David Gurrola Franchini
Expediente 1822/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1822/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- David Gurrola Franchini
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del ocho al veintiuno del mes y año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de abril de la presente anualidad. Que no se tramitó incidente de suspensión. Que no existen constancias por devolver a la autoridade responsable.Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de abril del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en razón de que se negó el amparo. Finalmente, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DAVID GURROLA FRNACHINI, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1822/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, David Gurrola Franchini, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez de Control del Segundo Distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: -El auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal número 387/2018. Acto que, a su parecer resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó al tercero interesado, incluso, con el mismo carácter al Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal de la que deriva el acto reclamado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -El auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la causa penal 387/2018, por el delito de simulación de secuestro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de control de Fresnillo Zacatecas, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado y ante lo cual se tiene como cierto el mismo (foja 22). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La existencia del acto reclamado, se corrobora con la documental relativa a las constancias de la causa penal 387/2018, remitidas por el juez responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a los discos compactos que contienen el registro de audio y video (DVD) de la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada, se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 703, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Improcedencia. En el caso, no se advierte de oficio causa de improcedencia, ni las partes hace valer alguna en particular y ante lo cual se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación resultan infundados, y en el caso no existe motivo de queja deficiente que suplir a favor del quejoso en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra en la causa penal 387/2018, por el delito de simulación de secuestro, que dicho sea de paso, la responsable lo dejó previsto por el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, en relación con el diverso 9, fracción I, inciso a) del citado ordenamiento legal. Ahora, el impetrante señala por una parte en sus conceptos de violación, que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, pues al emitirla el juez responsable no tomó en cuenta lo vertido por la defensa, quien señaló que no se acreditaba el elemento subjetivo del tipo penal de simulación de secuestro, al no existir dentro de la carpeta de investigación dato alguno que así lo revelara. El anterior argumento de defensa deviene infundado, pues con independencia que no es un requisito que deba analizarse en el acto reclamado los elementos del cuerpo del delito, sino solamente si el hecho atribuido al inculpado se adecua al tipo dispuesto en la ley; el juez responsable al resolver sobre la vinculación a proceso reclamada, sí se ocupó del argumento formulado por la defensa pues de la videograbación de la audiencia se advierte que en el recorrido de la misma, a los veinte minutos con treinta y ocho segundos señaló y así consta en la resolución escrita: "(.) El señor Defensor en relación con ello, indica que las circunstancias de afirmación del Ministerio Púbico no están demostradas. Desde luego que no está demostrado nada, simplemente la posibilidad que se demuestre. Sería un contrasentido que en una audiencia de vinculación a proceso, se dijera que el hecho está comprobado de una o de otra manera, cuando la investigación del caso todavía está en curso; todavía se encuentra vigente. Lo que se necesita son datos que posibiliten o que supongan cierto el hecho -así dice la Ley- en relación con el cual el Ministerio Público investiga y formula una imputación. Entonces, contra lo que afirma el defensor, hay datos que suponen la existencia de pruebas, de que los hechos del caso como los anticipó el Ministerio Público, pudieran ser completamente acordes con una realidad. Y me refiero a esto, porque más allá de las anotaciones que el defensor hizo a la guía de las entrevistas o de las declaraciones de las personas mencionadas, sí hay datos que proporcionó el Ministerio Público, que no atendió el defensor, en el sentido de que todo se trató de un proyecto conjunto determinado por todos, en los cuales se repartieron funciones y en las que el señor David Gurrola Franchini tuvo la intervención de ser el conductor de la camioneta en la que iban a subir a Jorge Andrés Luna Rosales, en la ejecución de ese posible, de ese supuesto hecho de privación de su libertad. En ese sentido, debe de recordarse que el Ministerio Público ha anticipado que Jorge Andrés Luna Rosales pudiera decir en un enjuiciamiento a futuro y que ahora ha dicho en una entrevista, que todo fue un trato con Rubén Vázquez, David Gurrola, Andrés Méndez y Ricardo Nieto. Que todo fue precisamente porque, afirma, tiene problemas con esa persona de nombre "Abraham", y que entonces él intentaba tener beneficios para sí y además para saldar una deuda que el entendía, tenía con ese tercero, esa persona mencionada con el nombre de "Abraham". Dijo el señor Jorge Andrés de Luna Rosales, en su entrevista, en este antecedente de prueba, que él les pidió a los demás que le ayudaran, entre ellos a David Gurrola, que coadyuvaran con él para ejecutar ese posible secuestro. Esa fue la información que el Ministerio Público dio en otra audiencia y que no se controvirtió. El defensor tomó otras partes de las declaraciones y el Ministerio Público había tomado una más. Y entonces no hubo, no hay un dato que diga que la información que proporcionó el Ministerio Público derivado de esas entrevistas, sea una información falsa, que no esté en los datos de la carpeta de investigación (.)" Además, en torno al elemento subjetivo aludido por la defensa, se añadió por el juez responsable en la resolución reclamada que: "(.) Uno de los propósitos es, obtener para sí o para un tercero rescate o beneficio. De acuerdo con lo que acabo de analizar, se puede llegar o entender la probabilidad de que David Gurrola, junto con Jorge Andrés Luna Rosales y las otras diversas personas Rubén Vázquez y Ricardo Nieto, planearon ejecutar esos hechos de un aparente delito de secuestro y que los tres llegaron a la conclusión de hacer ese acontecimiento, con el conocimiento de que Jorge Andrés Luna Rosales tenía un objetivo, y que ese objetivo era uno de los que prevé esa fracción I del artículo 9 de la Ley de Secuestro, esto es, obtener para sí un beneficio (.)". Luego, contrario a lo indicado por el quejoso, la responsable se ocupó del argumento de la defensa, por cuanto señaló y acreditó la justificación del elemento subjetivo del tipo penal de simulación de secuestro, relativo al beneficio que pretendía para sí el mismo ofendido. Sin que frente a la conclusión de justificación del elemento subjetivo, se anteponga la circunstancia de que las llamadas exigiendo el pago del rescate, no fuera por los que realizaron la simulación del secuestro y la probabilidad de que se realizaron por las diversas personas que tuvieron retenido a la víctima en Zacatecas, pues como el propio juez responsable lo indica en la resolución reclamada, el hecho relevante es que se pidió el rescate como beneficio a obtener por la simulación del secuestro, con independencia que se consiguiera este o no. Añade el quejoso en los conceptos de violación, que no se precisan en la resolución reclamada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar para acreditar el delito de simulación de secuestro, pues no existe dato alguno que lo justifique, y ante lo cual se le vincula a proceso sin existir datos de prueba. Máxime, dice el quejoso porque no existen constancias que demostraran o hicieran presumir que el quejoso llevó a la víctima de Fresnillo a Zacatecas; de modo que, al dictar el auto de vinculación contradice las reglas y el espíritu del sistema penal acusatorio y como tal viola el principio de presunción de inocencia. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, como enseguida se explica. En principio se establece que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dictado del auto de vinculación a proceso exige para su dictado que se exprese: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Los citados requisitos se reiteran y complementan en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que el Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Los anteriores requisitos fueron colmados por el juez responsable al dictar el auto de vinculación reclamado, dado que el Agente del Ministerio Publico, el uno de octubre de dos mil dieciocho formuló imputación en contra del aquí quejoso, por el delito de simulación de secuestro, imputación de la cual, el inculpado en el uso de la voz conferido, se reservó su derecho para declarar. Por otra parte, de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al hecho dispuesto como delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En el caso, y contrario a lo aducido por el impetrante de garantías, el juez responsable a través de los datos de prueba señalados por el Agente del Ministerio Publico, estableció en el auto de vinculación a proceso, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho señalado como delito de simulación de secuestro, incluso, del contenido de los mismos datos probatorios, tuvo acreditada la probable responsabilidad del inculpado en su comisión en términos del artículo 13, fracción III del Código Penal Federal, al haberlo realizado de manera conjunta con otros sujetos activos. En efecto, del contenido de la videograbación de la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el cinco de octubre de do mil dieciocho, se advierte que el juez responsable en cuanto a la justificación del hecho señalado por la ley como simulación de secuestro concluyó: "(.) Que entonces en fecha 27 de septiembre de este año 2018, aproximadamente a las 10:30 horas, Jorge Andrés Luna Rosales, fue metido por la fuerza a un vehículo de la marca Ford, tipo Edge, que había sido llevado al lugar de la comunidad de El Salto, en el cual se iba a realizar ese proyecto que se había predefinido; Que ese vehículo lo llevó y lo condujo el señor DAVID GURROLA FRANCHINI; que entonces actuaron de esa manera, se encapucharon y utilizaron cierto tipo de armas y un aparente equipo táctico; que después UBALDO ROSAS y otras personas recibieron llamadas, en las cuales se les hacía la exigencia de entrega de dinero por la liberación de Jorge Andrés Luna Rosales (.)" Lo anterior, se dejó justificado por el juez responsable, con el análisis y valoración que realizó de los datos de prueba señalados por el Agente del Ministerio Publico y que obran en la carpeta de investigación, a saber: La declaración de Cristina Huitrón, con la que se acreditó la privación de libertad de la víctima, pues dicha testigo indicó conocer a la víctima por ser sobrino del esposo de aquella y quien el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, como a las diez y media de la mañana vio que Jorge estaba en una camioneta blanca en la calle y que de pronto llegó otro vehículo y se puso en un lado y llegaron cuatro encapuchados y entonces lo metieron en esa camioneta y ella se metió a su casa y decidió llamarle a su esposo. Además, sobre el anterior dato de prueba, a la vez el juez adminiculó el diverso dato relativo a la denuncia que sobre los hechos tipificados como el delito de simulación de secuestro, interpuso Mario Ernesto Rosales Hernández. Asimismo, se ponderó por la responsable los datos de prueba relativos a las informativas otorgadas por los agentes de policía Jesús Delgado, Jesús Guerrero Herrera y Leonardo Daniel Q. Enciso, quienes indicó, señalaron tener conocimiento del hecho relativo al reporte del secuestro de Jorge Andrés Luna Rosales, y sobre lo cual, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la carretera cuarenta y cinco Fresnillo, a la altura de la bodega de "Aceros y Materiales Fresnillo", detuvieron el vehículo Ford, tipo edge, color azul cielo, como el que se indicó intervino en los hechos, y en el cual, detuvieron a David Gurrola Franchini, porque en el mismo se encontró una placa que se señaló en el reporte como la que usaba el vehículo en el cual fue llevado la víctima. Los anteriores datos, se corroboraron por la responsable, con el diverso dato de prueba relativo a la inspección realizada por el agente de policía Jesús Delgado, sobre el vehículo y placa aseguradas por los agentes de policía el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, quien señaló tener a la vista los objetos mencionados. De este modo, conforme a los anteriores datos de prueba, se concluyó por el juez responsable que el hecho que pudiera llegar a demostrarse como verdadero, no fue la ejecución de un delito de secuestro de privación ilegal de la libertad en contra de Jorge Andrés Luna Rosas, sino la simulación del hecho de tal naturaleza, que determinaron ejecutar mediante una planeación conjunta, David Gurrola Franchini, el supuesto perjudicado Jorge Andrés Luna Rosas, Ricardo Nieto, Andrés Méndez y Rubén Vázquez; pues dicha fuente probatoria de los acontecimientos, son las afirmaciones que en ese sentido hicieron el propio Jorge Andrés Luna Rosas, Ricardo Nieto Contreras y Andrés Méndez Cortez; incluso, acordaron que llevarían a la víctima a Zacatecas y allá éste se separaría. Lo anterior fue corroborado por el juez responsable, con los datos relativos a las declaraciones de Ricardo Nieto Contreras y Andrés Méndez Cortez, quienes, con independencia de señalar la forma y términos de llevar a cabo el secuestro de la víctima, señalan a David Gurrola, como la persona que proporcionó y condujo la camioneta en que se llevaron a la víctima Jorge Andrés Luna Rosas. Además, el juez responsable, ponderando los datos de prueba que le sirvieron de sustento para la justificación del hecho dispuesto como delito de simulación de secuestro, concluyó en la probable responsabilidad de David Gurrola, junto con Jorge Andrés Luna Rosas, Ricardo Nieto Contreras y Andrés Méndez Cortez, al ser quienes ejecutaron el hecho aparente del citado delito y que tenía como objeto, obtener un beneficio para la propia víctima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar el secuestro; autoría que dicho sea de paso, la responsable la ubicó en términos de la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, en tanto que, el aquí inculpado, conjuntamente con diversos sujetos activos, llevó a cabo el hecho dispuesto en la ley como delito de simulación de secuestro, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Luego, contrario a lo indicado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso reclamado, tampoco resulta violatorio de sus derechos fundamentales, en tanto que, la responsable analizó los datos expuestos por el representante social en la carpeta de investigación y conforme a los cuales estableció la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado y que dejó justificada en los términos expuestos en los párrafos precedentes. Además, contrario a lo indicado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso reclamado, no se violatorio del principio de presunción de inocencia, en tanto que, al ser este de carácter subjetivo, es materia de la sentencia y no del auto reclamado, dado que dicho auto, sólo requiere y como así quedó acreditado en líneas precedentes, que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste. Por tanto, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. De modo tal, que si no se requiere de la actualización del dolo en el auto de vinculación reclamada, sino para la sentencia, es inconcuso que el auto de vinculación reclamado, no trasgrede el principio de presunción de inocencia del que se duele el quejoso. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no existir motivo de queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada por David Gurrola Franchini. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a David Gurrola Franchini, contra el auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control yenjuiciamiento de Fresnillo Zacatecas, en la causa penal 387/2018. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta hoy veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron la labores del juzgado, ante el secretario José Luis Cuevas Nolasco, que autoriza y da fe. ..."
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1822/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, David Gurrola Franchini, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez de Control del Segundo Distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: -El auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal número 387/2018. Acto que, a su parecer resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó al tercero interesado, incluso, con el mismo carácter al Agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal de la que deriva el acto reclamado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -El auto de vinculación a proceso decretado en contra del quejoso el cinco de octubre de dos mil dieciocho, en la causa penal 387/2018, por el delito de simulación de secuestro. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de control de Fresnillo Zacatecas, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado y ante lo cual se tiene como cierto el mismo (foja 22). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La existencia del acto reclamado, se corrobora con la documental relativa a las constancias de la causa penal 387/2018, remitidas por el juez responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Por lo que hace a los discos compactos que contienen el registro de audio y video (DVD) de la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada, se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, visible en la página 703, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Improcedencia. En el caso, no se advierte de oficio causa de improcedencia, ni las partes hace valer alguna en particular y ante lo cual se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación resultan infundados, y en el caso no existe motivo de queja deficiente que suplir a favor del quejoso en términos del artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra en la causa penal 387/2018, por el delito de simulación de secuestro, que dicho sea de paso, la responsable lo dejó previsto por el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, en relación con el diverso 9, fracción I, inciso a) del citado ordenamiento legal. Ahora, el impetrante señala por una parte en sus conceptos de violación, que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, pues al emitirla el juez responsable no tomó en cuenta lo vertido por la defensa, quien señaló que no se acreditaba el elemento subjetivo del tipo penal de simulación de secuestro, al no existir dentro de la carpeta de investigación dato alguno que así lo revelara. El anterior argumento de defensa deviene infundado, pues con independencia que no es un requisito que deba analizarse en el acto reclamado los elementos del cuerpo del delito, sino solamente si el hecho atribuido al inculpado se adecua al tipo dispuesto en la ley; el juez responsable al resolver sobre la vinculación a proceso reclamada, sí se ocupó del argumento formulado por la defensa pues de la videograbación de la audiencia se advierte que en el recorrido de la misma, a los veinte minutos con treinta y ocho segundos señaló y así consta en la resolución escrita: "(.) El señor Defensor en relación con ello, indica que las circunstancias de afirmación del Ministerio Púbico no están demostradas. Desde luego que no está demostrado nada, simplemente la posibilidad que se demuestre. Sería un contrasentido que en una audiencia de vinculación a proceso, se dijera que el hecho está comprobado de una o de otra manera, cuando la investigación del caso todavía está en curso; todavía se encuentra vigente. Lo que se necesita son datos que posibiliten o que supongan cierto el hecho -así dice la Ley- en relación con el cual el Ministerio Público investiga y formula una imputación. Entonces, contra lo que afirma el defensor, hay datos que suponen la existencia de pruebas, de que los hechos del caso como los anticipó el Ministerio Público, pudieran ser completamente acordes con una realidad. Y me refiero a esto, porque más allá de las anotaciones que el defensor hizo a la guía de las entrevistas o de las declaraciones de las personas mencionadas, sí hay datos que proporcionó el Ministerio Público, que no atendió el defensor, en el sentido de que todo se trató de un proyecto conjunto determinado por todos, en los cuales se repartieron funciones y en las que el señor David Gurrola Franchini tuvo la intervención de ser el conductor de la camioneta en la que iban a subir a Jorge Andrés Luna Rosales, en la ejecución de ese posible, de ese supuesto hecho de privación de su libertad. En ese sentido, debe de recordarse que el Ministerio Público ha anticipado que Jorge Andrés Luna Rosales pudiera decir en un enjuiciamiento a futuro y que ahora ha dicho en una entrevista, que todo fue un trato con Rubén Vázquez, David Gurrola, Andrés Méndez y Ricardo Nieto. Que todo fue precisamente porque, afirma, tiene problemas con esa persona de nombre "Abraham", y que entonces él intentaba tener beneficios para sí y además para saldar una deuda que el entendía, tenía con ese tercero, esa persona mencionada con el nombre de "Abraham". Dijo el señor Jorge Andrés de Luna Rosales, en su entrevista, en este antecedente de prueba, que él les pidió a los demás que le ayudaran, entre ellos a David Gurrola, que coadyuvaran con él para ejecutar ese posible secuestro. Esa fue la información que el Ministerio Público dio en otra audiencia y que no se controvirtió. El defensor tomó otras partes de las declaraciones y el Ministerio Público había tomado una más. Y entonces no hubo, no hay un dato que diga que la información que proporcionó el Ministerio Público derivado de esas entrevistas, sea una información falsa, que no esté en los datos de la carpeta de investigación (.)" Además, en torno al elemento subjetivo aludido por la defensa, se añadió por el juez responsable en la resolución reclamada que: "(.) Uno de los propósitos es, obtener para sí o para un tercero rescate o beneficio. De acuerdo con lo que acabo de analizar, se puede llegar o entender la probabilidad de que David Gurrola, junto con Jorge Andrés Luna Rosales y las otras diversas personas Rubén Vázquez y Ricardo Nieto, planearon ejecutar esos hechos de un aparente delito de secuestro y que los tres llegaron a la conclusión de hacer ese acontecimiento, con el conocimiento de que Jorge Andrés Luna Rosales tenía un objetivo, y que ese objetivo era uno de los que prevé esa fracción I del artículo 9 de la Ley de Secuestro, esto es, obtener para sí un beneficio (.)". Luego, contrario a lo indicado por el quejoso, la responsable se ocupó del argumento de la defensa, por cuanto señaló y acreditó la justificación del elemento subjetivo del tipo penal de simulación de secuestro, relativo al beneficio que pretendía para sí el mismo ofendido. Sin que frente a la conclusión de justificación del elemento subjetivo, se anteponga la circunstancia de que las llamadas exigiendo el pago del rescate, no fuera por los que realizaron la simulación del secuestro y la probabilidad de que se realizaron por las diversas personas que tuvieron retenido a la víctima en Zacatecas, pues como el propio juez responsable lo indica en la resolución reclamada, el hecho relevante es que se pidió el rescate como beneficio a obtener por la simulación del secuestro, con independencia que se consiguiera este o no. Añade el quejoso en los conceptos de violación, que no se precisan en la resolución reclamada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar para acreditar el delito de simulación de secuestro, pues no existe dato alguno que lo justifique, y ante lo cual se le vincula a proceso sin existir datos de prueba. Máxime, dice el quejoso porque no existen constancias que demostraran o hicieran presumir que el quejoso llevó a la víctima de Fresnillo a Zacatecas; de modo que, al dictar el auto de vinculación contradice las reglas y el espíritu del sistema penal acusatorio y como tal viola el principio de presunción de inocencia. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados, como enseguida se explica. En principio se establece que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el dictado del auto de vinculación a proceso exige para su dictado que se exprese: El delito que se impute al acusado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Los citados requisitos se reiteran y complementan en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que el Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Los anteriores requisitos fueron colmados por el juez responsable al dictar el auto de vinculación reclamado, dado que el Agente del Ministerio Publico, el uno de octubre de dos mil dieciocho formuló imputación en contra del aquí quejoso, por el delito de simulación de secuestro, imputación de la cual, el inculpado en el uso de la voz conferido, se reservó su derecho para declarar. Por otra parte, de conformidad con los artículos 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al hecho dispuesto como delito y la probabilidad de que el inculpado lo cometió, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. En el caso, y contrario a lo aducido por el impetrante de garantías, el juez responsable a través de los datos de prueba señalados por el Agente del Ministerio Publico, estableció en el auto de vinculación a proceso, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho señalado como delito de simulación de secuestro, incluso, del contenido de los mismos datos probatorios, tuvo acreditada la probable responsabilidad del inculpado en su comisión en términos del artículo 13, fracción III del Código Penal Federal, al haberlo realizado de manera conjunta con otros sujetos activos. En efecto, del contenido de la videograbación de la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el cinco de octubre de do mil dieciocho, se advierte que el juez responsable en cuanto a la justificación del hecho señalado por la ley como simulación de secuestro concluyó: "(.) Que entonces en fecha 27 de septiembre de este año 2018, aproximadamente a las 10:30 horas, Jorge Andrés Luna Rosales, fue metido por la fuerza a un vehículo de la marca Ford, tipo Edge, que había sido llevado al lugar de la comunidad de El Salto, en el cual se iba a realizar ese proyecto que se había predefinido; Que ese vehículo lo llevó y lo condujo el señor DAVID GURROLA FRANCHINI; que entonces actuaron de esa manera, se encapucharon y utilizaron cierto tipo de armas y un aparente equipo táctico; que después UBALDO ROSAS y otras personas recibieron llamadas, en las cuales se les hacía la exigencia de entrega de dinero por la liberación de Jorge Andrés Luna Rosales (.)" Lo anterior, se dejó justificado por el juez responsable, con el análisis y valoración que realizó de los datos de prueba señalados por el Agente del Ministerio Publico y que obran en la carpeta de investigación, a saber: La declaración de Cristina Huitrón, con la que se acreditó la privación de libertad de la víctima, pues dicha testigo indicó conocer a la víctima por ser sobrino del esposo de aquella y quien el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, como a las diez y media de la mañana vio que Jorge estaba en una camioneta blanca en la calle y que de pronto llegó otro vehículo y se puso en un lado y llegaron cuatro encapuchados y entonces lo metieron en esa camioneta y ella se metió a su casa y decidió llamarle a su esposo. Además, sobre el anterior dato de prueba, a la vez el juez adminiculó el diverso dato relativo a la denuncia que sobre los hechos tipificados como el delito de simulación de secuestro, interpuso Mario Ernesto Rosales Hernández. Asimismo, se ponderó por la responsable los datos de prueba relativos a las informativas otorgadas por los agentes de policía Jesús Delgado, Jesús Guerrero Herrera y Leonardo Daniel Q. Enciso, quienes indicó, señalaron tener conocimiento del hecho relativo al reporte del secuestro de Jorge Andrés Luna Rosales, y sobre lo cual, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en la carretera cuarenta y cinco Fresnillo, a la altura de la bodega de "Aceros y Materiales Fresnillo", detuvieron el vehículo Ford, tipo edge, color azul cielo, como el que se indicó intervino en los hechos, y en el cual, detuvieron a David Gurrola Franchini, porque en el mismo se encontró una placa que se señaló en el reporte como la que usaba el vehículo en el cual fue llevado la víctima. Los anteriores datos, se corroboraron por la responsable, con el diverso dato de prueba relativo a la inspección realizada por el agente de policía Jesús Delgado, sobre el vehículo y placa aseguradas por los agentes de policía el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, quien señaló tener a la vista los objetos mencionados. De este modo, conforme a los anteriores datos de prueba, se concluyó por el juez responsable que el hecho que pudiera llegar a demostrarse como verdadero, no fue la ejecución de un delito de secuestro de privación ilegal de la libertad en contra de Jorge Andrés Luna Rosas, sino la simulación del hecho de tal naturaleza, que determinaron ejecutar mediante una planeación conjunta, David Gurrola Franchini, el supuesto perjudicado Jorge Andrés Luna Rosas, Ricardo Nieto, Andrés Méndez y Rubén Vázquez; pues dicha fuente probatoria de los acontecimientos, son las afirmaciones que en ese sentido hicieron el propio Jorge Andrés Luna Rosas, Ricardo Nieto Contreras y Andrés Méndez Cortez; incluso, acordaron que llevarían a la víctima a Zacatecas y allá éste se separaría. Lo anterior fue corroborado por el juez responsable, con los datos relativos a las declaraciones de Ricardo Nieto Contreras y Andrés Méndez Cortez, quienes, con independencia de señalar la forma y términos de llevar a cabo el secuestro de la víctima, señalan a David Gurrola, como la persona que proporcionó y condujo la camioneta en que se llevaron a la víctima Jorge Andrés Luna Rosas. Además, el juez responsable, ponderando los datos de prueba que le sirvieron de sustento para la justificación del hecho dispuesto como delito de simulación de secuestro, concluyó en la probable responsabilidad de David Gurrola, junto con Jorge Andrés Luna Rosas, Ricardo Nieto Contreras y Andrés Méndez Cortez, al ser quienes ejecutaron el hecho aparente del citado delito y que tenía como objeto, obtener un beneficio para la propia víctima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción I, inciso a) de la Ley General para Prevenir y Sancionar el secuestro; autoría que dicho sea de paso, la responsable la ubicó en términos de la fracción III del artículo 13 del Código Penal Federal, en tanto que, el aquí inculpado, conjuntamente con diversos sujetos activos, llevó a cabo el hecho dispuesto en la ley como delito de simulación de secuestro, aproximadamente a las diez horas con treinta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Luego, contrario a lo indicado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso reclamado, tampoco resulta violatorio de sus derechos fundamentales, en tanto que, la responsable analizó los datos expuestos por el representante social en la carpeta de investigación y conforme a los cuales estableció la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado y que dejó justificada en los términos expuestos en los párrafos precedentes. Además, contrario a lo indicado por el quejoso, el auto de vinculación a proceso reclamado, no se violatorio del principio de presunción de inocencia, en tanto que, al ser este de carácter subjetivo, es materia de la sentencia y no del auto reclamado, dado que dicho auto, sólo requiere y como así quedó acreditado en líneas precedentes, que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste. Por tanto, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. De modo tal, que si no se requiere de la actualización del dolo en el auto de vinculación reclamada, sino para la sentencia, es inconcuso que el auto de vinculación reclamado, no trasgrede el principio de presunción de inocencia del que se duele el quejoso. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación y no existir motivo de queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, se niega la protección de la Justicia Federal solicitada por David Gurrola Franchini. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la unión no ampara ni protege a David Gurrola Franchini, contra el auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control yenjuiciamiento de Fresnillo Zacatecas, en la causa penal 387/2018. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta hoy veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron la labores del juzgado, ante el secretario José Luis Cuevas Nolasco, que autoriza y da fe.
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Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de auto. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que mediante auto de doce de febrero del año en curso (foja 91), se tuvo por recibida la constancia de emplazamiento de cinco de febrero del año dos mil diecinueve, realizada al tercero interesado Jorge Andrés Rosales Luna, asimismo, se obtiene que mediante diverso auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 33), se recibió el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. En consecuencia, con el objeto de evitar innecesarias reposiciones, dese vista al aludido tercero interesado con el contenido del informe justificado que obra en autos; lo anterior para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. A fin de dar tiempo a que transcurra el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el citado tercero interesado se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con diez minutos del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *JSB 41871 y 4187
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