Carlos Xavier Reyes Telleria y Otros.

Expediente 3/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Xavier Reyes Telleria y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento como antecedente Agréguese a los autos para que obre como únicamente como antecedente el oficio de cuenta, signado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Director de Información Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, por el cual comunica que de la búsqueda y análisis en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), no se cuenta con registro de ingreso o egreso en alguna de las estaciones del país de *******, en virtud de que en auto de catorce de febrero del año en curso, se recibió la información y se proveyó al respecto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento como antecedente Agréguese a los autos para que obre como únicamente como antecedente el oficio de cuenta, signado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación en representación del Director de Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, por el cual comunica que de la búsqueda y análisis en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), no se cuenta con registro de ingreso o egreso en alguna de las estaciones del país de *******, en virtud de que en auto de catorce de febrero del año en curso, se proveyó al respecto. Notifíquese por lista electrónica a las partes y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de febrero de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y en representación del Director de Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, por el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de treinta y uno de enero del presente año. Al efecto comunica que de la búsqueda y análisis en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), no se cuenta con registro de ingreso o egreso en alguna de las estaciones del país de *******. Además, la Directora de Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, en la Ciudad de México, señala el correo electrónico *******, y como domicilio para recibir toda clase de notificaciones el ubicado en *******, en la Ciudad de México, no ha lugar a acordar de conformidad el domicilio y la dirección de correo electrónico propuestos, pues la oficiante no tiene la calidad de parte en este asunto y su intervención en el mismo fue meramente transitorio, ante el requerimiento que le fue formulado; máxime que los aquí quejosos no se encuentran en las instalaciones que ocupa dicha estación migratoria. Estado de autos Por otra parte, visto el estado del sumario, se desprende que el tres de enero de la presente anualidad, se radico la demanda de amparo promovida por *******, en representación de *******, ******* y *******, ambos de nacionalidad *******, contra actos del: 1) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua; 2) Titular de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, y 3) Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración; de quienes reclamó lo siguiente: (...) La ilegal privación de la libertad, retención, aseguramiento o alojamiento, en la estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración. La incomunicación de los hoy quejosos. El traslado de los C.C.C. *******, ******* y *******, a otra Estación Migratoria, fuera de esta ciudad. La inminente Deportación del C.C. *******, ******* y *******. (...) En este sentido, de la constancia de conocimiento de cuatro de enero de la presente anualidad, se tuvo a la Actuaria Judicial de la adscripción informando la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de enero del año en curso, respecto a la localización del directamente agraviado, *******, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estancia Migratoria, en esta ciudad, el diverso quejoso *******, le manifestó que es su hermano y le informó que desde hace meses se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, indicó que al revisar los registros de ingreso y egreso de personas no mexicanas, no advirtió información de *******. Por otra parte, el promovente de la demanda, manifestó que desconoce el paradero del quejoso *******. Posteriormente, por auto de dieciséis de enero de la presente anualidad, se requirió a la Directora de Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, en la Ciudad de México, informando que no cuenta con datos del quejoso *******. Suspende procedimiento En atención a lo anterior, es pertinente citar enseguida el contenido del artículo 15 de la Ley de Amparo, de contenido siguiente: [.] Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Fiscal General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. [.] De la intelección del numeral en comento, se colige lo siguiente: a) en los asuntos urgentes, en contra de los actos ahí referidos, deberá buscarse exhaustivamente la localización de la parte directamente agraviada, para efecto de que manifieste si es su deseo, o no, ratificar la demanda de amparo interpuesta en su favor; b) además, se desprende que en caso de que, a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logre la comparecencia del agraviado, se deberá suspender el procedimiento por un año y dar vista al agente del Ministerio Público, y; c) transcurrido un año sin que el agraviado se apersone a juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Consecuentemente, y a pesar de las medidas tomadas por este órgano jurisdiccional no se localizó al directamente agraviado *******, de conformidad con los párrafos cuarto y quinto del artículo 15, de la Ley de Amparo, se suspende el presente procedimiento por un año. Finalmente, en el entendido que transcurrido un año, a partir de esta fecha, sin que el directamente agraviado se apersone a juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Por otra parte, visto el estado del sumario, se desprende que el cinco de enero de la presente anualidad, se aceptó radico la demanda de amparo promovida por *******, en representación de *******, ******* y *******, ambos de nacionalidad *******, contra actos de: 1) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua; 2) Titular de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, y 3) Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración; de quienes reclamó lo siguiente: (...)La ilegal privación de la libertad, retención, aseguramiento o alojamiento, en la estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración. La incomunicación de los hoy quejosos. El traslado de los C.C.C. *******, ******* y *******, a otra Estación Migratoria, fuera de esta ciudad. La inminente Deportación del C.C. *******, ******* y *******. (...)En este sentido, de la constancia de conocimiento de cuatro de enero de la presente anualidad, se tuvo a la Actuaria Judicial de la adscripción informando la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de enero del año en curso, respecto a la localización del directamente agraviado, *******, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estancia Migratoria, en esta ciudad, diverso quejoso *******, le manifestó que es su hermano y le informó que desde hace meses se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, indicó que al revisar los registros de ingreso y egreso de personas no mexicanas, no advirtió información de *******. Por otra parte, el promovente de la demanda, manifestó que desconoce el paradero del quejoso *******. Requerimiento En las relatadas condiciones, a fin de tener certeza del paradero del directo quejoso, se ordena girar oficio a la Directora de Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, en la Ciudad de México, a efecto de que dentro del plazo de veinticuatro horas, computadas legalmente, comunique si en esas oficinas o en las delegaciones en las entidades federativas de este país, existe registro de la persona de nombre *******; apercibida que en caso de incumplir con lo que aquí se ordena, o no informar oportunamente el impedimento que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización que asciende a la suma de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), acorde a lo establecido en los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia. Para lo cual, a fin de agilizar el proceso, se deberá de enviar vía estafeta a *******; así como al correo electrónico *******, con número telefónico *******; a fin de que, dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computado, informe a este juzgado federal si en esas oficinas o en las delegaciones en las entidades federativas de este país, se cuenta con registro de: 1. Nombre completo de la persona o personas que motivan la solicitud: *******. 2. Motivo de la solicitud: El tres de enero de la presente anualidad, se radico la demanda de amparo promovida por *******, en representación de *******, ******* y *******, ambos de nacionalidad *******, contra actos de: 1) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua; 2) Titular de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, y 3) Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración; de quienes reclamó lo precisado en el segundo párrafo del presente acuerdo, indicando que se encontraba detenido en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; sin embargo de las gestiones de búsqueda realizadas, se advierte que no fue posible su localización en esta localidad; por lo que actualmente se encuentra desaparecido. 3. Nacionalidad: *******. 4. Se desconoce ese dato. 5. Documentos que pudieran portar las personas que motivan esta solicitud, así como número de identificación de los mismos: Se remite copia de la demanda presentada por el promovente del amparo. Sin que sea óbice a lo anterior que este órgano jurisdiccional no cuenta con datos tales como fecha de nacimiento de los directamente agraviados o documento alguno sobre su identificación, pues los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretados conforme a los diversos 21 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, dan pauta para establecer que las medidas que comprenden la suspensión de oficio y de plano cuando se reclama el acto mencionado -dado el carácter pluriofensivo-, consisten en: 1) ordenar a las autoridades responsables el cese inmediato de los actos que lo ocasionan; y, 2) dictar las medidas efectivas e idóneas para localizar y liberar a la víctima. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 37/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023816, de la Undécima Época, Materias Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1202, que a la letra dice: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS ACCIONES URGENTES EMITIDAS POR EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS SON OBLIGATORIAS PARA LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA BÚSQUEDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS. Hechos: En la ciudad de Veracruz se realizaron operativos en los que desapareció un grupo de personas, entre ellas, un adolescente de 16 años quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando llegó un grupo de policías y civiles, informaron a su empleador de su detención y se lo llevaron en una camioneta. Desde ese momento se desconoce su paradero. Cuando su madre supo de esos hechos, acudió a diversas unidades para obtener información sobre su hijo. Por la falta de noticias, denunció, ante el Ministerio Público, su desaparición. Se inició la averiguación previa por el delito de privación de la libertad física, que se acumuló al resto de averiguaciones iniciadas por hechos similares. Los familiares de las desaparecidas, por la falta de resultados en la indagatoria a cargo del Ministerio Público, presentaron una comunicación al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas para solicitar medidas cautelares y acciones urgentes. Este órgano, conforme al artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, emitió acciones urgentes en las que requirió al Estado Mexicano realizar una serie de actuaciones tendientes a lograr la localización de las personas desaparecidas. Criterio jurídico: La Primera Sala decidió que, para respetar plenamente los derechos de las personas desaparecidas a ser buscadas y de acceso a la justicia, las acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas son obligatorias para las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, al constituir lineamientos precisos de búsqueda e investigación y ser consecuencia del efecto útil que debe darse a las disposiciones de los tratados y de la aplicación del principio pro persona en su interpretación. Justificación: El mayor efecto útil que debe darse a una norma internacional de derechos humanos es permitirle que exprese con toda potencia el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, tanto a nivel interno como internacional. Así, existe una clara correlación entre el principio de efecto útil y el principio pro persona, como principios interpretativos del contenido de los tratados y sus consecuencias normativas. De esta manera, el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas exige a los Estados recurrir a todas las herramientas jurídicas nacionales e internacionales útiles para establecer la suerte o paradero de la persona. En este sentido, cabe destacar que el espíritu de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición forzada, así como dotar a las personas de la protección más amplia ante su ocurrencia y efectos. Además, su preámbulo implica que los Estados firmantes reconocen su compromiso con las finalidades del tratado aceptado incondicionalmente por el Estado Mexicano, quien no interpuso reserva alguna. Esa convención contiene la instauración de un mecanismo de monitoreo y supervisión de cumplimiento de las disposiciones del tratado: el Comité contra la Desaparición Forzada. De su régimen de facultades, se advierte que -entre las no sujetas a confirmación posterior por parte de los Estados- cuenta con competencias interpretativas para recibir informes, emitir recomendaciones generales u observaciones finales, y dictar y supervisar acciones urgentes. El ejercicio de estas facultades debe entenderse como parte de las disposiciones que el Estado acepta al firmar, ratificar e incorporar la convención a su régimen jurídico interno, pues integran el contenido normativo y sustantivo del tratado. En efecto, las acciones urgentes son procedimientos mediante los cuales el Comité ordena al Estado tomar las medidas necesarias para el pronto hallazgo de una persona desaparecida, lo que es consecuencia esencial del objeto y fin del tratado. De esta manera, están diseñadas y dirigidas para ser operadas y cumplidas especialmente por los órganos encargados de la búsqueda de las personas desaparecidas. Suponer que no establecen obligaciones para dichos órganos es restar efecto útil a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, disminuir injustificadamente la esfera de protección de las personas y contradecir las determinaciones del gobierno mexicano, quien adoptó, ratificó e incorporó el contenido del tratado a su régimen jurídico. Consecuentemente, una vez que se reciba la información solicitada, se proveerá lo conducente. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la Directora de Información Migratoria de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, en la Ciudad de México. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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