Carmen Adriana Montes Borrego y Otros.
Expediente 333/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carmen Adriana Montes Borrego y Otros.
- Carmen Adriana Montes Borrego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Declaratoria de estado El plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para que los quejosos C********, se pronunciara respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, sin que se hubiese pronunciado al respecto. En consecuencia, se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 333/2021-I-1, promovido por ***********, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable y las manifestaciones hechas por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Considerando Primero. Demanda de amparo. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en el Buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, la demanda promovida por Carmen Adriana Montes Borrego y Jesús María Baldenebro Quezada, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional el siete de mayo siguiente. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Jefe de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, así como del Director General, Director de Prestaciones Económicas, Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia Delegación Chihuahua; y, Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia Delegación Juárez, los cuatro del organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, a quienes reclamó lo siguiente: 1.- Del C. Gobernador Constitucional y del Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La aprobación, refrendo, promulgación y publicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II último párrafo, y del artículo 27º del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracciones II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate. 2.- Jefe del Departamento de Talleres Gráficos del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La publicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27º del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate. 3.- Del Director General de Pensiones Civiles del Estado, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. 4.- Del Director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. 5.- Del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. 6.- Del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Zona Juárez, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. Segundo. Tramitación del amparo. Mediante auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 333/2021-I-1 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Sentencia emitida en el juicio de amparo. Una vez integrado el juicio de amparo, celebró la audiencia el cuatro de agosto de dos mil veintiuno y se dictó sentencia el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se resolvió por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos. Cuarto. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Dado que ninguna de las partes se inconformó con la sentencia emitida, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, causó ejecutoria el uno de diciembre de dos mil veintiuno. Debido a lo anterior, en la citada fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, en los términos siguientes: 1. Dejar insubsistente el oficio ******* de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, con todos sus efectos y consecuencias. 2. Emitir un acuerdo por escrito en el que se pronuncie en forma congruente, sobre la petición que le presentó C************, relativa a la solicitud de afiliación de su esposo ********** como beneficiario al régimen de la citada institución; prescindiendo de la aplicación de los numerales 25, fracción II, último párrafo, y 27 ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, así como el numeral 27, fracciones II y V, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en la parte que establece los requisitos de acreditación de incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no perciba cuando menos el salario mínimo general fijado para la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por sí mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se sujete a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer. Pues sólo de esta forma se logrará restituir cabalmente en los derechos fundamentales de los quejosos infringidos en la determinación reclamada. Lo expuesto, permite concluir que entre los efectos de la presente sentencia, lleva implícito la obligación de la autoridad responsable de que las restantes disposiciones del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, relacionadas con la prestación de los servicios médicos que hagan referencia directa o indirecta a la cónyuge como única beneficiaria de la misma, las interprete conforme los principios de igualdad, no discriminación y previsión social en los términos en los que se ha establecido en el presente fallo. Quinto. Cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. El delegado de las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, remitió copia de oficio CJ-1793/2021 de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la Encargada del despacho de los asuntos del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Sexto. Vista a las partes. En proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a los quejosos para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibidos que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que hayan hecho manifestación alguna. Séptimo. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del contenido de las constancias que remitió el delegado de la autoridad responsable, se tiene que, la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente juicio, lo anterior es así, en virtud de que por oficio ********* de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la Encargada del despacho de los asuntos del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, se dejó sin efectos el oficio D******** de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se le notificó la improcedencia de la afiliación del ********** al servicio médico que otorga esta Institución. Asimismo, emitió nuevo acuerdo en el que prescindió de la aplicación de los numerales 25,fracción 11,último párrafo y 27, ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en la parte que establece los requisitos de acreditación de incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no percibe cuando menos el salario mínimo general fijado por la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por sí mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se le sujetó a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer, por lo que, resulto procedente la afiliación del quejoso Jesús Mario Balden Ebro Quezada. Entonces, dado que, la autoridad responsable cumplió con lo ordenado en el fallo protector, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con sus actuaciones restituyó al quejoso el goce de los derechos que estimó transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Determinación a la que se arriba sin perjuicio de hacerle saber a la parte quejosa que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: Único. Se declara que ha quedado cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 333/2021-I-1, promovido por C***********. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: udad Juárez, Chihuahua; veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, para que los quejosos C********, se pronunciara respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de la autoridad responsable Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, sin que se hubiese pronunciado al respecto. En consecuencia, se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 333/2021-I-1, promovido por ***********, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente, los datos aportados por la autoridad responsable y las manifestaciones hechas por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa. Considerando Primero. Demanda de amparo. El seis de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en el Buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, la demanda promovida por Carmen Adriana Montes Borrego y Jesús María Baldenebro Quezada, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional el siete de mayo siguiente. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, Jefe de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua, así como del Director General, Director de Prestaciones Económicas, Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia Delegación Chihuahua; y, Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia Delegación Juárez, los cuatro del organismo público descentralizado denominado Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, a quienes reclamó lo siguiente: 1.- Del C. Gobernador Constitucional y del Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La aprobación, refrendo, promulgación y publicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II último párrafo, y del artículo 27º del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracciones II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate. 2.- Jefe del Departamento de Talleres Gráficos del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La publicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27º del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate. 3.- Del Director General de Pensiones Civiles del Estado, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. 4.- Del Director de Prestaciones Económicas de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. 5.- Del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. 6.- Del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, Zona Juárez, reclamo: A. La aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, aprobado por el Ejecutivo del Estado el día veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y dos (1982), mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación y específicamente, la inconstitucionalidad del artículo 25 fracción II y último párrafo, y del artículo 27 del Reglamento en mención, así como del artículo 27 fracción II y V, del Estatuto Orgánico del Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, cuya inconstitucionalidad se combate, además de la negativa a llevar a cabo el registro en el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, de mi esposo y hoy quejoso JESÚS MARÍA BALDENEBRO QUEZADA. Segundo. Tramitación del amparo. Mediante auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 333/2021-I-1 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Tercero. Sentencia emitida en el juicio de amparo. Una vez integrado el juicio de amparo, celebró la audiencia el cuatro de agosto de dos mil veintiuno y se dictó sentencia el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se resolvió por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos. Cuarto. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Dado que ninguna de las partes se inconformó con la sentencia emitida, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, causó ejecutoria el uno de diciembre de dos mil veintiuno. Debido a lo anterior, en la citada fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector a la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, en los términos siguientes: 1. Dejar insubsistente el oficio ******* de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, con todos sus efectos y consecuencias. 2. Emitir un acuerdo por escrito en el que se pronuncie en forma congruente, sobre la petición que le presentó C************, relativa a la solicitud de afiliación de su esposo ********** como beneficiario al régimen de la citada institución; prescindiendo de la aplicación de los numerales 25, fracción II, último párrafo, y 27 ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, así como el numeral 27, fracciones II y V, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en la parte que establece los requisitos de acreditación de incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no perciba cuando menos el salario mínimo general fijado para la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por sí mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se sujete a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer. Pues sólo de esta forma se logrará restituir cabalmente en los derechos fundamentales de los quejosos infringidos en la determinación reclamada. Lo expuesto, permite concluir que entre los efectos de la presente sentencia, lleva implícito la obligación de la autoridad responsable de que las restantes disposiciones del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, relacionadas con la prestación de los servicios médicos que hagan referencia directa o indirecta a la cónyuge como única beneficiaria de la misma, las interprete conforme los principios de igualdad, no discriminación y previsión social en los términos en los que se ha establecido en el presente fallo. Quinto. Cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. El delegado de las autoridades responsables adscritas a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, Chihuahua, remitió copia de oficio CJ-1793/2021 de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la Encargada del despacho de los asuntos del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Sexto. Vista a las partes. En proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a los quejosos para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibidos que, en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que hayan hecho manifestación alguna. Séptimo. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del contenido de las constancias que remitió el delegado de la autoridad responsable, se tiene que, la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente juicio, lo anterior es así, en virtud de que por oficio ********* de diez de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por la Encargada del despacho de los asuntos del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, se dejó sin efectos el oficio D******** de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se le notificó la improcedencia de la afiliación del ********** al servicio médico que otorga esta Institución. Asimismo, emitió nuevo acuerdo en el que prescindió de la aplicación de los numerales 25,fracción 11,último párrafo y 27, ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en la parte que establece los requisitos de acreditación de incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no percibe cuando menos el salario mínimo general fijado por la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por sí mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se le sujetó a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer, por lo que, resulto procedente la afiliación del quejoso Jesús Mario Balden Ebro Quezada. Entonces, dado que, la autoridad responsable cumplió con lo ordenado en el fallo protector, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con sus actuaciones restituyó al quejoso el goce de los derechos que estimó transgredido, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Determinación a la que se arriba sin perjuicio de hacerle saber a la parte quejosa que, en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la ley en cita Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: Único. Se declara que ha quedado cumplida la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 333/2021-I-1, promovido por C***********. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, a los quejosos para efecto de que la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, realice lo siguiente: 1. Dejar insubsistente el oficio ******* de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, con todos sus efectos y consecuencias. 2. Emitir un acuerdo por escrito en el que se pronuncie en forma congruente, sobre la petición que le presentó *******, relativa a la solicitud de afiliación de su esposo ******* como beneficiario al régimen de la citada institución; prescindiendo de la aplicación de los numerales 25, fracción II, último párrafo, y 27 ambos del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, así como el numeral 27, fracciones II y V, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en la parte que establece los requisitos de acreditación de incapacidad total permanente; que no esté recibiendo indemnización por ello, que sea mayor de cincuenta y cinco años, que no perciba cuando menos el salario mínimo general fijado para la zona económica en que resida, que acredite que dependía de la asegurada y que no tenía derecho por sí mismo a las prestaciones del citado reglamento; esto es, no se sujete a exigencias mayores que las establecidas para afiliar a una mujer. Pues sólo de esta forma se logrará restituir cabalmente en los derechos fundamentales de los quejosos infringidos en la determinación reclamada. Lo expuesto, permite concluir que entre los efectos de la presente sentencia, lleva implícito la obligación de la autoridad responsable de que las restantes disposiciones del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, relacionadas con la prestación de los servicios médicos que hagan referencia directa o indirecta a la cónyuge como única beneficiaria de la misma, las interprete conforme los principios de igualdad, no discriminación y previsión social en los términos en los que se ha establecido en el presente fallo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a esta juzgadora, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, en turno, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua capital, para que, quien tiene la calidad de superior jerárquico de la autoridad en cita para que le ordene cumpla con la ejecutoria, lo cual deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días, computados legalmente, en la inteligencia de que de no hacerlo, igualmente, se procederá en términos de lo precisado en el párrafo anterior. Sirve de apoyo al procedimiento de ejecución, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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