Dulce Carolina Salas Valdez

Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
783/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Dulce Carolina Salas Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la cual por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y la protección de la justicia federal; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo décimo octavo fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado.. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo décimo octavo, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que toda vez que en catorce de diciembre de dos mil veinte se aperturó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y en resolución de veintiuno de diciembre del mismo año, se negó la suspensión definitiva; en resolución de trece de enero del año en curso, negó y concedió la suspensión definitiva; y en resolución de once de febrero del año en curso, se negó la suspensión definitiva, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado. Se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo vigésimo fracción II, inciso a), del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional seis meses, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el artículo vigésimo del Acuerdo General citado. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del duplicado del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. En once de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, turnada el mismo día a este juzgado, Dulce Carolina Salas Valdez, por propio derecho, presentó demanda de amparo, en donde señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se enuncian: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Subdelegado de la Fiscalía General de la República con sede en Tijuana, Baja California. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-I en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-II en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-III en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-IV en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-V en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-VI en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-I en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-II en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-III en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-IV en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-V en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-VI en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-I en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-II en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-III en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-IV en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-V en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-VI en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-I en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-II en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-III en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-IV en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-V en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-VI en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-I en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-II en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-III en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-IV en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-V en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. C. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-VI en Tijuana, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Baja California de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de autoridades señaladas como responsables, la ORDEN DE COMPARECENCIA, PRESENTACIÓN O DETENCIÓN URGENTE ADMINISTRATIVA, Y CUALQUIER ACTO QUE RESTRINJA MI LIBERTAD PRONUNCIADO EN MI PERJUICIO, librada por las autoridades y que pretenden ejecutar, fuera de todo procedimiento y su ejecución potencial, privándome de libertad sin haber sido oído y vencido en juicio". Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. La quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite. En auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional ordenó la formación del expediente impreso y electrónico bajo el registro número 783/2020-D, se admitió la demanda, se ordenó la formación del cuaderno incidental, se solicitó el informe a las autoridades responsables; dando la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Cuarto. Mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. Quinto. Mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19"; y, en su artículo 1°, se estableció como nueva fecha límite para reanudación total de las actividades jurisdiccionales el treinta de junio de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y el informe justificado, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: ( La orden de comparecencia, presentación, detención urgente administrativa o cualquier acto que restrinja la libertad de la quejosa. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Las autoridades responsables en su denominación correcta rindieron el informe que les fue requerido en los siguientes términos: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-I, en el Estado de Baja California. No es cierto 2 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-II, en el Estado de Baja California. No es cierto 3 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-III, en el Estado de Baja California. No es cierto 4 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-IV, en el Estado de Baja California. No es cierto 5 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-V, en el Estado de Baja California. No es cierto 6 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-VI, en el Estado de Baja California. No es cierto 7 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-I, en el Estado de Baja California. No es cierto 8 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-II, en el Estado de Baja California. No es cierto 9 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-III, en el Estado de Baja California No es cierto 10 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-V, en el Estado de Baja California No es cierto 11 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-VI, en el Estado de Baja California No es cierto 12 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-I, en el Estado de Baja California No es cierto 13 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-II, en el Estado de Baja California No es cierto 14 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-V, en el Estado de Baja California No es cierto 15 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula III-VI, en el Estado de Baja California No es cierto 16 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-I, en el Estado de Baja California No es cierto 17 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-II, en el Estado de Baja California No es cierto 18 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-III, en el Estado de Baja California No es cierto 19 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-IV, en el Estado de Baja California No es cierto 20 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-V, en el Estado de Baja California No es cierto 21 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-VI, en el Estado de Baja California No es cierto 22 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-I, en el Estado de Baja California No es cierto 23 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-II, en el Estado de Baja California No es cierto 24 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-IV, en el Estado de Baja California No es cierto 25 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-V, en el Estado de Baja California No es cierto 26 Titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Modelo Colaborativo Institucional en la Ciudad de Tijuana, Baja California. No es cierto Las autoridades señaladas como responsables, al rendir el informe justificado que les fue requerido, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, no obstante que fue debidamente notificada de la vista concedida al haberse agregado los informes justificados. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ella se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas dirigidas a corroborar tales afirmaciones. En apoyo a lo expuesto se localiza la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, que establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ello tiene sustento también, en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables antes precisadas, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células II-IV, III-III, III-IV, V-III y V-VI, fueron omisas en rendir el informe justificado que les fue solicitado, aun cuando se encuentran debidamente notificadas como se advierte del sello de recibo de las citadas autoridades en los oficios 20856, 20861, 20862, 20873 y 20876, que les fue dirigido, respectivamente, en los que se aprecia que recibieron dicha comunicación el diecisiete de diciembre de dos mil veinte; por lo que con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierta la existencia de los actos que se les reclaman. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Las causales de improcedencia deben analizarse de manera preferente e incluso oficiosamente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En virtud de lo anterior, y dado que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito procederá a examinar la legalidad del acto reclamado y los conceptos de violación respectivos. SEXTO. Estudio de fondo. En el caso, el acto cuya existencia se presume, no resulta inconstitucional en sí mismo, por lo que la parte quejosa tenía la carga de demostrar que la orden de comparecencia, presentación, detención o privativa de libertad que reclama se dictó al margen del procedimiento legalmente establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que hayan cumplido con dicho extremo. En efecto, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en sus párrafos primero, segundo y cuarto, dispone: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de esta Ley". De la porción normativa transcrita, se tiene que la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días más. También establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. De igual forma, prevé que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos y que, si no se rindió el informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, correspondiendo al quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto, por no ser inconstitucional o inconvencional en sí mismo. En ese tenor, se estima, que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias que lo rodean, ya que la porción normativa en estudio establece de manera clara que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad de los actos. Entonces, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que el juzgador debe tener por cierto es el acto reclamado, más tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, al no existir precepto que así lo establezca. Debe señalarse, que un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías previstas para su protección en la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna, o a alguno de esos Tratados. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o a los Tratados aplicables, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos y garantías no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Ley Fundamental o al respectivo Tratado surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de 36 horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recabaran pruebas, porque, con independencia de éstas, de cualquier manera, sería procedente conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí que, se reitera, el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de la materia, establece que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de derechos humanos y garantías; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, ya que, cuando los actos son violatorios de tales derechos y garantías en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5910, tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 49 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, es decir, no releva a dicha parte quejosa de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito no pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, no siendo correcto que se exprese "de los términos de la demanda, el acto reclamado resulta notoriamente violatorio de las garantías de la quejosa", pretendiendo fijar como hechos constitutivos del acto mismo las violaciones que se invocaron, porque dentro de este criterio, todos los actos reclamados resultarían violatorios de garantías, y lo que la ley requiere, es que el acto en sí, sea violatorio, como por ejemplo cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal". Establecido lo anterior, este juzgador estima que, si bien se tuvo por cierta la orden de comparecencia, presentación, detención o privativa de libertad emitida en contra de la quejosa, no es un acto inconstitucional en sí mismo, por lo que correspondía a la quejosa aportar las pruebas conducentes para evidenciar su falta de regularidad constitucional. Es decir, aunque su certeza se presumió por la falta de informe justificado, esta sólo comprende el acto reclamado y no los demás aspectos que lo rodean, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tiene la responsable para emitir las órdenes restrictivas de libertad, circunstancia que impone una carga al quejoso con la cual, en la especie, no cumplió. Ahora bien, si se parte de la premisa de que tales actos no son inconstitucionales en sí mismos, pues el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las autoridades como lo son las responsables ordenadoras para emitir órdenes de tal naturaleza fundando y expresando los indicios que motivaron su proceder. Por tanto, es indiscutible que en el evento de reclamarse por la vía del amparo indirecto un mandato de esa naturaleza, como la inconstitucionalidad de la misma dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya motivado el propio acto de autoridad, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo le correspondería a la parte quejosa probar esos motivos, datos o pruebas, y al no haber satisfecho el impetrante esa carga procesal, este Juzgador no se encuentra en posibilidad de analizar si tales actos reclamados son inconstitucionales. Ello es así, pues la inconstitucionalidad de tal acto depende de que no se hubiesen colmado las formalidades previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales, todas las personas gozan, entre otros, del derecho a la libertad personal que, en su ámbito más básico, es entendida como la capacidad de una persona de llevar a cabo sin intromisiones injustificadas sus propios actos, incluyendo la libertad de movimiento o libertad deambulatoria. Su ejercicio, como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es absoluto, sino que puede ser restringido o limitado con base en criterios de proporcionalidad. En cuanto a su restricción, se ha sostenido que para la afectación a la libertad de una persona deben concurrir una serie de requisitos constitucionales como la emisión de una orden de por escrito, debidamente fundada y motivada, emitida por autoridad competente. En el caso, entonces, si bien se tuvo como cierto el acto positivo consistente en la orden de detención o privativa de libertad emitida en contra de la quejosa, lo cierto es que éste no produce por sí mismo ninguna violación a sus derechos humanos o garantías de protección previstas en el parámetro de regularidad constitucional (constitución y tratados, así como su interpretación). Por tanto, dado que no aportó ninguna prueba para demostrar lo anterior, deben estimarse ineficaces en su conjunto sus conceptos de violación, toda vez que la quejosa debió demostrar que no se ajustó a las exigencias constitucionales para su dictado. Cabe agregar que, en la especie, no se actualizó la obligación oficiosa de este órgano judicial de amparo de recabar pruebas o actuaciones procesales prevista en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues ésta sólo opera cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión de la sentencia constitucional. Sin embargo, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir su informe, como en la especie, debe aplicarse el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual establece que corresponde la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, cuando no sean violatorios de derechos humanos en sí mismos. En consecuencia, debe negarse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa en contra de los actos que reclama a las autoridades Agentes del Ministerio Público de la Federación Titulares de las Células II-IV, III-III, III-IV, V-III y V-VI, con residencia en esta ciudad, consistentes en la orden de comparecencia, presentación, detención o privativa de libertad emitida en contra de la quejosa. SÉPTIMO. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dulce Carolina Salas Valdez, contra los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Dulce Carolina Salas Valdez, en contra de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando sexto, por los motivos y fundamentos expuestos en el mismo. TERCERO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante María Socorro Hurtado Ceja, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En ese orden, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día en que reciban el oficio en el que se les notifica el contenido del presente acuerdo, acusen el recibo correspondiente, el que podrán remitir por correo ordinario al domicilio ubicado en avenida Paseo de los Héroes, número 10540, octavo piso, Zona Río, código postal 22010,Tijuana, Baja California o por correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándoles que hagan referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se les remite para una mejor identificación del mismo; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá la multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, y tomando en consideración de que para el día de hoy se encontraba señalado para la celebración de la audiencia constitucional y a efecto de no vulnerar los derechos de las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data y se fijan las trece horas con diez minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de la autoridad y actos reclamados, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese.

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