David Manuel Castillo Muro

Expediente 38/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
38/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2017

Partes del expediente

  • David Manuel Castillo Muro

Actuaciones

  1. Principal

    En veintisiete de enero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña da cuenta a la Juez con un oficio recibido vía fax con registro 1335. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio recibido vía fax que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el que informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por David Manuel Castillo Muro, contra actos de la Presidencia de la República y otras autoridades. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el archivo definitivo del cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Por otra parte, toda vez que del contenido del expediente en que se actúa se advierte que el mismo es susceptible de destrucción, conforme a lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto, denominado "De la Depuración y Destrucción de Expedientes Judiciales", del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes en los Juzgados de Distrito; por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria que autoriza y da fe. Luis,

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve David Manuel Castillo Muro, contra actos del Presidente de la República y otras autoridades, que estima violatorios de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28 y 31, fracción IV, constitucionales; fórmese y regístrese el expediente en el libro de gobierno bajo el número 38/2017-3; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: La competencia se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juzgador puede conocer de ciertos conflictos o solicitudes. Por tanto, es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. En particular, la competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate, lo que permite que se pondere en forma expedita y más actualizada las distintas soluciones en los casos concretos buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional...." Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo." De los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal estableció los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República. En relación con la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales citados, es necesario citar el marco normativo siguiente: Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas ..." 31. Como se ve, en la reforma constitucional referida, se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto a cargo de órganos jurisdiccionales especializados en la materia. 32. Por ello, en la iniciativa se planteó la necesidad de establecer esos órganos jurisdiccionales especializados para efecto de brindar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. 33. Asimismo, se señaló que dicha certeza se garantizará por medio de juzgadores especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. 34. Por tanto, las razones que llevaron al legislador a crear los órganos jurisdiccionales en cuestión fueron en esencia las siguientes: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. 35. Posteriormente, siguiendo, también, los compromisos asumidos en el "Pacto por México", se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil trece, el "DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.", en el cual se estableció lo siguiente: "Artículo Único. Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:." 36. De dicha reforma constitucional destaca la adición hecha al artículo 28 de un párrafo octavo, en el cual se estableció lo siguiente: "Artículo 28. (ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. .". 37. El proceso legislativo del que derivó ese Decreto dio inicio con tres distintas iniciativas. 38. En la iniciativa presentada por legisladores federales, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, se expuso, entre otras cosas, lo siguiente: Que como parte de las reformas que se ponían a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Que en razón de lo anterior se proponía reformar el artículo 28 constitucional, con varios objetivos: en primer término, reorganizar la estructura de dicho artículo, a fin de que todas las disposiciones relativas a los monopolios quedaran agrupadas de tal forma que el texto constitucional tuviera coherencia normativa. Asimismo, se proponía que dicho artículo se convirtiera en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemplara al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al texto constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país. En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reiteró que se proponía se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara. Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía sería un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que debía regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha Comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. En síntesis, se anotó, la incorporación de esos 3 órganos constitucionales autónomos se sumaba a los ya existentes en el artículo 28 constitucional, por lo que de manera genérica, les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en los que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo, salvo la constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que estaría sujeta a la integración que determinara la ley en la materia. 39. Como resultado de lo anterior, los legisladores federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, sometieron a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con: "PROYECTO DE DECRETO ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética para quedar como sigue: ." 40. Por lo que respecta al artículo 28 constitucional se propuso, en lo que interesa, lo siguiente: Artículo 28.- . . Para dar cumplimiento a los objetivos de la banca central, en materia de competencia económica, telecomunicaciones y en energía, el Estado contará con los siguientes organismos: Apartado A. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. Apartado B. El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Apartado C. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. . Apartado D. El Estado contará con un organismo autónomo denominado Fondo Mexicano del Petróleo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la administración de la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio. . Apartado E. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, cualquiera que fuere su estado físico. Apartado F. La Comisión Reguladora de Energía es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares. Asimismo, será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta, conforme a los términos que prevea esta Constitución y las leyes respectivas. Para lograr lo anterior, la Comisión fomentará una sana competencia entre los distintos operadores, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Los organismos autónomos a que hacen referencia los Apartados B, C, D, E y F del presente artículo, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; V. Las leyes garantizarán, en su caso, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio; VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley; VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas; IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos; X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución; XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna especializada, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. Los órganos de gobierno de los organismos previstos en los apartados B, C, E y F de este artículo, se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. El Presidente de cada uno de los órganos referidos en el párrafo anterior será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado. Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: .". 41. Por su parte, en el "DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ENERGÍA, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE ENERGÍA", concretamente en el apartado denominado: "Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras", se expuso, entre otras cosas, lo siguiente: Que para el caso de la Comisión Reguladora de Energía la ley debía prever como parte de sus atribuciones, entre otras, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución de ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, la regulación de ventas de primera mano de dichos productos. 42. Por su parte, en el apartado denominado: "Proyecto de Decreto y Régimen Transitorio", se expuso que se sometía a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: "PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA ENERGÉTICA. Artículo Único. Se REFORMAN los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28, y se ADICIONA un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: . TRANSITORIOS . Transitorio Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de establecer las atribuciones correspondientes a las siguientes dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: . c) A la Comisión Reguladora de Energía, entre otras, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución de ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. . Transitorio Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría del ramo en Materia de Energía con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: ." 43. Luego del proceso legislativo del que se ha dado cuenta, entre otros cambios, se adicionó al artículo 28, el párrafo octavo, en el cual, cabe reiterar, se estableció lo siguiente: "Artículo 28. . (ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. .". 44. En los artículos transitorios del Decreto en Materia de Energía, se dispuso, entre otras cosas: "TRANSITORIOS. . Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: . c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. . La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores en materia de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. . Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: .". 45. Derivado del Decreto en Materia de Energía, el once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Hidrocarburos, misma que en términos de sus Transitorios Primero y Segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho. 46. De dicha ley destaca lo dispuesto en su artículo Décimo Tercero Transitorio, que dice: "Décimo Tercero. La Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La venta de primera mano se entiende como la primera enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Dicha venta deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto importado, Ductos de Internación o en los puntos de inyección de los Hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de producción. Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, así como cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, podrán comercializar Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos siempre que desagregue los distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se trate. La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de las citadas personas, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. La regulación de las ventas de primera mano incluirá la aprobación y expedición de los términos y condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios. En estas materias, se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos. En todo caso, se deberán observar las obligaciones de no discriminación previstas en esta Ley. El incumplimiento de la regulación que la Comisión Reguladora de Energía establezca sobre los términos y condiciones de ventas de primera mano y sus precios, se sancionará por dicha Comisión con multas de ciento cincuenta mil días a setenta y cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." 47. De igual manera, el once de agosto de dos mil catorce, se publicó en ese mismo medio de difusión la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, misma que en términos de sus Transitorios Primero y Segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 48. De esta ley resalta lo dispuesto en su artículo 42, que dice: "Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios." 49. Bajo el contexto del marco regulatorio descrito, el quince de febrero dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano", que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso. 50. De dicha resolución destaca lo dispuesto en su considerando séptimo, el cual señala: "SÉPTIMO. Que, en congruencia con lo establecido en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LH, esta Comisión considera necesario expedir una nueva metodología de precios máximos de VPM, que permita: I. Mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural; II. Que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; III. Evitar que exista arbitraje de precios entre las diferentes zonas del país, e IV. Incentivar la mayor producción nacional posible de gas." 51. A fin de concluir con la descripción del marco regulatorio, que servirá de sustento a la conclusión de este tribunal, es conveniente mencionar que, en atención al mandato contenido en el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 52. En el punto cuarto transitorio de dicho Acuerdo se estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 53. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. 54. De lo hasta aquí expuesto se obtiene lo siguiente: 1. Que los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el "Pacto por México", concretamente en el acuerdo denominado "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". 2. Que conforme a dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Asimismo, en el citado acuerdo se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. 3. Que de acuerdo a la iniciativa con la que inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, se busca impedir el abuso del sistema de justicia, del que hacían uso los agentes económicos para frenar la regulación que pretendía reducir el poder de dichos agentes en mercados vitales o estratégicos, o detener prácticas anticompetitivas. 4. Que conforme con dicho iniciativa se previó la creación de tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulaban las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, b) a fin de evitar criterios contradictorios y permitir que los juzgadores que resolvieran esos conflictos pudieran especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, revestía una alta complejidad. 5. Que con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica. 6. Que conforme a la iniciativa presentada por legisladores federales de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (una de las tres con las que dio inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Energía), se propuso que el artículo 28 constitucional se convirtiera en el referente de los órganos reguladores, incorporando en ese precepto, entre otros, a la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, se planteó que, de manera genérica, a dichos órganos les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo. 7. Que una vez concluido el proceso legislativo relativo a la reforma en Materia de Energía, se estatuyó, a nivel constitucional, que la Comisión Reguladora de Energía se convertiría en un órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Debiéndose realizar las adecuaciones legales correspondientes a fin de establecer entre sus atribuciones: "en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos." 8. Que de conformidad con la Ley de Hidrocarburos la Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano, entre otros, de gas natural, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. 9. Que conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 10. Que de conformidad con la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano", que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso, la Comisión Reguladora de Energía, al expedir esa metodología, busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta, entre otros objetivos. 11. Que de conformidad con el Acuerdo General 22/2013, los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ello implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. 55. Concomitante a lo expuesto, con el ánimo de poder determinar con mayor nitidez la naturaleza material de la resolución reclamada, es conveniente aludir al contenido del artículo 25 constitucional. 56. De conformidad con dicho precepto corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional aportando el marco jurídico, económico y político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad económica, sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, propiciando mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza que, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. 57. Estos objetivos requieren de un sistema armónico y funcional, basado en valores, principios, derechos económicos, sociales y culturales, directrices, acciones y mecanismos, que interactúen funcionalmente, correlacionando medios y fines, que se traduzcan en planes y acciones eficaces de acuerdo a circunstancias concretas y cambiantes. 58. La competitividad basada en un modelo de economía de mercado, promotor de la libre concurrencia, debe ser entendida como capacidad de la economía nacional, mercados y sectores productivos, para generar mayor satisfacción de los consumidores, ofreciendo los menores precios y las mejores condiciones de abasto y calidad a efecto de financiar o promover el bienestar de las personas y satisfacer sus necesidades, en especial las más apremiantes. Estos efectos deben darse a nivel colectivo e individual, lo que se traduce en eficiencias, tanto en lo económico, como en lo jurídico, y bienestar integral de las personas para lo cual deben promoverse un conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, auspiciando la inversión y la generación de empleo. 59. La competitividad debe ser entendida como el diseño y aplicación de toda una serie de políticas de competencia y no reducirse a la mera utilización de ciertas reglas o leyes de competencia. 60. Las alternativas de tales políticas pueden diferir y obedecen a que el desarrollo de la competencia es distinto, si se aplica a mercados libres o a aquellos que tradicionalmente han sido regulados. 61. Respecto a estos segundos, la tendencia en varios países, incluyendo México, es que las políticas de competitividad deben propiciar la apertura a la competencia, abarcando aspectos de liberalización, desregulación y privatización, que se estiman necesarios para lograr eficiencia en dichos mercados. 62. Estos propósitos deben ser acordes para obtener a la competencia como objetivo y a la regulación como instrumento necesario. 63. A manera de ejemplo, se tiene que la Constitución prevé, de manera expresa en el artículo 6º, tal régimen de competencia para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. En tanto que la Ley de Hidrocarburos así como la Ley de la Industria Eléctrica16 disponen que regirá la competencia para los mercados de hidrocarburos y energía eléctrica. 64. En síntesis, el nuevo modelo de regulación para la competencia consiste precisamente en esto: en introducir una mayor competencia en aquellos aspectos o actividades en que ésta sea posible y en revisar o reformar el sentido de la regulación orientándola a la re-creación del mercado. 65. Por tanto, una regulación económica conforme al mercado debe favorecer el funcionamiento de éstos, en el entendido que la provisión de servicios públicos en régimen de competencia, exige asegurar la calidad del servicio, proteger al usuario y defender la competencia. 66. Así, competencia y regulación no son antitéticas sino complementarias, como lo demuestra la experiencia británica o norteamericana que anteceden e inspiran a la reforma que México adoptó. 67. Para consolidar estos propósitos se debe optar entre un espectro donde podrá oscilarse desde la total libertad de empresa, hasta la indispensable y pertinente intervención pública, para promover innovación, desarrollo, investigación e inversión, corrigiendo fallas en mercados, pero también fomentando y encausando servicios, actividades y acceso a bienes de interés colectivo, generando para ello diferentes esquemas, dinámicos y dúctiles de regulación e intervención, acorde a la realidad y a los fines pretendidos. 68. Sobre todo en áreas en las que existe un desinterés del sector privado, para ofertas bienes o servicios, de tal modo que la intervención del Estado, a través de una política regulatoria, se hace indispensable para asegurar la satisfacción de necesidades colectivas. 69. De esta manera tenemos que, en la actualidad, nuestra Constitución desarrolla un modelo mixto o plural, en el cual coexisten un modelo de libre mercado, junto con otro intervencionista, que se advierte a través de la rectoría económica del Estado, el cual paulatinamente ha ido liberalizando sectores de la economía y mercados, muestra visible de ello son las reformas estructurales derivadas del "Pacto por México", del cual ya se ha dado cuenta. 70. Estos mercados en proceso de liberalización se rigen por reglas especiales, en el entendido que como en el modelo de libre mercado se pugna por promover y mantener con la mayor funcionalidad posible un proceso de competencia y libre concurrencia, es decir, un funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, que redunde, al final del día, en un beneficio a los consumidores al adquirir en costos reales y con una mayor calidad esos bienes y servicios. 71. De este modo el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de reconocidas libertades constitucionales. Con este propósito, de manera excepcional, sólo el sector público participará en las áreas estratégicas señaladas en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional; en tanto, se prevé la posibilidad de la participación estatal por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Finalmente, el sector privado también está sujeto a regulación, pues se establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en términos que establece la Constitución. 72. El análisis armónico de lo dispuesto en el artículo 25 constitucional, en relación con el 28 de ese mismo ordenamiento, al que se hizo mención antes, nos permite advertir que nuestro modelo constitucional adopta la concepción del Estado regulador, dentro de una economía social de mercado, entendido como el modelo de diseño estatal insertado por el Constituyente Permanente para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), que deposita en determinadas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas, a través de un variado abanico de medidas ex ante o ex post que resulten ser idóneas y necesarias para conducir la mejor política de rectoría del desarrollo nacional. 73. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. De ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias, diferenciadas de las legislativas, otorgadas al Congreso de la Unión y de las reglamentarias otorgadas al Ejecutivo por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal. 74. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 46/2015, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, del Libro 26, enero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes clásicos." 75. Como se puede notar, el modelo de Estado regulador se inserta para atender necesidades prioritarias y de interés nacional, mediante la creación de agencias independientes en sectores especializados, como competencia económica, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, etcétera, con facultades de creación normativa, cuya finalidad es desarrollar desde una racionalidad técnica los principios generales de política pública establecidos por el legislador; dicho modelo, como antes se dijo, exige la concurrencia de dos fines: la eficiente funcionalidad de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. 76. Los principios de eficiencia y planificación requieren que sean los órganos expertos y técnicos los que conduzcan el diseño de esos principios de política pública y su ejecución conforme a una óptima realización, mediante la emisión de normas operativas que no podrían haberse previsto por el legislador, o bien, si estableciéndolo, estarían en un constante peligro de quedar obsoletas, pues los cambios frecuentes de los sectores tecnificados obligaría a una constante adaptación poco propicia para el proceso legislativo y más apropiado para los procedimientos administrativos. 77. En ese mismo sentido, es preciso mencionar que la competitividad como política pública y el derecho de defensa de la competencia son expresiones y elementos del derecho económico que busca, precisamente, el funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. En nuestro país ese conjunto de ideologías, fines, medios y habilitaciones, está previsto en los citados numerales 25 y 28 constitucionales. 78. Es así que la competencia económica debe ser entendida como una política pública, integrada en un conjunto más amplio de acciones y fines institucionales del Estado, basados en distintas potestades, políticas y propósitos concomitantes, que interactúan de manera dinámica y complementaria, como lo disponen aquellos preceptos, para la obtención de los resultados más adecuados a circunstancias particulares, siempre en el entendido de conseguir los mejores resultados y consecuencias para el interés público. 79. Por tanto, la rectoría del desarrollo nacional, entendida como objeto de regulación constitucional, se vale de medios o directrices (competitividad, crecimiento económico, empleo y justa distribución del ingreso y la riqueza) tendentes a conseguir eficiencias para alcanzar fines inmediatos (desarrollo sustentable, soberanía y democracia) e ideologías o fines últimos (libertad, dignidad y seguridad). 80. Lo relatado en este apartado nos permite resolver ya la pregunta inicial consistente en ¿Cuál es la naturaleza material de la resolución reclamada? 81. A lo que este tribunal responde: concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. 82. Ello es así, por lo siguiente: I. Porque los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el "Pacto por México", concretamente en el acuerdo denominado "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad", imbricado en la rectoría del desarrollo nacional, en el cual se propuso intensificar la competencia económica y eficiencia, dotando de una adecuada y específica regulación, en sectores prioritarios como las telecomunicaciones y energía, entre otros; así como crear tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y b) que evitaran el dictado de criterios contradictorios. II. Porque el derecho regulatorio se inserta para atender servicios prioritarios de interés público, en sectores especializados, que el Estado propicia y garantiza que sean prestados adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. III. Porque el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Se trata pues de un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. IV. Porque el principio de eficiencia y funcionalidad en el mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica y lo pertinente es, consolidar en una jurisdicción especializada, la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines esenciales o fundamentales. V. Porque las ventas de primera mano ?a que se refiere la resolución reclamada en el juicio de amparo de nuestra atención? en el mercado petrolero o sector de energéticos exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujetas a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. VI. Porque conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional, entre otros. VII. Porque la Comisión Reguladora de Energía al expedir la metodología inserta en la resolución reclamada busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; entre otros objetivos. VIII. Por tanto, al encontrarse vinculada la resolución reclamada con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de lograr a la postre y garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; es que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. 83. Como consecuencia de lo anterior, se llega a la conclusión de que el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, que fue el que conoció y resolvió en definitiva ese asunto. 84. Sin que se oponga a esa conclusión el hecho de que la resolución reclamada no haya sido emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, sino por la Comisión Reguladora de Energía, pues, como se vio, la naturaleza material de dicho acto se vincula con la subespecialidad en competencia económica, que se extiende por las implicaciones correspondientes a otras áreas del Derecho Económico, como es la regulación de determinados de servicios y actividades prioritarias. 85. De este modo los temas de Derecho económico corresponden a la amplía esfera competencial atribuida a los citados órganos judiciales especializados, ya que la competitividad, concepto dinámico y en constante movimiento, es parte de un entramado más amplio, como lo son las materias que exigen acciones regulatorias del Estado al quedar insertas en el amplio campo de rectoría económica del Estado. 86. A fin de confirmar la conclusión adoptada conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2015. 87. En dicha contradicción el punto a dilucidar consistió en determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, si los especializados en materia administrativa en general o los especializados en las aludidas materias. 88. En este punto cabe llamar la atención que algunos de los criterios que contendieron en esa contradicción tuvieron como antecedentes juicios de amparo en los que se reclamaron resoluciones derivadas de recursos de revisión dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 89. En la contradicción la Segunda Sala estableció, en esencia, lo siguiente: A) Que para revisar la determinación adoptada respecto de una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es necesario que el órgano jurisdiccional al que se le encargue esa función tenga conocimientos especializados en esas materias; B) Que si bien el derecho de acceso a la información encuadra dentro de la materia administrativa, pues por regla general versa sobre las relaciones entre los órganos del Estado y particulares, cuando la solicitud de acceso a la información entraña el acceso a la información relacionada con la materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, encuadra dentro de la especialización en esas materias. C) Ello, porque el derecho de acceso a la información no implica únicamente la entrega de cierta documentación, sino que además, ésta se debe realizar de forma congruente a lo pedido, completa, en los formatos solicitados, dentro del plazo legal, fundada y motivadamente, en los casos en que se solicite una respuesta en específico y, en algunas ocasiones, será necesario revisar la clasificación de la información realizada por la autoridad correspondiente. D) Por tanto, consideró, para que un juzgador se encuentre en aptitud de resolver si la respuesta a una solicitud de acceso a la información relacionada con esas materias se realizó de forma correcta, congruente y completa con lo solicitado, es necesario que cuente con conocimientos técnicos y especializados en la materia. E) En conclusión, expuso, cuando en un juicio de amparo se reclaman cuestiones concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información relacionado con las materias de radiodifusión, telecomunicaciones o competencia económica, su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos a ese derecho, como pueden ser el propio acceso a la información, los medios por los que se ejerce ese derecho o las limitaciones que al respecto se pueden determinar; sino que también se debe resolver si la información fue completa, congruente, las reservas fundadas y motivadas, etcétera, lo cual es compatible con la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en esas materias. F) Señaló además que el objetivo de la creación de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones fue la de dirimir las controversias suscitadas mediante la aplicación de conocimientos técnicos, los cuales se estiman de alta complejidad; situación que se actualizaba en la cuestión planteada, ya que un juzgador en materia administrativa no cuenta con los conocimientos técnicos de alta complejidad necesarios para resolver sobre el fondo, congruencia y clasificación de la información solicitada con la entregada por el sujeto obligado. G) Lo expuesto, anotó, guarda congruencia con el objetivo de la creación de esos órganos, el cual consiste en evitar criterios contradictorios e incertidumbre jurídica y que existan juzgadores que conozcan los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de dar congruencia a todo el marco regulatorio de esas materias. H) Finalmente, resolvió cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación adoptada derivada del acceso de determinada información en específico, resulta competente el órgano jurisdiccional especializado en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, pues el tema jurídico a resolver requiere de conocimientos especializados en esas materias, a fin de que se dé certidumbre jurídica. 90. Como se puede ver, la Segunda Sala al decidir qué órgano jurisdiccional era el competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, si los especializados en materia administrativa en general o los especializados en las aludidas materias, atendió a la naturaleza material y específica sobre la que versaba la solicitud correspondiente, con independencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, y al respecto resolvió que los competentes para conocer de esos asuntos eran los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en razón de la temática que en su integridad se debía abordar entrañaba cuestiones relacionadas con esas materias, de alta complejidad, sobre las cuales tenían conocimientos especializados tales órganos, lo cual además abonaba a generar certidumbre jurídica y evitar el dictado de criterios contradictorios. 91. En ese sentido, lo resuelto por la Segunda Sala en la contradicción de tesis enunciada confirma el criterio contenido en esta ejecutoria, así como el método desarrollado para determinar la naturaleza material del acto reclamado, por lo que, en el caso, al vincularse la naturaleza de la resolución reclamada en este asunto con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, independientemente de que dicha resolución no haya sido dictada por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino por la Comisión Reguladora de Energía; pues, tal como se vio, en la decisión a la que se llegó en la contradicción de tesis, ese aspecto no tuvo influencia para decidir qué órgano jurisdiccional debía conocer de los asuntos relativos, a pesar de que, como se anotó, algunos de los criterios que contendieron en esa contradicción tuvieron como antecedentes juicios de amparo en los que se reclamaron resoluciones derivadas de recursos de revisión dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 92. Finalmente, cabe anotar en este apartado que no escapa a la apreciación de este tribunal, la jurisprudencia 2a./J 84/2016, sustentada, también, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." 93. A fin de conocer con mayor claridad las consideraciones que informan la jurisprudencia transcrita, es conveniente remitirnos a una de las ejecutorias, de las que derivó por reiteración dicha jurisprudencia, de la que destaca lo siguiente: ". 17. Por consiguiente, atendiendo a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. Además, los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el transcrito artículo 28 constitucional. 18. Establecido lo anterior, es necesario recordar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro digital: 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", en el sentido de que para fijar la competencia por materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable y no a los conceptos de violación o a los agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que sólo evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario, resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. 19. Atendiendo a lo expuesto, se debe determinar la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial. 20. Así, se tiene que la quejosa señaló como acto reclamado en su demanda de amparo, la sentencia emitida por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del juicio de nulidad **********. Esto es, se reclama una sentencia emitida por el mencionado tribunal y no una resolución emitida por alguno de los órganos autónomos a los que se alude en el reformado artículo 28 constitucional, a saber: Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones. 21. Este solo hecho hace, de por sí, que no se actualice la competencia material en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 22. Aunado a lo anterior, se advierte que los actos que se combatieron en el juicio de nulidad, que dio lugar a la emisión de la sentencia que se reclama mediante el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial, tuvieron su origen en el ejercicio de las facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de comercio exterior, conforme a las cuales se determinaron diversos créditos fiscales a cargo de la quejosa por omisiones en el pago de los impuestos general de importación, al valor agregado, cuotas compensatorias y derecho de trámite aduanero, con sus correspondientes actualización, recargos y multas. Por lo que una vez más se constata que no se trata de actos provenientes de los órganos autónomos creados a partir de la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, ni se trata de actos que involucren el proceso de competencia y libre concurrencia, al que se hizo referencia en párrafos anteriores, por lo que no se surte la competencia en favor de los órganos judiciales especializados creados en términos de la misma reforma constitucional. 23. No es óbice para la anterior conclusión el hecho de que en la demanda de amparo se señale, de manera específica, que se promueve en contra del sobreseimiento decretado en el juicio de nulidad, por lo que respecta a las reglas 46, 47 y 48 de la Resolución por la que se Establecen las Reglas de Carácter General relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en contra de la declaración de validez de la negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de distintas resoluciones finales de investigación antidumping, de supresión de cuotas compensatorias definitivas y del examen de vigencia de cuotas compensatorias, pues todas ellas se encuentran vinculadas a los créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público, por ser parte de su motivación, por lo que deben seguir la suerte de las resoluciones determinantes de los créditos en cuestión. 24. Así, en virtud de todo lo expuesto, se concluye que el acto reclamado en el juicio de amparo, respecto del cual, los Tribunales Colegiados implicados se niegan a conocer, por considerar que no son competentes por razón de materia, es de naturaleza administrativa, pues fue emitido por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus facultades de comprobación en materia de comercio exterior y de derecho aduanero y no involucran el proceso de competencia y libre concurrencia. 25. Con motivo de la conclusión alcanzada, en virtud del análisis realizado tanto de la naturaleza del acto que se reclama, como de la autoridad que lo emitió, se concluye que corresponde conocer del asunto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito." 94. Como se puede notar la ejecutoria transcrita dilucidó un conflicto competencial entre un tribunal colegiado administrativo genérico, y un tribunal colegiado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 95. En dicho conflicto ambos tribunales consideraron carecer de competencia, por razón de materia, para conocer de un juicio de amparo. 96. En el juicio constitucional se reclamó una sentencia emitida dentro de un juicio contencioso administrativo por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 97. Los actos impugnados en aquel juicio contencioso se vinculaban con créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 98. A partir de esos elementos la Segunda Sala concluyó que el tribunal competente para conocer del juicio de amparo directo era el tribunal colegiado administrativo genérico, y no el especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 99. Tal conclusión se apoyó en dos premisas indisociables: por un lado, que el acto impugnado en el juicio de nulidad, del que derivó el juicio de amparo, se vinculaba con créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por otro, a que dicho acto no involucraba el proceso de competencia y libre concurrencia, tal como se constata del siguiente apartado de la aludida ejecutoria que, nuevamente, se transcribe: ". 22. Aunado a lo anterior, se advierte que los actos que se combatieron en el juicio de nulidad, que dio lugar a la emisión de la sentencia que se reclama mediante el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial, tuvieron su origen en el ejercicio de las facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de comercio exterior, conforme a las cuales se determinaron diversos créditos fiscales a cargo de la quejosa por omisiones en el pago de los impuestos general de importación, al valor agregado, cuotas compensatorias y derecho de trámite aduanero, con sus correspondientes actualización, recargos y multas. Por lo que una vez más se constata que no se trata de actos provenientes de los órganos autónomos creados a partir de la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, ni se trata de actos que involucren el proceso de competencia y libre concurrencia, al que se hizo referencia en párrafos anteriores, por lo que no se surte la competencia en favor de los órganos judiciales especializados creados en términos de la misma reforma constitucional. .". 100. En el caso materia de estudio de esta ejecutoria, el acto reclamado en el juicio de amparo fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía, a lo que se suma que, tal como quedó ampliamente desarrollado, dicho acto está vinculado con un tema de competencia económica, lo que revela que el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J 84/2016, no influye para sustentar una conclusión distinta a la que se adoptó en la presente ejecutoria, sino que, por lo contrario, sirve para robustecerla. 101. Esto es así, porque al igual que como lo anota dicha jurisprudencia en un apartado, un tema que revela la competencia material de los órganos especializados es que el asunto involucre el proceso de competencia y libre concurrencia, lo cual sucede en la especie. 102. Así, las consideraciones antes desarrolladas llevan a este tribunal a concluir que se debe revocar la sentencia recurrida pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haberse violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo cual se expondrá en el siguiente apartado. Violación a las reglas del procedimiento. 103. Como se adelantó, en el caso se advierte la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, relacionada con un presupuesto procesal (competencia), que amerita revocar el fallo combatido. 104. El artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que, al conocer de los asuntos en revisión, si el órgano jurisdiccional resolutor advierte que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento. 105. La porción normativa referida es del contenido siguiente: "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: (.) IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento; (.)". 106. En la jurisprudencia P./J. 22/2009 de rubro "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que, de conformidad con los artículos 91, fracción IV, y 94 de la abrogada Ley de Amparo (de los cuales el contenido del primero de los mencionados se reiteró en el numeral 93, fracción IV, de la vigente ley de la materia), cuando en un amparo en revisión el tribunal colegiado de circuito advierta que el juez de distrito que conoció del juicio y dictó la sentencia respectiva era incompetente por razón de materia para resolverlo, deberá revocar dicho fallo y remitir los autos al juez especializado que considere competente, al tratarse de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. 107. Expuso que, en el supuesto aludido, el tribunal revisor debe, además, señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el juez de distrito incompetente y no por lo que hace a la audiencia constitucional, porque conforme al principio de celeridad, que rige tratándose del derecho fundamental de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, prevalece sobre la declaratoria de invalidez total. Asimismo, la nulidad general de lo actuado por un juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como ocurre con las previsiones contenidas en los artículos 53 y 54 de la anterior Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. 108. Finalmente, el Máximo Tribunal del país precisó que el criterio en cita no obsta a la facultad que tiene el juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, para dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución. 109. Ahora, como quedó ampliamente establecido en el apartado anterior de este fallo, en el caso, al vincularse la naturaleza de la resolución reclamada en este asunto con la subespecialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado de distrito especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico. 110. En ese sentido, si el juicio de amparo de nuestra atención se promovió desde el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, entonces resultaban competentes para conocer de éste los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues desde el diez de agosto de dos mil trece ya habían iniciado funciones. 111. No obstante, como se ha narrado, el juicio de amparo en el que se reclamó la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano", publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero dos mil dieciséis, fue sustanciado y resuelto por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 112. Por tanto, al no haber declinado dicho órgano la competencia para conocer del asunto y al haber dictado sentencia de fondo, violó las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia P./J. 22/2009 citada en parágrafos anteriores, lo procedente es revocar el fallo recurrido. 113. En consecuencia, se ordena remitir los autos del juicio de amparo indirecto 662/2016, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, para que se avoque al conocimiento del asunto y resuelva lo que en derecho proceda, en el entendido de que la nulidad de lo actuado en el juicio se produce únicamente respecto de la sentencia dictada por el juez declarado incompetente y no por lo que hace a la audiencia constitucional. 114. Lo anterior, sin perjuicio de que si el juzgador estimado competente advierte alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución, pueda regularizar el procedimiento y, en su caso, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes. 115. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el recurso de revisión 172/2015, en sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis. 116. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 662/2016. SEGUNDO. Se ordena remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. NOTIFÍQUESE;.." La transcrita ejecutoria se invoca para integrar su contenido a la motivación del presente fallo, ya que se adopta en cuanto a la interpretación que allí se hizo, para determinar la competencia en razón de la naturaleza del acto reclamado, ocurrido en forma similar en la presente demanda de amparo. Es aplicable al presente caso, por analogía (en cuanto a la posibilidad de integrar a la motivación de un fallo la transcripción de un determinado texto), la jurisprudencia P./J. 88/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho del entonces Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Novena Época, Materia Común, correspondiente al mes de septiembre de dos mil, con número de registro electrónico 191112, la cual establece: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional." En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.", pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De igual modo, no se opone a esa conclusión el hecho de que en el presente juicio de amparo no se reclamen actos específicos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que se reclaman normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto dicha Comisión como la diversa Comisión Reguladora de Energía; pues, como se vio, la naturaleza material de las normas impugnadas se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Fórmese cuaderno de antecedentes. No procede suspender los actos reclamados por la incompetencia. En efecto, el artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, en la especie, se declina la competencia, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el ubicado en Avenida González Ortega 178, primer piso, interior "H", en esta ciudad y, como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, al licenciado José Pablo Mercado Solís, en virtud de que su cédula profesional (5047096) se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditar esta circunstancia, solo para oír y recibir notificaciones a Marisela Artega Solís y Luis Jacobo Moreno. Para mejor proveer en el presente juicio de amparo, quedan facultados los actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y el diverso 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se procesa a su impresión para ser incorporada al expediente impreso.

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