Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 548/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Juzgado Federal comunica la información solicitada y estado de autos. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre (firmado electrónicamente con evidencia criptográfica), por el cual comunica el acuerdo de veintidós de septiembre de este año, emitido en el juicio de amparo XXX y sus acumulados, del índice del citado órgano jurisdiccional. En tal determinación, se informa, en lo que interesa, que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, declaró legal el impedimento planteado por la titular del Juzgado de Distrito oficiante, motivo por el cual remitió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para enviar ese asunto al juez de Distrito en turno a quien le correspondiera conocer de aquel, avocándose a conocimiento el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, ordenando su registro en el libro de gobierno de ese juzgado federal bajo el expediente XXXX. En ese sentido, toda vez que ya se tiene conocimiento el órgano jurisdiccional que correspondió conocer del asunto que deriva del cuaderno de antecedentes en que se actúa, se provee: Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima previo análisis de las constancias, que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, pues se trata de un asunto en el cual se declinó la competencia legal y este juzgado sólo mantiene un cuaderno de antecedentes. Resguardo del expediente (archivo). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se observa que en proveído de veintidós de mayo de dos mil veintidós, esta juzgadora declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por xxxxx, y otros, por lo que se ordenó su envío al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno. Luego, por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se recibió un oficio que comunicó que la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto en mención, radicó el juicio de amparo (bajo el número xxxx, y sus acumulados), acusó recibo de las constancias y que se declaró legalmente impedida ese asunto. Dicho impedimento fue enviado al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, para su eventual solución, sin conocer hasta este momento el resultado de dicha ejecutoria. Bajo esas circunstancias, se solicita (a través de oficio vía interconexión) de manera respetuosa a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, que de no tener inconveniente, comunique si el impedimento formulado ya fue resuelto por parte del tribunal colegiado al que le haya correspondido conocer de él, y en su caso, el órgano jurisdiccional a quien correspondió conocer ese juicio de amparo; lo anterior, a fin de estar en aptitud de archivar el presente cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 548/2022-VIII. Puebla, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Informa impedimento. Se agrega al expediente el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual acusa recibo del oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo 548/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, por haberse declinado competencia a su favor. Asimismo, informa que la titular de ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente impedida para conocer del juicio de amparo (aún no acepta la competencia). En consecuencia, se solicita de manera respetuosa a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, que una vez calificado el impedimento por parte del tribunal colegiado al que le haya correspondido conocer de él, lo haga saber a este juzgado de distrito a fin de estar en aptitud de archivar el presente juicio de amparo. Notifíquese por oficio vía interconexión a la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí.

  4. Principal

    Amparo indirecto 548/2022 JUICIO DE AMPARO 548/2022-VII. Puebla, Puebla, veintidós de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se agrega a los autos el oficio 644/2022 remitido por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con una demanda anexada promovida en la vía electrónica (sin evidencia criptográfica), así como tres promociones. A través de lo anterior se remite la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por..., se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento alguno respecto de la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por virtud de lo siguiente: Los quejosos reclaman de manera destacada actos que, de primera impresión, pudieran calificarse como crueles, inhumanos, degradantes o de tortura; sin embargo, al señalarlos utilizan expresiones genéricas que impiden a esta Juzgadora identificarlos con precisión y, esa inexactitud impide el pronunciamiento sobre la medida cautelar desde este momento. Ahora, lo que sí es posible identificar con claridad consiste en el hecho de que los quejosos afirman que su traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios ha desembocado en el señalamiento estigmatizador por ser defensores de los derechos humanos, promotores y miembros de la comunidad LGBTI, lo que a su vez ha desencadenado una diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) deriva de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, en donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo: ".Se propone la modificación del precepto del ...." Bajo esa perspectiva, la orden de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen para efectos del juicio de amparo un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a un diverso lugar de reclusión, es evidente que esos actos no se ubican en los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Y, en vía de consecuencia, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado o la posible reubicación de dormitorio, es evidente que esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que aducen deriva de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tan es así, como se dijo al inicio de este proveído, que en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de éstos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representación Común. En la demanda de amparo los quejosos designan a Carlos Alberto Angelino Barrón, como representante común. Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al designado por los quejosos, ello, con independencia de que con posterioridad nombren un representante común distinto. Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado, de ahí que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México del primero al décimo sexto, jueces de distrito de amparo en materia administrativa y civil de la Ciudad de México del primero al décimo séptimo, jueces de distrito de En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. Remisión de los autos al Juez que se estima competente. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase este expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, en turno -a quien se estima competente-; pues, únicamente los órganos jurisdiccionales de dicha delimitación territorial no fueron señalados como responsables. De ahí que, a su vez, se hace la precisión que la demanda de amparo deberá turnarse al juzgado que corresponda por cuestión de turno cuya residencia se ubique en San Luis Potosí, San Luis Potosí, debiéndose excluir aquellos ubicados en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Domicilio y autorizados del quejoso. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se toma nota del correo electrónico proporcionado; sin embargo, se hace la precisión que sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. En efecto, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, se tiene la dirección de correo electrónico y número telefónico proporcionados en la demanda, como medios de contacto con el quejoso para el trámite de este juicio. Notifíquese; personalmente a los quejosos (por lista) y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, y cúmplase.

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