Douglas Leonardo da Costa
Expediente 1371/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Douglas Leonardo da Costa
- DOUGLAS LEONARDO DA COSTA y Otros.
- Lincoln Correira Azevedo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y de la certificación secretarial se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional; sin embargo, el dieciocho de octubre del presente año, se notificó a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, Tijuana Baja California, para que rindiera Informe justificado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Lidia Medrano Meza, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. bcsa
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente de la Vocalía del Registro Federal de Electores, con residencia en Mexicali, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en autos, proporciona domicilio en donde puede ser emplazado tercero interesado ******************** en el presente juicio; sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que en razón actuarial de cuatro de octubre del año en curso, éste fue agotado por el actuario de la adscripción. En otro orden, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y CFE Suministrador de Servicios Básicos, ambas con residencia en esta ciudad, mediante los cuales en atención al requerimiento efectuado en diecisiete de octubre pasado, informan que al realizar una búsqueda en su base de datos no encontraron registro donde se advierta domicilio a nombre del tercero interesado ********************, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve Douglas Leonardo Da Costa, Aroldo Das Merces Pereira, Weliton Pereira De Morais, Lincoln Correia Azevedo y Eduardo Campos Da Silva, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; por lo tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, y regístrese con el número 1371/2023-A. Suspensión de plano. Ahora, en atención a los actos reclamados que podrían traer como consecuencia la posible deportación o expulsión del territorio nacional de los directos agraviados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directos quejosos no sean deportados o expulsados del país; hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXVI, diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." La suspensión se concede en el entendido de que los quejosos Douglas Leonardo Da Costa, Aroldo Das Merces Pereira, Weliton Pereira De Morais, Lincoln Correia Azevedo y Eduardo Campos Da Silva, quedan a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable migratoria por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio que en su caso se haya instaurado en su contra. Sin que dicha medida cautelar tenga por alcance otorgar un permiso respecto a su situación migratoria o de refugiados toda vez que en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, establece que no es posible de que con motivo de la suspensión del acto, se constituyan derechos a la parte quejosa con los que no contaba antes de la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en consulta en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia Común, pagina 2585, con número de registro 2018421, la cual al rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL RESTABLECIMIENTO PROVISIONAL AL QUEJOSO EN EL GOCE DEL DERECHO AFECTADO ESTÁ ACOTADO A LOS CASOS EN QUE LA PRERROGATIVA DE QUE SE TRATE ESTÉ INCORPORADA A SU ESFERA JURÍDICA ANTES DE LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO. De conformidad con el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, el juzgador deberá proveer sobre la suspensión y ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden al momento de la presentación de la demanda, además de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho afectado, en caso de ser material y jurídicamente posible. Asimismo, el artículo 131, párrafo segundo, del propio ordenamiento prevé la imposibilidad de que, con motivo de la medida cautelar, se constituyan derechos a los quejosos con los que no contaban antes de la presentación de la demanda. Por ende, de la interpretación sistemática de ambos preceptos se colige que la facultad restitutoria en la suspensión procede únicamente respecto de derechos que estén incorporados a la esfera jurídica de quienes la solicitan con anterioridad a la tramitación del incidente, pues lo establecido en el último numeral mencionado revela la intención de evitar que, so pretexto de la concesión de una medida cautelar, se otorgue al quejoso el goce de una prerrogativa de la que no era titular. Tan es así que en el artículo 77 de la misma ley se reconoce que, de tener razón el particular en el fondo, los efectos de la concesión del amparo serán la restitución en el pleno goce del derecho afectado o la vinculación a la responsable para que observe el derecho cuya omisión se reproche, por lo que es materia de la sentencia del expediente principal fijar los extremos sobre cómo deberán restituirse los derechos indebidamente afectados a los justiciables y no del incidente de suspensión, ya que el objeto de esa medida únicamente consiste en mantener viva la materia del juicio y evitar que se causen perjuicios al quejoso con la ejecución del acto reclamado." Informe de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tengan para ello, apercibida de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se le hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI 25/12/22 16:14:58 RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas." Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable, si ésta se niegan a recibir los comunicados a ella dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberán estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitadas para firmar electrónicamente, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentran imposibilitados para firmar electrónicamente, lo que no excluye a las potestades responsables de las sanciones legales correspondientes, de ser omisas con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Incidente de Suspensión. Sin que sea el caso emitir pronunciamiento en relación a la suspensión provisional y definitiva solicitada en el escrito de demanda, en virtud de que en la presente determinación se concedió la suspensión de plano a favor de los directos agraviados. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas con cuarenta minutos del veintidós de noviembre dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Solicítese a la responsable, indique al rendir su informe con justificación, si tiene conocimiento de algún juicio de amparo relacionado con el acto aquí reclamado, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o derivado del procedimiento de origen. De conformidad con lo establecido en el dispositivo 64, párrafo primero, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes informen oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado o la actualización de alguna causal de sobreseimiento. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este Juzgado. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto las autoridades señaladas como responsables rindan sus informes justificados, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio que menciona en su escrito de demanda, asimismo, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Guzmán Muro y David González Solís. Acceso al expediente electrónico, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario "ALEJANDRO.GUZMAN.MURO" la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en coordinación; por lo que, se instruye a la Oficial Judicial "A" Encargada de Seguimiento de Expedientes en este órgano jurisdiccional, a fin de que lleve a cabo lo correspondiente a sus funciones. Por otra parte, hágase del conocimiento del promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, y que de ello tenga conocimiento, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/20174 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que de conformidad con el artículo 14 del acuerdo general del 12/20, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes. Comunicaciones no procesales. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
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