David Licarion Gamboa

Expediente 1593/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1593/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • David Licarion Gamboa

Actuaciones

  1. Principal

    En diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el número 18744, con anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 1038/2018 y de origen 444/2018, por el que se le encomendó la notificación al quejoso del auto de siete del presente mes y año, lo anterior, en términos del acta asentada por el actuario judicial adscrito al juzgado oficiante el doce del mes y año en curso. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la constancia de notificación asentada por el actuario judicial adscrito al juzgado oficiante el doce del presente mes y año, se advierte que el quejoso manifiesta que el acto que reclama en esta instancia lo es la orden de aprehensión dictada en su contra, por tanto, téngasele dando cumplimiento a la prevención realizada mediante proveído de siete de septiembre del año en curso. En tales condiciones se acuerda: INCOMPETENCIA. El numeral 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Dicho ordinal contempla tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, a saber: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior resulta que para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, es menester, en principio, determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material y, después, en caso de que sí la requiera, analizar si ya se ejecutó, se va a ejecutar o se está ejecutando y en qué lugar tiene o tendrá lugar dicha ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2001, Tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional es, en esencia, la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso David Licarión Gamboa, por el Juez Primero de Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro de la causa penal 41/2015-II-5 instruida en su contra. De lo anterior se advierte que el acto controvertido conlleva una ejecución material, en virtud, de que lo que reclama el quejoso consiste en la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución; que se traduce en actos positivos de ejecución material para los fines del juicio de amparo; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la ley de la materia, en el cual como ya se indicó, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior evidencia que el acto reclamado sí requiere ejecución material, que la misma se llevará a cabo y que ello sucederá en el estado de Jalisco, aunado a que el quejoso directo manifiesta que a la fecha se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Apéndice de 2011, Tomo II, materia penal, página setenta y tres, Registro 1002131, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." En este orden de ideas, este Juzgado considera que el Juez de Distrito legalmente competente para conocer de la constitucionalidad del acto del que se duele el quejoso es el que radica en el lugar en el que actualmente se encuentra detenido, y, por ende, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, surtiéndose la competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por David Licarión Gamboa, es competencia del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalsco, con residencia en Zapopán, en turno; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. Ahora bien, dado que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión y manifiesta que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique al quejoso, la presente determinación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En trece de septiembre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió para las autoridades responsables del veintidós de agosto al cuatro de septiembre del presente año; para el agente del ministerio público federal adscrito del veintitrés de agosto al cinco de septiembre del año actual; y, para la parte quejosa, del veintiocho de agosto al diez de septiembre del año actual, sin que ninguna se haya inconformado con la sentencia dictada en el presente juicio de derechos. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de derechos, en la que por una parte se negó, y, por la otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que en el presente caso sea necesario requerir a las autoridades responsables Congreso del estado y Gobernador, ambos con sede en esta ciudad, que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley de Amparo, requiérase únicamente a la autoridad responsable Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas, residente en esta ciudad, por conducto de su titular, para que dentro del término de tres días, dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora de garantías en los siguientes términos: "a) Los artículos 78 a 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, sean desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por la parte quejosa por el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal exhibido por la solicitante del amparo, lo que debe incluir la actualización fiscal e intereses correspondientes a ese primer acto de aplicación; y, de existir subsecuentes actos de aplicación que en su caso hubieren realizado, demostrados ante este órgano jurisdiccional, la devolución de tales pagos, así como de las actualizaciones de estos últimos." Asimismo, remita las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se le impondrá una multa que en su momento se determinará y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, en virtud de que dentro del presente sumario obra documento original exhibido por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que tiene señalado en autos y requiera a la quejosa, con fundamento en el último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, a fin de que con identificación oficial vigente, en horario de labores, acuda ante este juzgado a recibir el documento de mérito, el cual se pone a su disposición por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido, al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Ángeles

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano