Carlos Urbano Acosta

Expediente 833/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
833/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Urbano Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en la Fracción I, del Artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA. Ciudad Juárez, Chihuahua; adiez de octubre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 833/2023-III, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por ********************, turnada a este juzgado el día hábil siguiente, en la que la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa estimó transgredidos los contenidos en los artículos 1, 8, 17, párrafo segundo y 20, apartado B, fracciones VI y VIII, y 35 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de primero de septiembre de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 833/2023-III y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo reclamado es atribuido a una autoridad de cuya circunscripción territorial este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; lo anterior de conformidad con el numeral 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que el quejoso reclamó del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Fiscal General del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, lo siguiente: "IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN: a) Se reclama de cada una de las autoridades responsables, el acto de retrasar injustificadamente la solicitud de Audiencia Constitucional que la ley concede al suscrito, ante el juez de ejecución de penas del Distrito Judicial Bravos, ésta para debatir el eventual otorgamiento del beneficio de la libertad anticipada a mi favor, dicho retraso es producto de la omisión de sus responsabilidades legales respecto al trámite necesario para la celebración de dicha audiencia. Motivo que reclamo ahora, pues al incumplir con sus responsabilidades, no se ha dado cabal respuesta a mi solicitud, y se ha retrasado de manera injustificada la solicitud de audiencia realizada." TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, manifestó ser ciertos los actos reclamados, puesto que en el índice de ese Juzgado de Ejecución, se encuentra en trámite la solicitud del procedimiento para la obtención de beneficio preliberacional presentada por el quejoso, derivada de la cual, se requirió a las autoridades Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y a la Autoridad Penitenciaria, el plan de actividades del quejoso, el cual se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social, número Tres, sin que a la fecha de presentación de la demanda, las diversas autoridades hayan remitido las constancias solicitadas. Por su parte, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta Ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues indica que mediante oficio de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, rindió el acta de comité técnico relativo al cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso. Una vez lo anterior, la Jueza de Ejecución de Penas responsable, informó que al contar con la información necesaria, esto es, con el informe de cumplimiento del plan de actividades del ahora quejoso, mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la cual se debatiría sobre la concesión de un beneficio pre-liberacional a favor del sentenciado, esto, para el veinticinco de septiembre de misma data. Al respecto, tomando en cuenta que este juicio de amparo se promovió el treinta de agosto de dos mil veintitrés, mediante demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad y, en el procedimiento de origen, carpeta de ejecución 502/2023, el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, rindió el acta de comité técnico relativo al cumplimiento del plan de actividades, informe de conducta y disciplina, ficha signalética y partida jurídica del ahora quejoso. Por lo tanto, se desvirtúa la negativa del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, y la omisión reclamada se tiene como existente, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitieron, en copia certificada, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues consiste en copias certificadas del procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos noventa y uno, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCÍAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por lo que hace a la diversa autoridad señalada como responsable, esto es al Fiscal General del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y/o autoridad penitenciaria, con domicilio ampliamente conocido en la ciudad de Chihuahua, capital del Estado de mismo nombre, no rindió su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo de que se haya requerido el mismo. No obstante lo anterior, y dado que como a continuación se expondrá, de manera fehaciente se actualiza una causa de improcedencia que impide a esta juzgadora conocer el fondo del asunto que hoy se resuelve, por lo cual, la falta del informe por parte de la autoridad responsable a que se hace referencia, no impide a la suscrita juzgadora decretar el sobreseimiento que se hace manifiesto. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicho numeral preceptúa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que, con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, por virtud de la sustitución procesal de actos en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En relación con la primera hipótesis indicada, es de señalarse que la expresión, cesación de los efectos del acto reclamado, implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si este, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. La improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso, se actualiza tal causa de improcedencia, pues la parte quejosa señaló como acto reclamado a las responsables, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, la omisión de rendir el plan de actividades y su cumplimiento, del ahora quejoso, al Juez de Ejecución de Penas, y a este último, la omisión de señalar audiencia para analizar la procedencia de algún beneficio pre-liberacional, previamente solicitada. De las constancias remitidas por la Jueza de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, a la cual se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio número SSPE/DEPyMJ/13734/2023, de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, rindió el plan de actividades y su cumplimiento del ahora quejoso. Así, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, una vez recibidas las constancias requeridas a las autoridades antes señaladas, la Jueza de Ejecución de Penas responsable, señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia para analizar la procedencia de algún beneficio pre-liberacional, la cual se llevó a cabo el día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- SE CONCEDE a CARLOS URBANO ACOSTA la LIBERTAD CONDICIONADA dentro de la Causa Penal 1565/2015 Carpeta de Ejecución 502/23; por lo que SE ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD EL DÍA DE HOY EN RELACIÓN A ESTE ASUNTO ÚNICAMENTE. SEGUNDO.- Gírese atento oficio a la Autoridad Penitenciaria, así como al Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número 03, en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. TERCERO.- Se hace del conocimiento de los intervinientes que la presente resolución es apelable en términos del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y quedan todos los intervinientes notificados de las determinaciones tomadas en la presente audiencia." Por tanto, se estima que en el caso en estudio han cesado los efectos del acto reclamado en comento, habida cuenta que ya no existe la omisión reclamada, al señalarse fecha para la audiencia solicitada por el quejoso y resolverse lo peticionado. De ahí que, la razón de ser de la causa de improcedencia se justifica por la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo solicitado. Lo anterior se orienta por la jurisprudencia con número de registro 193758, Segunda Sala, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, de Junio de 1999, materia Común, Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38: que dice de la siguiente manera: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así mismo, la tesis con número de registro 197367, Novena Época, Pleno, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, de Noviembre de 1997, Tesis P. CL/97, Aislada, Materia Común, la cual establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en la dilación y paralización injustificada del procedimiento para la obtención de beneficio de libertad condicionada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de Ley de Amparo, pues en el caso particular es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Robustece lo anterior por analogía al presente caso, la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, Tomo VI, de Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En esa tesitura, es incontrovertible que, cesaron los efectos del acto reclamado y queda evidenciada la actualización en esta acción constitucional, virtud a la causa de improcedencia aludida en párrafos anteriores, siendo procedente en consecuencia, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así mismo, en la Jurisprudencia con número de registro 196820, Novena Época, Segunda Sala, cuya fuente es el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, de febrero de 1998, Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, así como por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ************, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado**********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte que no fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, respecto del auto de veintisiete de septiembre del año en curso, por las razones indicadas por la Actuaria Judicial de la adscripción en la constancia que antecede. Por ende, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las ulteriores, por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta que la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Informes justificados Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por parte de las autoridades responsables, Jueza de Tribunal de Ejecución de Penas del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y Titular del Centro de Reinserción Social número 3, por conducto del Encargado del Despacho de dicho centro; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de las documentales que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase al Titular del Centro de Reinserción Social número 3 y Fiscal General del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

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