Carmen Claudia Vidaña Salazar

Expediente 85/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
85/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Carmen Claudia Vidaña Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Por otra parte, se tiene al tercero interesado autorizando para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Por último, en virtud de que la autoridad responsable remitió los autos originales del expediente 498/2017 en apoyo a su informe justificado y en virtud de lo acordado en los párrafos precedentes no se estima necesaria su conservación, por lo que, devuélvase a la autoridad responsable el mencionado expediente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de julio de dos mil dieciocho. Vista la constancia de la actuaria de la adscripción se desprende la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. En tal virtud, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, notifíquese la sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho terminada de engrosar el cinco de los corrientes, el presente auto y los subsecuentes por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho se recibió la promoción del tercero interesado, al respecto, se le tiene autorizando a ********* para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.***

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL ACUEDO DE DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DE CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 85/2018-I-2, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de turnos de segunda instancia del distrito Bravos el dieciocho de enero de dos mil dieciocho *************** en representación de ************* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y acto reclamado que se precisan: III.- Autoridades responsables.-Tienen dicho carácter la siguiente: A.- El C. Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, Colonia San Antonio, en esta ciudad. IV.- Acto reclamado. La resolución de fecha 07 de diciembre del 2017, dictada en autos del Toca de Apelación 498/2017 del índice de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dos de febrero de dos mil dieciocho el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo directo y ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. El seis de febrero de dos mil dieciocho fue turnado a este Juzgado por razones de competencia la demanda que se registró en el libro de gobierno correspondiente, este juzgador se avocó al conocimiento de la demanda de amparo y se admitió a trámite, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que, después de diferida, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo tercero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que es un asunto en materia civil en el que se reclaman actos de autoridad residente dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: Del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, en sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete en el que desechó el incidente de nulidad de actuaciones dentro del toca 498/2017. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registrada bajo el número 181810, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, con sede en ciudad. Juárez, Chihuahua, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, manifestó que es cierto el acto de que se duele la quejosa. Además, para sustentar su dicho remitió los autos originales del expediente de primera instancia 324/2017 del índice del Juzgado Quinto Civil por audiencias del distrito judicial Bravos y los autos originales del toca de apelación 498/2017 del índice de la Segunda Sala Civil Regional con sede en esta ciudad, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se actualiza. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. El amparo es improcedente, habida cuenta que el acto que por esta vía se impugna del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, con sede en esta ciudad, no reviste el carácter de definitivo, puesto que, en su contra, aún procedía un recurso ordinario por virtud del cual podía ser revocado o modificado. Para demostrar esta afirmación, es menester partir de la premisa de que el juicio de amparo es un proceso de carácter extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos. Este principio, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. En este sentido, el acto que se ataque en el juicio de amparo debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. La Ley de Amparo regula en su artículo 107, fracción IV, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto, el cual, en su parte conducente, estatuye: 107. El amparo indirecto procede: *** IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; *** Así, el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo en términos de las normas antes referidas, la propia ley de la materia establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio la improcedencia del juicio. Se afirma lo anterior, habida cuenta que en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, a este respecto, se establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; *** La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe de tratarse de "actos definitivos" en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, la aludida porción normativa establece como causal de improcedencia la derivada del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de amparo, en dicho supuesto el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. A fin de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia que se analiza conviene citar el contenido de los artículos 109, 115, 615, 620 y 621 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, en los que textualmente se establece: 109. Las resoluciones judiciales pueden ser sentencias, interlocutorias o autos. Sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia. Interlocutorias son aquellas que resuelven un incidente o excepción procesal. Autos, todas las demás determinaciones de trámite. Toda resolución escrita expresará la fecha en que se pronuncie y se autorizará por los funcionarios respectivos y por la persona que deba dar fe de ella, con firma entera. 115. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. 615. Procederán los recursos de revocación, apelación y denegada apelación que se interpongan en la forma y términos que establece este Código. Pueden interponer recursos: I. Las partes, sus representantes legítimos o sus apoderados, aunque el poder con que gestionen no tenga clausula especial para ello; II. Los terceros que hayan venido al juicio; y, III. Los demás a quienes perjudique la resolución, aún cuando no hayan intervenido en el juicio, con la condición de que, al interponer el recurso, justifiquen su interés. 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista. 621. Interpuesto en tiempo el recurso, con excepción de los casos a que se refiere el artículo siguiente, el tribunal, de considerarlo necesario, correrá traslado del escrito a la parte contraria por el término de tres días y, evacuado que sea o una vez concluido dicho plazo para hacerlo, sin más trámite dictará resolución. De los preceptos en cita, se advierte que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, contempla un sistema de impugnación que permite la defensa de los gobernados y con la interposición de los recursos la posibilidad de revocar o modificar la sentencia, interlocutoria o auto que se haya cuestionado y, por ende, se puede establecer que los autos como el que se combate pueden ser revocados o modificados. En el caso concreto, del análisis conjunto de la demanda y del expediente de origen, se advierte que el quejoso reclama el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual, el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua desechó el incidente de nulidad de notificación, dada su notoria improcedencia, en el toca de apelación 498/2017. De lo dispuesto en el numeral 109 de la legislación adjetiva civil en cita se puede llegar a la conclusión que esa determinación constituye un auto, en la medida que no resolvió el incidente ni se ordenó su tramitación dada su notoria improcedencia, sino que se tuvo por no admitido y tampoco se decidió sobre el punto principal del litigio. Sobre esas bases, resulta incuestionable que en contra del auto reclamado procede el recurso de revocación a que alude el artículo 115 del citado código, dado que en segunda instancia todos los autos podrán revocarse o modificarse, mediante la interposición del recurso, que en el caso es el de revocación. Por ello, previamente a la promoción del presente amparo la parte quejosa debió interponer el recurso de revocación, para lograr que el auto tildado de inconstitucional, fuera examinado por el propio tribunal de segundo grado, en virtud de que se considera que con dicho recurso la determinación reclamada podía ser modificada o revocada. Así, al no haber agotado en contra del acto reclamado, previo a la promoción del amparo, el recurso de revocación a que alude el mencionado artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, se estima actualizada la causal de improcedencia del juicio de garantías contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria del amparo. Resulta aplicable, analógicamente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 187016, consultable en la página 902 del tomo XV, de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Cabe decir que: a). La resolución en comento fue notificada a la aquí garante desde el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, por medio de lista, según consta en la razón actuarial que obra a foja veintidós vuelta del tomo de pruebas; y b). La ahora quejosa interpuso demanda de amparo contra tal determinación (foja 25 a 33). Particularidades que reflejan que la parte amparista es parte en el juicio y estuvo en posibilidad de interponer el referido medio ordinario de defensa. Sin embargo, no lo hizo, evidenciando de esa manera el incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. También se apunta que no se advierte que se esté en presencia de algún supuesto de excepción al principio de definitividad pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Y, la quejosa no es persona extraña al procedimiento, sino parte y el recurso de revocación está contemplado en la legislación procesal adjetiva de forma clara. No obsta que el principio de definitividad, en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo, es una regla de aplicación general y que la propia ley de la materia establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole de la quejosa y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos señalados expresamente en la ley o derivados de su interpretación por el Alto Tribunal del País, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo; sin embargo, en el presente asunto no se está en presencia de alguno de esos casos de excepción que señala la Ley de Amparo, ante lo cual se debió promover el recurso ordinario de revocación contra la resolución que la quejosa consideró lesiva de sus derechos En este contexto, resulta innecesario abordar el estudio de la diversa causa de improcedencia propuesta por la parte tercero interesada, pues no modificarían el sentido de la presente resolución. Resulta aplicable al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 414, con registro 195744, que señala lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVIII, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 85/2018-I-2 promovido por Carmen Claudia Vidaña Salazar, contra el auto reclamado del Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, con sede en ciudad. Juárez, Chihuahua, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercero interesada y a la agente del Ministerio de la Federación adscrita, y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado **************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************, hasta el día de hoy, cinco de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio SEADS/473/2018, recibido en este Juzgado Federal el cinco de los corrientes, téngase al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informando que en sesión celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la readscripción del Juez David César Aranda González, como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, con efectos a partir del dieciséis de abril de esta anualidad. Hágase del conocimiento de las partes tal designación, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy fe.

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