Carlos Tadeo Salazar Oliva
Expediente 121/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Tadeo Salazar Oliva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; treinta de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA. Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil dieciocho. Visto para resolver el juicio de amparo 121/2018-I-1, promovido por ***; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado en la propia fecha ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión reclamada al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al indicar: IV. ACTO RECLAMADO: la omisión de dar respuesta al escrito de fecha 21 de noviembre de 2017, el cual fue depositado en la oficina de Correos de México en la misma fecha, quien tiene registro de recepción de transido a destino de fecha 21 de noviembre de 2017 y recepción a destino de fecha 5 de diciembre de 2017 es decir dicho correo ordinario tardo tan solo 14 días en llegar a su destino, sin que hasta la fecha quitando esos catorces días que tarda en llegar dicho correo haya sido contestado, es decir han transcurrido 78 días desde que la responsable tiene conocimiento de mi petición sin que haya dado respuesta a la misma. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda, se ordenó su registro en el libro de gobierno correspondiente como juicio de amparo 121/2018-I-1, admitiéndola a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO:PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo toda vez que se reclama una omisión de autoridad administrativa, de tal forma que al no tener ejecución el acto es competente el juez ante quien se presenta la demanda. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Fondo de la Vivienda del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la omisión de dar contestación al escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Bajo este contexto, resulta procedente tener como omisión la señalada en el párrafo precedente, de la que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Jefe del Departamento de lo Contencioso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en representación de la autoridad responsable Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir informe negó la omisión reclamada, consistente en dejar de dar contestación a un escrito de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, al estimar que no tiene una petición que haya sido presentada o recibida por alguna autoridad de dicho Fondo de la Vivienda. Sin que la parte quejosa haya aportado pruebas idóneas tendentes a desvirtuar tal negativa, no obstante que ofreció el original del escrito dirigido al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 3), copia simple del rastreo de la guía MC487706400MX (foja 4) y recibo de pago del servicio postal mexicano de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 33). En términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. A juicio de quien esto resuelve, las probanzas antes reseñadas se consideran ineficaces para acreditar la existencia de la omisión reclamada ya que las mismas no acreditan que el escrito de veinte de noviembre de dos mil diecisiete que exhibió adjunto a su demanda haya sido recibido por la autoridad responsable, toda vez que, del mismo no se advierte sello de recibido por la autoridad, o que se acredite que dicho escrito haya sido remitido por el Servicio Postal Mexicano y que sea el que ampara la guía MC487706400MX. Asimismo, de la copia simple del rastreo de la guía MC487706400MX y recibo de pago del servicio postal mexicano, únicamente se advierte de las mismas que se realizó una consulta en la página de correos de México y que se pagó por dicha guía, sin que sean eficientes para acreditar en primer término que la petición se dirigió a la autoridad responsable y en segundo lugar que teniendo obligación de dar respuesta ésta omitió dar contestación. Ahora, no es suficiente que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestara que la omisión reclamada sea cierta, toda vez que como quedó establecido no aporta algún medio de prueba idóneo que corrobore la petición en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la obligación de la autoridad de dar una respuesta. Es aplicable al caso, la tesis IX.1o.83 K , sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 180736, que estatuye: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 117, 119 y 124, de la Ley de Amparo vigente, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 121/2018-I-1, promovido por **, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que el informe rendido por el Jefe del Departamento de lo Contencioso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en representación de dicho Fondo de la Vivienda, con sede en la Ciudad de México, no salda los extremos del arábigo 117 de la Ley de Amparo, conforme al cual, dicho informe debió ser rendido por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia constitucional, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 54/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. En consecuencia, con fundamento en el numeral antes citado, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del once de mayo de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito y anexo del quejoso, en atención a su contenido, se tiene por ofrecida y desahogada la prueba documental exhibida, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de tomarla en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la mencionada ley. Asimismo, se tiene a la parte quejosa haciendo manifestaciones en vía de alegatos sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *****, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1735/2018 de dieciséis de abril del presente año, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *****. Doy fe.
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