Dolores López Martínez

Expediente 441/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
441/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Dolores López Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en el que se advierte que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Dolores López Martínez, registrándolo en su índice bajo el número 431/2021. Ahora, tomando en consideración de que no existen diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, rchívese el citado expediente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En términos del artículo vigésimo primero, inciso j), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Dolores López Martínez, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali y otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 441/2021-A. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este órgano jurisdiccional, es legalmente incompetente para conocer del presente asunto, por las consideraciones siguientes: Los artículos 47 y 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;" De los preceptos legales transcritos, se colige que tratándose de las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. De manera que, es preciso definir los actos que delimitan la procedencia del amparo directo, a saber: Se está ante una sentencia definitiva cuando la determinación resuelve el juicio en lo principal. Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Los laudos son las resoluciones conclusivas dictadas en los juicios del orden laboral. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "a).- De la SEGUNDA SALA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, en su carácter de autoridad ordenadora. Reclamo la resolución de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del toca civil número 2173/2019 de su índice, mediante la cual resolvió determinar infundado el recurso de reposición planteado por la suscrita en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, declarando la firmeza de este. b).- C. JUEZ OCTAVO de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en su carácter de autoridad ejecutora: Reclamo el acatamiento de la resolución interlocutoria de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del toca civil número 2173/2019 y que surtió efectos el día 28 de mayo de 2021." Asimismo, del capítulo de antecedentes del acto reclamado la parte quejosa señaló lo siguiente: "1.- Quien suscribe, funjo como parte demandada en el juicio ordinario civil con número de expediente 370/2018 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, integrado con motivo de la demanda interpuesta en mi contra por Morelia Calderón Mota. 2.- Seguidas las secuelas procesales del procedimiento en comento, en fecha tres de mayo de dos mil diecinueve el juez de origen dictó sentencia definitiva, determinación que fue impugnada por la suscrita en tiempo y forma mediante el recurso de apelación ante la autoridad responsable. 3.- Así, en los autos de toca civil que nos ocupa en fecha 23 de noviembre de 2020, la autoridad responsable declaró que había operado la caducidad de la segunda instancia, por haber transcurrido más de seis meses naturales contados a partir de la última determinación judicial. 4.- En contra de dicha resolución, la suscrita interpuse el recurso de reposición, mismo que fue resuelto mediante la sentencia dictada por la autoridad responsable el 25 de mayo del año en curso y publicada en el Boletín Judicial el día 27 siguiente, en la que resolvió determinar infundado el recurso planteado por la suscrita y declaró que el auto de fecha 23 de noviembre de 2020 había quedado firme. [.]" Precisado lo anterior, -como se precisó con anterioridad-, los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son únicamente dos: I) sentencias definitivas y laudos; así como II) resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal -hipótesis en la que se incluye el acto reclamado-. En el caso particular, la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno en el que se declaró infundado el recurso reposición en contra del auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dentro del toca civil 2173/2019 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el que se declaró que había operado la caducidad de la segunda instancia, por haber transcurrido más de seis meses naturales contados a partir de la última determinación judicial declarando firme dicho proveído; lo anterior, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, aquí quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 370/2018 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Constituye una determinación que, sin decidir en lo principal el fondo del asunto, puso fin al juicio, en la medida de que al declarar infundado la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, con motivo del recurso de reposición interpuesto por la parte demandada en contra del diverso auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte dictado dentro del toca civil 2173/2019 en el que la sala responsable decretó la caducidad de la segunda instancia (con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada aquí quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 370/2018 del índice del Juzgado Octavo de lo Civil, con residencia en esta ciudad), quedó firme la sentencia dictada en primera instancia por el Juez Octavo de Primera Instancia, de esta ciudad, dentro del juicio 370/2018; lo anterior, en términos del artículo 138, fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, por lo que este juzgador es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Por tanto -como se anticipó-, en relación con las resoluciones que pongan fin al juicio o que lo den por concluido aun cuando en su contra exista algún recurso, procederá el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, dado que la competencia para conocer y resolver del presente juicio corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; en consecuencia, con apoyo en el citado numeral, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, el original del escrito de demanda y copias simples de ésta, para que determine lo que en derecho corresponda respecto de la competencia que se declina; solicítese el acuse de recibo respectivo. Cabe destacar que no se analiza si existe recurso ordinario que procede en contra de la referida resolución, por virtud del cual la resolución reclamada puede ser modificada o revocada y de existir, si se agotó o no tal recurso, atendiendo a que al surtirse la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, éste en ejercicio de ella, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo, incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se cita, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." (Época: Décima Época; Registro: 2008791; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 2015, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 6/2015 (10a.); Página: 95) Sin que haya lugar a proveer respecto de la suspensión del acto reclamado; ya que no se está en alguno de los supuestos que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo; es decir, que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, aunado de que del escrito de demanda no se advierte que la parte quejosa lo haya solicitado expresamente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias que integran el presente asunto. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; asimismo, se tiene como autorizado de su parte a Ignacio Victoria Frizard y José Alberto Souza Montero, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y no así Marisol López Hernández. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Acceso vía electrónica. Por otra parte, solicita se autorice sólo para consulta vía internet del presente expediente al usuario "Jalbertosouza" Atento a lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza al usuario señalado en la certificación secretarial de cuenta, el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de dicho usuario únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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