Carlos Uranga Luviano
Expediente 731/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Uranga Luviano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios 5026 y 5029, suscritos por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, por medio de los cuales hace del conocimiento que los recursos de revisión interpuestos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del Supervisor "A", Homologado a Jefe de Departamento de la Subdirección de Amparos y representante legal de la misma, y Presidente de la República, por conducto del Director General de Amparos contra Actos Administrativos, en suplencia del Subprocurador Fiscal General de Amparos, por audiencia del Director General de Amparos contra Leyes, quedando registrados dichos medios de impugnación bajo los números 3528/2019 y 3529/2019; de lo cual toma conocimiento este juzgado. Por otra parte, como lo solicita la Superioridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese a las autoridades responsables el contenido íntegro de los proveídos dictados el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en los referidos incidentes en revisión; adjuntando copia de los mismos para tal efecto; y una vez que se obtengan las constancias, requeridas, remítanse al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que conste como legalmente corresponda, mediante el cual el Director General de Amparos Contra Actos Administrativos, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, residente en la Ciudad de México, interpone recurso de revisión en contra de la interlocutoria de ocho de febrero del año en curso, emitida en el presente incidente. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso a), 84, 86, 88, 89 y 90, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la resolución de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este incidente 731/2018-VI. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de cuenta para que conste como legalmente corresponda, con el cual la Supervisor "A", homologado a Jefe de departamento de la Subdirección de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, interpone recurso de revisión en contra de la interlocutoria de siete de enero del presente año, emitida en el presente incidente. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso a), 84, 86, 88, 89 y 90, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias notificación a las partes, tanto de la resolución de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este incidente 731/2018-VI. Por otra parte, glósese a los autos el oficio que remite el Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, mediante el cual informa que el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se otorgó la representación presidencial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Atento lo anterior, a fin de evitar mayor dilación, remítase el oficio 4007/2019, vía acelerada a la referida autoridad. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 731/2018-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintinueve de noviembre del año en curso, *******, solicitó la protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados a las responsables, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como Consejo de la Judicatura Federal, Director General de Recursos Humanos, Director de Nómina y Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales, los últimos tres, del referido Consejo y Jefe del Servicio de Administración Tributaria, residentes en la Ciudad de México y Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, en esta ciudad, de quienes reclamó los efectos y consecuencias materiales de diversos preceptos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de treinta de noviembre del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. La Directora General Adjunta de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, residente en la Ciudad de México, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se les reclamó, consistente en el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el ámbito de su respectiva competencia, por lo que se tiene por cierto el acto que se le reclama. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Subadministradora de Amparo e Instancias Judiciales adscrita a la Administración de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración Tributaria Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación de la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe previo negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada, toda vez que al ser autoridad ejecutora y estar en posibilidad legal de dar cumplimiento a lo que establece la norma, la certeza de la existencia de los actos de ejecución deriva de la publicación oficial de las normas generales reclamadas, por tratarse de una normativa general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo; de ahí que resulte cierta e inminente la ejecución de la norma general reclamada. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, de agosto de 2000, página 260, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Negativa de la medida cautelar solicitada. Con relación a la suspensión definitiva solicitada resulta improcedente concederla contra el proceso legislativo por el que se expidieron las normas generales que se tildan de inconstitucionales, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Apoya esta consideración, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775 del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, lo solicitó la parte quejosa, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia. QUINTO. Concesión de la medida cautelar solicitada. En la especie, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar sui generis cuyo objeto principal es mantener viva la materia del juicio, evitar daños irreparables a las partes y en algunos casos, restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho que alega se vulneró con el acto de autoridad; tiene su fuente constitucional en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , cuyos principios son desarrollados por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los aspectos que el juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que el quejoso debe reunir para su procedencia, se encuentran en la norma Constitucional citada, así como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , desentrañado los requisitos para conceder la suspensión, en los siguientes: 1. Expresamente la solicite el quejoso; 2. Haya certidumbre sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; 3. El acto reclamado sea susceptible de suspensión; 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo; y, 5. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. 6. Cumplidos los requisitos precisados, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la ley citada. A partir de tal enumeración, se analizará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. 1. Expresamente la solicite la parte quejosa. En cuanto a este requisito, de la lectura de la demanda de amparo se deduce que *******, solicitó la suspensión en contra de los efectos y consecuencias de la norma jurídica atribuida a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, consistente en: 1. La discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho; en concreto los artículos 1 al 17, así como los artículos 217 Bis y 217 Ter que corresponden a la adición al Código Penal Federal, preceptos que reclaman con motivo del inicio de su vigencia. Conforme al párrafo 604 en adelante, de la demanda de amparo, la suspensión fue solicitada para que no se materialicen las consecuencias de las normas impugnadas y, en consecuencia, no se le aplique al peticionario de amparo tales disposiciones; que se mantengan las remuneraciones nominales y adicionales que perciben conforme al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, sin que sean sujetas a disminución durante el ejercicio fiscal 2019. 2. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. El requisito se encuentra colmado, en primer lugar, porque para decidir sobre la suspensión definitiva debe atenderse a las manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, por lo que el juez debe partir del supuesto de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos . Además, la certeza se corrobora con las propias normas generales, toda vez que el derecho no es objeto de prueba, por lo que acorde a lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, su existencia constituye un hecho notorio para el que suscribe . 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. De acuerdo con el texto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la citada legislación es de carácter general, cuyo objeto es regular las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, sin excepción, así como todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Tal legislación define al servidor público como la persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia; los tribunales administrativos de la Federación, entre otros. Señala que todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades; que no podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley aplicable. Que en todo caso la remuneración estará sujeta a los principios rectores de anualidad, reconocimiento del desempeño, equidad, fiscalización, igualdad, legalidad, así como de transparencia y rendición de cuentas. Establece los conceptos que deben considerarse como remuneración o retribución, sus excepciones y aquellos recursos que no forman parte de la remuneración de los servidores públicos. También, precisa las bases que se considerarán para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, como son: no recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las salvedades ahí descritas, así como que la suma de las retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. No cubrir una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Dictaminación de la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a los aspectos ahí precisados. Mientras que la adición que en dicha legislación se hace al Código Penal Federal, relativa a los artículos 217 Bis y 217 Ter, señala como delito el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, en los términos precisados en los mismos. Sentado lo anterior, se tiene que la naturaleza del acto reclamado permite ser objeto de suspensión, en razón de que los efectos y consecuencias de éste son de carácter positivo, ya que prescribe remuneraciones de ciertos sujetos, quienes no pueden recibir un pago mayor que el Presidente de la República; de hacerlo, los conmina a realizar un reporte y, en caso de omisión, tales sujetos podrían configurar un delito. Ahora, en el caso específico del aquí quejoso es posible afirmar que las normas generales trascienden en su esfera jurídica desde el inicio de su vigencia, ya que acude en su carácter de empleado adscritos al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, órgano jurisdiccional que cumple con las funciones sustantivas de los depositarios del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; encargo que, según se advierte de la copia certificada de la credencial de identificación expedida por el Consejo de la Judicatura Federal y del nombramiento del quejoso, que se anexaron a la demanda de amparo y que en este acto se cotejan con las que se agregan al presente incidente, se desempeña en el siguiente puesto: ******* Actuario Judicial Bajo ese contexto, desde luego es sujeto de las normas generales reclamadas, pues éstos, regulan su remuneración y, en ciertas hipótesis, la ubican en la configuración de un delito. Así, acorde con el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión debe ser otorgada para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del directamente agraviado, lo que acontece en la especie, dado que se reclama diversos dispositivos que trasgreden su esfera jurídica desde su sola entrada en vigor; de ahí que los efectos y consecuencias de éstas sean de carácter positivo, susceptibles de suspenderse, siempre y cuando se cumplan el resto de los requisitos para su concesión. Ilustra lo anterior, la tesis aislada X.1o.19 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE LEYES AUTOAPLICATIVAS. La suspensión procede cuando se reclama un acto de aplicación derivado de una ley autoaplicativa, como lo es la que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco, específicamente su artículo 5o., en el que al promulgarse, los preceptos adquirieron el carácter de inmediatamente obligatorios, es decir, se ejecutarán sin ningún trámite, y serán punto de partida para que se consumen posteriormente otras violaciones de garantías; máxime si en la demanda de amparo se designó a la autoridad encargada de realizar esas consecuencias, como parte que es en el juicio de garantías, pues de materializarse el acto de aplicación de la ley, existe el peligro de que se apliquen sanciones y luego reclamar actos consumados, por lo que a fin de evitar perjuicios, son objeto de suspensión las consecuencias materiales de ejecución de la ley. 4. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, conforme al artículo 129 de la Ley de Amparo. El artículo 129 de la Ley de Amparo , establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En efecto, la descripción de los supuestos, generalmente, implica que, ante la adecuación de un caso concreto a alguno de los supuestos previstos en el referido artículo, el Juzgador se olvidará de resolver sobre la suspensión en función de contraponer al interés superior referido el del particular, el buen derecho aparente o la manera en que éste resultaría afectado por el acto reclamado. En otras palabras, fue el legislador quien en función de la naturaleza y dimensión del acto y su relación con la protección de un bien jurídico colectivo tutelado, que resultaría afectado si el acto se suspende, determinó que la suspensión sea negada, dotando a la norma de un carácter prohibitivo, por lo que en este supuesto no se involucra en forma alguna el interés del particular que solicite la medida o la afectación que en cuanto a éste tendría la ejecución del acto reclamado. Sin embargo, en el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo, se advierte la posibilidad excepcional de que, en determinados casos, aun adecuándose el acto a suspender a uno de los supuestos en que el legislador consideró que otorgar la suspensión sería contrario al interés social o contravenga el orden público, el Juez podrá concederla, si su negativa redunda en una afectación mayor al interés social. Esta posibilidad de exceptuar la prohibición de otorgar la medida cautelar, se encuentra alejada de la afectación al interés individual del quejoso, y no se refiere a una ponderación entre éste o el buen derecho del particular y un interés social; por el contrario, enfatiza que lo que se busca salvaguardar son bienes jurídicos de índole colectivo y que, en todo caso, lo que pretende evitarse con el otorgamiento excepcional de la suspensión es el perjuicio a ese conjunto de bienes e intereses que integran la noción de orden público e interés social. Lo anterior, significa que, más allá del resultado que la ejecución del acto tenga en cuanto a los intereses del particular, la última parte del artículo 129 abre la posibilidad de que el Juez ejerza su discrecionalidad, aun respecto de los supuestos previstos en ese precepto, aunque para ello deberá alejarse del método tradicional de análisis del interés personal, en su lugar, deberá realizar una ponderación reforzada, encaminada a determinar los efectos que suspender el acto o permitir su ejecución, tendría en cuanto a intereses generales o colectivos o bienes jurídicos de la misma dimensión, integrados a la noción de orden público, en congruencia con el parámetro de ponderación efectuado por el legislador, al expedir el precepto referido, bajo la premisa de evitar el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social . Ahora, en el caso particular, en un primer acercamiento, pudiera considerarse que no es posible conceder la suspensión definitiva, ya que se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues de otorgarse se permitiría la consumación del delito de remuneración ilícita previsto en el artículo 217 Bis y 217 Ter en el Código Penal Federal; actualizando el supuesto descrito en la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo. Empero, en una reflexión profunda, apartada de los intereses personales del aquí quejoso, el que ahora resuelve considera que negar la medida cautelar causaría una afectación mayor al interés social, en tanto que las normas impugnadas podrían transgredir el principio de independencia del Poder Judicial, ya que aparentemente, el sistema normativo impugnado no es conforme con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, que se transcribe en líneas posteriores. En efecto, la independencia judicial constituye un rasgo distintivo de la regulación constitucional y legal que rige, entre otros aspectos, los relacionados con el nombramiento, duración en el cargo, remuneraciones y demás aspectos relevantes de los derechos y obligaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales y del personal adscrito a estos últimos, circunstancia que permea en todo el personal que labora para el Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una unidad substancial sin la cual los titulares de los órganos jurisdiccionales están legal y materialmente imposibilitados para cumplir con los fines para los que fueron designados, pues las labores que desempeñan cada uno de los empleados adscritos a tales órganos -conforme a la legislación orgánica y al manual de puestos- le permite a todos los recintos jurisdiccionales dar cabal cumplimiento de las obligaciones para los que fueron creados; por lo que, al interpretar dicha regulación, las conclusiones a las que se arribe deben ser acordes con ese principio. Al respecto, es necesario traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la finalidad del Poder Reformador de la Constitución en la reforma constitucional de mil novecientos ochenta y siete, fue el fortalecimiento de la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales Estatales. En este sentido y partiendo de que en todo el ámbito nacional se debe garantizar la independencia judicial, se consagra a la independencia judicial como postulado básico de la administración de justicia a nivel nacional, porque, como se señaló en la exposición de motivos de las reformas constitucionales relativas "la independencia judicial constituye la primer garantía de la jurisdicción establecida no precisamente en interés del órgano jurisdiccional, cuanto de los justiciables, pues sólo cabe esperar justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre dependiente sólo de la ley. La independencia judicial requiere que los jueces al actuar no han de tener otra norma rectora que la ley. La sumisión del juez a la ley, le hace independiente de la voluntad subjetiva de los hombres que gobiernan, e incluso de su propia voluntad, cuando ésta propende a la arbitrariedad". Ahora, como formas de garantizar esta independencia judicial en la administración de justicia, la Constitución Federal estableció diversos principios o garantías constitucionales con que deben contar los poderes judiciales locales y federales, a saber: a) el establecimiento de la carrera judicial debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales; b) el establecimiento de los requisitos necesarios para ocupar, verbigracia, el cargo de Magistrado así como las características que deben tener estos funcionarios tales como eficiencia, probidad y honorabilidad; c) el derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo; d) la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica: 1.- la fijación en las Constituciones Locales del tiempo de duración de su encargo y 2.- la posibilidad de ser reelectos al término del periodo para el que fueron designados, para que en caso de que lleguen a ser reelectos alcancen la inamovilidad. Así, la independencia judicial se erige como un principio de rango constitucional, que se obtiene de la interpretación sistemática de los artículos 17, 94, párrafo octavo, 99, párrafo penúltimo, 100, párrafo séptimo, 101 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual debe concluirse que el personal de los órganos jurisdiccionales, incluidos desde luego los del Poder Judicial de la Federación, se rigen por un sistema que garantiza su independencia, consistente en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños , lo cual se protege mediante diversos mecanismos: i) El establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales; ii) La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo. iii) El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, en su modalidad de no regresividad, el cual resulta de observancia obligatoria para el aplicador de la norma al definir lo que debe prevalecer, ante un conflicto de normas sometido a su potestad, y iv) La estabilidad en el empleo, lo que implica el respeto a los términos de su contratación. En relación con este principio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la obra Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a La Justicia y el Estado De Derecho en Las Américas, resaltó que la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, por lo que es necesario que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. En ese sentido el personal que encarna a los órganos jurisdiccionales son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, así como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción . Sobre esa base, el principio de independencia del Poder Judicial es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano, y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, de ahí que resulta primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al más alto nivel posible, de tal manera que aunque esté consagrado en la Constitución, debe recogerse también en la legislación secundaria. Lo anterior, significa que constituciones y leyes nacionales deben observar dicho principio y el sistema de administración de justicia en su conjunto debe estar organizado de manera tal que la independencia del Poder judicial sea garantizada. Ahora, en el particular, el que resuelve considera que es posible advertir, prima facie, que probablemente las normas generales reclamadas atentan contra el principio de independencia judicial, dado que el contenido del sistema normativo impugnado, no contempló los supuestos descritos en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, generalizando su aplicación a pesar de que el constituyente diseñó lineamientos que permiten la eficacia de la reforma, procurando no colisionar con el principio de independencia judicial, el cual afecta a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, la existencia de la norma coloca al Poder Judicial de la Federación y a sus integrantes en una situación de riesgo en contra de la independencia judicial, pues quedan a merced de eventuales presiones ejercidas por otros poderes políticos del Estado; circunstancia que, desde luego, afecta la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático, ya que el control judicial podría quedar subordinado, o incluso, dependiente de otro poder, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar es con el fin de evitar que los impartidores de justicia se vean sometidos a factores externos en el desarrollo de su función. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis aislada 1a. XXXIX/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 256 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, AMBOS DE DICHA ENTIDAD, QUE PERMITEN LA DISMINUCIÓN DE SU REMUNERACIÓN DURANTE LOS AÑOS NO ELECTORALES, VIOLAN LA GARANTÍA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL TUTELADA POR LOS ARTÍCULOS 17 Y 116, FRACCIONES III Y IV, INCISO C), CONSTITUCIONALES. Dentro de la garantía de acceso a la justicia en favor de los gobernados, consignada originalmente en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hecha extensiva en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Carta Fundamental, a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, queda comprendida la de independencia de los órganos jurisdiccionales, la cual se sustenta, entre otros principios, en la tutela de la seguridad y estabilidad económica de los juzgadores. En esa tesitura, los artículos 57, último párrafo, de la Constitución Política del Estado de Baja California, y 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, contravienen la citada garantía de independencia de los órganos judiciales, al excluir a los Magistrados electorales locales, de la previsión en el sentido de que sus remuneraciones no podrán ser disminuidas durante su encargo, y al disponer la disminución de tales remuneraciones, en un cincuenta por ciento, durante los años no electorales, toda vez que si al fijar las bases conforme a las cuales deben regirse los Poderes Judiciales Locales, y contemplar, dentro de la garantía de independencia judicial, la relativa a que la remuneración de los Magistrados y Jueces no podrá ser disminuida durante su encargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no formula distinción alguna, las Constituciones y leyes de las entidades federativas no pueden establecerla para limitar ese principio a algún funcionario de ese tipo. Por otra parte, si el fundamento para establecer la diferencia, se pretendiera encontrar en la materia de especialización del órgano jurisdiccional local, que es la electoral, tal consideración carece de sustento, en atención a que, por un lado, como antes se mencionó, el artículo 116, fracción III, párrafo segundo, de la Carta Magna, no formula distinción alguna; y, por el otro, porque en relación con dicha materia, ese mismo precepto, en su fracción IV, establece los principios que deben garantizar las Constituciones y leyes de las entidades federativas y, respecto de los órganos jurisdiccionales en la materia, se dispone, en su inciso c), como garantías a tutelar, el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; esto es, reitera la garantía de independencia de los órganos judiciales locales contenida en la fracción III del propio precepto. A mayor abundamiento, es conveniente precisar que al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se deduce que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor a la sociedad que con el otorgamiento de la misma. Lo anterior, ya que de negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial de la Federación -como se indicó en líneas precedentes-, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia. Disposición constitucional que, en lo que atañe, prevé que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Además, en el ámbito internacional también se contempla, pues basta acudir a la publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia (consultable en la página web www.oas.org) cuyo párrafo treinta, dispone que el principio de independencia del Poder Judicial ha sido reconocido como costumbre internacional y principio general del derecho y ha sido consagrado en numerosos tratados internacionales, por citar alguno, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.1). De igual forma, sustenta que la independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y su ausencia afecta el derecho de acceder a la justicia, además de generar desconfianza y hasta temor que orille a las personas a no recurrir a los tribunales. Lo anterior, también se sustenta en la Observación General Número 32, emitida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con relación al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos puntos 18 y 19, establece que la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna y que el requisito de independencia se refiere, en lo de interés, a la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. Que los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. Además, para salvaguardar la independencia judicial, la ley deber garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas. De tal manera que, como se apuntó, la sociedad está interesada en el debido cumplimiento a las normas, que tiendan a proteger la independencia del Poder Judicial salvaguardada en el numeral 100 de la Carta Magna, como principio garante del derecho de acceso a la justicia, lo cual se mermaría de no acceder a la suspensión solicitada, en la medida en que las normas generales reclamadas instrumentan un procedimiento que, previsiblemente, implicará el menoscabo de los derechos laborales de los servidores públicos que laboran para éste. En otras palabras, de negarse la medida cautelar, constituiría una permisión tácita de un altamente factible atentando contra la independencia del poder judicial en su variante objetiva, que se identifica con la ausencia de presiones externas, así como la exclusión de intromisiones indebidas de otros poderes y fuerzas del Estado. Ámbitos en los que se encuentra interesada la sociedad como miembros de un Estado de derecho democrático. En ese sentido, si el quejoso cuenta con nombramiento de Actuario Judicial del Poder Judicial de la Federación y su puesto -atento al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal-, se puede afirmar que una posible repercusión de las disposiciones reclamadas en la esfera jurídica del funcionario de dicha institución permea sobre la independencia judicial, pues se entiende que el derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional se satisface con el actuar de todos aquellos que conforman el Poder en cita; por lo que, de llegarse a causar el perjuicio aducido, ocasionaría inestabilidad de todos aquellos que intervienen en la integración de los juicios sometidos a consideración del órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, cabe destacar que la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto, entre otros, resolver toda controversia que se suscite con motivo de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la propia constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto es, la finalidad de dicha ley reglamentaria de la Constitución, es proteger los derechos humanos consagrados en ésta y en los pactos internacionales en los que México sea parte, de las transgresiones de que fueren objeto con motivo de normas generales, actos y omisiones de las autoridades. En ese sentido, se recuerda que la referida fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, establece que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, entre otros, cuando de concederse la medida suspensional se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En el caso, el decreto tildado de inconstitucional prevé el delito de remuneración ilícita, cuando se reciba un pago no autorizado de conformidad con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, o bien, cuando éste sea indebido en términos de la fracción I del artículo 217 Bis adicionado en el aludido decreto, sin realizar el reporte del mismo. Ahora, es obligación de este Juzgado Federal realizar una interpretación conforme, como lo mandata el segundo párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favorablemente en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En razón de lo anterior, al realizar la interpretación de la fracción III del artículo 129 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ejercicio que a su vez exige optar por el sentido del que derive un resultado más acorde al texto constitucional a fin de garantizar la debida supremacía y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico), se tiene presente que el principio de anualidad dispuesto en el artículo 3 de la ley que se impugna, rector de las remuneraciones de los servidores públicos, permea el derecho a la independencia judicial, principio de rango constitucional establecido en el numeral 100 del Pacto Federal. Lo anterior, en la medida en que derivado del principio de anualidad aludido, las remuneraciones de los servidores públicos se sujetan a una revisión o análisis anual para su determinación, por lo que potencialmente pueden variar, sin considerar la protección constitucional a la independencia judicial de mérito; por tanto, la trasgresión al interés social y a las disposiciones de orden público por la actualización de la fracción III, del numeral 129 de la Ley de Amparo, pudiera actualizarse siempre y cuando el ilícito establecido en la ley secundaria, previsiblemente no sea contrario en forma directa al texto constitucional; por ende, no se configura el impedimento referido para la concesión de la medida cautelar solicitada. Sobre el tema de la interpretación conforme se citan las jurisprudencias 2009721 (10ª) y 2010682 (10ª), del Pleno y de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE DERECHO A INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS INTERMEDIAS Y DEFINITIVAS EN EL PROCESO PENAL, AUN CUANDO LA LEY NO LO LEGITIME PARA ELLO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 353 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO). No se inadvierte que las normas reclamadas están contenidas en una legislación reglamentaria de la Constitución Federal, esto es, de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna; sin embargo, al ser mandato constitucional realizar una interpretación conforme, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, se considera que la interpretación conforme del artículo 129, fracción III, respecto al artículo 100 constitucional, implica un espectro de protección más amplio para el peticionario de amparo, en los términos referidos precedentemente. Además, en un asomo anticipado sobre la constitucionalidad de los artículos 217 Bis y 217 Ter, del Código Penal Federal que señala como delito el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, atendiendo a la apariencia del buen derecho, conviene establecer que, en los términos precisados en los mismos, no podría el aquí quejoso cometer dicho ilícito, en la medida que su redacción remite a un contenido normativo que no se relaciona con la conducta que se pretende sancionar. Bajo esas consideraciones, el que suscribe estima que el presente asunto, dada la posición del quejoso frente a las normas impugnadas, se encuentra en el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo. 5. Análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. En cuanto a la apariencia del buen derecho, la cual implica un análisis de probabilidad de la inconstitucionalidad de los actos reclamados, el que suscribe considera que también se encuentra colmado. Al respecto, conviene precisar que la apariencia del buen derecho, en términos del artículo 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada asunto. En el caso, la ejecución de las normas reclamadas puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionario público. Al respecto, es de reiterarse, que el quejoso es persona con relación laboral para con el Estado Mexicano, dado el puesto que ocupa. Luego, vista la afectación subjetiva de manera aislada, es decir, un particular que no desempeñe un cargo revestido de protección constitucional, cuya función se desenvuelve en un principio de división de poderes, pudiera pensarse que es necesario que materialmente resienta perjuicio económico. En razón de que el principio de anualidad, desde este momento y desde una perspectiva económica, pudiera considerarse que no produce efectos objeto de paralización de las normas, pues el sueldo del Presidente del país se autoriza en el presupuesto anual; entonces, es factible que tal afectación recaiga en el inicio del siguiente ejercicio fiscal. En cuyo caso, estará conminado a realizar un reporte a su superior jerárquico si su remuneración supera a la del Titular del Ejecutivo. Sin embargo, como se dijo, el quejoso ocupa puesto de Actuario Judicial, por lo que la sola vigencia de las normas reclamadas, por su contenido y fin, le irradian afectación, dado que su posición no se limita a su proyecto de vida y conservación de status quo, sino de protección inmediata de sus funciones dentro del órgano jurisdiccional al cual se encuentra adscrito, potencialmente menoscabadas con motivo de la sola vigencia de las normas reclamadas, como enseguida se expone. En este aspecto, mediante la suspensión del acto que se reclama, se evita la posible afectación de los derechos de la parte quejosa, ya que en tanto se emite la resolución de fondo, la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación puede encontrarse menoscabada. Lo que acontece en el caso, puesto que del análisis prima facie que se realiza de las disposiciones tildadas de inconstitucionales; en un examen de mera aproximación, se advierte que no se tiene en cuenta el contenido del artículo 100 constitucional, que salvaguarda la independencia del Poder Judicial de la Federación, dado que la fracción I del artículo 3 de la ley reclamada, establece como principio rector de las remuneraciones de los servidores públicos la anualidad, consistente en que tal remuneración se determinará para cada ejercicio fiscal, lo que genera, de facto, la real posibilidad de que año con año, el Poder Legislativo varíe la remuneración de los servidores públicos, ocasionando así el desconocimiento de la protección constitucional a las percepciones de los servidores públicos del Poder Judicial, así como a la independencia judicial. Apoya lo anterior, la tesis aislada P. XLV/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XX, Septiembre de 2004 Materia(s): Constitucional, página: 6, registro: 180682 de rubro y texto siguiente: CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL PLANTEAMIENTO DE QUE UNA LEY SECUNDARIA CONTRADICE EL TEXTO DE LAS NORMAS TRANSITORIAS DE UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONSTITUYE UN TEMA DE ESA NATURALEZA. El planteamiento que expresa que una ley secundaria contradice el texto de las normas transitorias de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un tema de constitucionalidad de leyes, cuyo conocimiento corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así porque dichas normas transitorias forman parte de la propia Ley Fundamental, que son obra del Constituyente, y en su creación y modificación deben observarse los principios que establece su artículo 135, por lo que su obligatoriedad es de idéntico valor al del propio articulado constitucional. De manera ilustrativa, también se acude a las tesis emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que determinó que la existencia de una norma que penalice ab initio (de inicio) la búsqueda de información puede constituir un efecto amedrentador (tener un chilling effect), hacia los periodistas, cuyo efecto previsible (con las consabidas diferencias entre la actividad periodística y la jurisdiccional), es factible que se actualice en el caso, con relación a las sanciones punitivas descritas en el decreto reclamado. Los criterios indicados se contienen en las tesis de contenido: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA. ACCESO A LA INFORMACIÓN. LAS NORMAS PENALES NO PUEDEN RESTRINGIR EL GOCE DEL NÚCLEO ESENCIAL DE ESTE DERECHO. Entonces, a través de la suspensión del acto que se reclama, se evita el peligro en la demora, considerando esto como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo; pues mientras ello no suceda, la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación puede resultar menoscabada. Luego, si el peticionario de amparo acredita con las documentales exhibidas, que pertenece al Poder Judicial de la Federación adscrito a un Juzgado de Distrito, a nivel subjetivo cuenta con la protección constitucional a la independencia y autonomía judicial. 6. Efectos de la medida cautelar otorgada. Sobre la base de las consideraciones expuestas, se impone conceder la suspensión definitiva solicitada por *******, para el efecto de que no se materialicen las consecuencias de las normas impugnadas y, por ende, no se le aplique al peticionario de amparo alguna reducción de los conceptos y cantidades que percibe como remuneraciones nominales y adicionales, tanto de carácter ordinario como extraordinario, que reciben conforme al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos que se le otorgaban previamente a la entrada en vigor de la norma reclamada, que implique que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas, las que han venido percibiendo en forma constante y permanente, por el desempeño de su labor, con motivo de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que tenga conocimiento de lo que se resuelva en definitiva en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Lo anterior, se deduce porque con independencia de que el salario del quejoso sea o no superior al que se establece para el Presidente de la República, lo cierto es que artículo 6, fracción II, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, que legalmente deber ser proporcional a sus responsabilidades, lo cual al aplicarse con motivo de la legislación, de manera inminente implicaría un ajuste salarial en los tabuladores de sueldos y salarios del personal que se encuentra adscrito al Poder Judicial de la Federación. Asimismo, debe suspenderse cautelarmente al quejoso de la responsabilidad penal o administrativa por el cobro que perciba sobre esos conceptos, hasta que se dicte la resolución que resuelva el juicio en lo principal, y esa determinación adquiera firmeza, en la medida que la entrega de sus emolumentos constituye el cumplimiento de una suspensión definitiva que proviene de un Juez de Distrito; además, porque la redacción de los artículos 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal que contemplan el delito el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, en los términos en que se encuentra redactado, no podría ser aplicado al aquí quejoso; y, finalmente, porque de no conceder la suspensión respecto de esta circunstancia, implicaría que para obligar al cumplimiento de una legislación, bastaría que el Legislador estableciera que determinada conducta es ilícita, sin posibilidad de otorgar la suspensión en contra de la misma, lo que dejaría en estado de indefensión al destinatario de la norma, respecto de conductas que se desarrollan lícitamente, como es la libertad de trabajo y el derecho a obtener una remuneración por ello, contenido en el artículo 5° de la Constitución General de la República. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE PRIMERO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridad que se invocan en el considerando segundo de esta resolución en los términos del considerando cuarto. SEGUNDO. Se concede a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos y autoridad que se invocan en los considerados tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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