth Molina Luna, hija del imputado -Página 20), 3.- La serie fotográfica exhibida -Página 21), 4.- La declaración de Elisa Luna Luevanos, esposa del imputado -Página 21). Este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, ya que con los datos de prueba que le narró la agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que efectivamente existe la probabilidad de que el hoy quejoso, cometió o participó en la comisión de los hechos configurativos del delito de abuso sexual, por sí mismo. Esto se centra en la validez y credibilidad del dicho de la menor víctima de iniciales J.A.C.B., cuyo análisis ya se realizó en el considerando sexto al estudiar el concepto de violación III y a cuyo apartado remitimos al lector en obvio de repeticiones innecesarias. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis que se configurara en el presente caso, el quejoso tampoco la hizo valer en sus conceptos de violación y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el presente caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. V. Termino constitucional. En cuanto al plazo para resolver la situación jurídica de los imputados, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un término de setenta y dos horas. En el mismo sentido el numeral 313, párrafo 4º del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que- -Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso -.) La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación.- Ahora bien, en el caso a estudio el imputado, en la audiencia de formulación de imputación el día veinticuatro de febrero del año dos mil diecisiete a las once horas con cuarenta y un minutos, solicitó la duplicidad del término constitucional equivalente a seis días contados de momento a momento -minuto 12-15 de dicha audiencia). Posteriormente, la responsable emitió el Auto de vinculación a proceso el día dos de marzo del año dos mil diecisiete, resolviendo a las diez horas con quince minutos. En conclusión, de un simple cálculo aritmético y revisión del calendario de esa fecha -como hecho público y notorio) se tiene que el Auto de vinculación a proceso fue emitido dentro del término legal. A mayor abundamiento, podemos precisar que el plazo transcurrido fue el siguiente- Viernes 24 de febrero de 2017- se formuló imputación -11-40 horas), Sábado 25 de febrero de 2017- día 1, Domingo 26 de febrero de 2017- día 2, Lunes 27 de febrero de 2017- día 3, Martes 28 de febrero de 2017- día 4, Miércoles 1º de marzo de 2017- día 5, Jueves 2 de marzo de 2017- Auto de vinculación a proceso -10-15). Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo único procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los numerales 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve- PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ******* contra el acto del Juez de control del distrito judicial Bravos, consistente en el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, el día de hoy treinta de junio de dos mil diecisiete, fecha en que se terminó el engrose de este fallo y lo permitieron las labores del juzgado, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la suscrita secretaria encargada del despacho, no está facultada para fallar en definitiva, según lo establece el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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