David Hermosillo Hernández
Expediente 786/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- David Hermosillo Hernández
Actuaciones
- Principal
El veintiuno de octubre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del catorce al dieciocho de octubre del año en curso, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. El nueve de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por David Hermosillo Hernández, registrada con el folio 14517, cuatro copias de ésta y anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que el licenciado Edgardo Robles González (4478415), tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por David Hermosillo Hernández, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional, Delegación Zacatecas y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 786/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal mencionado es del texto literal siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Delegado del Registro Agrario Nacional. Presidente de la República Mexicana ACTO RECLAMADO: I.- El certificado parcelario número 00158066, expedido por el entonces Presidente de la República Mexicana C. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, en favor del C. J. GUADALUPE LUNA MUÑOZ, en fecha 03 de diciembre de 1998; respecto de la parcela No. 19ZZP1/2, del Ejido EL TEJUJAN, municipio de Valparaíso, Zacatecas, con superficie de 0-09-29.25 Hectáreas (Nueve Áreas, veintinueve punto veinticinco centiáreas) con las siguientes medidas y colindancias: SURESTE: 26.23 metros con callejón y 50.93 metros con VENANCIO ENRIQUEZ BRIZUELA; SUROESTE 18.98 metros con Asentamiento Humano; y noroeste en Línea quebrada 81.23 metros con asentamiento humano. Dicha resolución o acto de autoridad, viola garantías en mi perjuicio, ya que dicho certificado parcelario o inmueble se encuentra dentro de mi propiedad que describiré más adelante y que es de mayor superficie; lo que hace es violar garantías en mi perjuicio, pues nunca se me llamó o se me escuchó al momento de emitir tal acto de autoridad y que viola garantías en mi perjuicio y me obliga a promover el presente juicio. II.- Las consecuencias legales que se deriven de los actos que se han precisado. Luego, en el capítulo de antecedentes, el quejoso manifiesta: [.] PRIMERO.- Que según lo acredito con la Escritura Pública de Fecha 15 de Agosto de 1977, acta número ,177 Volumen II, del protocolo del Juez de Primera Instancia de este distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, por ministerio de ley, el suscrito soy propietario entre otros bienes raíces, de una fracción denominada El Chilar Viejo con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: tiene tres líneas de 60.00, 120.00 y 91.00 metros, y otra línea más por el mismo norte de 67.00 metros y linda con Ejido del Tejujan y Carretera Vecinal; AL ORIENTE: mide 200.00 metros y linda con carretera; AL SUR mide 280.00 metros y linda con MARIA DE JESUS CABRAL; y AL PONIENTE mide 201.00 metros y linda con CRISTINA HERNANDEZ DE CABRAL. Escritura pública debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de este lugar, el pasado día 07 de Octubre de 1980, misma que me permito anexar debidamente certificada. SEGUNDO.- Desde que adquirí dicho inmueble descrito, lo he poseído en calidad de propietario, incluso enajené dos fracciones; una en favor del señor HERMINIO ROBLES BARUELOS el día 25 de Octubre de 1990 y una segunda desmembración de 4-00-00 hectáreas a favor del señor VENANCIO ENRIQUEZ BRIZUELA el día 26 de Enero de 1994; permitiéndome anexar un croquis o plano ilustrativo al respecto. Quedando en favor del suscrito únicamente, en la parte norte de mi propiedad, conocida como Esquina "El Chilar viejo" una superficie de 1-21-40 hectáreas en mi favor, según constancia de fecha 07 de mayo de 2019, expedida por la Tesorera Municipal de Valparaíso, Zacatecas, la L.C. LUCILA VALENZUELA MERCADO, misma que me permito anexar debidamente en el legajo de copias certificadas y que comprenden la superficie que poseo después de dichas desmembraciones y que se aprecia de los dictámenes emitidos por peritos en el juicio que más adelante se menciona y que me permito anexar. TERCERO.- En fecha 05 de febrero de 2015, comparece el señor J. GUADALUPE LUNA MUROZ, demandándome en juicio civil oral de Interdicto para recuperar la posesión del bien inmueble (que aclaro nunca ha tenido posesión del mismo) y que dijo ampara su título parcelario número 158066 antes mencionado; radicándose la misma bajo el número 68/2015 ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, y dentro de la cual se dictó una sentencia definitiva en fecha 09 de diciembre de 2015, la cual se encuentra firme a la fecha, condenándome a reponer al desposado J. GUADALUPE LUNA MUROZ, en la posesión de la fracción de 789.0098 metros cuadrados que dice integra un predio de mayor superficie amparado por el certificado parcelario número 158066 (Resolutivo Segundo de la Sentencia de mérito), sobre un predio que jamás ha poseído. Mas virtud a aquel acto de autoridad, se le está reconociendo un derecho a todas luces indebido; pues esa superficie que dice tener, está enclavada en mi propiedad antes descrita. Es necesario aclarar, que en fecha 12 de mayo de 1997, los señores JUAN PEREZ RODRIGUEZ, DOMINGO MUNOZ GONZALEZ y J. JESUS VILLAGRANA VARGAS, en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero del Ejido denominado El Tejujan, Valparaíso, Zacatecas, demandan de mí y de otra persona, el cumplimiento íntegro de un Contrato de Permutas de Tierras, mismo que celebré en fecha 15 de octubre de 1993 con el ejido en mención, respecto de una superficie de 01-25-02 Hectáreas propiedad del suscrito, ubicadas o conocidas como esquina Chilar viejo por otra superficie de 01-69-00 hectáreas, propiedad del Ejido del Tejujan y colindantes de aquellos terrenos, según cláusulas primera y segunda del citado contrato que me permito anexar. Radicándose dicha demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Estado de Zacatecas, bajo el número 172/1997, declarándose improcedentes las citadas permutas y ningún efecto legal pueden surtir, en relación al principio de INALIENABILIDAD; según la Resolución de fecha 17 de septiembre de 1998 dentro del citado juicio agrario, permitiéndome anexar copia certificada de la misma, y la cual está firme. CUARTO.- El certificado parcelario en mención, que ha otorgado por el Ejecutivo Nacional, viola mis garantías individuales, porque dicho acto de autoridad ha provocado que se me despoje de parte de lo que me corresponde, ignorando que es propiedad del suscrito, propiedad privada que adquirí desde el año mil novecientos setenta y siete y me veo obligado a promover juicio de amparo. [.] De los anteriores antecedentes se advierte que el quejoso es propietario de entre otros bienes raíces, de una fracción denominada El Chilar Viejo, que adquirió desde el año mil novecientos setenta y siete. Asimismo, que el cinco de febrero de dos mil quince, J. GUADALUPE LUNA MUROZ, demandó al ahora quejoso en juicio civil oral de Interdicto para recuperar la posesión del bien inmueble, amparado por el título parcelario número 158066; ante el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, radicándose el mismo bajo el número 68/2015, al cual recayó sentencia definitiva el nueve de diciembre de dos mil quince, misma que quedó firme, en la que se le condenó a reponer a J. GUADALUPE LUNA MUROZ, en la posesión de la fracción de 789.0098 metros cuadrados que dice integra un predio de mayor superficie; que esa superficie se encuentra enclavada en su propiedad. Por su parte, el quejoso anexó copia certificada de entre otros documentos, de la sentencia que recayó al juicio que refiere en sus antecedentes -civil oral de Interdicto para recuperar la posesión del bien inmueble 68/2015-; documental que adquieren valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, al tener el carácter de documentos públicos expedidos por funcionario dotado de fe pública. De la citada resolución se advierte que el ahora quejoso compareció al citado juicio civil como parte demandada, quien el veinte de febrero de dos mil quince produjo contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, fue condenado a reponer a J. GUADALUPE LUNA MUROZ, en la posesión de la fracción de 789.0098 metros cuadrados que dice integra un predio de mayor superficie. De los anteriores antecedentes se puede advertir que el indicado juicio civil oral de Interdicto para recuperar la posesión del bien inmueble 68/2015, se sustentó en el título parcelario número 158066, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, e inscrito con el folio 32FD00153974, respecto de la parcela No. 19ZZP1/2, del Ejido EL TEJUJAN, municipio de Valparaíso, Zacatecas, con superficie de 0-09-29.25 Hectáreas (Nueve Áreas, veintinueve punto veinticinco centiáreas) con las siguientes medidas y colindancias: SURESTE: 26.23 metros con callejón y 50.93 metros con Venancio Enriquez Brizuela; SUROESTE 18.98 metros con Asentamiento Humano; y noroeste en Línea quebrada 81.23 metros con asentamiento humano, pues con dicho documento se tuvo por acreditado el primero elemento para que procediera la acción de interdicto de recuperar la posesión. Circunstancia de la cual el quejoso tuvo conocimiento de ese documento el veinte de febrero de dos mil quince, fecha en que compareció al citado juicio civil a dar contestación a la demanda instaurada en su contra; máxime que el quince de diciembre de dos mil quince, se le notificó de manera personal la sentencia dictada en el procedimiento. Por tanto, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor del referido acto. En esta instancia constitucional, el quejoso combate: I.- El certificado parcelario número 00158066, expedido por el entonces Presidente de la República Mexicana C. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, en favor del C. J. GUADALUPE LUNA MUÑOZ, en fecha 03 de diciembre de 1998; respecto de la parcela No. 19ZZP1/2, del Ejido EL TEJUJAN, municipio de Valparaíso, Zacatecas, con superficie de 0-09-29.25 Hectáreas (Nueve Áreas, veintinueve punto veinticinco centiáreas) con las siguientes medidas y colindancias: SURESTE: 26.23 metros con callejón y 50.93 metros con VENANCIO ENRIQUEZ BRIZUELA; SUROESTE 18.98 metros con Asentamiento Humano; y noroeste en Línea quebrada 81.23 metros con asentamiento humano. Dicha resolución o acto de autoridad, viola garantías en mi perjuicio, ya que dicho certificado parcelario o inmueble se encuentra dentro de mi propiedad que describiré más adelante y que es de mayor superficie; lo que hace es violar garantías en mi perjuicio, pues nunca se me llamó o se me escuchó al momento de emitir tal acto de autoridad y que viola garantías en mi perjuicio y me obliga a promover el presente juicio. II.- Las consecuencias legales que se deriven de los actos que se han precisado. Luego, el promovente tuvo conocimiento del título parcelario número 158066, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional, e inscrito con el folio 32FD00153974, respecto de la parcela No. 19ZZP1/2, del Ejido EL TEJUJAN, municipio de Valparaíso, Zacatecas el quince de diciembre de dos mil quince, fecha en que se notificó de manera personal de la sentencia dictada en el juicio civil oral de Interdicto para recuperar la posesión 68/2015, instaurado en contra del ahora quejoso en el juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas; sumario que se sustentó en el citado título parcelario. Entonces, la fecha que ha de tomarse en cuenta para el inicio del cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es la de dieciséis de diciembre de dos mil quince; por lo que el plazo de quince días que la ley precisa para promover la demanda de amparo, concluyó el siete de enero de dos mil dieciséis, sin contar los días diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil quince, uno, dos y tres de enero de dos mil dieciséis por ser inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la quejosa el ocho de octubre de dos mil diecinueve, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demanda de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, el acto reclamado, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por David Hermosillo Hernández. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Edgardo Robles González (4478415), toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Gustavo Adabache Ortiz, Leticia Madera González y Claudia Robles Rentería. Ahora bien, atendiendo a que el quejoso refiere que señala como domicilio para oir y recibir notificaciones, el despacho jurídico ubicado en Fraccionamiento, la Loma, de esta capital, pero no refiere el nombre de la calle; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, todos los litigantes, en el primer escrito, deben designar casa ubicada en el población en que tenga su sede en el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deben ser personales; y en la especie, la parte promovente no cumplió con ese requisito, ya que no proporciona domicilio completo en esta capital, para el efecto indicado, pues fue omiso en indicar el nombre de la calle y el número, por tanto, con apoyo en el citado precepto legal, practíquensele las notificaciones mediante lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) del cuerpo de leyes invocado, en tanto no señale correctamente domicilio en esta ciudad, para recibir las notificaciones que deban ser personales. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
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