Dolores Araceli Castellanos Martinez
Expediente 1459/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Dolores Araceli Castellanos Martinez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente de la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", con sede en Tijuana, Baja California, mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso c) de la ley en consulta. Ahora, de conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el ocurso que se atiende; así también proporcionan número telefónico y correo electrónico como medios de contacto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yaritza Guadalupe Sánchez Guillen, Pedro Buendía Ramírez y Miguel Ángel Ríos Sedano, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas sus manifestaciones a manera de alegatos, de los cuales se hará relación en su momento procesal oportuno. Notifíquese.
- Incidental
En Tijuana, Baja California, a las once horas con quince minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental que refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1459/2023-A, promovido por Dolores Araceli Castellanos Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, estando en audiencia pública Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, quién actúa ante el licenciado Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia en la presente incidencia, sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo; b) auto admisorio; c) proveído de seis de noviembre del año en curso, en el que se abrió a trámite el incidente de suspensión en que se actúa y d) constancia de notificación realizada a la autoridad responsable. De igual manera, el secretario certifica y hace constar que en ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se notificó a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. A lo que la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció las pruebas de su intención. A lo que la Juez acuerda: Toda vez que las partes no ofrecieron pruebas se cierra este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la manifestación que antecede, asimismo, por precluido el derecho de las partes para hacerlo, con lo que cierra el periodo. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la audiencia incidental, se levanta la presente acta para constancia legal y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1459/2023-A, promovido por Dolores Araceli Castellanos Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal. Resultando Primero. Según su correspondiente escrito de demanda Dolores Araceli Castellanos Martínez, por propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridad responsable - Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Jueza de Control. Acto reclamado "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad señalada como responsable en el inciso A).- la inconstitucional resolución dictada dentro de la Audiencia de Impugnación de la Determinación del no ejercicio de la Acción Penal, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, llevada a cabo en fecha dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente de Impugnación 16/2023, que se formó en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y mediante la cual resuelve revocar y dejar insubsistente la determinación impugnada, consistente en el ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL de fecha 14 de junio de 2019, en donde se había resuelto que EL HECHO COMETIDO NO CONSTITUYE DELITO, en favor de la imputad y ahora quejosa Dolores Araceli Castellanos Martínez, contemplado en el numeral 327 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictado por el C. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Tercera de Investigación III-3, de la Fiscalía General de la República, Delegación Tijuana, que interviene en la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/00003230/2017, cuando fue otro el supuesto por el cual se impugnó la determinación y no por el cual se dictó la misma, ya que se impugnó por considerar que no se actualizaba el supuesto a que se refiere el numeral 327 fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a que AGOTADA LA INVETIGACION EL MINISTERIO PUBLICO ESTIME QUE NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FUNDAR Y MOTIVAR UNA ACUSACION, otro supuesto completamente distinto, lo que se llevó a cabo en franca violación de mis derechos humanos fundamentales inmersos en los artículos 14, 16 y 17, de nuestra Carta Magna y también reclamo las consecuencias que deriven de la resolución que se combate." Segundo. Por auto de seis de noviembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, proveyó sobre la suspensión provisional, requirió a la autoridad su informe previo y citó a las partes para la celebración de la presente audiencia, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 140 de la Ley de Amparo; 49 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: -La resolución de dos de octubre de dos mil veintitrés dictada dentro del expediente 16/2023 por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que revocó la resolución emitida por la fiscalía el catorce de junio de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/00003230/2017 en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Dolores Araceli Castellanos Martínez, y ordenó dejarla insubsistente. Tercero. En términos del artículo 142 de la Ley de amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, toda vez que fue omisa en rendir su informe previo no obstante de que fue notificada el ocho de noviembre del año en curso, como se advierte de la certificación secretarial realizada en la audiencia incidental por el secretario encargado del trámite del presente asunto. Cuarto. Suspensión definitiva. De los antecedentes realizados bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refirió que con motivo de la impugnación realizada por el Servicio de Administración Tributaria dentro de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/00003230/2017 relativa a la resolución emitida por la fiscalía el catorce de junio de dos mil diecinueve, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Dolores Araceli Castellanos Martínez, el dos de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente 16/2023 el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad en funciones de Juez de Control revocó la resolución recurrida y ordenó dejarla insubsistente, lo que se presume ante la omisión de la autoridad responsable de rendir el informe previo solicitado; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva en virtud que -a manera de indicio se puede advertir que- el procedimiento del que emana el acto reclamado y respecto del cual solicita la medida cautelar, es de orden público y, por ende, insuspendible, en virtud que versa sobre la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución, ni las Leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad, de tal suerte que no se satisface el requisito previsto en la fracción II, del artículo 128 de la anterior Ley de Amparo, pues hay interés en la sociedad en que no se detenga ni paralice dicho procedimiento hasta en tanto se esclarezca la verdad legal que guarda la directa quejosa en relación con el hecho señalado por la ley como delito por el cual se está integrando la carpeta de investigación de que se trata; de ahí que como se anticipó, se niegue la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran, la Jurisprudencia PC.I.P. J/51 P (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro digital 2019329 de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero, 219, 307, primer párrafo, 310, 311, 314, 315, 333 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el sistema procesal penal acusatorio, el imputado puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, en los momentos siguientes: 1) cuando se encuentre detenido; 2) cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; y 3) antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese contexto, es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis PC.XV. J/37 P (10a.) emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito con número de registro digital 2020147 de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA DIVERSA QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y ORDENA LA REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar y tiene por objeto conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado o a terceros. Ahora bien, tratándose de la resolución que revoca la diversa que confirma el no ejercicio de la acción penal y ordena la reapertura de la carpeta de investigación resulta improcedente conceder la suspensión contra sus efectos, toda vez que con su concesión se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al impedir que el Ministerio Público reinicie la facultad de investigación que le otorgan los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Por tanto, es evidente que al no haber materia sobre la cual decretar la suspensión de los actos a ésta atribuidos, debe negarse la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Dolores Araceli Castellanos Martínez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese.
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