DIEGO OSVALDO u OSWALDO CERPA CASTILLO

Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1180/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • DIEGO OSVALDO u OSWALDO CERPA CASTILLO

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en cita, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivas. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del mencionado Acuerdo General. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción III, inciso b), del Acuerdo General antes mencionado, se indica que, toda vez que en la resolución interlocutoria de tres de octubre de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa; por lo que el original del incidente es destruible. De igual forma, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "destruible", que determina su destino. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el acto reclamado por D*******o, por conducto de su Defensor Público Federal E*******z, se hizo consistir en la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar relativa a la causa penal 1******2, del índice de la responsable, en la cual resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, al realizar la consulta del expediente electrónico relativo a la causa penal de origen que la responsable hizo disponible, se observa que en la audiencia celebrada el veintinueve de septiembre del año en curso, en acatamiento a la suspensión provisional dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa, el Juez responsable determinó prescindir de la prisión preventiva de carácter oficioso y, una vez agotado el debate correspondiente, impuso a D*******o, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, de conformidad con la fracción I del numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 210- A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, misma que establece: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Del dispositivo antes transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. Atento a lo narrado, la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés), señaló una fecha para la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual, incluso, ya tuvo verificativo y fue modificada para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, de conformidad con la fracción I del numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional del acto reclamado en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha ya el quejoso cuenta con diversa medida cautelar, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVII. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, de autos se advierte que mediante proveído de dos de octubre del año en curso, se precisó que la agente del Ministerio Público de la Federación que tuvo intervención en el procedimiento penal del que deriva la materia de reclamo lo fue la licenciada María Luisa Sánchez Flores, quien intervino en la audiencia inicial de formulación de imputación, por lo que se le reconoció el carácter de tercero interesada. Sin embargo, de autos se advierte que quien tuvo intervención en la causa penal de origen 1*******2, lo fue el licenciado M******z, agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Célula I-1, de la Fiscalía General de la República, por lo que mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercero interesado. Por tanto, se estima conducente dejar reconocerle el carácter de tercero interesada a la profesionista licenciada María Luisa Sánchez Flores, como agente del Ministerio Público de la Federación; háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, a tres de octubre de dos mil veintitrés R e s u l t a n d o s: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, en esta ciudad, el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, ******************** o ********************, por conducto de su Defensor Público Federal ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que, previa su aclaración de su denominación es la siguiente: Autoridad Responsable: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. Acto reclamado: "[.] la emisión de la resolución de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal ******************** en la que se determina que continúe la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa [.]" Segundo. Trámite. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó formar por cuerda separada el incidente de suspensión en que se actúa, en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva de un juicio de amparo indirecto 1180/2023-E, que se tramita por este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013, 13/2019 y 107/2022, emitidos por el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que la parte quejosa reclama: La determinación de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar relativa a la causa penal ********************, del índice de la responsable; en la cual, se consideró mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta al quejoso. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, pues así lo manifestó al rendir su informe previo, por ende, se tiene plenamente probado. Cuarto. Suspensión definitiva de los actos reclamados. En la especie, el quejoso solicitó expresamente en el escrito inicial de demanda la suspensión de los actos que reclama de la autoridad responsable, por lo que con ello se reúne el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora bien, al realizar la consulta del expediente electrónico relativo a la causa penal de origen que la responsable hizo disponible, así como del oficio registrado con número de folio 14072 (signado por la autoridad responsable), se advierte que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida por este Juzgado, en la audiencia celebrada el veintinueve de septiembre del año en curso, determinó dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, una vez agotado el debate correspondiente, impuso a ******************** o ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, de conformidad con la fracción I del numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, es evidente que al no haber materia sobre la cual decretar la suspensión de los actos a ésta atribuidos, debe negarse la medida cautelar solicitada. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******************** o ********************, por conducto de su Defensor Público Federal ********************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el mismo, con el contenido de este, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual manera, téngasele informando que puso a disposición de este juzgado, las constancias que integran la causa penal ********************, de su índice, ello a través del expediente electrónico correspondiente al ********************; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se les tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que obran en el expediente electrónico de la causa penal en cita, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento en relación al agente del Ministerio Público de la Federación que tuvo intervención en el procedimiento penal de origen, dado que mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se le reconoció el carácter de tercero interesado al ******************** con sede en esta ciudad, quien tuvo la intervención en cita. Por otra parte, en atención al cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, téngase a la autoridad remitente informando que el licenciado ********************, tiene el carácter de defensor público del quejoso ********************, en los autos de la causa penal de origen. Por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad con que compareció a promover el presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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