David Julio Frayre Campos

Expediente 1197/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1197/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
19/10/2015

Partes del expediente

  • David Julio Frayre Campos
  • Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa sin que haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 1197/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y, de manera particular, con la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días referido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de ocho de septiembre de dos mil quince, que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, en atención a que el fallo de trato no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión relativo (el cual se ordena glosar al presente asunto), SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en atención a que en relación al primero se decretó el sobreseimiento y, por cuanto hace al segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, éste Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, el duplicado del mencionado incidente, guárdese por separado para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, dentro del término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. ARS

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las doce horas del ocho de septiembre de dos mil quince, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1197/2015, estando en audiencia pública el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. A continuación, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendido los informes justificados de las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, Comandantes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sedes en Miguel Auza, Fresnillo y Río Grande, Zacatecas; así como Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, en términos del artículo 117, de la Ley Reglamentaria invocada. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del ordenamiento legal invocado, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales anexadas por las autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, Grupo Miguel Auza, Zacatecas; y Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas; concernientes a la copia simple del oficio 208, de dieciséis de julio de dos mil quince, suscrito por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas; así como copia certificada de la causa penal 5/2015, respectivamente; de igual manera con el auto de término constitucional de diecinueve de julio de dos mil quince, dictado por la propia jueza responsable en los autos de la causa penal 5/2015, instruida al quejoso David Julio Frayre Campos, por su probable responsabilidad en el delito de daño en las cosas, lesiones y homicidio, todos bajo la modalidad de culpa. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes formuló alegaciones. Luego, al no haber diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1197/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el ocho de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, David Julio Frayre Campos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violaciones a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas. Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Miguel Auza, Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Río Grande. Acto reclamado: "Reclamo de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, la orden de aprehensión o detención arbitraria dictada en mi contra y de las segundas la ejecución de dicha orden por medio de sus agentes a su mando." Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. El nueve de julio de dos mil quince, fue remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas a este Juzgado Federal la demanda de garantías promovida, en ese misma fecha se dictó proveído por el cual se tuvo por admitida, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado, se ordenó dar intervención legal a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, así como el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, fue celebrada la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004 . En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, dictada por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, dentro del proceso penal 5/2015, instruida en contra del quejoso David Julio Frayre Campos, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, en detrimento de Omar Valdez Gamón, lesiones culposas en perjuicio de Anabel Gómez Galindo y daño en las cosas en agravio Francisco Medina Gamón. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza. Es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, así como comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, con residencia en Miguel Auza, Zacatecas, pues así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia del mencionado acto se corrobora con las constancias anexadas por la jueza responsable a su informe justificado, consistentes en copias certificadas la causa penal 5/2015, en un tomo; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, las diversas autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, Comandantes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sedes en Fresnillo y Río Grande, Zacatecas, al presentar su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, sin embargo, al detentar el carácter de ejecutoras y haber sido corroborada el dictado de la orden de aprehensión reclamada, su postura queda desvirtuada, para tenerla por cierta en cuanto a ellas refiere. En otro aspecto, la diversa autoridad responsable, señalada como ordenadora, Procuradora General de Justicia del Estado de Zacatecas, al rendir su informe con justificación negó expresamente la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado que le es atribuido a dicha autoridad responsable, en el presente juicio de garantías, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) "IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo disponen los artículos 61 y 113, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, el suscrito Juzgador de manera oficiosa, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, considera actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a cesación de efectos del acto reclamado. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" (.) Como preámbulo, conviene destacar qué debe de entenderse por cesación de efectos del acto reclamado, para ello, debe de recurrirse a las acepciones establecidas por los tribunales federales, los cuales en forma unánime coinciden en establecer que se trata de una figura legal que se actualiza cuando el acto reclamado deja de producir sus efectos y consecuencias en forma inmediata, total y material, sobre la esfera jurídica del quejoso, restituyéndole ipso facto (por el hecho mismo) su derecho fundamental vulnerado; a este tipo específico de cesación de efectos se le denomina por revocación, en donde es la propia autoridad responsable la que deroga o revoca su propio acto; ahora, también existe un segundo supuesto, denominado como por sustitución, el cual se actualiza cuando el acto reclamado es reemplazado por uno nuevo que lo secunda, afectando su ejecutividad y vigencia, en atención a la firmeza que adquiere al ser ordenado, dictado o emitido el acto posterior. En ambos casos, el estudio de la pretensión constitucional es infructuosa, en atención a que los efectos del acto reclamado han dejado de repercutir en el mundo exterior de manera incondicional y, de forma precisa, sobre los intereses jurídicos del gobernado. En ese contexto, como se adelantó, el impetrante de amparo reclama la orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, dictada por la Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, dentro del proceso penal 5/2015, instruida en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, en detrimento de Omar Valdez Gamón, lesiones culposas en perjuicio de Anabel Gómez Galindo y daño en las cosas en agravio Francisco Medina Gamón. Sin embargo, del análisis de las diversas constancias requeridas de manera oficiosa por el suscrito Juzgador, en términos del artículo 75 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que en forma de copias certificadas remitió la jueza responsable, se aprecia una resolución ulterior al dictado del acto reclamado, consistente en el auto de término constitucional de diecinueve de julio de dos mil quince, emitido por la propia responsable dentro del citado proceso penal 5/2015, por el cual resolvió la situación jurídica del impetrante de amparo, en su calidad de indiciado, decretando su libertad absoluta por lo que hace a los delitos cuya autoría se le atribuían, lo anterior, con sustento en el artículo 283, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y siete, al haberse actualizado la causal de sobreseimiento atinente a la extinción de responsabilidad penal (prescripción de la acción penal). Documentales anteriores con mérito probatorio pleno, según lo permite los numerales 129 y 202 de la legislación adjetiva civil federal, de aplicación supletoria de acuerdo al numeral 2° de la ley de la materia. De esta manera, resulta inconcuso que el acto reclamado en examen, orden de aprehensión de veintiséis de febrero de dos mil quince, fue sustituido procesalmente por la propia autoridad responsable, al emitir con posterioridad el auto de término constitucional de diecinueve de julio de dos mil quince, cesando así los efectos perjudiciales sobre la esfera jurídica de la peticionaria de amparo de una manera total e incondicional, devolviendo al estado que se encontraban antes de su dictado, al dejar de tener vigencia el mandato de captura reclamado, por mérito del cual sería privado de su libertad personal, al ordenarse su "absoluta libertad" en relación a las conductas típicas, antijurídicas y culpables que le eran reprochadas por la representación social. Por tal motivo, al haber cesado los efectos y consecuencias derivadas de la orden de aprehensión reclamada, es que se infiera no irrogue vulneración a la esfera jurídica del peticionario de amparo, ni en consecuente transgresión de sus derechos humanos, al haber sido sustituida procesalmente por una ulterior determinación, cuyo efecto inmediato hizo cesar la afectación al derecho a su libertad personal tutelado por la Constitución General en su favor en su artículo 16. Por tanto debe sobreseerse el juicio en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la legislación de la materia. Apoya la anterior consideración la tesis aislada I.3o.C.92 K, que instruye sobre el tema, la cual se encuentra visible en la página1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De igual forma, la tesis jurisprudencial 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, localizable en la página 38, tomo IX, materia común, junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por David Julio Frayre Campos, por el acto precisado en el considerando II.1, reclamado a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, de acuerdo a los razonamientos expuestos en los considerandos II.2.1. y III de la presente sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. ARS

  3. Principal

    En veinticinco de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un oficio con registro 16716 y anexos que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez de Primera Instancia y de lo; por medio del cual en cumplimiento a lo ordenado por este Órgano Jurisdiccional mediante oficio 19684/2015, remite copia certificada de la resolución de diecinueve de julio de dos mil quince, en la que se resuelve la situación jurídica del quejoso David Julio Frayre Campos; por tanto, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica la documental de referencia, misma que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.

  4. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los autos.- CONSTE Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de siete del mes y año en curso, se requirió a la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas, a efecto de que remitiera el auto por el cual haya resuelto la situación jurídica del aquí peticionario de amparo, respecto de los ilícitos cuya autoría le son reprochados en el proceso penal ********************, sin que a la fecha se haya recibido, lo anterior con la finalidad de resolver la presente litis constitucional. Por tal motivo, para dar oportunidad de lo anterior, SE DIFIERE la audiencia señalada para el día de hoy, para que sea celebrada a las DOCE HORAS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, al existir causa fundada y suficiente en términos del artículo 115, último párrafo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS

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