David García Ortiz
Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 28/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- David García Ortiz
Actuaciones
- Principal
CUENTA. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con un escrito registrado con el folio 854, y cinco copias que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso David García Ortiz, por el que da cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de once del presente mes y año. En tales condiciones se acuerda: INCOMPETENCIA. Ahora bien, para pronunciarse sobre la procedencia de la demanda de amparo, es necesario analizar la competencia de este órgano para conocer del presente asunto. En ese orden, en principio es necesario precisar el acto que combate la parte impetrante a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y que lo hace consistir en la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Sala responsable dentro del toca de apelación civil 593/2018 de su índice, por la que confirmó la sentencia definitiva por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio civil reivindicatorio 197/2017. Sobre el particular, el suscrito carece de competencia para conocer de dicho acto, por tratarse de la resolución que puso fin al juicio y conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, corresponde a un Tribunal Colegiado, conocer de la resolución mencionada. Por tal motivo, la resolución impugnada, encuadra en la hipótesis señalada en el precepto 170, fracción I, de la legislación en comento, por ende, la demanda deberá ser estudiada en única instancia por un Tribunal Colegiado. Ahora bien, el dispositivo 170, fracción I, de la ley de la materia, dispone, en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... (...)" En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 47, 48 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito carece de competencia para conocer de la demanda en comento, en consecuencia, remítase el expediente en que se actúa con las copias de la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de este Circuito, para que, de estimarlo procedente, se avoque al estudio del presente asunto, solicitando al tribunal que corresponda, el acuse de recibo de estilo y se sirva informar lo que provea a este respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Materia Común, Décima Época, abril de 2015, página noventa y cinco, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Así como la diversa tesis VII.2o.C.85 C (10ª.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Materia Común, Décima Época, febrero de 2015, página 2752, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CONTRAERSE PRIMERO A LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE PREVÉ EL CÓDIGO DE COMERCIO EN EL ARTÍCULO 1339, PARA ESTABLECER SI EL ACTO RECLAMADO ES LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO. De una interpretación sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 78/2012 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 1, septiembre de 2012, página 428, de rubro: "RECURSO NO IDÓNEO. LA SENTENCIA EMITIDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE CONSTITUYE EN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO, CUANDO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ES IRRECURRIBLE, CONFORME AL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUNQUE SE HAGA VALER LA APELACIÓN Y ÉSTA SE DESECHE.", así como de su ejecutoria, es factible establecer que en un juicio ejecutivo mercantil, acorde con el artículo 1339 del Código de Comercio, la sentencia será apelable atendiendo al monto de la suerte principal; ahora bien, para efectos de la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito (en el entendido de que conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, éste conoce del juicio de amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio), debe contraerse primero a la procedencia o no del recurso de apelación que prevé el Código de Comercio para establecer si el acto reclamado es o no la sentencia o la resolución que puso fin al juicio. En ese tenor, pueden establecerse los siguientes supuestos: A) Si conforme al referido artículo 1339, la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil es apelable porque la cuantía rebasa el límite que el artículo establece, y el interesado hace valer el medio de impugnación, el cual es desechado o no se admite por determinada circunstancia que consideró la alzada, esa determinación debe considerarse como una resolución que puso fin al juicio, por tanto, contra ella procede el amparo directo, pues como se ha señalado, atendiendo al artículo aludido, sí era procedente contra la sentencia del Juez de origen el recurso de apelación, significa que esa resolución no era la definitiva, pues contra ella procede otra instancia. B) Si la suerte principal no excede el monto contemplado en la ley para la procedencia del recurso de apelación y, no obstante ello, el interesado interpone dicho medio de impugnación, el cual es desechado por la alzada bajo ese argumento, y en la demanda de amparo se combate, señalándola como acto reclamado (la que no admitía recurso de apelación), el Tribunal Colegiado de Circuito sí tiene la competencia legal para resolver lo relativo a ese juicio de amparo directo, siempre y cuando se haya presentado la demanda en el tiempo establecido en la ley, pues se está señalando como acto reclamado una sentencia definitiva. C) En el supuesto de que la sentencia no sea apelable por razón de la cuantía, pero se haga valer el medio de impugnación y la alzada lo admite y resuelve el fondo, contra esa resolución también será procedente el juicio de amparo directo, pues el respeto de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la prosecución del proceso, independientemente de los errores en la admisión del recurso. D) En el caso en que la suerte principal no exceda el monto contemplado en la ley para la procedencia del recurso de apelación y, no obstante ello, el interesado lo interpone, el cual es desechado por la alzada bajo ese argumento y contra ese auto se promueve la demanda de amparo directo, debe considerarse que éste no es una resolución que hubiese puesto fin al juicio, sino un acto dictado fuera de juicio que es competencia de un Juez de Distrito en amparo indirecto, pues en esta última hipótesis si la ley que rige el acto no prevé el recurso de apelación, entonces el juicio terminó con el dictado de la sentencia." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Norma Jessica Solis Muñoz, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
CUENTA. En once de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por David García Ortiz, registrada con el número de folio 450, con ocho copias de ésta y anexos que se adjuntan. Con la circunstancia de que la licenciada María Tovar Torres (1273749) tiene registrada su cédula profesional número en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a once de enero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por David García Ortiz, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 28/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.] Por su parte, el numeral 108, fracción V de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". De lo transcrito se advierte uno de los requisitos que debe contener los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, esto bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, de la demanda de derechos se advierte que el promovente fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones de la resolución que reclama. De igual manera, el impetrante no precisa cuáles fueron los efectos de la sentencia impugnada. Por tanto, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Se le previene para que manifieste "bajo protesta de decir verdad", los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, conforme lo establece el precitado numeral 108, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que constituye un requisito formal que de manera expresa debe constar en la demanda de amparo, el cual no puede ser sustituido por la expresión "Protesto lo necesario" que se asienta al final del libelo constitucional; esto es, dicho requisito consiste en una narrativa cronológica de lo que sucedió en el juicio reivindicatorio hasta antes del dictado de la resolución reclamada en el toca de apelación 593/2018, esto bajo protesta de decir verdad. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia del contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.- Al señalar el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con éste requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgado a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146, de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211, de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas" Precise cuáles son los efectos de la resolución emitida por la Primera Sala Civil y de lo Familiar, y si es posible exhiba una copia de la misma. Por último, con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que exhiba su escrito aclaratorio en original y cinco copias para correr traslado a las partes, por corresponder una para la autoridad señalada como responsable, otra más para el tercero interesado, dos más para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión y la última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.. Además, se hace del conocimiento del quejoso que es el quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que es el promovente quien bajo protesta de decir verdad, debe expresar los actos que reclame de las autoridades responsables, por ser el afectado con estos, lo anterior, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento en lo indicado en primer y tercer término, dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de derechos, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizada para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada María Tovar Torres (1273749) toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Pedro Ruiz González (antes San Benito) número ciento dos (102), zona centro, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6944/2018 de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Alicia
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