Carmen Analy Carranza Salas
Expediente 924/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carmen Analy Carranza Salas
- Carmen Analy Carranza Salas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como destruible según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Una vez transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento de las partes que es susceptible de depuración. Ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Dado lo asentado en la certificación que antecede, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte quejosa de la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 924/2017, promovido por ******** RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada en misma fecha a este juzgado, la demanda promovida por ********, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y el Titular de la Oficina del Desarrollo Integral de la Familia, residente en la capital del Estado (en sus denominaciones correctas), de quienes reclamó: De las autoridad señalada como responsable ordenadora y ejecutora, reclamó su arbitraria y anti constitucional, orden girada por el mismo DIF Desarrollo integral de la familia en mi contra para la retención de mis menores hijos sin haber motivo ni causa que ameritara dicha orden de retención, para que fuera de todo procedimiento legal retengan no se para que o porque a mis menores hijos de nombres ******** de apellidos ******** y ********, y ser enviados a las ergástulas disfrazadas de granjas o estancias infantiles de la denominada PROCURADURÍA DE ASISTENCIA JURÍDICA Y SOCIAL dependiente del denominado DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (DIF) y de las mismas autoridades mencionadas en este capítulo, el cumplimiento que de tan ilegal e injusta ordenanza realizaron. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de seis de noviembre de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número 924/2017-V y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción (fojas 16) y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, primer párrafo, 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos realizados dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama: La resolución dictada el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, por la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, en la que resolvió que existe una situación que pone en riesgo la vida y sano desarrollo de los menores ******** y ********, de tres y un año de edad respectivamente, por ende, concluyó que se encuentran en una situación de desamparo; asimismo, ordenó la separación preventiva de los menores y su resguardo en un centro de asistencia social, así como la tutela pública hasta en tanto se concluyan las investigaciones necesarias; además, de determinar el régimen de visitas con la aquí quejosa, entre otras personas; acuerdo del cual quedó debidamente notificada la quejosa ******** en misma fecha (fojas 90 a 100). Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación, la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y el Titular de la Oficina del Desarrollo Integral de la Familia, residente en la capital del Estado, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos y, para acreditarlo, la primera remitió copia certificada del expediente 739/17 Den. C/T, relativo al procedimiento administrativo de protección de los menores ******** y ********; documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia; por ende, se tienen por ciertos los actos que se les imputaron. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, página 153, 1995, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal del país. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Improcedencia por cambio de situación jurídica. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, textualmente señala: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.) En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: I. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II.Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; III.No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; IV. Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurren los anteriores requisitos el juicio de amparo resultará improcedente y por lo tanto deberá sobreseerse en el juicio respectivo. Como se anticipó, en el capítulo de los antecedentes de su demanda de amparo, la justiciable esgrime que el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, previo citatorio, se presentó en las oficinas de Desarrollo Integral de la Familia en compañía de sus menores hijos ******** y ********, donde fue atendida por la psicóloga ******** y una persona del sexo masculino quien manifestó ser trabajador social, comunicándole aquella que habían acudido a la Fiscalía y comprobado un supuesto abuso sexual en contra de su menor hija, sin especificar cuándo ocurrieron dichos hechos o quién los perpetró, puesto que la quejosa nunca había facilitado a su hija para que se le practicaran exámenes médicos y ginecológicos; asimismo, el trabajador social la presionó para que firmara un documento, más no le permitió leerlo, luego la pusieron a hacer dibujos y la retuvieron desde las once horas con treinta minutos hasta las diecisiete horas. Al término de todo, un trabajador social le preguntó si podía prestarle a sus hijos, a lo que ella inquirió por qué, pero éste no contestó y se los llevó, y al cuestionar a la psicóloga sobre lo que estaba sucediendo, ésta le respondió que ahí se iban a quedar porque en ese lugar estaba la Fiscalía; luego escuchó que se comunicaron con la señora ********, a quien le preguntaron si quería quedarse con los menores, pero piensa que ésta respondió que no podía hacerse cargo de ellos. Por lo que desde entonces desconocía el paradero de sus menores hijos, estaba sin verlos y convivir con ellos, ya que en las oficinas de Desarrollo Integral de la Familia, se negaban a brindarle información; no obstante, ella y su actual pareja ********, investigaron el domicilio de la granja donde al parecer los iban a retener, pero una vez que se trasladaron a dicho lugar se dieron cuenta que no se encontraban ahí.Ahora, para una mejor comprensión del presente asunto, es necesario efectuar una reseña, en lo que interesa, de los antecedentes de los actos reclamados, los cuales derivan del expediente 739/17 Den C/T, del índice de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, remitido en copia certificada, documentales que, como quedó señalado con antelación, cuentan con plena eficacia demostrativa, y de las que se desprende lo siguiente:1.Mediante oficio CJUM/113/2017 de seis de septiembre de dos mil diecisiete, personal del departamento jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres, dio vista a la Subprocuradora de Asistencia Jurídica y Social Distrito Bravos, de la posible comisión del delito de violación agravada cometido en perjuicio de la menor ******** de seis años de edad, donde aparece como imputado ********, pareja actual de la madre de la menor de nombre ********. Asimismo, remitió la denuncia presentada por ******** (abuela materna de la menor), quien en síntesis comunicó que la menor le informó sobre los hechos delictivos cometidos en su perjuicio; por lo que la denunciante informó de lo sucedido a su hija ********, sin embargo, ésta optó por no hacer nada. Así como la declaración vertida por la menor ********, en la que expresó que el presunto responsable también "le hace cosas" a su menor hermana ******** de dos años y medio de edad, situación que hizo del conocimiento de su madre pero ésta ha hecho caso omiso.En el entendido, que la quejosa ********, es la madre de dichas menores, así como del menor ********; y que la autoridad dejó bajo la custodia de la denunciante a la menor ********, fojas 31 a 42).2.Auto de radicación de seis de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Subprocuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual ordenó formar expediente, iniciar diligencias, citar a los padres y familiares de la menor a fin de constatar la veracidad de los hechos que fueron puestos en su conocimiento (fojas 43 y 44).3. Resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la que la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, determinó que existían elementos y razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección, al advertirse la existencia de violencia, maltrato físico, psicológico, emocional o sexual hacia la menor ******** de tres años de edad; así como la exposición a situaciones habituales de violencia familiar, y por ende, escenarios que ponen en riesgo la vida y sano desarrollo de la citada menor y de ******** de un año de edad. Por lo que determinó que ******** y ********, se encontraban en situación de desamparo, ordenando la separación preventiva y su urgente resguardo en un centro de asistencia social. Igualmente, determinó ejercer la tutela pública de los menores, hasta en tanto se concluyeran las investigaciones necesarias y se allegaran elementos de convicción a fin de resolver su situación jurídica. Además, proveyó respecto al régimen de visitas de convivencia con los menores y ********, ********, ******** y ********, en su carácter de madre, abuela materna, padre y abuela paterna respectivamente, la cual tendría verificativo en esas oficinas ubicadas en calle ******** número ***** de la colonia ********, los días viernes de cada semana, a las diez horas, con las excepciones y bajo los supuestos ahí establecidos; y estableciendo que no se consideraba conveniente la convivencia de dichos menores con el posible agresor ********. En misma fecha, fue notificada del ejercicio de la tutela pública ********, así como de la investigación que se realizaría y el régimen de visitas (fojas 90 a 100).4. Oficios 3846/2017 y 4078/2017 de diez y veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, respectivamente, por medio de los cuales la Juez Quinto de lo Familiar, solicita copia certificada del expediente relacionado con los menores ******** y ********, con motivo del juicio ordinario familiar 1733/2017 promovido por ********, además de dar vista a la Subprocuradora Auxiliar de Asistencia Jurídica y Social; a lo que se dio respuesta mediante los diversos 1471/17 y 1488/17 de treinta del mismo mes y siete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 101 y 103; 114, 115 y 144). 5. Escrito de veinte de octubre de dos mil diecisiete, que contiene solicitud de copias signado por la quejosa; así como el acuerdo que recayó de treinta de los mismos, en el que se niega la expedición de copias y constancia de notificación de diez de noviembre del mismo año (fojas 102; 105, 106 y 169). 6. Constancias de inasistencia a la visita de convivencia de veintisiete de octubre y tres de noviembre de dos mil diecisiete, por parte de ******** y otros, con los menores ******** y ******** (fojas 104, 116).7. Acuerdo de notificación del ejercicio de la tutela pública a ******** y ********, en su carácter de padre y abuela paterna de la menor ******** (fojas 107 y 108). 8. Aviso de la medida urgente de protección especial de los menores citados, al Encargado de la Unidad de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y Fe Pública de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, además de informarle que éstos se encontraban en el centro de asistencia social denominado ******** en acogimiento residencial, ubicado en calle ********, número ********, fraccionamiento ******** (fojas 117 y 118).9. Escrito de seis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, promueve jurisdicción voluntaria ante el Juez Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en turno, a fin de que ratifique, modifique o revoque la medida de protección urgente aplicada a los menores ******** y ******** (fojas 125 a 132). 10. Acuerdo pronunciado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la Juez Octavo de lo Familiar por Audiencias, en el que radicó el expediente de jurisdicción voluntaria bajo el número 111/17; y el trece siguiente, resolvió ratificar la medida de protección urgente aplicada a los menores (fojas 142 a 143; 185 a 188)11. Constancia de notificación de visita supervisada de diez de noviembre de dos mil diecisiete, a ******** (fojas 166 a 168).12. Acuerdo de reintegración de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se estableció la viabilidad de ******** y ********, en su carácter de padre y madrastra de la menor ********, y ambos en su carácter de familia de acogida del menor ********, para ostentar la guarda y custodia de los menores en comento, ordenando así su reintegración a su núcleo familiar con imposición de medidas de protección, condiciones y recomendaciones necesarias para el bienestar y sano desarrollo de los menores; Asimismo, en el Acta de Entrega por Reintegración de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el considerando decimoséptimo se asentó lo relativo a las visitas de convivencia entre los menores y la aquí quejosa; y constancia de notificación a la quejosa de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 252 a 272; 281 y 282).13. Constancia de condiciones de seguimiento por reintegración e integración, de trece de diciembre de dos mil diecisiete, de la cual se advierte que la quejosa ********, manifestó su conformidad de que los menores ******** y ********, estén de manera provisional con ******** y ********, en tanto ella continúa con las recomendaciones, condiciones y objetivos del procedimiento administrativo de protección y superar la situación de desamparo por los hechos acontecidos, cumplir con las obligaciones inherentes, que por naturaleza y legalidad, tiene frente a sus hijos, al ser la madre biológica de los mismos (fojas 283 a 288). Las constancias mencionadas, revisten valor probatorio pleno, en términos de los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al arábigo 2º, de la Ley de Amparo; al respecto, se estima pertinente citar la jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal, con registro electrónico 394182 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.Sentado lo anterior, es de precisarse que la peticionaria reclama la medida urgente de protección especial, consistente en el resguardo provisional de los menores ******** y ********, en el centro de asistencia social denominado "********" ubicado en la Avenida ******** número ********, del fraccionamiento ********, en esta ciudad. Lo anterior, con motivo de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la que la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, determinó que existían elementos y razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección, al advertirse la existencia de violencia, maltrato físico, psicológico, emocional o sexual hacia la menor ******** de tres años de edad; así como la exposición a situaciones habituales de violencia familiar, y por ende, escenarios que ponen en riesgo la vida y sano desarrollo de la citada menor y de ******** de un año de edad; mismo que se originó con motivo de que personal del departamento jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres, dio vista de la posible comisión del delito de violación agravada cometido en perjuicio de la menor ******** de seis años de edad, donde aparece como imputado ********, pareja actual de la madre de la menor de nombre ********. Por lo que resulta pertinente señalar que, los artículos 129, 130, 131, 132, 133, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, establecen lo siguiente: 129. El DIF Estatal contará con una Procuraduría de Protección, que dependerá de la Dirección General, y tendrá como objeto proporcionar los servicios de asesoría, orientación y representación jurídica, de niñas, niños y adolescentes. 130. La Procuraduría de Protección, para el cumplimiento de su objeto, contará con, una subprocuraduría de protección auxiliar por cada distrito judicial, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. 131. La Procuraduría de Protección tendrá las atribuciones siguientes: I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes de acuerdo a lo previsto por la Constitución Federal y Estatal, los tratados internacionales, la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos: a) Atención médica y psicológica, de manera preventiva y oportuna. b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural. c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia. d) Un hogar seguro para todas niñas, niños y adolescentes, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad. e) Respeto y promoción a las relaciones familiares, con sus padres, tutores, cuidadores o responsables legales. II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada. IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia. V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes. VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social. b) La atención médica inmediata por parte de alguna Institución del Sistema Nacional de Salud. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. (el subrayado es nuestro) VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente. VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme a las disposiciones aplicables. X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y el DIF Estatal en la elaboración de los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento preadoptivo, así como para emitir los certificados de idoneidad. XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables. XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en los programas respectivos. XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 132. Las subprocuradurías de protección auxiliares ejercerán las funciones conferidas a la Procuraduría de Protección, en el ámbito de su respectiva competencia. 133. Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes la Procuraduría de Protección deberá seguir el siguiente procedimiento: I.Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los mismos. III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados.IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección.V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos. VI.Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados. Los preceptos legales descritos, establecen las facultades de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar para el Distrito Judicial Bravos, así como sus atribuciones, destacando entre otras, en lo que interesa, la relativa a la aplicación fundada, motivada y bajo su más estricta responsabilidad, de la aplicación de medidas urgentes de protección especial, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. Asimismo, que la Procuraduría de Protección Auxiliar, en particular, será la instancia garante de la observancia y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ejerciendo asimismo, la tutela del Estado y por tanto, le corresponde la aplicación del procedimiento administrativo para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desamparo. Teniendo facultades exclusivas para determinar, aplicar e imponer una o más de las medidas de protección y restitución, siempre que se encuentre justificado y sirva para proteger o garantizar los derechos de las niñas, niños y menores adolescentes en esta entidad federativa. De igual forma, disponen que la representación en suplencia del titular de la Procuraduría de Protección, será ejercida por conducto de sus unidades administrativas, mediante la representación de niñas, niños y adolescentes bajo su tutela en los procedimientos administrativos y judiciales en que estos se vean involucrados, sin perjuicio de la representación social que corresponda al Ministerio Público. Además, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Por lo que si la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la que la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, determinó que existían elementos y razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección de los menores ******** y ********, al concluir que se encontraban en situación de desamparo, ordenando la separación preventiva y su urgente resguardo en un centro de asistencia social, además del ejercicio de la tutela pública de los menores, hasta en tanto se concluyeran las investigaciones necesarias y se allegaran elementos de convicción a fin de resolver su situación jurídica. Es posible concluir que opera una causa de improcedencia, pues con posterioridad a la promoción de este juicio de amparo, el trece de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez Octavo de lo Familiar por Audiencias, en el expediente de jurisdicción voluntaria bajo el número 111/17, resolvió ratificar la medida de protección urgente aplicada a los menores por la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos. Lo anterior se afirma, en virtud de que cambió la situación jurídica de los menores, pues con el dictado de dicha resolución, quedaron consumadas de manera irreparable las posibles violaciones que pudieran haberse cometido al resolver sobre la tutela estatal de los menores ya que no es posible decidir sobre la legalidad de la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, sin afectar la nueva situación jurídica de los menores. En consecuencia, se advierte que ha cambiado su situación jurídica; ello es así, pues una determinada calidad o estatus legal, tiene una duración determinada, que subsiste hasta en tanto no se dicte una resolución que origine una situación jurídica nueva, distinta y autónoma, que consume jurídicamente de forma irreparable los actos reclamados por la quejosa, ya que al haber sido sustituida por la nueva, aquella no puede anularse. La improcedencia se materializa en la imposibilidad de restablecer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado; pues la vulneración de derechos que se argumentó en la demanda inicial, quedó consumada en la medida en que ya se dictó opinión jurisdiccional sobre la tutela de los menores, misma que fue ratificada; se creó una situación diversa y autónoma de la producida por los actos reclamados, actualizando con ello los supuestos de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, número 2a. CXI/96, página doscientos diecinueve, que prevé: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.II. Improcedencia por actos consentidos expresamente. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente:61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)La citada causa de improcedencia opera contra actos consentidos de manera expresa por la promovente o bien, por las manifestaciones de voluntad que impliquen tal consentimiento. Ahora bien, ya que el acto que reclama la parte quejosa consiste en la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, determinó que existían elementos y razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección de los menores, determinando así que se encontraban en situación de desamparo, ordenando la separación preventiva y su urgente resguardo en un centro de asistencia social, así como el ejercicio de la tutela pública. Sin embargo, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la autoridad en comento dictó acuerdo de reintegración, en el que se estableció la viabilidad de ******** y ********, en su carácter de padre y madrastra de la menor ********, y ambos en su carácter de familia de acogida del menor ********, para ostentar la guarda y custodia de dichos menores, ordenando así su reintegración a su núcleo familiar con imposición de medidas de protección, condiciones y recomendaciones necesarias para su bienestar y sano desarrollo. Asentando, en la constancia de condiciones de seguimiento por reintegración e integración de trece de diciembre de dos mil diecisiete, la quejosa ********, su conformidad con que los menores ******** y ********, estén de manera provisional con ******** y ********, en tanto ella continúa con las recomendaciones, condiciones y objetivos del procedimiento administrativo de protección y superar la situación de desamparo por los hechos acontecidos, cumplir con las obligaciones inherentes, que por naturaleza y legalidad, tiene frente a sus hijos, al ser la madre biológica de los mismos. De lo expuesto, se advierte que el acto reclamado en la demanda de amparo, tiene su origen en forma directa e ineludible en la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en la que se decretó la tutela estatal de los menores ******** y ********; por lo que tomando en cuenta, que el trece de diciembre del mismo año, la quejosa manifestó su conformidad en que sus menores hijos estén de manera provisional con ******** y ********, es dable concluir que la quejosa consintió la tutela pública estatal ejercida en sus menores hijos. Lo anterior, se obtiene de adminicular el acto impugnado y el posterior actuar de la quejosa, pues de manera expresa consintió que sus menores hijos fueran entregados con el padre y madrastra de la menor, hasta en tanto ella continúe con las recomendaciones, condiciones y objetivos del procedimiento administrativo de protección y superar la situación de desamparo por los hechos acontecidos. Es aplicable la tesis jurisprudencial 2a./J. 148/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia Común, página 289, de la Novena Época, registro 174120, que dice: CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado. En tales circunstancias, lo procedente es decretar, como así se decretar, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos que reclamó la quejosa a las autoridades responsables; ello al haber sobrevenido las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIII y XVII, de la Ley de la Materia, en relación con el diverso 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 924/2017-V, promovido por ********, atento a lo expuesto en el considerando último. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ********, el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, día en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Incidental
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de enero de dos mil dieciocho. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 924/2017-IV, promovido por **********, contra actos del Titular del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y Titular de la Subprocuraduría Auxiliar de Asistencia Jurídica y Social para el Distrito Judicial Bravos. R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. El seis de noviembre de dos mil diecisiete, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos del Titular del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y Titular de la Subprocuraduría Auxiliar de Asistencia Jurídica y Social para el Distrito Judicial Bravos, de quienes reclamó la retención de sus menores hijos ********** y **********, así como la prohibición de verlos. Segundo. Tramitación del Incidente de Suspensión. Se admitió la demanda, se ordenó la tramitación de este incidente donde se solicitó el informe previo a las autoridades responsables y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, fijando al efecto la presente data. C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48, en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La representante legal del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con sede en la capital, en su informe previo manifestó que se adhiere al informe rendido por la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, quien negó la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, de las manifestaciones vertidas en este, así como en las diversas contenidas en el oficio de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, se advierte que realizó un procedimiento administrativo de protección derivado de un estado de vulnerabilidad y peligro inminente en el cual se encuentran afectados los menores ********** y **********, el que se declaró su situación de desamparo y por ello quedaron bajo la tutela pública del Estado, ejercida por la propia responsable, resguardándolos en el centro de asistencia social denominado **********. Por tanto, con dichas declaraciones se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto que la parte quejosa le reclama. TERCERO. Procedencia de la suspensión definitiva. De la narración de antecedentes que bajo protesta de decir verdad realizó la promovente de amparo, se desprende lo siguiente: El 19 del mes de Octubre del presente año, tuve de que me presentara ese mismo día ante del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del ESTADO DE CHIHUAHUA, haciendo la aclaración que en eses mismo días me fue entregado al mencionado citatorio por parte de una persona de nombre **********, a las 11:00 A.M., acudí a la cita a pesar que el citatorio no fue enviado a mi domicilio particular, desconociendo como obtuvo dicho citatorio de señora antes mencionada, en dicho documento me ordenaban presentarme con mis menores hijos de nombres ********** de apellidos ********** y ********** de apellidos **********, atendiéndome una Psicóloga de nombre LIC. ********** y una persona del sexo masculino del cual ignoro su nombre, solo me dijo que era trabajador social, manifestándome la psicóloga que si sabía porque me había citado, a lo que contesté que no tenía ni idea, diciéndome que era porque fueron ellos a fiscalía sin especificar cuál y que se había comprobado un supuesto abuso sexual contra mi menor hija ya mencionada según lo refiriere la psicóloga, no diciéndome quien, o cuando sucedieron los hechos, porque yo nunca he facilitado a mi hija para que se practiquen exámenes médicos y ginecológicos, únicamente a la amparista me ordenó el hombre que dijo ser un trabajador social que firmara un documento el cual no me permitieron leer por que me estaba presionando para que estampara mi firma sin leer su contenido, me pusieron a hacer dibujos y me retuvieron de las 11:30 a las 17:00 horas. Al término de todo, un trabajador social me dijo que SI LES PODÍA PRESTAR A MIS HIJOS, a lo que pregunté que para que, y no contestó de lo que al momento de llevárselo, vi que mi hijo se zafó de la mano del trabajador y al verlo que corría iba llorando, de lo que el trabajador lo volvió a tomar de la mano contra su voluntad, de lo que cuestioné a la psicóloga **********, que, que pasaba y contesto que ahí se iban a quedar porque ahí estaba Fiscalía a lo que le pregunté que porqué se iban a quedar, respondiéndome que ahí se iban a quedar, de ahí me di cuenta que le llamaron por 'teléfono a la señora **********, que fue la persona que me había entregado el citatorio y por lo que me di cuenta, le preguntaron que si se quería quedar con mis hijos y pienso que contestó que NO, que no se podía hacer cargo de ellos, ignorando hasta este momento el paradero de mis menores hijos ya que el Desarrollo Integral de Familia no me dicen nada del paradero de los mismos ya que tengo que no los veo ni mucho menos convivo con los mismos desde el momento que me privaron de ellos que es el día 19 de Octubre del presente año hasta la fecha, no obstante mi actual pareja de ********** investigamos el domicilio de la supuesta granja donde al parecer los iban a retener, y al trasladarnos a dicho domicilio, nos dimos cuenta que no estaban ahí y hasta este momento no sabemos el paradero de los mismos, al no saber nada de mis hijos y ni mucho menos la causa por la que me los quitaron, solicité por escrito la expedición de copias certificadas, bajo el número de expediente 739-17 DEN ser esto de manera respetuoso como lo manda el artículo 8 de nuestra Carta Magna y por voz de mis abogados siempre se han negado a entregar dichas actuaciones, esto por órdenes que la o el titular de la Sub Procuraduría auxiliar de Asistencia Jurídica y Social para este Distrito Judicial Bravos, haciendo nugatorio el derecho que tengo a combatir tan arbitrario acto y fuera de todo procedimiento legal al privarme del derecho de tener con migo a mis menores hijos, por pido el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión y me sean reintegrados mis hijos al seno familiar de la madre. Asimismo, de los documentos originales que exhibió la promovente de amparo, se desprende que mediante oficio de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente 739-17 DEN S/T, fue canalizada al taller de reflexión para mujeres a fin de que recibiera veinticinco sesiones de terapia psicológica. Por su parte, la representante legal del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con sede en la capital a través del informe previo al que se adhirió, manifestó lo siguiente: En fecha 06 de septiembre de 2017, se recibe en esta Institución a la cual represento, oficio número CJUM/113/2017 del Centro de Justicia para las Mujeres, se da vista a esta Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, de la posible comisión de un delito de Violación Agravada en perjuicio de la niña ********** de 6 años de edad, donde aparece como imputado el C. **********, pareja actual de la madre de, la niña la señora **********, acude la señora **********, abuela materna a interponer la denuncia en contra del antes mencionado, toda vez que la niña en comento, hace referencia a tocamientos por parte del señor **********, además de que el señor le tapo los ojos y le introdujo su miembro en la boca, en entrevista con la señora **********, esta refiere haberle dicho a su hija, y madre de la niña en referencia, la señora **********, de lo que estaba sucediendo, sin embargo esta opto por no hacer nada y dejar a su cuidado a la niña **********. Así mismo se manifiesta, que la señora ********** tiene tres hijos en total, de nombre ********** de 1 año de edad, ********** de 3 años de edad, los cuales se encuentran a su lado (de la madre), y la niña ********** de 6 años de edad se encuentra al lado de su abuela materna desde hace dos semanas, cuando la menor comento lo sucedido con su padrastro, así mismo **********, señalo que el abuso que ella sufrió lo está sufriendo su hermana **********, por lo que se solicita se tome a consideración el asunto ya que están en riesgo dos menores con la señora ********** Y **********. En fecha 06 de Septiembre de 2017, mediante oficio número UIDSEX-4086/2017 de la Fiscalía General del Estado, a través de la C. Lic. **********, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Denuncias de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Zona Norte; da vista de los hechos relacionados con la niña ********** de 6 años de edad, posibles constitutivos del delito de Violación en perjuicio de la niña en comento, donde aparece como imputado el C. ********** quien es pareja sentimental de su madre de nombre **********, mencionando que estará en Resguardo Temporal de la C. **********, abuela materna de la niña, en el domicilio ubicado en calle **********, Col. **********, hasta que resuelva la s (sic) Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos y/o un Juez Familiar la situación jurídica de la niña en mención. En la misma fecha y derivado de dichas vistas, se dio inicio al procedimiento correspondiente y se aperturó la fase de instrucción con la finalidad de indagar la veracidad los hechos denunciados y determinar si existen elementos o razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección, al cual le recayó el número de expediente 739/17 Den. S/T i, y realizando varias diligencias para alcanzar dicho objetivo, con fundamento en los artículos 164, 165, 168 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, artículos 76, 77, 78 y 79 del Reglamento de la. Ley de la Materia, y articulo 4 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. El cual se describirá detallara con precisión en mi informe justificado, y se exhibirán las documentales correspondientes en el momento procesal oportuno. Agotada la fase de instrucción, esta Institución, a la cual represento, por conducto de su equipo técnico, valorando lo manifestado por la promovente, y otros familiares que se sometieron al procedimiento administrativo, y atendiendo al resultado de las valoraciones psicológicas e impresiones diagnósticas, determino que sería necesario canalizar el expediente a otro departamento que continuase con la investigación, reasignando las iniciales que identifican al expediente interno, quedando como expediente a 739/17 Den. C/T ii, toda vez que se detectó un estado de peligro y vulneración de los niños en comento, por lo que declara la situación de desamparo, con fundamento en los artículos 168, 171 al 176 de la Ley de la materia, artículos 79, 81, 94 al 98 del Reglamento del Ordenamiento Legal referido. Lo cual se describirá detallara con precisión en mi informe justificado, y se exhibirán las documentales correspondientes en el momento procesal oportuno. (.) Del mismo modo, se toma en consideración lo expuesto en los diversos 1510/17, 1511/17 y 1512/2017, mediante los cuales, la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada de las documentales consistentes en: Acuerdo de notificación del ejercicio de la tutela pública de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, respecto a los menores ********** y **********, dado que son probables víctimas de exposición de su integridad física por parte de su madre **********, y probable abuso sexual por parte de **********; y en la misma data se notificó que las visitas a los menores tendrían verificativo en las instalaciones que ocupa esa Institución, así como el domicilio donde se ubica, esto a las diez horas del miércoles de cada semana, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determinara que ello es contrario al interés superior de la niña y niño; y al calce aparece la firma de **********; Constancias de inasistencia a visita de convivencia de veintisiete de octubre y tres de noviembre dos mil diecisiete; en las que se certifica que **********, entre otros, no se presentaron en las instalaciones de esa Subprocuraduría para ejercer su derecho de convivencia con los menores; Acuerdo de diez de noviembre de dos mil diecisiete, en el que en cumplimiento a lo resuelto en el incidente de suspensión que deriva de este asunto, se determinó llevar a cabo visitas supervisadas con los menores y su madre, a partir del diecisiete del presente mes y año, los días viernes de cada semana, por un término de treinta minutos, los cuales comprenden de las diez a las diez horas con treinta minutos, en las instalaciones del centro de asistencia social, denominado **********, ubicado en calle **********; visitas que serán en todo momento inspeccionadas, vigiladas y dirigidas por el psicólogo adscrito a esa Institución, la cual se realizara a través de la cámara de gessel; así como las sanciones para en caso de incumplir con las condiciones y horarios establecidos; el cual le fue notificado a la promovente, según se desprende de la firma que aparece al calce de dicho documento. Documentales con pleno valor probatorio, acorde a lo que establece el ordinal 202 del Código Adjetivo Civil Federal, conforme lo prevé el diverso 2 de la Ley de la Materia. Ahora tomando en consideración la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, página 600, de la Décima Época, registro 2007795, del rubro y texto: DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio. Así como los antecedentes del presente asunto, el principio de "interés superior de los menores" que debe regir todas y cada una de las actuaciones de los poderes públicos, la suspensión definitiva se concede únicamente para que la promovente de amparo y madre biológica de los menores ********** y **********, pueda estar en contacto con éstos, en los términos siguientes: 1. La visita supervisada de **********, con los menores ********** y **********, se llevara a cabo los días viernes de cada semana, en el horario comprendido de las diez a las diez horas con treinta minutos; en las instalaciones que ocupa el centro de asistencia social **********, ubicado en **********, **********, del fraccionamiento **********; 2. Las visitas serán en todo momento inspeccionadas, vigiladas y dirigidas por el psicólogo adscrito a esa Institución, así como por el personal asignado y autorizado que se encuentra adscrito al centro de asistencia social; 3. La visita supervisada, se realizará en la cámara Gessel; para lo cual, la promovente tendrá un término de tolerancia de quince minutos, a partir de los cuales se iniciara el cómputo de los treinta minutos del inicio de la visita. 4. En caso de que la promovente arribara al centro de asistencia social, un minuto tarde, después del término de tolerancia, esto es, a las diez horas con dieciséis minutos, quedara cancelada la visita de ese día, pudiendo regresar el viernes siguiente. 5. Si la promovente incurre en tres inasistencias de manera consecutiva, sin previo aviso y justificación, la autoridad suspenderá provisionalmente las visitas, turnando los autos al órgano jurisdiccional competente, quien resolverá sobre la convivencia con los menores. 6. Las condiciones de la visita supervisada, estipuladas con antelación, podrán modificarse paulatinamente a partir de un mes, a petición de parte o de oficio, dependiendo de la evolución, desarrollo y estado emocional que presenten los menores y la madre, previa valoración psicológica que lleve a cabo dicha Institución. 7. La promovente **********, deberá de cumplir con las condiciones que para las visitas supervisadas establece la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, esto es, deberá sujetarse a los reglamentos que la responsable le indique, en el entendido que no hacerlo así, aquélla cuenta con la facultad de aplicar las medidas de apremio que estimen convenientes para hacer respetar su investidura, las que por supuesto, no podrán afectar a su derecho de convivir con sus menores hijos, salvo disposición judicial en contrario. Lo anterior es así, pues es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCVII/2013 (10a.), del rubro "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. EN SU IMPLEMENTACIÓN LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE TENER COMO EJE RECTOR EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR", que de forma paralela o complementaria a la asignación de la guarda y custodia, el derecho de familia ha previsto una figura conocida como régimen de convivencia o derecho de visitas, mediante la cual se busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados. Al implementar este régimen de convivencia, la autoridad judicial debe considerar el principio de interés superior del menor, al tratarse de un derecho a favor de los menores de edad, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. En este sentido, el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres sino que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, para asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. Por tanto, la promovente deberá atender las condiciones en que se otorga la suspensión definitiva, para las visitas supervisadas y convivencia con sus menores hijos. Al respecto, se cita la tesis 1a. LXXXII/2010 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1398, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época y número de registro 2008547, que dice: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. Asimismo, se cita tesis de jurisprudencia 1284, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1436, del Tomo V Civil Segunda Parte -TCC Segunda Sección- Familiar Subsección 1 -Sustantivo, materia civil, Novena Época y número de registro 1013883, que dice: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. Por interés superior del menor se entiende el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Primero. Se concede la suspensión definitiva solicitada por **********, en contra de los actos reclamados al titular del Desarrollo Integral de la Familia, con sede en Chihuahua, Chihuahua. Segundo. La quejosa, deberá de atender los lineamientos precisados en la presente, para llevar a cabo las visitas supervisadas y convivencia con sus menores hijos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria **********, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente juicio de amparo, en virtud de que el Titular del Desarrollo Integral de la Familia con sede en la Ciudad de Chihuahua, no rindió su informe justificado con la anticipación establecida en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se difiere dicha diligencia y en su lugar se fijan las once horas del seis de febrero de dos mil dieciocho para su celebración. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Finalmente, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que consten como legalmente correspondan, con lo cual, la Subprocuradora de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes para el Distrito Judicial Bravos, remite copia certificada de la resolución emitida en el procedimiento administrativo de protección 739/17 Den. C/T, de su índice; constancia que se tomará en cuenta al momento de celebrar la audiencia del presente asunto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria ********, que autoriza y da fe. Doy fe.
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