Dixon Rodrigo Asqui Mamani

Expediente 1084/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1084/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Dixon Rodrigo Asqui Mamani
  • Juan Francisco Alvarado Bocon
  • Arturo Simoni Vera Quispe

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese al presente expediente, para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, presentado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, sin que sea el caso acordar en relación a su contenido, en virtud de que en auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo en el presente asunto. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el cuatro de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo por la totalidad de los quejosos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal, no obstante de que se desechó la demanda de amparo, es clasificado como conservable, tomando en consideración que en auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano decretada a favor de los quejosos. Lo anterior conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como con el décimo considerando y el artículo noveno transitorio, ambos del citado Acuerdo General en vigor, los cuales establecen respectivamente que, al desaparecer la valoración respectiva a expedientes depurables, aquellos que se encuentren en este supuesto, se clasificarán como conservables, y lo dispuesto en el Manual vigente será aplicable, hasta en tanto se emita un nuevo Manual conforme a las nuevas disposiciones. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Juez Primero Civil, con residencia en esta ciudad; en atención a éste, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que adjuntó al comunicado de cuenta, consistente en copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio ordinario civil ********************; sin perjuicio de relacionarla en audiencia constitucional. A fin de tener un mejor manejo del expediente en que se actúa, con las constancias en mención, fórmese por separado el "Tomo I" de pruebas. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que los directamente agraviados 1)********************, 2)********************, 3)********************, 4)********************y 5)********************, no están alojados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. En consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, requiérase al Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, a fin de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, legalmente computadas, informe si tiene conocimiento si los directamente agraviados 1)********************, 2)********************, 3)********************, 4)********************y 5)********************, se encuentran a disposición de una diversa estación migratoria dentro del país; o bien, informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello, para lo cual se remite copia del auto donde se decretó la suspensión de plano otorgada a los agraviados y de la demanda de amparo. Bajo el apercibimiento, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que al día de hoy equivale a la cantidad $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a primero de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por********************, en favor de 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el estado de Baja California, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 1084/2023-E. En atención a lo expuesto, se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN, INMINENTE DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la deportación, expulsión o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice son objeto los directamente agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de los directos agraviados con fines de deportación, expulsión o repatriación, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es su situación migratoria, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede a 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de las personas agraviadas, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de la parte quejosa. 4. De igual manera, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquellos (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubican los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de los directos agraviados no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio, deberán ser puestos en libertad de inmediato bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTÁ SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. Se deberá dejar a los agraviados en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa ********************/******************** de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo ********************/******************** del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los directos agraviados queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, se observa que la parte promovente indicó que los quejosos se encuentran en las oficinas de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California y son de nacionalidad ecuatoriana, peruana y guatemalteca, respectivamente. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que los agraviados, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a favor de 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad, en el entendido que las medidas establecidas para tal efecto en el artículo 102 de la Ley de Migración, quedan bajo su más estricta responsabilidad. Garantía. De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a los directos quejosos, no exceda de $15,000.00 (quince mil pesos moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para el promovente del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demérito de la libertad de la parte quejosa. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, los impetrantes puedan acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirla de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor de los quejosos y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma, lo cual deberá hacer saber de inmediato a este tribunal. En caso de que tras la liberación de los quejosos -por haber cumplido los requisitos que le sean impuestos- incumpla con alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." 7.1 Luego, en el supuesto de que los agraviados se encuentren en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, quedan a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. En el entendido de que si los quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración o si en su caso en su calidad de refugiada cuenta con algún documento que le permita provisionalmente su legal estancia en el país, una vez que la autoridad migratoria se cerciore que efectivamente los directos quejosos cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, deberán ser puestos en libertad. 7.2 Por otra parte, tomando en consideración que de la demanda se aprecia la nacionalidad de los directos agraviados, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que para el caso de que éstos, sean de nacionalidad, cuyo país sea parte de la denominada "Alianza del Pacífico" y en su caso, sus connacionales no requieran visa para entrar al territorio mexicano, deberán valorar si los directos quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, y EN CASO DE SER POSITIVO DEBERÁ SER PUESTO EN LIBERTAD DE INMEDIATO. Con la precisión de que dicha medida cautelar no surte efectos si en contra de los quejosos se hubiere emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. Por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: - Qué calidad migratoria tienen 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************. - Cuál es el procedimiento específico -al que en su caso- se encuentran sujetos y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los directos agraviados; - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosos, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstos, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual manera la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurran. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI 25/12/22 16:14:58 RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirvan rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar el comunicado respectivo a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directos agraviados 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ******************** y 5)********************, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización del agraviado en la Estación Migratoria de esta ciudad. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá: 1. Requerir a los agraviados para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifieste si autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerle del conocimiento a los agraviados que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista mencionado, tienen el derecho de designar en esos términos a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentren en posibilidad de realizar tal designación, hágaseles saber que pueden solicitar se les designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrán hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. 4. De igual forma, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días legalmente computados manifieste si convalida las notificaciones electrónicas o bien señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, las notificaciones que deriven del presente asunto se realizarán electrónicamente al usuario proporcionado en el escrito de demanda, hasta en tanto señale un domicilio para tales efectos. De igual manera, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables de esta ciudad, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se aplique o continúe aplicándose en perjuicio de , algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentren dichos agraviados. Asimismo, se encomienda al Actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de la autoridad responsable no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda por virtud de que los directos quejosos hayan obtenido su libertad, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad, el área jurídica le proporcione la información correspondiente al ingreso y salida que en su caso tengan en su base de datos respecto a los buscados o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Acceso expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, dado que del escrito de demanda se solicitó el acceso al expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas, y para tal efecto se proporcionó el nombre de usuario ********************; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 55 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la notificación de lo que se resuelva en el presente juicio vía electrónica, en el entendido de que la parte quejosa queda obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional; con el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por dicha vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 ya citado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario ********************, únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando direcciones de correo electrónico a fin de establecer comunicación no procesal con este órgano jurisdiccional. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese personalmente a los directamente agraviados.

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