David García Acuña

Expediente 684/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
684/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • David García Acuña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, CERTIFICA lo siguiente: a) Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. b) De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. c) Que existe dos tomos de prueba para devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la promoción con folio 18815, así como con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El secretario. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el treinta de agosto del presente año, dentro de los autos del amparo en revisión civil 22/2018, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en juicio de amparo en que se actúa, que le negó el amparo y protección de la justicia federal. Consecuentemente, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por la Superioridad en la ejecutoria que se comenta de la que se advierte que revocó la sentencia recurrida y en su lugar sobreseyó el presente juicio. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente sí es susceptible de destrucción, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial, para los efectos legales correspondientes. En otro aspecto, devuélvanse a la autoridad responsable juez Tercero de Primera Instancia especializada en Materia Civil del distrito judicial de la capital, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG

  2. Principal

    El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con folio 1160. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegido del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio de amparo Notifíquese. Así lo proveyó y firma Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/5760/2017, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  3. Principal

    El ocho de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 183 y anexos que se adjuntan.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por Gerardo García Acuña autorizado en amplios términos del artículo 12 de la ley de Amparo del quejoso David García Acuña (foja 12 vuelta); por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada el dieciocho de diciembre del año pasado, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de revisión contra de la resolución de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, envíese este expediente a la Superioridad para la substanciación del aludido recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 684/2017; y, R E S U L T A N D O: 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, David García Acuña solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad responsable: Juez Tercero de Primera Instancia especializada en Materia Civil del distrito judicial de la capital, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: La interlocutoria de tres de julio de dos mil diecisiete, que declaró infundado el incidente promovido a fin de que se decretara la terminación de las providencias cautelares sobre obra nueva y daño temido, en el expediente 168/2015. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como garantías vulneradas las que tutelan los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del amparo indirecto. La demanda de derechos se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; registrándose bajo el expediente 684/2017; y en auto de veinticinco de julio del año en curso se ordenó su admisión; solicitar informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y emplazar al tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de autoridades que pertenecen al territorio en el que ejerce jurisdicción este Tribunal Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse en qué consiste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la Jurisprudencia del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Y la diversa jurisprudencia que a la letra se lee: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de derechos se advierte que la quejosa reclama la interlocutoria de tres de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Juez responsable, que declaró infundado el incidente promovido por el ahora quejoso, tendente a que se decretara la terminación de las providencias cautelares sobre obra nueva y daño temido, en el expediente 168/2015. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Juez Tercero de Primera Instancia especializada en Materia Civil del distrito judicial de la capital, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado (foja 22). Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que la citada autoridad remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en el expediente 168/2015, relativo a las providencias cautelares de obra nueva y daño temido; así como copias fotostáticas certificadas del incidente no especificado derivado del mismo; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente asunto las partes no hicieron valer causales de improcedencia, tampoco este resolutor advierte de manera oficiosa que se actualice alguna. QUINTO. En sus conceptos de violación, el quejoso expone lo siguiente: [.] "PRIMERO.- FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- El considerando segundo de la sentencia interlocutoria es ilógico, consecuentemente sus puntos resolutivos incorrectos. Dice así la parte considerativa que se combate: "se debe analizar el contenido de los puntos establecidos por el demandado en los que pretende se resuelva el fondo de la demanda iniciada, empero el procedimiento que nos ocupa NO HA SIDO CONCLUIDO pues este lleva el cauce de la Vía Oral y a la fecha no ha sido desahogada la audiencia de pruebas alegatos y como consecuencia, tampoco se han perfeccionado las pruebas ofrecidas por las partes, para con base en ellas poder resolver si las providencias cautelares tiene o no materia, con independencia del derecho de propiedad, lo que se verá solamente en la sentencia definitiva que se dicte en el presente procedimiento, según lo dispone el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, por lo tanto, la forma en la que el actor incidentista pretende se dé por terminada la medida precautoria NO ES LA PROCEDENTE CONFORME A DERECHO". PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- Los artículos 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 194, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Zacatecas. ARGUMENTO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Disentimos del criterio expuesto en la sentencia interlocutoria reclamada porque, la responsable sí debe y puede jurídicamente resolver el fondo del INCIDENTE de terminación de la providencia cautelar por falta de materia para su resolución, con las pruebas que obran en autos, como lo es la documental con la que se acredita el derecho de propiedad y la propia inspección judicial de la construcción de mi propiedad. En efecto, carece de razón la responsable al afirmar que: "se debe analizar el contenido de los puntos establecidos por el demandado en los que pretende se resuelva el fondo de la demanda iniciada.", pues con tal consideración quedo sujeto al capricho del actor principal de este juicio, para dar por concluido las providencias cautelares, pues resulta obvio que el accionante pretende se resuelva el fondo de dicha medida, perro (sic) dicha pretensión no me obliga como se pretende en la resolución interlocutoria que se combate, pues no necesariamente queda este punto o la procedencia de mi incidente planteado al gusto o capricho del accionante, pues dicho incidente es autónomo y de contenido diferente a la pretensión del actor, motivo por el cual esta consideración es ilógica y violatoria de garantías, porque se viola lo dispuesto por el artículo 194, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado que a la letra dice: El juicio se extingue: Fracción III. Por confusión o cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente la materia del litigio. Ahora bien, si con las pruebas existentes hasta ese momento en autos se acredita fehacientemente que no existe materia para resolver en definitiva la providencia cautelar de obra nueva y daño temido, porque la construcción al momento en que se decretó dicha medida ya estaba terminada, lógico es que lo legalmente procedente es dar por terminada dicha providencia, y esto se puede hacer en la vía incidental, reservando el derecho de las partes para substanciar el juicio ordinario civil correspondiente en el cual diriman su derecho de propiedad y/o Posesión originaria, demolición de obra, restitución y reivindicación de propiedad, daños y perjuicios, etc, pero no sujetar la procedencia del incidente de terminación de dicha medida cautelar al capricho o, solicitado por el accionante en la demanda respectiva de dicha medida solicitada, pues ello implica violar la garantía procesal prevista en el artículo ya mencionado con antelación. Ahora bien, la procedencia del INCIDENTE de terminación de la providencia cautelar por carecer de materia para su continuación, en forma alguna, tampoco queda sujeta a la voluntad del accionante, como se dice en el inciso b) (foja 7 vuelta de la resolución reclamada), que señala: ". en caso de que el actor solicite nuevamente esa u otra medida, deberá hacerlo conforme lo establece el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, resolviéndose en su momento lo que en derecho proceda, una vez que dé cumplimiento con lo ordenado por la ley". Lo anterior porque como ya se dijo, si existen en autos elementos probatorios bastantes y suficientes para determinar la inexistencia de la materia de la providencia cautelar, es deber del juzgador así declararlo a instancia de parte en el incidente respectivo, y no sujetar el resultado de dicho incidente hecho valer por el demandado, a la voluntad o capricho del actor, pues ello implica resolver las cosas en contra del propio derecho y por ello es ilegal tal actuación. SEGUNDO.- FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- El considerando segundo de la sentencia reclamada es ilógico, consecuentemente sus puntos resolutivos incorrectos, son violatorios de los principios de valoración de las pruebas de inspección judicial aunada a la pericial y presuncional en su doble aspecto, legal y humana. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- Los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con los artículos 716, 717 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. ARGUMENTOS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Como se acredita con el desahogo de la inspección judicial adminiculada a la prueba pericial, llevada a cabo el día dos de julio del 2015, en la propiedad del ahora quejoso, existe la construcción de una finca de dos plantas, por lo que la obra está concluida, no es nueva y no existe daño temido, porque ya no hay materia para esas providencias cautelares, motivos por los que al negar la procedencia del incidente de terminación por falta de materia, se violan los principios de valoración de la prueba documental, inspección judicial pericial, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano, toda vez que, después de dos años más, no estamos en el supuesto de una obra nueva, sino de una obra terminada, virtud a que actualmente la medida urgente decretada en autos NO ESTA VIGENTE, por sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, entonces resulta incongruente e ilegal que tenga que esperar hasta la sentencia definitiva, para dar por terminada dicha providencia cautelar, pues como se ha acreditado en las actuaciones de dicho expediente, no existe materia para esta medida precautoria e insistimos, en que son materia y jurídicamente improcedentes y por ello inadecuadas las medidas de apremio que se impusieron, no obstante de que como lo dice la sentencia que se reclama, no están vigentes ante el incumplimiento de las cargas procesales de la parte actora, MAS SIN EMBARGO, ELLO NO IMPLICA QUE al Juzgador se le exonere de resolver conforme a derecho el fondo de los elementos de convicción hasta ese momento aportados para determinar si existe prueba plena de la existencia o no de la materia para la continuación de la substanciación de la providencia cautelar substanciada y/o decretada, y al no hacerlo en la sentencia que se combate, se violan las disposiciones legales y constitucionales ya mencionadas e invocadas en esta demanda, resaltando (sic) procedente por todo ello se me conceda el amparo y protección de la Justicia Federal que solicito a fin de que la responsable, en cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo, deje sin efecto legal alguno la resolución reclamada, y dicte otra en la que siga los lineamientos que se le marquen en la ejecutoria de amparo, resolviendo y estudiando el material probatorio, para resolver a FONDO del incidente planteado por el demandado, ahora quejoso." Por su parte, en la resolución que en esta instancia se reclama, en lo que aquí interesa se sostuvo lo siguiente: [.] Pero además otra de las prestaciones que se demandan aunado a la suspensión de la obra, es la que se señala en el inciso b) del escrito inicial de demanda, en el que se establece que se reclama: ".b) La restitución de la cosa al estado anterior al inicio de la obra nueva." Prestación de la que no se hizo cargo el actor Incidentista, y por consecuencia este Juzgado con la sola manifestación de que en la Inspección Judicial llevada a cabo el dos de julio del año dos mil quince, donde dice se hace constar que existe la construcción de dos plantas, y que en consecuencia ya no hay materia para esta medida precautoria, es insuficiente para terminar el juicio, sin analizar todas y cada una de las prestaciones que se demandan. Lo que en todo caso dicha prueba de Inspección Judicial, aunada a la pericial, y atendiendo a las agrupaciones a que hace referencia el señor DAVID GARCÍA ACUÑA, serían materia de análisis en sentencia definitiva, pues se reitera, no se puede dar por terminado el juicio, porque: a). Falta por desahogarse material probatorio ofrecido por las partes del juicio, para con base en ellas determinar si las providencias cautelares, en las que se dictó la medida urgente quedan sin materia. b). El accionante demanda además de la suspensión de la obra, otras prestaciones, que no pueden analizarse en el incidente que ahora nos ocupa, por los razonamientos esgrimidos.". Los conceptos violatorios que hace valer el impetrante son inoperantes, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, al confrontar las consideraciones que sostuvo la Juez responsable en la resolución reclamada, específicamente en la parte antes transcrita, con las alegaciones que vierte el promovente del amparo en su libelo constitucional, las cuales se reprodujeron a propósito en párrafos que preceden, se pone de relieve que no se controvierte la totalidad de las consideraciones torales en que se sustenta la interlocutoria en comento. Es así, pues en sus motivos de disenso el quejoso esencialmente se concreta a señalar: Que la Juez responsable sí puede y debe jurídicamente resolver el fondo del incidente de terminación de la providencia cautelar por falta de materia para su resolución, con las pruebas que obran en autos, como son la documental con la que dijo haber acreditado el derecho de propiedad y la propia inspección judicial de la construcción que le pertenece. Que carece de razón dicha autoridad al afirmar que se debe analizar el contenido de los puntos establecidos por el demandado en los que pretende se resuelva el fondo de la demanda iniciada, pues dice el quejoso que con tal consideración queda sujeto al capricho del actor para dar por concluidas las providencias cautelares, dado que el accionante pretende se resuelva el fondo de dicha medida, cuando dicho incidente es autónomo y de contenido diferente a la pretensión del actor; por lo que tal consideración de la responsable vulnera lo dispuesto por el artículo 194, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: "El juicio se extingue: Fracción III. Por confusión o cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente la materia del litigio.". Que con las pruebas existentes en autos se acredita fehacientemente que no existe materia para resolver en definitiva la providencia cautelar de obra nueva y daño temido, porque la construcción al momento en que se decretó dicha medida ya estaba terminada, por lo que es lógico que lo legalmente procedente es dar por terminada dicha providencia en la vía incidental, reservando el derecho de las partes para substanciar el juicio ordinario civil correspondiente, en el que diriman su derecho de propiedad y/o posesión originaria, demolición de obra, restitución y reivindicación de propiedad, daños y perjuicios, pero no sujetar la procedencia del incidente de terminación de dicha medida cautelar a lo solicitado por el accionante, por carecer de materia para su continuación. Que con la inspección judicial adminiculada a la prueba pericial desahogadas respecto de la que dice el quejoso es su propiedad, existe la construcción de una finca de dos plantas, por lo que la obra está concluida, no es nueva y no existe daño temido, por ello aduce que ya no hay materia para las providencias cautelares; además de que actualmente la medida urgente decretada en autos no está vigente; por ende, resulta incongruente e ilegal que se tenga que esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva para dar por terminada dicha providencia cautelar. Como se ve, con las anteriores manifestaciones el promovente del amparo no combate aquellos argumentos vertidos por la Juez responsable, en los que enfatizó: Que además de la prestación relativa a la suspensión de la obra, el actor también reclama: ".b) La restitución de la cosa al estado anterior al inicio de la obra nueva."; y que como de esta prestación no se hizo cargo el actor incidentista (quejoso); por ello -acotó la responsable-, que con la sola manifestación del incidentista en el sentido de que con la prueba de inspección judicial llevada a cabo el dos de julio del año dos mil quince, con la que según éste se hizo constar que existe la construcción de dos plantas en el inmueble de su propiedad, es insuficiente para terminar el juicio, sin analizar todas y cada una de las prestaciones que se demandan; por tanto, determinó que no se puede dar por concluido el procedimiento, porque además de la suspensión de la obra, el accionante reclama otras prestaciones que no pueden analizarse en el incidente de que se trata, por los razonamientos esgrimidos. Conforme a lo hasta aquí expuesto, es evidente que las destacadas consideraciones fundamentales que condujeron a la Juez responsable a declarar infundado el incidente promovido por el quejoso, quedaron intocadas con las manifestaciones a que se contraen los conceptos violatorios transcritos a propósito en parágrafos que anteceden; y en ese contexto, como aquella determinación constituye un todo integral que se apoya en los apuntados argumentos esenciales; de ello se sigue que, para demostrar su ilegalidad, resultaba necesario que el promovente del amparo los atacara frontalmente con razonamientos lógico-jurídicos eficaces, dado que vinculados y concatenados entre sí constituyen la base de la resolución que en esta instancia constitucional se impugna. En efecto, para que este resolutor estuviera en aptitud legal de analizar los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso, resultaba indispensable que combatiera la totalidad de las consideraciones torales antes destacados que sustentan la determinación reclamada; explicando, verbigracia, el por qué a pesar de que el accionante también reclamó la diversa prestación que hizo consistir en ".b) La restitución de la cosa al estado anterior al inicio de la obra nueva."; dicha circunstancia no impedía que se decretara la terminación de las providencias cautelares de obra nueva y daño temido a través del incidente planteado, como lo pretende el incidentista, dado que es precisamente el reclamo de aquélla prestación, una de las razones fundamentales por las que determinó que no era posible dar por concluido el procedimiento de origen, sin analizar todas y cada una de las prestaciones que se demandan; argumentos que no fueron combatidos frontalmente por el promovente del amparo. En ese tenor, al dejar de controvertir el disidente aspectos fundamentales que sirven de sustento a la determinación reclamada, como en la especie son los que se precisan en párrafos que preceden; ello conduce a concluir que las alegaciones que expone resultan jurídicamente insuficientes para demostrar que la resolución que se tilda de ilegal es contraria a derecho y, consecuentemente, para concederle la protección constitucional que impetra, porque aun cuando se abordara el estudio de los planteamientos que formula el impetrante en su demanda de amparo, de cualquier manera subsistiría dicha resolución, al no combatirse una de las razones torales que la sustentan, a saber, que no se puede dar por concluido el procedimiento, porque además de la suspensión de la obra, el accionante reclama como diversa prestación la restitución de la cosa al estado anterior que tenía al inicio de la obra nueva, la cual no era posible analizar en el incidente de que se trata; máxime que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que este Tribunal Federal estuviera en aptitud de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pues siendo un caso no permitido por la ley, en el supuesto de que se realizara su estudio en las condiciones que plantea el inconforme, se atentaría contra la técnica del juicio constitucional. En este orden de ideas, debe concluirse que en el caso concreto subyacen las razones medulares que sostuvo la Juez responsable para declarar improcedente el incidente planteado por el quejoso, tendente a que se declaran sin materia las providencias cautelares de obra nueva y daño temido promovidas en su contra; por ello es que se tornan inoperantes los conceptos violatorios formulados en la demanda de amparo; y en consecuencia, las consideraciones que al respecto respaldan la determinación combatida deben permanecer incólumes para continuar rigiéndola. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número 723, consultable en la página 486, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES SI NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir y el acto reclamado se sustente en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otras, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo de tal forma, la resolución subsistiría con apoyo en aquellas que no fueron impugnadas y por tanto, los conceptos de violación deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados.". Asimismo, las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la Jurisprudencia II.3o. J/22, publicada en la página 48 del Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida.". Corolario de lo anterior, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso David García Acuña, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a David García Acuña, respecto del acto reclamado a la Juez Tercero de Primera Instancia especializada en Materia Civil del distrito judicial de la capital, con sede en esta ciudad, por las razones vertidas en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE. L´JJMT

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