Diego Andre García Alcázar
Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/09/2021
Partes del expediente
- Diego Andre García Alcázar
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos décimo octavo, fracción I, inciso a), y vigésimo, fracción II, inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda relativa al presente asunto, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso d), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; estableciéndose como fecha probable para tal efecto veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario Judicial del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del expediente 498/2021-VIII, de su índice administrativo, en cumplimiento a la separación de autos ordenada en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, se procede a acordar lo conducente respecto del acto reclamado al Juzgado Quinto de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Diego Andree García Alcázar, contra actos del Juez Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 650/2021-G. Así, al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa se aprecia que el acto aquí reclamado es el siguiente: La falta de designación de albacea dentro del expediente 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DEAMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD ; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Desechamiento por principio de definitividad. En la especie, el suscrito considera que en relación al acto reclamado se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. El precepto legal en cita, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." También robustece lo anterior, la tesis cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN." En ese sentido, cabe precisar que los artículos 709, 710 y 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en su orden, disponen: "Articulo 709.- El recurso de queja tiene lugar: I.- Contra el Juez que se niega a admitir una demanda, o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento; II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; III.- Contra la denegación de apelación; IV.- En los demás casos fijados por la ley." "Articulo 710.- Se da el recurso de queja en contra de los ejecutores y secretarios por ante el Juez. Contra los primeros, sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones en los incidentes de ejecución. Contra los segundos, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. "Articulo 711.- El recurso de queja contra el Juez se interpondrá dentro de los tres días siguientes al acto reclamado, expresando los motivos de inconformidad. Se presentará por conducto del propio Juez, quien dentro del tercer día que tenga conocimiento, lo remitirá al Tribunal Superior de Justicia del Estado, acompañando informe de justificación y testimonio de las constancias señaladas por el recurrente, así como de las que el Juez estime necesarias. El Tribunal dentro del tercer día resolverá lo que corresponda." Así, de conformidad con el artículo 709, fracción IV, en relación con el diverso 710 última parte, y 711, del dispositivo legal antes invocado, el recurso de queja procede en los demás casos fijados en la ley (omisiones en el desempeño de sus funciones), en contra, entre otro del Juez. Por ello, en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la parte quejosa atribuye al Juez Quinto de lo Civil, de esta ciudad, la falta de designación de albacea dentro del expediente 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del artículo 709, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, del que se advierte la procedencia de un recurso que puede hacer valer el promovente en el procedimiento de origen, como lo es el recurso de queja, aunado a que el acto reclamado (falta de designación de albacea dentro del expediente 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez) lo atribuye a la omisión del juez responsable de requerir el acta de defunción al diverso Juzgado Segundo Familiar de esta ciudad; omisión que se estima, es impugnable a través del recurso de queja previsto en el artículo 709, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California. En este orden de ideas, si el ordenamiento citado señala expresamente en el numeral precisado, la procedencia del recurso de queja para combatir la falta de designación de albacea en el juicio de origen, resulta evidente la procedencia de ese medio de impugnación. En relación con el tercer requisito, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del aludido recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La cuarta de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud que dicha falta de designación de albacea dentro del expediente 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez, puede ser subsanada, a través del recurso de queja por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. De ahí que, contra el acto combatido, proceda el recurso de queja. Conforme a lo expuesto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues la falta de designación de albacea dentro del expediente 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez, ante la omisión del juez responsable de requerir dicha documental al diverso juzgado Segundo Familiar de esta ciudad, es impugnable a través del recurso de queja previsto en el artículo 709, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; de ahí que se advierte la procedencia de un medio de defensa ordinario que puede hacer valer la persona jurídica quejosa en el procedimiento de origen. Máxime que la parte quejosa, es la parte actora en el juicio de origen 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez, del índice de la autoridad responsable. En tal razón, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo mencionado, la parte quejosa debió interponer el citado recurso ordinario que la ley procesal civil prevé para controvertirlo, a fin de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele el quejoso admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de revocación de acuerdo con los dispositivos referidos, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que, si en contra del acto de autoridad existe algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción. Resta señalar que el acto reclamado no se encuentra dentro de las causas de excepción para no agotar los medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional, porque no se trata de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; menos el amparo lo instó una persona extraña al procedimiento; tampoco el acto reclamado se contrae al auto de vinculación a proceso; y, finalmente, el citado recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional para recurrirlo o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por tanto, se colige que el acto reclamado consiste en la falta de designación de albacea dentro del expediente 1922/2019, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jorge Javier García Velázquez, ante la omisión del juez responsable de requerir dicha documental al diverso juzgado Segundo Familiar de esta ciudad, puede ser impugnado mediante el recurso de queja, previsto en la codificación mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia de título siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda promovida por Diego Andree García Alcázar, atento a lo que establece el diverso 113 del ordenamiento indicado. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales) dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. A efecto de proteger la integridad del actuario comisionado, se reitera que al efectuar las diligencias encomendadas, deberá de cumplir con las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, de la cual ya tiene conocimiento, cuando se trate de un caso que por sus características, implique un peligro de contagio por el virus SARSCo2 (COVID-19), en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma por la respectiva persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentre. Domicilio y autorizados. Como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alma Yaneth Medina Carrillo y Gustavo Alcocer Pérez , ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; no así Luis Vicente Cholico Rojas y Cristian Natanael Raygoza Lozano a quienes en términos del artículo 12 último párrafo solo se les faculta para oir y recibir notificaciones; por lo que una vez que acrediten contar con cédula profesional legalmente expedida que la faculte para ejercer la licenciatura en derecho debidamente registrada en el sistema antes indicado, y previa insistencia de la parte quejosa se proveerá lo conducente. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal el ubicado en avenida Niños Héroes, número 912-12, entre tercera y cuarta, Zona Centro, en esta ciudad.. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1ª./J. 82/2019 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente.
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